Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Se cumplieron los cien días de cuarentena y la campaña anti Covid-19 llevada adelante en acuerdo bipartidario por el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y Axel Kicillof en la provincia bonaerense. Ante el comienzo de una escalada en el número de casos y de muertes, se impone hacer un balance del resultado de las medidas hasta el momento.

El pueblo trabajador cumplió seriamente con la cuarentena, algo que significó tremendas privaciones para los trabajadores en negro y cuentapropistas. Al mismo tiempo que el gobierno abría las industrias en favor de las multinacionales. Veamos lo que debería haber hecho Fernández y no hizo.

En primer lugar, no rodeó el aislamiento con las medidas de apoyo económico a los trabajadores que hubieran permitido sostenerlo, mientras subvencionó a los grandes grupos económicos. A medida que transcurrían las semanas, en forma creciente, millones de trabajadores se veían obligados a exponerse buscando su sustento diario. Así las cosas, la cuarentena se fue debilitando con la consiguiente pérdida de su valor preventivo.

En segundo lugar, no fortaleció el sistema de salud. Los presupuestos permanecieron en los montos asignados; el recurso humano, ni por asomo se aproximó a lo necesario. Como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Cicop venía reclamando 2.500 nombramientos de profesionales para mantener operativos los hospitales; pasados cien días, hubo 650 designaciones, apenas el 25% de lo necesario para un funcionamiento normal sin pandemia.

En la Capital Federal hay 2.000 camas de terapia intensiva (UTI, 400 públicas y 1.600 privadas). La provincia de Buenos Aires cuenta con 4.856 camas de unidades de UTI. Según fuentes oficiales, desde marzo se incorporaron al sistema de salud 2.996 camas UTI de adultos, lo que representa un incremento del 35%; y de este total, unas 2.062 (69%) pertenecen al sector público. Estas cifras que impresionan por la magnitud del incremento, merecen un análisis. Hay hospitales de provincia en que las unidades coronarias han pasado a considerarse UTI; asimismo salas enteras de especialidades como, por ejemplo, cardiología e incluso cirugía han pasado a denominarse UTI. Las camas no son cuestión de mueblería solamente. Necesitan equipo y personal las 24 horas. De nada valen las camas sin los recursos humanos entrenados y los tecnológicos necesarios. Por eso están a poco de colapsar los hospitales y el sistema de salud.

En tercer lugar, no cuida al personal de salud. Un trabajo de Infobae revela que hay 3.652 trabajadores de salud contagiados, aunque otras fuentes dan 4500. De esa cantidad, 19 han fallecido. Las causas de este sacrificio de vidas son muchas. Una, es el déficit tanto en cantidad como en calidad de los elementos de protección personal (EPP). Otra, es la obligación de seguir trabajando en los hospitales y centros de salud de aquellos que son portadores de alguna condición patológica de riesgo. A diabéticos, hipertensos, bronquiales crónicos, embarazadas se les niega tenazmente licencias, igual que los mayores de 60 años.

Desde el comienzo, los profesionales de la salud, hemos planteados los testeos sistemáticos del personal hospitalario y otros trabajadores en riesgo. También lo hicimos para poblaciones recluídas como geriátricos, institutos de salud mental y cárceles. A pesar de que la experiencia europea indicaba que el personal de salud y, especialmente, los residentes de geriátricos eran quienes proporcionaban la mayor cantidad de víctimas fatales, tanto en Capital como en Provincia las autoridades se resistieron férreamente. Tuvieron que pasar 100 días para que Larreta anunciara que testearon al personal de salud de la CABA. De la provincia, todavía no se tienen noticias.

Para evitar estos problemas, propusimos desde el inicio de la epidemia la conformación de comités de crisis en cada establecimiento de salud con representantes de los trabajadores para monitorear las medidas de seguridad, el reparto de turnos, la provisión de EPP, y otros temas de la organización que permitieran atender mejor la epidemia y protegerse. Estos comités solo pudieron integrarse en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, después de un duro forcejeo de varias semanas de la Cicop con el gobierno de Kicillof que finalmente tuvo que aceptar que se conformaran a nivel ministerial y de cada establecimiento.

En el ámbito privado la situación de los trabajadores es mucho peor, y son innumerables los casos de contagio denunciados por los propios trabajadores. En la mayoría de los establecimientos la complicidad entre las patronales sanatoriales y la burocracia sindical de Sanidad (ATSA) acalla, con el miedo al despido, la voz de la mayoría. A tal punto que el personal, resignadamente, compra por su cuenta los EPP.

En cuarto lugar, el gobierno subsidia a los prestadores privados. Lo hace por distintas vías. La mayoría de las empresas privadas dueñas de sanatorios, incluyendo las más poderosas, se han acogido al subsidio estatal que paga la mitad de los sueldos del personal y en muchos casos se han acogido a la posibilidad de reducir los salarios; aun aquellos prepagos que cobran cuotas siderales. Además, reciben subsidios estatales a través de la burocracia sindical de la CGT por atender Covid-19. Tomó estado público el subsidio de 400 millones que Kicillof otorgó a los prestadores privados de IOMA, la obra social del personal de la provincia de Buenos Aires y “caja” y nido de corrupción de todos los gobiernos de cualquier signo.

Cerrando este balance negativo de la acción mancomunada de peronistas y macristas, cobra enorme importancia la falta de centralización del sistema, que ni siquiera en el AMBA, en que hubo cierto grado de coordinación entre las jurisdicciones, se logró. Tomando el ejemplo de la República de Irlanda hemos planteado la necesidad de centralización bajo una sola conducción de todos los recursos, tanto estatales como privados. En Irlanda el estado nacionalizó todas las camas, todo el personal y todos los laboratorios de análisis, para garantizar la equidad y que los cuidados llegaran a toda la población. Nosotros hemos planteado, además, la nacionalización de ciertos sectores de la producción para proveer de insumos, barbijos, EPP, gel, medicamentos para la población de riesgo y otras medidas.

Nada de esto se ha hecho y por eso, a los cien días de una cuarentena sostenida ejemplarmente por el pueblo trabajador, seguimos en riesgo. La lucha contra la pandemia ya no es más que una cuestión de la epidemiología, es una cuestión que se dirime en el campo de la política. Lo que hace falta son las medidas políticas que hemos enunciado, financiadas por un impuesto especial a las grandes riquezas y por el no pago de la deuda externa, por las que es necesario continuar la lucha. En definitiva, para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas.