Escribe José Castillo

Milei logró que su veto a la Ley Jubilatoria quede firme. Lo hizo comprando diputadas y diputados y con una feroz represión. Ratificó así que prefiere llevar adelante un gerontocidio (tal como lo definió nuestra diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer) con tal de cumplir con el FMI y los buitres de la deuda.

Se trataba de un proyecto que apenas si les daba unos pocos miles de pesos a las jubiladas y jubilados. Que no cubría ni de lejos lo que se les llevaba robando ni, mucho menos, los sacaba de la pobreza. Por todo esto, el Frente de Izquierda en su momento había presentado su propio proyecto: que cada jubilado y jubilada cobrara como mínimo el valor de la canasta de la Tercera Edad, que asciende a 900.000 pesos, actualizado mensualmente por la inflación, y que se garantice el 100% de sus medicamentos, y, a partir de allí, que se instaure el 82% móvil.  

Pero Milei no estaba dispuesto ni siquiera a aceptar esos pocos pesos que planteaba la ley aprobada. La vetó en su totalidad. Jactándose de hacerlo, incluso diciendo cínicamente que las y los jubilados habían tenido “grandes aumentos en dólares”.

¿Por qué lo hizo, si había miles de encuestas que mostraban que era abrumadora la posición contraria? Se trató, como lo dijo el propio Milei, de dar una señal: dejar tranquilos al FMI y a los buitres internacionales de que ni un centavo se distraerá del objetivo de pagar una deuda externa usurera y fraudulenta.

Con el mismo número con el que se había aprobado la Ley, sobraba para que ambas cámaras del Congreso rechazaran con los dos tercios requeridos. Por eso el gobierno salió a comprar votos para dar vuelta los números. Y de esta manera escandalosa logró que cinco diputados radicales se dieran vuelta y cambiaran su voto. Incluso a otro se le ofreció un cargo en un organismo binacional a cambio de su renuncia (logrando que así asumiera otra diputada del PRO). También apoyaron el veto de Milei los tres diputados peronistas de Tucumán. Y “ayudaron” con su abstención los diputados del bloque Innovación Federal (que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz –cercano a Sergio Massa–; de Río Negro, Alberto Weretilneck –reelecto en 2023 con el apoyo del entonces gobierno de Alberto y Cristina–, y de Misiones, Hugo Pasalacqua). También lo hizo Lourdes Arrieta (la diputada “del patito en la cabeza”, recién escindida de La Libertad Avanza quien hasta un rato antes decía que iba a votar contra el veto). Los propios radicales también aportaron con dos ausencias, ayudando así a que se le hiciera más fácil a Milei alcanzar los votos para que su veto se ratificara. En síntesis, políticos patronales de todos los espacios le terminaron garantizando a Milei su triunfo.

Milei vetó la Ley Jubilatoria, les sacó a los adultos mayores el 100% de la cobertura en los medicamentos y los reprimió. Es un hecho que hay que pararle la mano a este gobierno ultraderechista que mientras ajusta a las y los jubilados le dio 100 mil millones a la SIDE, le saca impuestos a los ricos y paga puntualmente la fraudulenta deuda externa. Por eso es escandalosa la tregua que, desde hace ya cuatro meses, le ha dado la CGT al gobierno.

También tenemos que reflexionar sobre el rol político de la principal fuerza de oposición patronal: el peronismo. Se volvió a repetir lo mismo que en la Ley Bases: realizó fuertes discursos en el Congreso, pero no toma acciones en cuanto a organizar la lucha para derrotar el ajuste. Está jugando al desgaste del gobierno y que este se exprese en las elecciones de 2025 o el 2027, llamando a votar por un peronismo que ya gobernó llevándonos al desastre en los cuatro años del gobierno anterior.

Por todo esto, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, a la vez que denunciamos a la CGT por su tregua y le reclamamos que la rompa y llame a un paro nacional y un plan de lucha, decimos que es fundamental postular un programa alternativo al plan motosierra de Milei, que comience por dejar de pagar la deuda, rompa con el FMI y ponga todos los recursos para resolver las más urgentes necesidades populares, una de las cuales es, sin duda, la recomposición de los haberes de nuestras jubiladas y jubilados.