En todo el país, miles de mujeres volvimos a salir a las calles para reclamar por nuestros derechos. En Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Buenos Aires, Posadas, Bariloche y en otras ciudades importantes del país, las organizaciones políticas y de mujeres volvimos a ser parte junto a miles de activistas independientes, de una gran jornada de lucha. Con ello, se muestra que, desde el 3J de 2015, el grito de #NiUnaMenos no para de crecer en todo el país. Cada vez más las mujeres se animan a hablar públicamente de las diferentes situaciones de violencia machista que sufren o han sufrido a lo largo de su vida, se atreven a realizar denuncias y se muestran solidarias acompañando a otras mujeres que viven situaciones de violencia. Incluso cada vez más mujeres comienzan a ver la discriminación laboral que sufrimos y que se expresa en la precariedad de nuestros trabajos, en la brecha salarial, ganamos 30 por ciento menos en promedio que el salario de los varones, y a la doble jornada laboral invisibilizada que nos lleva a realizar más de seis horas de trabajo extra diariamente, en la limpieza del hogar y el cuidado de los hijos.

Sin embargo, los datos indican que las múltiples violencias contra las mujeres siguen en pie. Por ejemplo, los femicidios alcanzaron el pico de uno cada 18 horas en febrero. También la clandestinidad del aborto se sigue cobrando la vida de cerca de 500 mujeres al año y las redes de trata para la explotación sexual secuestran o captan a más de medio millar de mujeres jóvenes cada año.

A organizarnos para reclamar la responsabilidad del gobierno

Este escenario nos plantea que la pelea que tenemos que desarrollar las mujeres es muy grande. Frente a las primeras movilizaciones y la indignación popular por los femicidios, los gobiernos de todos los colores salieron a sacarse fotos para hacer campaña, pero nada de eso se tradujo en políticas reales para las mujeres. Desde el kirchnerismo al macrismo, el presupuesto destinado a las políticas de atención a las mujeres ronda en los cuatro pesos por mujer, la educación sexual integral en las escuelas sigue sin implementarse y la justicia patriarcal continúa gozando de total impunidad, como se demostró con el caso de Micaela García. Es más, el plan de erradicación de la violencia machista que presentó el gobierno nacional en 2016 para comenzar a implementarse a mediados de 2017, destinaría cerca del 80 por ciento de su presupuesto solo en la construcción de refugios, sin que esté garantizado cómo se sostendrán los mismos.

Dicen que plata no hay, mientras pagan millones de deuda externa y financian a empresas privadas. Y esto no es una mera casualidad. A los gobiernos, tanto al nacional como a los provinciales, todos ellos patronales y patriarcales, las mujeres les servimos oprimidas y hostigadas para garantizar nuestra superexplotación. Por eso, hoy más que nunca resulta fundamental que la bronca de las mujeres en las calles, se traduzca en organización. Las mujeres que venimos construyendo Isadora – Mujeres en lucha, creemos que es necesario unificar nuestras fuerzas para dejar de reclamar justicia frente a los hechos consumados. Por eso queremos decir con todas las letras que el gobierno es responsable. A cada uno de nuestros derechos los arrancaremos con la fuerza de nuestra movilización y organización contra los gobiernos, la justicia patriarcal, la iglesia y todas esas instituciones que son los principales sostenes del machismo.

Perpetua al femicida Farré

Fernando Farré fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa Claudia Schaefer, a quien asesinó de 70 puñaladas en agosto de 2015. Durante el juicio, se comprobó que la mujer había realizado varias denuncias por violencia de género.

Esta vez, fue un jurado popular quien condenó de forma unánime a este femicida y es un triunfo de la movilización de las mujeres que salimos a las calles al grito de #Ni una menos a exigir basta de femicidios y de violencia machista.

Repudio a la represión al finalizar la marcha

Al finalizar la movilización en Plaza de Mayo, la policía reprimió con gases a las mujeres que estaban desconcentrando luego de una multitudinaria movilización y del acto en el que Nora Cortiñas y Liliana Daunes, leyeran el documento unitario de cierre.

Frente al accionar policial represivo que se viene reiterando en las últimas movilizaciones masivas de las mujeres como el pasado 8M y el Encuentro Nacional de Mujeres, volvemos a hacer público nuestro repudio. Exigimos ¡Basta de persecución y represión a las mujeres por luchar!

Sigue la lucha por libertad a “Higui”

El próximo 8 de junio, a las 11 horas en la Cámara de Apelaciones de San Martín (Ricardo Balbín 1753), se está convocando a organizaciones LGTTBIQ, feministas, sociales, políticas y a periodistas, a acompañar a la familia de Eva Analía Dejesús, conocida como “Higui”, en la respuesta que esta Cámara dará al pedido extraordinario de su excarcelación.

“Higui” se encuentra detenida desde el 16 de octubre de 2016 por haberse defendido de un ataque sexual que realizó un grupo de varones violentos con fines disciplinadores de su orientación de género. El pasado 1 de junio, “Higui” fue trasladada al penal de Magdalena, alejándola de las visitas de su madre, hermanas y amigas. Su inmediata libertad y absolución se exigió en un grito urgente en la movilización del 3 de junio, que también clamó de forma masiva “ni una menos, vivas y libres nos queremos”.

Ferroviarias del Sarmiento en la movilización

Una delegación importante de trabajadoras del ferrocarril Sarmiento participó de la jornada de lucha del 3J. Como parte de las actividades previas que se realizaron en la Plaza del Congreso, participaron de una muestra fotográfica y de una radio abierta. Así, resaltaron su experiencia como trabajadoras que desde hace años se vienen organizando por el cupo femenino en todas las especialidades y que lograron desde el combativo sindicato poner en pie el primer centro de atención psicológica y asistencia legal para trabajadoras que viven situaciones de violencia de género, La Casa que Abraza. Allí se realizan talleres de prevención de las violencias dirigidos a los trabajadores de la línea y a la comunidad.