Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El intento del gobierno ultraderechista de Javier Milei de cerrar el Hospital Bonaparte de salud mental detonó una movilización de los trabajadores que lo obligó a retroceder. Al mismo tiempo los trabajadores del Hospital Garrahan arrancaron un bono de 500.000 pesos, un alivio transitorio, en su lucha por la recomposición salarial. La ofensiva oficial sobre el sistema de salud y sus trabajadoras y trabajadores ha desatado una movilización que recién comienza.

La fórmula del Banco Mundial: ahogo presupuestario para privatizar

El gobierno sigue la estrategia dictada por el Banco Mundial de ahogar al sistema público disminuyendo el presupuesto de salud. Este recorte se transmite a las provincias y municipios a los que se les suspenden los aportes del tesoro y se les disminuye la coparticipación federal, llevándolas también a la desfinanciación del sistema público de salud. La consecuencia es la sobreexplotación de las y los trabajadores de salud con bajos salarios y jornadas extenuantes, la deserción del personal especializado, el atraso tecnológico y la decadencia edilicia todo lo cual redunda en la pésima atención que hoy recibimos: guardias y consultorios colapsados, falta de insumos y abultadas listas de espera.

El presupuesto nacional para salud propuesto por Milei para 2025 (a valores corregidos por inflación) es 18,2% menor que el de este año, 2024. Los recortes son leoninos: el programa de acceso a medicamentos gratuitos se reduce un 14% comparado con el 2023. La asignación al Hospital Bonaparte se recorta en un 29,6% y al Instituto Nacional del Cáncer se le quita el 47,5% de su presupuesto, comparados ambos con 2023 y corregidos por inflación. Se calcula que la quita que el gobierno de Milei ha hecho a las provincias y municipios es de 5.000 millones de dólares, lo que obviamente repercute en los fondos para salud (La Política Online, 7/10/2024).

El otro lineamiento del Banco Mundial es la tercerización y el arancelamiento con el pago de bolsillo del usuario, camino a la privatización. El total de todo el gasto en salud del país, público, privado y las obras sociales y el PAMI es el 10% del PBI, una suma fabulosa que grandes empresas nacionales y extranjeras quieren manejar. Por esa razón este gobierno, ultraderechista y agente de monopolios nacionales y extranjeros, entregó el ministerio de Salud a representantes de los grandes negocios de la salud. El actual ministro Mario Lugones, es dueño junto con el burócrata de la CGT Luis Barrionuevo y el referente radical Coti Nosiglia, del Sanatorio Güemes. Un asesor “top” del ministerio es Enrique Cammerlinckx, ligado a la Iglesia y director del aristocrático Sanatorio Mater Dei, entidad “sin fines de lucro” cuyo principal y presuntamente desinteresado donante es (casualmente) el millonario concesionario de los aeropuertos argentinos Eduardo Eurnekian, ex patrón de Javier Milei y su devoto admirador.

Por un sistema de salud gratuito y de excelencia con salarios dignos para sus trabajadores

La salud es un derecho que debe llegar a todo el pueblo trabajador. No es una mercancía que se obtiene de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno. El Estado debe garantizarla y financiarla. La política de este gobierno de ultraderecha es negar presupuesto, pagar salarios de hambre a los trabajadores del sistema de salud, perdonar los impuestos a los empresarios que fugan capitales y pagar puntualmente la deuda externa a los banqueros internacionales. La movilización de trabajadores de salud que se está desarrollando debe ampliarse para derrotar esta política de destrucción de la salud pública e imponer un sistema nacional único de salud, de propiedad estatal, gratuito, controlado por sus trabajadores y las organizaciones obreras y barriales, y financiado por impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.