Desde el año 2009 existe la ley 26.485 para erradicar la violencia contra las mujeres. En ella se describen los distintos tipos de violencia que sufrimos las mujeres: física, psicológica, económica, simbólica, etcétera. También cómo se debe trabajar en la prevención de la violencia de género en los distintos ámbitos. Sin embargo, esta ley no tiene un presupuesto que le permita llevar adelante un plan serio contra la violencia de género. Por eso decimos que se convierte en letra muerta, ya que en concreto cuando una mujer denuncia una situación de violencia no tiene un refugio a donde ir y no cuenta con atención psicológica gratuita ni patrocinio legal.
Esto es así porque el gobierno actualmente destina 4,21 pesos por mujer por año para los programas de erradicación de la violencia de género. Ahora bien, uno podría pensar que Cristina, por ser mujer, cuando gobernaba sí tenía una política contra la violencia de género, pero no. En el año 2015, cuando surge la primera marcha por #NiUnaMenos, el presupuesto era de 80 centavos por mujer al año. Es decir, ni a Cristina ni a Bullrich les importa combatir los femicidios y la violencia machista.
Otro tanto ocurre con la ley 26.364 contra la trata de personas sancionada en 2008. Tan irrisoria fue la redacción inicial de esta ley que ni siquiera sirvió para condenar a los trece acusados del juicio por el caso de Marita Verón, en diciembre de 2012, en el que quedaron todos absueltos. Fue tal la indignación que causó al movimiento de mujeres ese fallo, que salimos masivamente a las calles y al gobierno de Cristina no le quedó otra que modificar la ley.
Al día de hoy, esta ley todavía tiene varios artículos sin reglamentar y las redes de trata actúan impunemente con la absoluta complicidad de los gobiernos de turno, jueces, Justicia y policía. Desde hace varios años Argentina dejó de ser un lugar de paso y se transformó en un lugar de origen, tránsito y destino para las redes de trata con fines de explotación sexual. Cada año son alrededor de 500 las chicas secuestradas por estas redes, en su mayoría jóvenes y niñas de los sectores populares.
Por último, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto viene presentando desde hace doce años un proyecto de ley que permitiría terminar con el negocio del aborto clandestino y su consecuencia más grave: es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. El proyecto de ley fue presentado por sexta vez, a pesar de que cuenta con varias firmas de diputados de los distintos bloques, pero sigue sin debatirse porque hay un acuerdo muy grande del oficialismo y de la “oposición” para impedirlo. Ambos sectores prefieren mantener los vínculos con la reaccionaria Iglesia Católica, que defiende y ampara a los curas abusadores en vez de evitar los cientos de muertes de mujeres al año a causa del aborto clandestino.
En las próximas elecciones las mujeres que salimos a luchar por nuestros derechos tenemos la posibilidad de que nuestros reclamos lleguen al Congreso y a las legislaturas a través de las candidatas del Frente de Izquierda. La única alternativa que de verdad pelea en las calles y en el Parlamento por los derechos de las mujeres.