La crisis de la pandemia ya alcanza niveles de descontrol. Los números récord de contagios, de fallecidos y las terapias intensivas colapsadas son la postal que llevó al gobierno de Alberto Fernández a reconocer que nuestro país no estará en condiciones de ser sede de la Copa América a quince días de su inicio.

Pasaron los diez días de las nuevas restricciones y cierres y ahora se volvió a abrir todo para que, obviamente, las grandes patronales, sigan con sus superganancias, más allá del riesgo de contagio para los trabajadores, obligados a viajar como ganado en los medios de transporte, la inmensa mayoría sin estar vacunados. El discurso del gobierno nacional del Frente de Todos sigue dirigido a echarle la culpa a la falta de cuidados, ofreciendo como única salida los confinamientos de los fines de semana.

Además del drama de la pandemia, en los lugares de trabajo y en los barrios populares hay otras preocupaciones, los aumentos, la desocupación y la miseria. Los salarios ya llevan cuatro años perdiendo contra la inflación. Y los puestos de trabajo se vienen perdiendo de a centenas de miles desde el comienzo de la pandemia. Los jubilados que cobran la mínima, la inmensa mayoría, recibirán un “aumento” de 1.000 pesos por mes como única compensación hasta septiembre. Mientras tanto, los precios de los bienes de la canasta familiar siguen subiendo casi semana a semana. La burocracia sindical de la CGT y las CTA, frente a esta realidad, sigue manteniendo su pacto con el gobierno, firmando paritarias de 35% anual en cómodas cuotas, cuando la inflación superará el 50 por ciento. Su única preocupación aparece cuando se ponen en riesgo sus cajas de las obras sociales.

El gobierno de Alberto Fernández, mientras fracasa en su plan para la pandemia, sigue poniendo su centro en las negociaciones con el FMI. Tanto el presidente como el ministro Guzmán se la pasan tratando de convencer al establishment económico y político internacional mostrando sus “méritos” (léase el ajuste en el gasto social de 2021, con menos fondos para la pandemia que el año pasado, o con jubilaciones creciendo por debajo de la inflación). Discuten solamente si firman ahora con el Fondo o tratan de patearlo para después de las elecciones.

En medio de esto, se conoció una declaración de un sector del kirchnerismo que planteó “primero la salud y la vida, después la deuda”, afirmando que no habría que pagar nada hasta que termine la pandemia. Un planteo con el que podríamos acordar, aun en su parcialidad, pero que se contradice con la realidad que explicamos antes. El gobierno del que es parte fundamental el peronismo kirchnerista está totalmente abocado a firmar, más temprano que tarde, un programa de mayor ajuste con el FMI.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio, mientras tanto, sigue enfrascada en su interna, con un Larreta que continúa sometiendo a los docentes sin vacunar al riesgo del contagio, o un Macri que trata de ganar puntos apareciendo en televisión con Juana Viale, supuestamente autocriticándose de “lo que hizo mal”, para postularse a volver y “hacerlo mejor”. Su propuesta no engaña a nadie, es la de siempre, más privilegios para las grandes patronales y ataques permanentes al pueblo trabajador.

Ambos, gobierno y oposición patronal, cada vez se encierran más en la pelea electoral, lejos, muy lejos, de las demandas más urgentes que se escuchan cotidianamente.

Es cierto, en este escenario, que crece la bronca contra el gobierno. Pero también que hay compañeros que nos dicen que “otra cosa no se puede hacer” porque la pandemia es algo que nos supera.
No negamos que estamos ante una situación excepcional. Una real emergencia mundial. Por eso decimos que hacen falta soluciones de fondo, como las que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Un programa de emergencia que atienda tanto la emergencia sanitaria como la social.

Coincidimos en que no habrá solución para muchas cosas hasta que el conjunto de la población esté vacunada. Y que las vacunas entran a cuentagotas. Pero sí es posible avanzar. Para ello basta incautar las vacunas que está produciendo mAbxience en la planta de Pilar, propiedad de Hugo Sigman, el empresario amigo de Alberto Fernández. Allí se siguen elaborando millones de dosis que se envían al exterior, a la multinacional AstraZeneca. Ahí está la solución para vacunar ya mismo a todas y todos.
Al mismo tiempo, tenemos que resolver el colapso en que ya está sumido nuestro sistema sanitario. Es necesario proceder a centralizar todos los recursos de la salud pública, del sistema privado y también de las obras sociales. Y, por supuesto, dotarlo de los medios financieros necesarios, con más puestos para personal de la salud y con los salarios correspondientes para que no tengan que recurrir al pluriempleo.

Nuestro programa de emergencia se completa con medidas para atender la emergencia social. Hay que terminar con la miseria, el desempleo y la marginación social. Para eso hay que establecer un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (establecido por los trabajadores de ATE Indec en 96.800 pesos). Otorgar un incremento a las jubilaciones que lleve el mínimo al valor de la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos. Al mismo tiempo, disponer un ingreso de emergencia, como el IFE, de 40.000 pesos, para todo el que lo necesite. Además se deben poner en marcha medidas para ayudar a los pequeños comerciantes.

Todo esto requiere dinero. Y esa plata está. Es la que hoy se utiliza para cumplir con los vencimientos de la deuda externa. Por eso planteamos que es básico y primordial dejar de pagar la deuda y romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI. Con ese dinero, más el que se podría obtener con un auténtico impuesto a la riqueza donde paguen los bancos, las transnacionales y todas las grandes empresas que amasan superganancias, habría más que de sobra para financiar un programa de emergencia de estas características. Porque es posible, lo necesario es movilizarse para imponerlo.