Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El primer año del gobierno ultraderechista de Javier Milei significó un tremendo golpe a la atención de la salud del pueblo trabajador. Desde una suba desmesurada de los precios de los medicamentos, el desborde de las cuotas de las prepagas, hasta la saturación de los turnos médicos de sanatorios privados y hospitales públicos se unieron a la reducción a la mitad el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Las y los jubilados, para quienes los remedios son artículos esenciales, fueron particularmente perjudicados. Vieron aumentados dos veces el precio: una, por la inflación y la otra por la quita de los descuentos. Por esa razón, comenzaron sus protestas semanales. También castigó a las personas con discapacidad: el gobierno nacional acaba de hacerle recortes en el transporte a las escuelas y actividades terapéuticas como también la cobertura de maestros integradores. Por eso hubo una marcha de personas afectadas, sus familias y sus prestadores a la Quinta de Olivos.

El otro gran sector atacado por el gobierno ultraderechista es el de las y los trabajadores de salud que han visto pulverizados sus ingresos (como el resto de la clase trabajadora) y han debido defender sus puestos de trabajo. Con luchas y algunos logros importantes. Las más resonantes fueron en el Garrahan, Bonaparte, Residentes, por el reconocimiento de enfermería CABA y otras.

Milei y los gobernadores preparan nuevos ataques contra la salud del pueblo trabajador

El presupuesto nacional para salud propuesto por Milei para 2025 (a valores corregidos por inflación) es 18,2% menor que el de este año. Los recortes son leoninos: el programa de acceso a medicamentos gratuitos se reduce un 14% comparado con el 2023. La asignación al Hospital Bonaparte se recorta en un 29,6% y al Instituto Nacional del Cáncer se le quita el 47,5% de su presupuesto, comparados ambos con 2023 y corregidos por inflación. Se calcula que la quita (consentida por gobernadores e intendentes) que el gobierno de Milei ha hecho a provincias y municipios es de 5.000 millones de dólares, lo que obviamente repercute primero en los fondos para salud (La Política Online, 7/10/2024).
Sin abandonar la estrategia de privatización de la salud y la precarización de los trabajadores del sector, el ministro de Salud Mario Lugones quiere en lo inmediato traspasar a las provincias los hospitales que la Nación mantiene o hace aportes, claro que sin los fondos correspondientes. Si no lo logra, pretende establecer la “participación público-privada” (PPP) en esos establecimientos, especialmente el Hospital Posadas (La Nación, 20/11/2024). Un sistema que da fáciles ganancias a las empresas concesionarias y grandes pérdidas al Estado sin mejorar la atención de las y los pacientes y perjudicando a las y los trabajadores porque, como en cualquier negocio, lo que se busca es la ganancia. Así se lo ha estudiado en España y el Reino Unido donde se publicó una investigación en la prestigiosa revista médica Lancet (Gaceta Sanitaria de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, vol. 38, enero 2024).

Por un sistema de salud gratuito y de excelencia con salarios dignos para sus trabajadores

La salud es un derecho que debe llegar a todo el pueblo trabajador. No es una mercancía que se obtiene de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno. El Estado debe garantizarla y financiarla. La política de este gobierno de ultraderecha es negar presupuesto, pagar salarios de hambre a las y los trabajadores del sistema de salud, convertir a la salud en un negocio, perdonar los impuestos a los empresarios que fugan capitales y pagar puntualmente la deuda externa a los banqueros internacionales. La movilización de trabajadores de salud  debe ampliarse para derrotar esta política de destrucción de la salud pública e imponer un sistema nacional único de salud, de propiedad estatal, gratuito, controlado por sus trabajadores y las organizaciones barriales, y financiado por impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.