Luego de pactar con la burocracia sindical petrolera un nuevo convenio colectivo flexibilizado en el yacimiento de Vaca Muerta, destruyendo conquistas como el pago del tiempo de viaje al lugar de trabajo, la prohibición de trabajar con exceso de viento o la cantidad mínima de obreros por pozo, el gobierno ahora trata de extender este “modelo” al resto de los sectores. Quiere comenzar ahora con las terminales automotrices. Cuenta con la complicidad de la burocracia sindical del Smata que con Ricardo Pignanelli a la cabeza ya ha avalado suspensiones y vacaciones anticipadas en las once fábricas automotrices. En el discurso oficial, la excusa es mejorar la “competitividad” internacional del sector. En realidad lo que se persigue es reducir los salarios y las condiciones laborales para equiparar a los trabajadores argentinos con otros que padecen mayores tasas de explotación (como en México o Brasil) y bajar las cargas impositivas a las empresas para maximizar sus ganancias.

Imponer paritarias cuyos aumentos salariales estén por debajo de la inflación es otro de los pilares de la mal llamada “competitividad”, como uno de los mecanismos fundamentales de abaratamiento de la mano de obra. Por eso el gobierno se niega a homologar el convenio de los trabajadores bancarios.

En días recientes, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Macri concretó un ataque contra el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). De esta manera aprobó el proyecto que había recibido media sanción en el Senado, que impone trabas adicionales y lapsos más largos a los trabajadores que procuren indemnizaciones por accidentes laborales. Así como redefine la base de cálculo de éstas con el expreso objetivo de reducir los montos que reciben los trabajadores ante accidentes o enfermedades profesionales y favorece a las patronales para que bajen su “costo laboral”. El Senado, con el apoyo de la oposición peronista, ya había apoyado el proyecto, al igual que la cúpula de la CGT, que sólo criticó que se empleara el procedimiento del DNU para aprobar la reforma.

Otra de las iniciativas antiobreras de Macri ha sido el lanzamiento de un nuevo sistema de pasantías para imponer fórmulas de empleo precario y flexible. Se trata de jóvenes que ingresan a su primer empleo sin ningún tipo de derechos laborales, haciendo las mismas tareas de un trabajador de planta. Todo esto apunta a que, según el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, debe hacerse de los despidos algo tan corriente como “comer y descomer” (Clarín, 9/1/17).

Lo que tendría que convertirse en un reflejo automático es que los ataques contra la clase trabajadora sean contestados con acciones de lucha. Ante una ofensiva generalizada de despidos, contra las condiciones laborales y ataques al salario real debería responderse con medidas de lucha de los gremios afectados y de la propia CGT. Esta es la forma en la que se puede impedir el avance de esta ofensiva del gobierno y las patronales, bajo el hipócrita discurso de la “generación de empleos” y la mejoría de la “competitividad”. 

La otra cara de la competitividad 

El verso de “mejorar la competitividad” con el que se persigue el abaratamiento de la mano de obra y la flexibilización laboral, tiene su “reverso”. La otra cara de la moneda es la entrega de mayores recursos estatales a las patronales de la carne, por la vía del aumento de las devoluciones de impuestos, y a los grandes capitales del campo mediante la rebaja de los aranceles a la exportación de harina y aceite de soja. La devolución de retenciones a las exportaciones de carne subirá del 4% al 5,8% para la carne vacuna y al 5% para la carne aviar. Las reuniones entre los grandes empresarios sojeros y el gobierno también arrojaron la promesa de rebajar los aranceles de exportación de harina y aceite de soja.

Estamos ante un gobierno de los CEOS que no disimula su condición de lacayo de los grandes capitales. Cuando habla de “mejorar la competitividad”, su verdadero objetivo es maximizar las ganancias de las grandes empresas a toda costa.