Escribe José Castillo

El incremento de precios de 2018 se calcula que superará el 45%. Se trata de la mayor tasa de inflación desde 1991, inmediatamente después de la hiperinflación de Alfonsín. Hay que exigir un aumento de emergencia para salarios y jubilaciones que ya mismo permita recuperar lo que perdimos y que se reabran todas las paritarias.

Los números son de terror. En realidad, que se haya conocido el dato de la inflación del Indec de 3,9% en agosto (la mayor del año), no hace más que corroborar lo que todo el mundo ve cuando sale a comprar lo básico: comida, medicamentos, artículos de limpieza y de tocador. Todo está siendo remarcado desaforadamente. A esto se le suma los aumentos de las naftas, que ya son prácticamente cada quince días y las tarifas del transporte. Es la experiencia cotidiana de cualquiera: se va al supermercado del barrio con un billete de 500 pesos, se compran tres cosas y se vuelve con apenas monedas de vuelto. No hay ninguna duda: el conjunto de los trabajadores lo está corroborando, no se llega a fin de mes.

Lo más grave es que este número de agosto que se acaba de conocer será superado por uno peor en septiembre. Los analistas calculan que la suba de precios del mes en curso tendrá un piso de 4,5%, pudiendo llegar hasta un techo superior a 6%. Mientras tanto, el gobierno sigue autorizando más aumentos para el transporte público, se viene el nuevo tarifazo del gas y ya se anuncia otro de 30% en la boleta de electricidad para enero.

Macri y sus ministros quieren tapar el sol con la mano. Su “salida” frente a esta suba astronómica de precios es relanzar el viejo programa de “precios cuidados” con una supuesta canasta de más de 500 productos a precios populares. Seamos claros: ya durante el kirchnerismo vimos las avivadas de los supermercados que hacían desaparecer esos productos sin que nadie los vigilara y, menos aún, los sancionara. Solo servía para decir que existían esos precios “teóricos” y después con ellos calcular truchamente la inflación. Ahora, el gobierno de Macri sale con estos 500 precios, que inmediatamente se comprobó que prácticamente no existen en ninguna góndola. ¡Son una mentira total!

Es que la cuestión es muy sencilla. Todo sube, menos el salario. Ya innumerables estudios, incluso de economistas cercanos al oficialismo, lo dicen con todas las letras: los salarios llevan perdido este año de promedio un 10% de su poder de compra. Los trabajadores estatales, los tercerizados y los que están en negro, muchísimo más, cerca de 20%. Hay gremios que todavía están cobrando con las paritarias acordadas por sus direcciones burocráticas el 15% en cuotas. Otros, como los docentes de la provincia de

Buenos Aires ni siquiera han cerrado la paritaria de este año. Algunos con la lucha consiguieron reabrirla y lograr alguna pequeña recomposición que igualmente quedó por debajo de la inflación. Hay casos excepcionales, como el de los docentes neuquinos, que lograron, gracias a una lucha ejemplar liderada por ATEN Capital, garantías para que se aumentaran automáticamente sus haberes de acuerdo a la inflación. Pero la inmensa mayoría está perdiendo, y mucho, frente a los aumentos de precios.

Hay que reclamar un aumento salarial de emergencia que por lo menos equipare lo que se perdió producto de la devaluación: el dólar subió 100% y algunos productos, como los combustibles, la harina, el pan y el aceite, lo siguieron casi automáticamente. Desde la devaluación para acá, la mayoría de los alimentos aumentó al menos 30%. Necesitamos urgente recuperar eso con un incremento de emergencia, y, a partir de allí, exigir que se reabran automáticamente todas las paritarias. Los aumentos pactados antes de este salto inflacionario ya no tienen ningún valor. Hay que recomponer lo perdido por cada gremio, en cada categoría de salarios, y dejar fijada una cláusula automática de indexación de acuerdo a la suba futura de la inflación. Al mismo tiempo tenemos que terminar con la actual chantada de los precios cuidados. Hay que fijar precios máximos de verdad para todos los productos de la canasta familiar y controlarlos severamente. Que todo híper o cadena de supermercados que los viole, acapare o genere desabastecimiento sea sancionado con multas, clausuras o incluso con su expropiación. El paro de la semana próxima y su continuidad con un plan de lucha deben estar al servicio de darle fuerza a estos reclamos, juntamente con el planteo más general de derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI, exigiendo la suspensión de los pagos de la deuda externa, para volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.

Los ganadores de la devaluación

“La devaluación fue un regalo para los exportadores”. Fueron las expresiones de Christoph Ehbar, empresario suizo CEO del Grupo Colomé, que se quedó con una de las bodegas más antiguas de la Argentina, ubicada en los Valles Calchaquíes. La bodega ya no tiene como centro el consumo masivo para el mercado interno sino que su eje son los vinos de exportación.

Comentarios muy parecidos se le escucharon hace poco al titular de FIAT en nuestro país, Christiano Rattazzi, cuando proclamaba que “el dólar subiera todo lo que tenía que subir”. Obviamente será un gran negocio para las multinacionales automotrices. 
Todos ellos junto a los monopolios exportadores del complejo agrícola (Nidera, Dreyfuss, Cargill, todas multinacionales extranjeras) están de parabienes con la devaluación.

Las retenciones, de apenas 4 pesos por dólar, apenas si les hicieron “cosquillas” a sus ganancias. Saben que, apenas el valor del dólar pegue un nuevo salto, ese impuesto se les licuará hasta no significar nada.

Los bancos, por último, también están mostrando ganancias récord desde el mes de mayo, apostando a la devaluación, yendo y viniendo de la bicicleta financiera en pesos con supertasas de interés de 60% hacia el dólar (que el Banco Central de Caputo se los regala en “licitaciones” donde se los vende de a tandas de un millón de dólares a uno o dos pesos por debajo de la cotización diaria).

Mientras el pueblo trabajador sufre y ve cómo se pulverizan sus salarios y jubilaciones, acá están quienes, junto a los acreedores de la deuda externa, están disfrutando “la fiesta”.
J.C.

El FMI en la Argentina

Una misión liderada por Roberto Cardarelli (jefe del Fondo para Argentina) se instaló en nuestro país para monitorear de cerca las nuevas condiciones del mayor ajuste que negoció el gobierno de Macri la semana pasada.

Repasemos: el ministro Dujovne estuvo en Washington solicitándole al FMI que adelantara para el año próximo las cuotas del préstamo pautadas para 2020 y 2021. El motivo era sencillo: de otra forma el gobierno no tendría dinero para cumplir con los vencimientos de deuda externa. A cambio se le ofrendaba al Fondo un superajuste, mayor aún al acordado en julio pasado. La respuesta del FMI fue la de exigir un mayor sometimiento: “puede ser”, dijeron, pero mientras tanto mandaron al gobierno de Macri a la cola de los pedidos: el tema se tratará en el directorio del organismo en los próximos treinta días. Para agrandar el destrato y la demostración de que para ellos somos una semicolonia, se suspendió el envío de 3.000 millones de dólares que tenían que haber llegado esta semana. Este fue el castigo por no haber cumplido las metas del ajuste anterior.

El FMI exige que se apruebe el presupuesto 2019, que contiene el superajuste. Más aún, requiere que aparezca la firma de los gobernadores de la oposición donde estos se comprometen con el ajuste. El peronismo aporta lo suyo, con su foto de la semana pasada con Macri, la firma de un acuerdo sobre impuestos de esta semana y el compromiso de que se le otorgarán los votos al gobierno para que apruebe el presupuesto. Esto último lo harán con diputados y senadores que votarán a favor, permitiendo al macrismo alcanzar la mayoría, o con otros que, aun haciendo un doble discurso “crítico”, finalmente se abstendrán con la excusa de que “no puede dejarse al país sin presupuesto”.

Mientras tanto, ya se empiezan a deslizar las exigencias del FMI para que se termine aprobando un préstamo por montos mayores a los 50.000 millones acordados. Son los mismos que se le reclamaron a otros países, como Grecia: reforma jubilatoria (subir la edad, terminar con los regímenes especiales como el de docentes y aumentar el descuento jubilatorio sobre los salarios), mayores impuestos al consumo (se habla de subir la alícuota del IVA de 21% a 22%) y una “garantía” de embargo sobre las riquezas de nuestro país (en particular apuntando a Vaca Muerta).

La Argentina se va transformando así en un auténtico virreinato del FMI. Más que nunca se impone romper con este vasallaje, reafirmando que la única salida es dejar de pagar la deuda externa.
J.C.