Escribe Adolfo Santos

El gobierno de Milei ha enviado al Congreso dos proyectos de Ley para cambiar el sistema político electoral. Por supuesto que no es para mejorarlo, sino para hacerlo más proscriptivo y antidemocrático, lo cual podría implicar una proscripción para la izquierda y otras fuerzas opositoras menores.
 
Esto es parte de una política que quiere acallar las voces discordantes y en particular de quienes lo enfrentamos consecuentemente, embiste contra los derechos democráticos esenciales con el fin de que lleguen a la contienda electoral sólo los partidos patronales financiados por grandes capitalistas.

Uno de los proyectos elimina las PASO. El Frente de Izquierda siempre denunció que las PASO son proscriptivas, ya que imponen un filtro con el piso de votantes para poder pasar a las generales. Desde su conformación, las PASO fueron un claro intento de proscribir a partidos menores y a la izquierda, pero la reforma de Milei va más allá.

Con esta reforma el Estado dejará de aportar a las campañas electorales y se abrirá paso al financiamiento privado casi sin límites. Así sobrevivirán sólo las fuerzas políticas financiadas por grandes empresarios y banqueros, tal como lo hizo La Libertad Avanza (LLA) de Milei con una cena donde recaudó, de parte de esos personajes, diez millones de dólares.

El gobierno miente diciendo que con esto dejará de financiar a los “sellos de goma”. A diferencia de los sellos de goma que usó Milei para presentarse en varias provincias, el Frente de Izquierda Unidad, participa en las elecciones e interviene políticamente en todo el país; cuenta con cinco bancas nacionales y otras en distintas provincias y distritos. Además tiene presencia en el sindicalismo combativo, organizaciones piqueteras combativas, centros de estudiantes, en defensa del ambiente, mujeres y disidencias, derechos humanos, etcétera.

El gobierno también pretende eliminar los espacios electorales gratuitos en radio y televisión que, por los costos prohibitivos de la publicidad, este cambio llevará a monopolizar la propaganda electoral. Por ejemplo, un espacio de apenas quince segundos en un canal de televisión abierta cuesta más de cinco millones de pesos; sólo La Libertad Avanza, el PRO, los radicales y el PJ, financiados por bancos, laboratorios o grupos de inversión, tendrán acceso a difundir sus propuestas y se beneficiará su aparato clientelar con punteros o trolls pagados para hacer política. La izquierda, que denuncia sistemáticamente los negociados de esos sectores, no podrá hacerlo.

Los proyectos acaban con los debates presidenciales obligatorios para evitar que la izquierda pueda desenmascarar las mentiras de los candidatos patronales. Y también van por las personerías de los partidos nacionales, aumentan a diez las personerías provinciales necesarias, cuando hoy son necesarias cinco, y le agregan el requisito de contar con casi 40.000 afiliados. Los partidos deberán contar como mínimo con más del doble de afiliados de lo que exige la Ley actual. Y elevan del 2% al 3% los pisos de votos a obtener en al menos una de dos elecciones consecutivas para no ser declarados caducos. En el caso de tratarse de un frente electoral como el Frente de Izquierda, ese 3% se multiplica por los cuatro partidos que lo integramos, llevando el piso final a un 12% del padrón (unos cuatro millones y medio de votos), una clara proscripción. La clase trabajadora y sectores populares no tendrán opciones distintas a las que financian los grandes grupos económicos para su beneficio.

Es evidente que el gobierno no quiere diputadas y diputados que estemos en las luchas, ganemos como una maestra, juremos por los 30 mil, defendamos al pueblo de Palestina, postulemos el no pago de la deuda externa y un gobierno de la clase trabajadora. Los operadores de Milei ya están negociando con sectores de la oposición patronal, incluso con el peronismo kirchnerista, para que estos proyectos puedan ser aprobados en el Congreso Nacional como parte de las negociaciones que mantienen con el Presupuesto 2025 o la puja en la designación de los jueces. Ya que esta reforma depende de los votos de las bancadas cómplices, que incluye a sectores de Unión por la Patria, como ya ocurrió con otras leyes, vetos y los DNU. Por ello, le exigimos a los legisladores peronistas, que dicen defender los derechos democráticos, que no voten y rechacen de plano estos proyectos.

Desde el Frente de Izquierda Unidad llamamos a la más amplia unidad de todos los partidos y personalidades que se reclaman democráticos, organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, barriales y estudiantiles a pronunciarse para frenar este proyecto reaccionario, antidemocrático y proscriptivo. Lanzamos esta campaña en todo el país con un petitorio que invitamos a firmar y sumarse a la pelea contra la proscripción.