Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La motosierra y el racismo se combinaron con los efectos del calentamiento global para delinear el paisaje de llamas que irrumpió este verano. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden cuando miles de hectáreas son incineradas?

A los incendios en la Patagonia se terminaron por sumar unas 300 mil hectáreas incendiadas en Corrientes y Entre Ríos. Estamos hablando de que entre enero y lo que va de febrero en todo el país fue consumido por el fuego el equivalente a más de veinte ciudades de Buenos Aires. A pesar de eso, en su infame entrevista del pasado lunes 17 en TN, el presidente Javier Milei insistió en que su gobierno había hecho todo bien y volvió a atacar a las Lof (comunidades) mapuche. Una repregunta obvia hubiese sido consultarle qué comunidad mapuche habita el litoral argentino, pero no le podemos pedir tanto a Jonatan Viale. ¿Qué esconde en este caso el presidente?

El  volumen de incendios del que hablamos representa claramente un crimen político. Y en todo crimen corresponde preguntarse quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Hace años que vemos cómo crecientemente irrumpen los incendios en verano, y también en ese período de tiempo hemos visto quienes se hicieron más ricos y poderosos. Los Joe Lewis y terratenientes amigos de los gobiernos que se apropian de lagos enteros. Las empresas destinadas a la implantación de pinos que no son propios de la zona y son la vegetación combustible de los incendios por definición. Los qataríes que quieren instalar represas. Jamás se incendia un metro cuadrado de las tierras “británicas” de Lago Escondido, pero sí son devastadas las tierras de las Lof. Y sin embargo, quienes son atacadas son las comunidades que defienden los territorios del avance del extractivismo.
Es en ese marco que no debería sorprender que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, haya tenido como trabajo previo ser contador de Lewis. De allí la libertad de acción que tienen las patotas de los terratenientes que atacaron a vecinos y brigadistas que protestaron ante la detención de seis de sus compañeros. Al día de hoy, uno de ellos, Nicolás Heredia, continúa detenido.  

Como señalan desde el territorio, el fuego abre paso a los negocios, promoviendo el cambio del uso del suelo aunque esté prohibido, y también, porque es la vía de estigmatización de quienes reivindican la recuperación. Derogada la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, las comunidades quedaron en una situación de gran desamparo ante las amenazas de desalojo que promueven los empresarios locales y todos los gobiernos. Sin prueba alguna, Javier Milei, Patricia Bullrich, y también los gobernadores provinciales como Ignacio Torres de Chubut y Alberto Weretilneck de Río Negro, se lanzan a culpar al pueblo mapuche de los incendios, como paso previo a la criminalización y la represión. Así fue que la semana pasada se dieron una gran cantidad de allanamientos y la detención de Victoria Fernández Núñez de la Lof Pillán Mawiza. Como señala Moira Millán, esta Lof, recuperada hace veinticinco años, jamás tuvo ningún juicio o demanda por su reivindicación, y ahora corre con amenaza de desalojo anunciada por el mandatario provincial. Así se cierra el círculo de fuego, represión y racismo al servicio del extractivismo.

El jueves 13 se convocó a una acción en todo el país contra la criminalización y responsabilizando al gobierno por los incendios. Ese mismo día, renunció Ana Lamas, la subsecretaria de ambiente. Al otro día, sorpresivamente, al flamante reemplazo de Lamas, Jorge Brom se le escapó una verdad al definir que desde la gestión nacional habían cometido “errores” de planificación y desfinanciamiento. Es decir, lo que denunciamos en las calles de todo el país. El gobierno es responsable de los incendios, pero no por “error”, sino por ser cómplice y partícipe del avance de los intereses pirómanos de las corporaciones extractivistas.