Escribe Guido Poletti
Arrancó el año y ya empezaron los guadañazos al bolsillo del pueblo trabajador. Después de varios meses sin movimientos (para disimular durante la campaña electoral), YPF anunció la primera suba de combustibles del año, que obviamente fue inmediatamente seguido por las otras empresas privadas del sector (Shell, Axion). En concreto la nafta aumentó un 9%, mientras se afirma que es sólo el primero de una serie de incrementos que se irán dando en las próximas semanas y meses, hasta llegar al menos a un 15%. Sabemos lo que significa un aumento de la nafta: empieza castigando directamente al que carga en el surtidor de la estación de servicio; pero a las pocas semanas termina generando suba de los pasajes del transporte de media y larga distancia, después de los colectivos urbanos, taxis y remises; y finalmente, se usa como excusa para trasladar el “mayor costo” a toda la economía, en particular los bienes de consumo popular.
Pero la suba de combustibles no es lo único. A ello se suman, cumpliendo las exigencias del FMI, las audiencias para los tarifazos en la electricidad y el gas. En el caso de la energía eléctrica, el gobierno de Alberto Fernández quiere dibujar que sólo se verán perjudicados algunos sectores de altos ingresos, geográficamente localizados en la franja norte de CABA y el Gran Buenos Aires. Además de que es imposible sectorizar cada caso en particular, ya anticipamos que la exigencia de ajuste del FMI hará que, más temprano que tarde, todo el pueblo trabajador se vea perjudicado por los tarifazos. En el caso del gas, será algo que se verá sin dudas cuando aumenten los consumos en el próximo invierno.
El FMI exige un mayor ajuste. Y el Fondo, por medio de estos incrementos de precios y tarifas, se asegura que las empresas privatizadas (y en el caso de la nafta los monopolios petroleros que “copian” el aumento de YPF) no pierdan un centavo, cayendo los sacrificios sobre las espaldas del pueblo trabajador.
