Escribe Adolfo Santos
Después de una intensa campaña con la participación de partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, la jueza federal María Servini firmó la excarcelación de Daniela Calarco, integrante del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, detenida durante la cacería policial del 12 de junio en las manifestaciones contra la Ley Bases. Después de casi tres meses de detención, donde sufrió todo tipo de maltratos e incluso ser considerada “terrorista” por Javier Milei, Patricia Bullrich y el propio fiscal Carlos Stornelli, la jueza acabó firmando su libertad.
Sin dudas la excarcelación de Daniela, detenida en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Ezeiza, es un triunfo de la movilización y de la amplia solidaridad que rodeó esta causa por la que aún continúa detenido el compañero Roberto de la Cruz Gómez. “No planeen todavía ninguna fiesta porque mañana tengo que estar temprano en el juzgado”, dijo Daniela al recuperar su libertad, indicando que el proceso continúa abierto. Es la dura pelea abierta entre un gobierno de ultraderecha y represivo contra los que luchan. Apalean a las y los jubilados, encarcelan activistas, retiran derechos y atacan el nivel de vida de la clase trabajadora, por eso no vamos a bajar los brazos.
Daniel Vázquez, defensor de Calarco e integrante del Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos decía: “Cambió el contexto político desde que la Justicia resolvió que el Senado quede afuera de la querella, la interna del Gobierno, el escándalo de Lourdes Arrieta, los fondos reservados de inteligencia, todo eso que les salió mal y abrió una brecha a nuestro favor. Pero todavía queda un detenido de la represión del 12 de junio, el compañero Gómez y tenemos que sumar todas las fuerzas para conseguir su libertad”.
Hay una campaña orquestada por el gobierno, las fuerzas represivas al mando de Bullrich, los servicios de inteligencia y una justicia al servicio de los ricos que se propone desmoralizar a los que luchan para vulnerar el derecho a la protesta y a las libertades democráticas. Protestar no es un delito, por eso continuaremos manifestando contra el brutal ajuste perpetrado por este gobierno ultraderechista. Ellos necesitan de la represión para pasar sus planes, nosotros de la más amplia unidad de acción contra la criminalización de la protesta social.
