Escribe Diego Martínez
Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández se reunieron el viernes pasado para delinear los trazos de la continuidad de la cuarentena. Coinciden en “no romper el diálogo”, pero esta vez no hubo conferencia de prensa conjunta. Sigue la disputa por los fondos entre la Nación y la CABA. Rodríguez Larreta, de Cambiemos, hizo una presentación en la Corte Suprema, aunque en realidad confesó que busca llegar a un acuerdo sobre este tema con el presidente. El gobierno peronista, por su parte, le dio continuidad a la disputa por intermedio de las declaraciones de su ministro del Interior, Wado de Pedro, quien afirmó: “Si este decreto es inconstitucional, entonces también lo fue el que firmó Mauricio Macri a poco de asumir, que casi triplicó arbitrariamente los fondos que recibía el gobierno porteño de Cambiemos con el supuesto objeto de sostener el traspaso de la Policía Federal a la ciudad” (Página/12, 12/9/2020).
Más allá de esta disputa entre los dos partidos patronales, lo cierto es que el problema de fondo es otro.
¿El problema es la mala distribución del presupuesto?
El gobierno del Frente de Todos viene planteando que su postura refleja un acto de “federalismo y justicia social”. Le estaría quitando fondos al distrito más rico del país para “favorecer a la mayoría de los argentinos”. Se trata de una simple mentira. Los fondos que el gobierno sacó de la Ciudad no fueron utilizados para fortalecer al sistema de salud en todo el país frente a la pandemia ni para impulsar la construcción de viviendas populares frente al enorme déficit habitacional que se evidencia en la Argentina, sino que fueron destinados a financiar el aumento salarial que le otorgó a la policía bonaerense y que le niega al personal de salud, a los estatales y los docentes. Esta pelea “en las alturas” no es para para dar repuestas a las enormes necesidades populares que existen en el país de conjunto. No se trata de enfrentar a una provincia con otra ni de reeditar viejas disputas entre unitarios y federales. Hay provincias más pobres que otras, pero las necesidades del pueblo trabajador existen en todos lados, inclusive en la CABA, donde hay decenas de villas miseria y asentamientos. El gobierno peronista habla de “equilibrar” la situación repartiendo mejor el presupuesto, pero ese equilibrio no es para que todos vivamos mejor sino al revés.
La miseria que sufren amplios sectores de trabajadores y sectores populares es la consecuencia de la implementación de un modelo económico capitalista que beneficia a las multinacionales, los bancos, las grandes empresas nacionales y el FMI. En lo que va del año, según cifras oficiales, se destinaron más de 4.500 millones de dólares para el pago de deuda externa, más del doble de lo asignado para salud. En los próximos días se tratará el presupuesto 2021 en el Congreso y, tal como denunciamos de forma extensa en otro artículo de esta edición de El Socialista, se prevé bajar el déficit fiscal a 4,5%, siendo que este año el déficit será del 8 por ciento. Para llegar a esa meta el gobierno tiene que aplicar un enorme ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores y los sectores populares.
El peronismo lleva gobernando veinticuatro de los últimos treinta años el país y la desigualdad social siguió agravándose. El problema de fondo no fue la mala distribución de recursos entre las provincias, sino la política aplicada por estos gobiernos patronales, sean peronisas, radicales y de PRO, que nunca cambiaron la estructura económica impuesta en el país por el imperialismo yanqui y que se profundizó con la última dictadura militar de 1976. Esta estructura está basada en el saqueo del país de la mano de las multinacionales y en la concentración de grandes grupos capitalistas nacionales que se adecuaron a los planes imperialistas. En las últimas décadas gobernaron distintas variantes del peronismo, con distintos discursos y matices entre sí, pero ninguno de estos gobiernos, incluido el peronismo kirchnerista, cuestionó la estructura económica impuesta a sangre y fuego con la represión de los militares y la complicidad de radicales y peronistas. Los grandes ganadores de este modelo económico capitalista que se apropian de la riqueza generada por los trabajadores son los bancos, las empresas agroexportadoras y los grupos concentrados, que quedan, de la industria nacional.
El gobierno usa su doble discurso para confundir a los trabajadores y sectores populares queriéndoles hacer creer que el principal problema es que hay una desigual distribución del presupuesto por culpa de la “derecha” y que entonces debemos apoyar al gobierno del Frente de Todos, que pelea contra este sector para lograr una distribución más “equilibrada”. Pero en realidad el centro del problema es que el gobierno peronista fija prioridades que nada tienen que ver con resolver las urgentes necesidades del pueblo trabajador y sí con los intereses de los grandes empresarios y las multinacionales.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad proponemos un modelo económico totalmente opuesto, al servicio de los trabajadores y no de los grandes empresarios. Para acabar con la miseria y las grandes necesidades sociales y enfrentar la pandemia, hay que romper los lazos que nos atan al FMI y el imperialismo, dejando de pagar la ilegal, ilegítima e inmoral deuda externa. Así como también imponer un verdadero impuesto a las grandes fortunas, medidas a tomar mientras seguimos la pelea estratégica por un gobierno de los trabajadores y una Argentina y un mundo socialistas.
