Escribe Claudio Funes

La profundización del ajuste hace crecer el hambre y la miseria semana a semana. No alcanza con grandilocuentes llamados a declarar la “emergencia alimentaria”, si esta no va unida a un auténtico conjunto de medidas que combata de verdad el flagelo de la pobreza.

De la mano de Macri, el FMI y la complicidad de los gobernadores, la pobreza y el hambre se profundizaron. A la brutal caída de salarios, jubilaciones y asignaciones familiares que cada vez alcanzan para menos, se le suma la nueva ola de suspensiones y despidos. Como si todo esto fuera poco, después de las PASO la devaluación generó un nuevo salto en la inflación. Hoy la pobreza ya alcanza al 35% de la población, estando en esa situación el 45,6% de los menores de 14 años. En el país de la carne y del trigo, millones tienen hambre. Es el capitalismo semicolonial el que ya no garantiza ni siquiera la comida diaria. Y estamos hablando de la Argentina, un país que produce alimentos para más de 440 millones de personas (10 veces su población). Las copas de leche en las escuelas se transforman en la principal comida diaria para montones de chicos, los merenderos se ven obligados a transformarse en comedores, y los comedores populares están desbordados, con cientos de personas nuevas que acuden cada día. Es la más pura imagen hacia dónde nos está llevando el ajuste. 

La presión de abajo y el oportunismo de la campaña electoral, hace que el Frente de Todos de Alberto Fernández y el resto del peronismo coincidan en reclamar la declaración de la “emergencia alimentaria”. Incluso inventan un slogan electoral demagógico: “comer no es un privilegio”.

La llamada “emergencia alimentaria” es una medida planteada por ocho provincias gobernadas por el peronismo (La Pampa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco y Formosa), sus bloques de diputados y senadores y los movimientos sociales (como el denominado tridente de San Cayetano). Hasta la CGT, que jugó un lamentable papel en el Consejo del Salario, se sumó al pedido de la Iglesia en ese sentido, no sin antes aclarar, por enésima vez, que rechaza el paro y la movilización. También Roberto Lavagna y su fuerza se suman a este planteo.

¡Por supuesto que estamos en “emergencia”! ¡Qué duda cabe! Estamos en “emergencia alimentaria” porque cada vez más personas no tienen para comer, en emergencia educativa porque las escuelas se caen a pedazos y los docentes cobran una miseria, en emergencia sanitaria porque los trabajadores de la salud también ven pulverizarse sus salarios y los hospitales no tienen insumos, en emergencia habitacional porque a cinco millones de personas les falta una vivienda digna.

Por eso no basta con decretar la citada “emergencia”. De hecho, aunque esa medida no fue suficiente, el propio macrismo, a solicitud de la Iglesia y las organizaciones sociales afines (como la CTEP) declaró la “emergencia social” a fines de 2016.

Por supuesto que hacen falta, ante la gravedad de la coyuntura, más comida en comedores y merenderos, que aumenten los montos para las copas de leches en las escuelas, más planes sociales y con mayores montos. Pero esto no se arregla con alguna pequeña “reasignación de partidas”. ¡Acá hace falta poner plata de verdad y en grandes cantidades, dándole prioridad a resolver el hambre y la pobreza extrema! Pero a la vez, ir a las soluciones de raíz: trabajo digno con salarios que alcancen para vivir.

El propio Alberto Fernández reconoció que con la plata que se paga de intereses de Leliqs se podría resolver más de un problema social. Ni que hablar si se dejara de pagar la deuda externa. Pero los mismos que plantean la “emergencia alimentaria”, luego terminan diciendo que sólo se trata de cambiar de lugar algunas pocas partidas del presupuesto nacional, “con responsabilidad”, para que “no pongan en riesgo la gobernabilidad” y, por supuesto, garantizando como prioridad el pago a los pulpos acreedores de la deuda externa y al FMI.

Las propuestas de la izquierda

Mientras Macri continúa con el ajuste y el sometimiento al FMI, miles de trabajadores caen en la pobreza e indigencia cada día. Por ello el Frente de Izquierda propone un auténtico programa de emergencia que de salida a la crisis:

Aumento salarial de emergencia. Según los trabajadores de ATE/Indec, para superar el nivel de pobreza ninguna familia debe ganar menos de 48.000 pesos. Aumento de jubilaciones, implementación inmediata del 82% móvil del salario en actividad; aumento de los planes sociales; prohibición de despidos y suspensiones; precios máximos a los productos de la canasta familiar; plata para abastecer de comida a todos los comedores escolares, merenderos y escuelas. Por eso es un paso importante la ruptura con el FMI y la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa para volcar ese dinero a salario, trabajo, educación, vivienda y salud; nacionalización de la banca y el comercio exterior, para terminar con la especulación y la fuga de capitales; retrotraer los tarifazos y reestatizar las privatizadas y ponerlas bajo control de sus trabajadores y usuarios para garantizar un mejor servicio a precios populares.

Estas son algunas de las medidas que proponemos junto al sindicalismo combativo, a la vez que le exigimos a la CGT y a las CTA que convoquen a un paro de 36 horas y a un plan de lucha para imponerlas.

Prohibir los despidos y suspensiones

Con casi 2.000.000 de desocupados plenos, el desempleo llegó en el primer trimestre de 2019 al 10,1%. Eso sin contar los 2.500.000 millones de subocupados. Es el nivel más alto en trece años. Es un punto porcentual más respecto al mismo período de 2018. Significa que 211.800 trabajadores se quedaron sin trabajo durante el transcurso de los últimos doce meses. Este flagelo alimenta la miseria y profundiza la crisis social.

Ante esta realidad, la bancada del Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley que prohíbe los despidos y las suspensiones, esta prohibición incluye el cierre de empresas, lo que implica que si la disposición es violada la firma es expropiada y entregada a sus trabajadores para su puesta en funcionamiento.

Esta es la única manera de parar una nueva oleada de suspensiones y despidos, para que ni un compañero más pierda su puesto de trabajo. A ello debemos sumarle la necesidad de poner en marcha un gran plan de obras públicas, comenzando con la construcción de viviendas populares, financiado con los fondos que se obtendrían de suspender los pagos de la deuda externa. Así se podrían generar millones de nuevos empleos para resolver el drama de aquellos que están sin trabajo.

Los números de la pobreza

Diversas fuentes coinciden que durante los últimos doce meses se generaron 10.000 pobres y 2.308 indigentes por día. De esta forma la pobreza ascendió al 35% de la población, con algunas investigaciones que la llevan incluso hasta el 43,1%. Seis meses antes alcanzaba el 32%, un año atrás la pobreza se ubicaba en el 25%. Sobre una población urbana de 40.500.000 de personas hay 13.800.000 pobres, es decir que se crearon 3.600.000 nuevos pobres en 12 meses. De estos totales los indigentes urbanos son 2.900.000, un millón más que un año atrás. Si estos porcentajes se proyectan a toda la población, incluyendo al sector rural se llega a la suma de más de 15.000.000 de pobres, de los cuales 3.500.000 son indigentes. Macri en doce meses dejó casi 4.000.000 de nuevos pobres.

Cabe destacar que esta información fue conocida una semana antes de la nueva devaluación, posterior a las PASO, que alcanzó el 30% (la tercera más grande desde la salida de la convertibilidad).

En junio de este año el Observatorio de la Deuda Social (UCA) publicó datos sobre la pobreza en la infancia y adolescencia. En 2018 alcanzó el 51,7%, la cifra más elevada de la década. Estas son las consecuencias de las políticas de ajuste permanente.