Escribe Mariano Barba
 
Una hora y media duró la exposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner ante los jueces del Tribunal Oral Federal  N° 2, en el marco del juicio por la obra pública. Hizo fuertes críticas al sistema judicial tratando de victimizarse y desmentir, con argumentos políticos más que probatorios de que no es culpable. Toda su intención fue aparecer como víctima de una persecución judicial que afectaría también al peronismo de conjunto. Tan evidente fue esa intención que llegó a afirmar que “los peronistas nunca reprimimos, nunca un gobierno peronista reprimió al pueblo”.

¿Es cierta esta afirmación? Los últimos gobiernos encabezados por el peronismo, desde Perón e Isabel en la década del setenta hasta los últimos treinta años donde gobernaron veinticinco, estuvieron signados por varios hechos represivos más allá de los diversos momentos económicos que transcurrieron. Lamentablemente los más afectados fueron el pueblo trabajador y los sectores populares que luchaban  por diversas reivindicaciones. Dentro de los reprimidos podemos asegurar que fueron mayoría los trabajadores que simpatizaban con el peronismo. Si nos remontamos al gobierno de Isabel Perón, recordamos la represión a las huelgas que enfrentaban el pacto social y el criminal accionar de la Triple A y de las patotas de la burocracia sindical que asesinaron a centenares de activistas obreros y estudiantiles antes del golpe militar de 1976.

Ya por los años ‘90, el presidente Menem activó una seguidilla de represiones muy violentas contra lo que enfrentamos las privatizaciones. Se dio el histórico Santiagueñazo de 1993 donde hubo centenares de presos y heridos; lo mismo que la represión desatada en 1994 contra los obreros metalúrgicos en Tierra del Fuego cuando defendían su fuente de trabajo, lucha que continuó varios meses hasta que en 1995 una bala policial asesinó a Víctor Choque. En 1997 se envió la gendarmería a la pueblada en Cutral Có que terminó haciéndola retroceder.

Bajo la presidencia  de Eduardo Duhalde una represión feroz, de la mano de Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad, terminó con la vida de Maxi Kosteki y Darío Santillán en el puente Pueyrredón de Buenos Aires.

Y ahora, bajo los quince años que lleva gobernando el peronismo kirchnerista (los doce de Néstor y Cristina y los tres de Alberto Fernández), se fueron sucediendo actos represivos contra reclamos y luchas. Tal fue la represión en 2010 contra los pueblos originarios, cuando fueron quemadas las viviendas y Roberto López, miembro de la comunidad Qom Potae Napocna Navog, fue asesinado por la Policía por orden del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, uno de los principales aliados de Cristina Fernández y dirigente del Frente para la Victoria. En octubre del 2010 ocurrió el brutal asesinato de Mariano Ferreyra a manos de la patota de Pedraza, burócrata de la Unión Ferroviaria ligado al gobierno kirchnerista en complicidad con la policía bonaerense. En 2011, fue la persecución de ferroviarios del Sarmiento acusados por Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, de quemar trenes. Una denuncia que determinó la prisión del Pollo Sobrero, luego liberado por falta de pruebas y que demostraron una clara persecución política contra dirigentes sindicales de oposición. Con Axel Kicillof se da el violento desalojo a las familias de Guernica, que peleaban por tierra para vivir, con Sergio Berni incendiando las casillas y pasando las topadoras sin distinguir a niños o mujeres, con el apoyo de Andrés “Cuervo” Larroque.

Por estas razones, no es cierta la declaración de Cristina que el peronismo no reprime. Con la aplicación del ajuste el peronismo ya no es alternativa para resolver la creciente pobreza y seguirá reprimiendo ante el avance de las luchas. Para hacer pasar el ajuste, más temprano que tarde, llega la represión.