Escribe Federico Novo Foti

El 20 de septiembre de 1984, la Conadep presentó al entonces presidente Raúl Alfonsín (UCR) su informe relativo a la desaparición de personas bajo la dictadura. Publicado como libro con el título “Nunca Más”, fue uno de los primeros logros de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, ya que reconoció la existencia del “terrorismo de Estado” y aportó pruebas en el juicio a las Juntas Militares. Hoy el gobierno negacionista de Milei busca salvar a los genocidas, pero la lucha continúa.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada  por el presidente Raúl Alfonsín (UCR) el 15 de diciembre de 1983. Respondía así al reclamo del movimiento popular y las organizaciones de derechos humanos, especialmente las Madres de Plaza de Mayo, que en 1977 habían comenzado sus rondas en busca de sus hijos. El decreto de constitución de la comisión establecía que su objetivo sería “esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país”.¹ Fue presidida por el escritor Ernesto Sábato.

El 20 de septiembre de 1984, la “Comisión Sábato” presentó su informe final al presidente, cuya síntesis sería publicada en forma de libro bajo el título “Nunca Más”.² El informe aportó pruebas utilizadas en el juicio a las Juntas Militares, realizado en 1985. Expuso el “terrorismo de Estado”, la existencia de un plan sistemático perpetrado por la dictadura para perseguir, torturar, asesinar y desaparecer a activistas y disidentes políticos. Sin embargo, la tarea de la Conadep y los alcances de su informe fueron limitados por la política de impunidad del gobierno de Alfonsín.
 
Alfonsín y la “teoría de los dos demonios”

La caída de la dictadura, tras la derrota en la Guerra de Malvinas, fue un colosal triunfo revolucionario de la movilización obrera y popular, que conquistó amplias libertades democráticas y abrió una nueva etapa en el país. El 16 de junio de 1982, el general Leopoldo Fortunato Galtieri debió renunciar, y durante cinco días no hubo gobierno. Luego, los militares, con el aval del PJ, la UCR y los partidos burgueses unidos en la Multipartidaria, decidieron que asumiera el general Reynaldo Bignone, tratando de desviar la movilización revolucionaria hacia el terreno de las elecciones, para sostener el sistema capitalista.³ En octubre de 1983 se realizaron las elecciones, en las que resultó ganador Alfonsín (UCR) con el 51,7% de los votos. Millones de trabajadores y otros sectores populares, incluyendo a muchos peronistas, le dieron su voto. Alfonsín captó los anhelos de libertad y progreso surgidos de la lucha contra la dictadura, usando consignas como: “con la democracia se come, se cura y se educa”.

La anulación de la “Ley de Autoamnistía”⁴, con la que los militares buscaban exculparse de sus delitos, y la creación de la Conadep fueron los primeros logros obtenidos por la lucha obrera y popular que derrotó a la dictadura. Sin embargo, Alfonsín no buscaba iniciar un verdadero proceso de verdad y justicia. Días antes de la creación de la comisión expresó por primera vez su “teoría de los dos demonios”, en la que afirmaba que durante la década de 1970 el país había estado atravesado por el terror, que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda.⁵
Así intentó equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones guerrilleras y ocultar que la dictadura tuvo por objetivo liquidar a toda una generación de activistas obreros y populares.

Bajo esta concepción, el gobierno impuso a la Conadep enormes limitaciones. La Comisión no incluyó en su composición a los organismos de derechos humanos. No tuvo atribuciones para citar a declarar ni juzgar a los militares. Tampoco para abrir los archivos de “inteligencia” de la dictadura. Por el contrario, Alfonsín promovió la reforma del Código de Justicia Militar para que los genocidas fueran juzgados en tribunales militares, con la idea de que no se enjuiciara al conjunto de las fuerzas armadas, sino sólo a quienes habían cometido “excesos”.⁶

Contra la política de impunidad del gobierno radical, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido antecesor de Izquierda Socialista, reclamó la creación de una comisión bicameral, juicios por jurados populares (integrados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares, representantes de partidos políticos y organizaciones obreras víctimas de la dictadura) y planteó “que al ser el genocidio cometido por la dictadura un verdadero crimen de lesa humanidad, debe aplicarse el principio de reversión de la prueba” porque “son los que ejercieron funciones represivas los que tienen que probar su inocencia”.⁷

La lucha por memoria, verdad y justicia continúan

La continuidad de las luchas obreras y populares, y del movimiento de derechos humanos en especial, obligaron en 1985 al gobierno y a la burguesía a aceptar la realización de un juicio civil a las Juntas Militares, no en un tribunal militar. Un hecho para entonces inédito, desde los juicios de Nüremberg de 1945-1946 contra los jerarcas nazis. En el juicio fueron condenados a perpetua los generales Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, un triunfo importante pero parcial de la lucha.

Los partidos patronales han intentado una y otra vez proteger a los genocidas, porque ir contra ellos es ir contra los intereses económicos y políticos de ajuste, sometimiento y entrega del país que sus gobiernos mantienen. En 1986 y 1987 Alfonsín impuso las “leyes de impunidad” (Obediencia Debida y Punto Final) que buscaron exculpar a los mandos medios y frenar los juicios. Carlos Menem (PJ) indultó a los militares. Bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (PJ) primó el doble discurso y, mientras descolgaban el cuadro de Videla, nombraban al genocida César Milani al frente de las Fuerzas Armadas y desaparecía Jorge Julio López. Mauricio Macri (PRO) intentó meter el 2x1 para liberar a los genocidas presos.

Hoy, la búsqueda de impunidad ha pegado un salto bajo el gobierno ultraderechista de Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, defensora de genocidas. Quieren restaurar la “teoría de los dos demonios”, niegan el genocidio y el terrorismo de Estado. La visita de diputados a genocidas presos y el acto en el Senado por “las víctimas del terrorismo” expuso su plan para liberarlos (ver nota en página 4). En el marco del plan motosierra también quieren reforzar el aparato represivo, con el protocolo antipiquetes y la restauración de la siniestra Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Pero, en abierta oposición, el pueblo trabajador nunca perdonó a los genocidas, y cada 24 de Marzo ha sido una multitudinaria demostración en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Gracias a ello se anularon en 2003 las leyes de impunidad, se logró que los militares volvieran al banquillo de los acusados por el robo de bebés, y la reapertura de causas de lesa humanidad. Desde Izquierda Socialista/ FIT Unidad seguimos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices. Sostenemos la importancia de la inversión de la carga de la prueba para delitos de lesa humanidad.

Decimos: ¡Son 30.000! No fue una guerra, fue un genocidio. Reclamamos la apertura de los archivos de la dictadura y la restitución de la identidad de los bebés apropiados. Mientras damos todas esas peleas, también nos abocamos a la tarea de construir una alternativa política que termine con el modelo de hambre, saqueo y entrega capitalista que apuntaló la dictadura y aún perdura, gestando y fortaleciendo un partido socialista y revolucionario que luche consecuentemente por castigar a los genocidas y por una salida de fondo: conquistar un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo, por el socialismo.


1. Decreto del PEN 187/1983 Disponible en www.argentina.gob.ar
2. “Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional…”. Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1984.
3. Ver Miguel Sorans. “Debates en la izquierda revolucionaria. PTS e IS: dos visiones opuestas desde la caída de la dictadura…”. Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar
4. Ver “El Socialista” Nº 568 (13/09/2023). Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar
5. www.archivorta.com.ar
6. Ley 23.049/1984
7. “Semanario Socialista” Nº 80 (20/09/1984).