En la última movilización protagonizada por mujeres del 9M, en Buenos Aires, en conmemoración del #DíaInternacionalDeLaMujerTrabajadora, denunciábamos que en los primeros días del mes tuvimos más femicidios que en días pasados. Lamentablemente, esa relación numérica hacia fines de marzo y #EnCuarentena no se modificó. El sábado 28 se conocieron los cuatro nombres de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres ese mismo día: Cristina, su hija Ada, Haydeé y Claudia.
Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad
En tiempos de aislamiento social y encierro la violencia de género crece. Esto fue reconocido hasta por un informe de la ONU del 19 de marzo pasado, que recomendaba a los gobiernos que tomen medidas especiales. Sin embargo, nada se está haciendo y los femicidios serían un "efecto colateral del confinamiento", según el presidente de Uruguay, Lacalle Pou.
En la Argentina, Alberto Fernández no ha dicho nada frente a esta situación desesperante para las víctimas de violencia de género, que están siendo obligadas a convivir veinticuatro horas junto al agresor. Sí, a través de publicidades se está promocionando la línea 144 (destinada a recibir las denuncias de violencia de género) y ahora se implementó el pedido del "barbijo rojo" en las farmacias como una especie de "contraseña" entre quien solicita ayuda y quien atiende la farmacia.
Ahora bien, decretada la cuarentena obligatoria los llamados a la línea 144 aumentaron un 30%, sin embargo, quienes atienden esos llamados vienen denunciando que no dan abasto. Trabajan en condiciones completamente precarizadas, sin presupuesto, sin condiciones de seguridad e higiene y, por ser monotributistas, ni siquiera están cobrando las horas extras. Por otro lado, la idea de recurrir a una farmacia y usar la "contraseña" no está dando resultado en países como en el Estado español, que implementó "Mascarilla-19" sin ningún resultado, porque a las víctimas de violencia los agresores no las dejan salir de sus casas.
Desde Isadora e Izquierda Socialista exigimos que se declare ya la emergencia en violencia de género porque los femicidios y trans-travesticidios no cesan. No se le puede hacer frente a esta escalada de violencia con un presupuesto de 11 pesos por mujer por año que viene de la era Macri. Necesitamos refugios para que alberguen transitoriamente a todas las víctimas de violencia y a sus hijes. Exigimos la atención psicológica y el asesoramiento legal gratuito, con perspectiva de género, para todas ellas. A su vez, se debe implementar una ayuda económica que cubra la canasta familiar. Se deben prohibir los despidos y suspensiones y que las patronales otorguen las licencias pagas. Estas medidas mínimas y urgentes deben tener una partida extrapresupuestaria que debe salir del no pago de la deuda externa y de impuestos especiales a las grandes empresas, como el Grupo Techint, las telefónicas y las mineras que siguen siendo beneficiadas con subsidios y quita de impuestos.
