Pero además, en casi todos los casos, esto está acompañado con que no tienen obra social; sus salarios están por debajo (a veces en la mitad) del de sus compañeros que están en blanco; no se les reconoce antigüedad; no se les paga vacaciones ni aguinaldo; no gozan de ninguna protección (suelen ser despedidos sin que se les pague indemnización) y, como están “invisibilizados”, muchísimas veces las patronales ni siquiera cumplen con ellos los requisitos mínimos de seguridad e higiene. La industria de la construcción, donde los números del trabajo en negro son pavorosamente superiores a la media, registra así su trágico número de accidentes, muchos de ellos fatales.

Ahora el ministro de Trabajo Jorge Triaca, junto con la dirigencia cegetista, se muestra cínicamente “preocupado” por el tema. Dicen querer resolverlo y hablan de “blanquear” a 4,5 millones de trabajadores”. ¿Se trata de un súbito ataque de “justicia social”? Nada de eso. Es una negociación a la medida de las patronales. Se les perdonarán a los empresarios las millonarias deudas por aportes patronales no realizados. Las negociaciones van desde las que plantean una generosa moratoria (que la deuda sea pagada en cómodas cuotas sin interés), hasta las que, directamente, proponen un “pagadios”, como si las patronales nunca hubieran tenido que aportar ese dinero.

Pero ahí no se acaban los beneficios que obtendrían las empresas. Las cámaras patronales ya están planteando que además, una vez blanqueados los trabajadores, se reduzcan las cargas sociales que tendrán que abonar de acá en más las empresas. ¡No pagaron antes y no quieren tampoco pagar en el futuro!

Seamos claros: reducirle las cargas sociales a los empresarios quiere decir desfinanciar el sistema previsional. Será menos plata que entrará al Anses y por lo tanto, el camino hacia la quiebra segura de las cajas de jubilaciones. Por otra parte, esto no es nuevo: ya lo hizo Cavallo durante la década menemista. Se bajaron los aportes patronales (que nunca se volvieron a subir) y se firmaron varios acuerdos provinciales y por rama por lo que las empresas quedaban eximidas durante un tiempo de abonar las cargas sociales, o sólo pagaban una parte de lo que correspondía. Supuestamente, esto permitiría generar un “mayor empleo”. Ocurrió todo lo contrario: nuestro país vivió en la década del 90 el desempleo más pavoroso de toda su historia.

Tenemos que repudiar esta maniobra, que es sólo un nuevo privilegio para los empresarios, en el camino de aumentar la flexibilización laboral y pagar cada día menos a los trabajadores. La salida sería muy simple: bastaría que el Ministerio de Trabajo nacional y los provinciales dejaran de hacer la vista gorda (que incluye incluso “no encontrar” talleres clandestinos con trabajo esclavo) y empezaran a exigirle a las empresas la colocación de toda su nómina de empleados en blanco, bajo amenaza de fuertes multas, clausuras e incluso la expropiación de sus empresas. Se le debe dar al trabajador todas las garantías para que denuncie su situación y no sea inmediatamente despedido. Y por sobre todo, se debe terminar con todas las situaciones de trabajo en negro que incluso existen en el propio Estado (con contratos precarios, monotributistas, tercerizados). Todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, deben ser “blanqueados” y colocados como personal de planta, efectivos, con el mejor convenio vigente en la rama respectiva. Y los empresarios, como corresponde, deben pagar la totalidad de los aportes patronales, que no son otra cosa que un “salario diferido”, lo que significa que es plata de los trabajadores ahorrada para su futuro. No depositarla es un robo, y debe ser catalogado como tal y el patrón sancionado en consecuencia. Sólo la puesta en marcha de estas medidas terminará efectivamente con el drama del trabajo en negro en nuestro país.