A partir de ahora, echar a un trabajador le resultará más fácil y barato. El aguinaldo, las horas extras, las comisiones, los extras, premios, bonificaciones, compensación de gastos o viáticos no serán más tenidos en cuenta para el cálculo de la indemnización por despido. Al mismo tiempo se quiere generalizar lo que ya existe en el gremio de la construcción, es decir que los trabajadores se terminen pagando su propio despido. Habrá un fondo de desempleo, un “pozo” del cual el empleador paga el despido del trabajador.

Se promoverá el trabajo basura. Avanzará con todo la tercerización laboral. Se eliminan prácticamente todas las limitaciones para tercerizar actividades. Las empresas podrán obligar a los trabajadores, legalmente, a aceptar condiciones de trabajo peores que las que establece su convenio colectivo. Además se establece un sistema de pasantías, donde estudiantes trabajarán hasta un año y medio con una carga horaria de hasta 30 horas semanales, quedando las patronales exentas de pagar aportes jubilatorios y obra social.

Y, como si todo esto fuera poco, las patronales que hayan tenido a sus trabajadores en negro salen premiadas con el nuevo esquema de “blanqueo laboral”. Podrán “declarar” a sus trabajadores en negro o mal registrados sin que se les aplique ningún tipo de multa o sanción. Al trabajador “blanqueado” solo se le reconocerán hasta 5 años de antigüedad.

Se trata de un violento retroceso en nuestros derechos que tenemos que salir a enfrentar.