Escribe Claudio Funes

Al cierre de esta edición, el juez Rizzo de Cañuelas postergó el desalojo con el que se venía amenazando a los pobladores de la toma de tierras de Guernica. Un importante avance parcial, producto de la fuerza de la lucha, la movilización y la solidaridad que rodeó a la toma.

Pero se trata apenas de una postergación. Y no debemos confundirnos: tenemos que seguir organizados y movilizados en estos días. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando: las tierras tomadas en Guernica, Presidente Perón, provincia de Buenos Aires, han constituido uno de los asentamientos más importantes del país, que reúne a más de 2.500 familias.

Más de quinientos efectivos de la policía bonaerense, la misma que acaba de protagonizar una protesta por reclamos salariales, están aprestados para participar del operativo, que ahora se postergó por apenas unos días. Para los integrantes de esta fuerza  la pobreza del otro es delito.

A cambio de resolver las dificultades que tienen el pueblo trabajador y los sectores populares para acceder a una vivienda, el gobierno peronista responde con la mano dura de Berni a la cabeza de un impresionante operativo represivo. Los gobiernos del Frente de Todos de Alberto Fernández y Axel Kicillof no ofrecen soluciones de fondo.

Según el registro del Ministerio de Seguridad, en Buenos Aires hay cinco intentos de tomas de tierras cada semana.

Si bien el fenómeno es histórico en la provincia gobernada por Kicillof, tomó una nueva dimensión en la cuarentena por un mayor incremento de la pobreza.

Las imágenes de la ocupación de tierras en Guernica son desgarradoras. Hombres, mujeres y niños viven en carpas y chozas construidas con desechos en medio de la nada.

¿Cómo se explica esto? Según la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a casi 4 millones de familias, casi un tercio de la población argentina. Esta cifra incluye tanto al déficit cuantitativo (nueva vivienda), como al cualitativo (viviendas que no cuentan con requisitos básicos, como falta de servicios, calidad de materiales, hacinamiento, etcétera). Desglosando esta cifra, se estima que se necesitan construir 1,5 millones de viviendas.

Los gobiernos patronales agravaron el problema habitacional

Surge de estos datos que los distintos gobiernos patronales, radicales, peronistas o de PRO, han dejado de lado la decisión de resolver este gravísimo déficit.

El proyecto de presupuesto del gobierno del Frente de  Todos para el año 2021 es un claro ejemplo de lo que manifestamos. Destina a vivienda 151.525 millones de pesos, mientras que a pagos de vencimiento  de deuda van 665 mil millones: ¡más de cuatro veces más!

Se calcula que desde 2000 en adelante se vienen construyendo 210.000 hogares por año, de los cuales 35.000 tienen graves problemas habitacionales. Estamos hablando de cientos de miles de personas que deben resolver su problema de vivienda.

A este fenómeno debemos agregar que muchos trabajadores, del interior o de países vecinos, llegan al AMBA en busca de trabajo, y si bien es posible que lo consigan, será en condiciones de precariedad, informalidad y con sueldos magros. Con salarios por debajo de la línea de pobreza es imposible acceder a una vivienda digna.

En el AMBA, que posee una superficie de 13.285 kilómetros cuadrados (menos del 0,5% de la superficie del territorio nacional), reside el 37% de la población total del país, más de quince millones de personas. Esta megalópolis, una de las más extensas del mundo, es la segunda región más pobre de la Argentina después del Noroeste, aunque genera el 48% del PBI nacional. No es una paradoja, es la expresión del capitalismo en un país semicolonial. Esta es la verdadera grieta.

Son estas condiciones materiales existentes, promovidas por los distintos gobiernos patronales de turno que, potenciadas por la pandemia, desembocaron en la desesperada  toma de tierras en Guernica.

Guernica pone al desnudo la profunda crisis económica y social, y la habitacional en particular, que padecen los trabajadores y los sectores populares empobrecidos que ya no pueden pagar un alquiler o que huyen del hacinamiento para no ser víctimas del coronavirus.

El gobierno del Frente de Todos no da soluciones

No hay internas en el gobierno peronista respecto de la política hacia la ocupación, por eso Sergio Berni y Sabrina Frederic, ministra de Seguridad nacional, coinciden en este punto con la oposición patronal y los grandes medios como La Nación, Clarín, Crónica e Infobae, que llevan adelante una furibunda campaña por el desalojo.

Pero detrás de la repudiable expulsión de albañiles, costureras, peones, changarines, trabajadores de la salud, de maestranza, personal de seguridad privada, obreras y obreros que trabajan en precarios establecimientos en negro hay poderosos intereses económicos. El principal instigador es el grupo inversor El Bellaco (la denominación no es coincidencia), que proyecta expandir el Club & Country San Cirano, un lujoso emprendimiento inmobiliario que se desarrolla en 365 hectáreas y que contempla la construcción de cinco barrios privados en tierras abandonadas por décadas y sobre las que nadie puede acreditar un título de dominio.

En todos sus niveles, el gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos está por la defensa del negocio inmobiliario. Blanca Cantero, intendenta peronista de General Perón, y esposa de Carlos Acuña, el burócrata de la CGT, cierra filas y manifiesta con cinismo: “No hay nada que negociar porque hay una orden de desalojo” […] “Es un drama complejo y hay que decirlo con todas las letras: las tomas son ilegales, sea un lote del Estado o de un privado” […] "Hay que trabajar con la falta de vivienda pero, para eso, hay que darle tiempo al Estado". ¡Caradura, hace veintisiete años que el peronismo gobierna la provincia!

Alberto Fernández y Axel Kicillof son más de lo mismo. No ofrecen solución alguna a los reclamos del pueblo trabajador, solo amedrentan y meten miedo. Y Sergio Massa va en esa línea cuando propone quitarles el IFE y la AUH a los que tomen terrenos. El gobierno peronista no va a hacer otra cosa, solo tiene como prioridad el pago a los bonistas y al FMI.

Desde Izquierda Socialista repudiamos cualquier intento de desalojo y la represión a los ocupantes de los terrenos. Exigimos una solución inmediata al problema habitacional en un país donde más del 90% de su población se concentra en zonas urbanas. Es necesario implementar un plan de emergencia utilizando espacios que garanticen techo y cobijo a las miles de personas que están en situación de calle o habitan en casillas. Hay que confiscar viviendas y tierras ociosas de millonarios y entregar subsidios a los trabajadores y los sectores populares para que puedan construir. Y, como salida de fondo, proponemos un plan nacional de construcción de viviendas para terminar con el desamparo de millones de familias, financiado con el cobro de un impuesto a la riqueza de los grandes capitalistas, los bancos y las multinacionales y con el no pago de la deuda externa, tal como lo planteamos desde el FIT Unidad.