El martes 2 de agosto se efectuó una reunión de gobernadores en la Casa Rosada. La representación del gobierno nacional estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas Prat Gay y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El resultado fue un acuerdo para la transferencia de 37 mil millones de pesos a las provincias durante este año, como parte de un plan para la entrega gradual de los recursos de coparticipación. El acuerdo contempla la profundización del ajuste en las provincias para reducir el déficit fiscal hasta su eliminación en 2019.

Como es habitual en los discursos de los políticos patronales, un lenguaje engañoso se utilizó para encubrir los objetivos del pacto firmado. Comenzando por su título, de apariencia inofensiva: “Acuerdo para el fortalecimiento del federalismo”. Para referirse al plan de despidos masivos en las provincias, que se sumarían a los más de 80 mil en lo que va de año en todo el país, se habla de “optimizar la relación entre el tamaño, la idoneidad y la calidad de la planta de empleados públicos” (La Nación, 03/08). Detrás de generalidades como “promover el avance hacia esquemas que favorezcan el crecimiento sostenido de la actividad económica” se esconde la intención de continuar gobernando para los grandes empresarios y transnacionales, como viene ocurriendo con las exenciones de impuestos y retenciones a las megamineras y el campo.

Aliados en el ajuste

El macrismo y los gobiernos provinciales, sean peronistas del Frente para la Victoria como Bertone y Alicia Kirchner, o de la línea de Juan Manuel Urtubey y José Luis Gioja (titular del PJ nacional), están llevando a cabo una política de ajuste que castiga a la población con tarifazos, despidos, paritarias por debajo de la inflación y un mayor endeudamiento. El gobernador de San Juan del peronismo K, Sergio Uñac, declaró abiertamente su acuerdo con el macrismo en el objetivo de “achicar el gasto”.

Se trata de medidas que ya se vienen implementando, como en Córdoba con el ataque a las jubilaciones (ver nota de Liliana Olivero), Santa Cruz o Tierra del Fuego. En esta última provincia la gobernadora Bertone aplicó un paquete de leyes eliminando el 82% móvil a los jubilados, vació la caja de jubilaciones y la obra social de docentes, estatales y jubilados; y aumentó los impuestos a los trabajadores y al resto de la población, acompañó estas medidas con una represión salvaje. Por eso no hubo amago de “resistencia” o “aguante” de los gobernadores opositores, sino un pacto con el macrismo. Se anunció la transferencia de los “37 mil palos y todo fue paz y amor” (Página 12, 03/08).

El acuerdo corona la colaboración en el Congreso de los legisladores peronistas con el gobierno en temas como el pago a los fondos buitre, luego del cual ha crecido aceleradamente el endeudamiento en dólares de las provincias incluso para cubrir gastos corrientes. En contraste con el discurso fantasioso de la “lluvia de inversiones”, lo que ha ocurrido es una inundación de deuda que luego se le cobrará al pueblo con más ajustes.

En este marco, el kirchnerismo es tironeado por sus propias peleas internas cada vez más violentas. Desprestigiados por los escándalos de corrupción, atrincherados en la defensa de sus nichos de poder y negociados en las provincias, y buscando reacomodarse en el PJ de cara a futuras contiendas políticas, los dirigentes del Frente para la Victoria están empantanados en una crisis sin salida. Miguel Pichetto (jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado) habló recientemente de “un proceso de acomodamiento, de mirar para adelante” (Clarín, 03/08). Y le pidió no hablar de la coyuntura a Cristina Fernández. Así se pone en evidencia la debacle de un proyecto al servicio de las transnacionales, los grandes empresarios y los bolsillos de sus propios dirigentes, más allá del doble discurso de la ex presidenta.

A luchar contra el pacto de los gobernadores y Macri

Para los trabajadores y el pueblo no hay salida con los ajustadores, sean macristas o de cualquiera de las vertientes peronistas, cuyos dirigentes pactan con el gobierno. El acuerdo de Macri y los gobernadores es una verdadera declaración de guerra contra los trabajadores a la que tenemos que responder unificadamente, llamando a apoyar todas las luchas y fortalecer una alternativa política, de la mano de los trabajadores y la unidad de la izquierda como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda.