Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández presentó una nueva propuesta de renegociación de la porción de la deuda externa bajo legislación extranjera. Le regala a los especuladores internacionales 15.000 millones de dólares más que en la versión inicial y se empezaría a pagar en 2021. El establishment económico aplaude lo que no es más que un nuevo capítulo de entrega en la infinita historia del saqueo de la deuda.

Finalmente, tras largas idas y venidas, el ministro Martín Guzmán presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, la nueva propuesta de renegociación de deuda externa bajo legislación extranjera.

Si tuviéramos que definirla en pocas palabras, diríamos que es a medida de los buitres. Vamos a recordar la historia de esta renegociación.

En abril pasado el gobierno hizo su primera propuesta. Ya esa oferta les dejaba interesantes ganancias a los acreedores y estaba muy lejos de lo declamado por Alberto Fernández de “no pagar con el hambre de los jubilados”. Después de abonar 4.500 millones de dólares de vencimientos desde su asunción, la propuesta de abril ofrecía pagar 39 dólares por cada valor nominal de 100. Era un gran negocio para los acreedores si tenemos en cuenta que esos bonos de deuda estaban cotizando a menos de 20 en ese momento.

Por supuesto, los grandes fondos de inversión tenedores de la deuda (encabezados por el gigante de las finanzas BlackRock), envalentonados ante la afirmación repetida varias veces por el propio Alberto Fernández de que “no se iba a entrar en default”, salieron con todo a chantajear reclamando mucho más. Eso es lo que han conseguido ahora, aunque sigan presionando por más.

Analicemos entonces la nueva propuesta. En promedio, se ofrece pagar 53,5 por cada 100 de valor nominal, casi exactamente lo mismo que reclaman los bonistas. Claro que eso es solo un número teórico. La quita de capital, que en la oferta de abril ya era bajísima, de 5,2%, ahora se reduce casi a cero, será solo de 1,9 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor que conserve el bono de deuda hasta su vencimiento cobrará 98 dólares de cada 100.

En la oferta de abril se hablaba que la “gran quita” se daba en los intereses, que bajaban de 7% a 2,3 por ciento. Ahora se les reconocerá a los pulpos acreedores mucho más, un interés promedio de 3,07 por ciento.

Hay otro ítem escandaloso, el llamado “período de gracia”. El gobierno de los Fernández había asumido diciendo que iba a negociar con los acreedores un acuerdo que permitiera llevar adelante un programa económico de “redistribución de la riqueza” y que para ello necesitaba no pagar nada durante cuatro años. Ya en la propuesta de abril el tiempo en que no se pagaba nada se redujo a tres años. Ahora, directamente, se plantea comenzar a pagar el año próximo. ¡Vamos a estar todavía en medio de las consecuencias de la pandemia y con vencimientos con los pulpos acreedores!

Hay otro detalle que queremos destacar, el particular trato que se le dará a los bonos que vienen de los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. Estos bonos no tendrán quita de capital y, en algunos casos (como el bono denominado Discount), recibirán 61,8 por cada 100. Agreguemos que todos esos bonistas conservarán el derecho de ir a juicio contra la Argentina en condiciones mucho más ventajosas que con los bonos emitidos en el período macrista.

Los que aplauden

Apenas conocida la propuesta del gobierno argentino llovieron los aplausos del establishment.

Rápidamente, los fondos Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc. dijeron que “aceptaban la propuesta”, mientras el ex CEO del fondo de inversión Pimco Mohamed El-Erian publicaba el 6 de julio una nota elogiosa en el Financial Times planteando que se trataba de una “sólida oportunidad de anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia de los mercados emergentes”.

También llegaron los aplausos locales. A los del conjunto de las patronales se sumaron los del ex ministro de Finanzas de Macri Luis Caputo, e incluso los de Domingo Cavallo, que salió de su letargo para afirmar: “Espero que se llegue a un acuerdo con la deuda. En definitiva, es una buena propuesta”. Los especuladores, que hablan por sus ganancias, también se expresaron. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, y en particular en los bancos, subieron 40% en un día. 

Una historia de nunca acabar

Todos estos regalos a los pulpos acreedores no son los únicos. El gobierno acaba de anunciar, en el mismo momento en que hizo la presentación ante la SEC, que enviará al Congreso un proyecto para reestructurar la deuda bajo legislación local con “el mismo trato”. Precisemos, se trata de otros bonos, también a pagar en moneda extranjera, por 46.000 millones de dólares, de los cuales al menos 15.000 están también en manos de fondos de inversión internacionales (en este caso el tenedor mayoritario es el fondo Pimco).

Inmediatamente, tendrá que comenzar además la renegociación de la deuda con el FMI (44.000 millones de dólares), con vencimientos mayoritarios en 2022 y 2023. El Fondo, por más que el gobierno busque ahora disfrazarlo de “progresista”, fue clarísimo, no hay quita que valga, se deberá abonar el ciento por ciento de la deuda y, si se quiere correr los plazos de vencimiento, habrá que firmar un nuevo acuerdo “de facilidades extendidas” por medio del cual el gobierno argentino se comprometa a un ajuste estructural que incluya las reformas laboral y previsional.

“Sustentabilidad” versus no pago

La tesis del ministro Guzmán, avalada por el FMI, era que la Argentina tenía un problema de “sustentabilidad” de su deuda externa. Traducido, que no existía ninguna posibilidad que pudiera hacer frente a los próximos vencimientos. Por eso proponían una renegociación con una quita de al menos 50% y dejar de pagar durante cuatro años (“de gracia”), tras lo cual, argumentaban, la economía argentina podría hipotéticamente crecer y recuperarse para “volver a pagar”. Todos estos supuestos eran anteriores a que la crisis de nuestra economía, y del mundo, empeorara cualitativamente con el estallido del coronavirus. Este planteo era utópico y reaccionario, ya que lo único que hacía era patear para adelante y agrandar la bola de nieve del endeudamiento. 

Ahora, con los nuevos términos, todo es peor aún. Sin embargo, increíblemente, el ministro Guzmán insiste en que esta nueva propuesta es “sustentable” y que se abre un horizonte de crecimiento. Lo  que sucederá es todo lo contrario. Ahora, con la nueva propuesta argentina, se desnuda más aún que si seguimos pagando continuaremos hundiéndonos cada día más. Lo que se está planteando es totalmente “insustentable”. En concreto, la deuda externa es absolutamente impagable. Este acuerdo lo único que va a hacer es obligar a cumplir con un nuevo y más feroz plan de ajuste y aun así, en pocos años, estaremos otra vez ante una nueva crisis de deuda. Y por si todo esto fuera poco, no hay certeza de que algunos pulpos acreedores (entre ellos, nada más ni nada menos que BlackRock) no acuerden, queden afuera de este canje y vayan a juicio en Nueva York para transformarse en los “fondos buitres” de los años por venir.

Todo esto es un auténtico saqueo. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad no nos cansamos de repetirlo. La totalidad de la deuda externa es ilegítima porque nació con la dictadura genocida, e ilegal porque se incrementó sumando intereses tras intereses pese a haberse pagado ya varias veces. Es fraudulenta, como lo demostró en su fallo el juez Ballesteros en el año 2000. La única salida es dejar inmediatamente de pagarla para así volcar todos esos fondos a un auténtico programa de emergencia, obrero y popular, que atienda las más urgentes necesidades populares.