Escribe Adolfo Santos

El gobierno ultraderechista de Javier Milei propone el fin del régimen indemnizatorio por despidos laborales. Si se implementa, la medida representará un grave retroceso sobre un derecho conquistado tras largas luchas. Sin ningún debate previo ni acuerdos legales con ningún sindicato, el gobierno acelera sus pasos rumbo a una reforma laboral. Como parte de ese avance, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la resolución 1.066/25, mediante la cual dispone los mecanismos para avanzar en la conformación de “instrumentos financieros” destinados a la creación de “fondos de cese laboral” para casos de despidos.

Esta decisión pretende encuadrarse en el artículo 96 de la Ley Bases, aprobada en 2024, y reemplazar el modelo de indemnizaciones establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, que, entre otras cosas, exige el pago de un salario mensual por cada año trabajado al empleado despedido sin causa. La propuesta del gobierno es que la indemnización sea conformada por un depósito mensual en un “fondo de cese laboral”, cuyo valor final dependerá de los altibajos del mercado. El fondo, controlado por la CNV pero sin respaldo estatal ni garantía de que alcance para cubrir un despido, será un instrumento más de la timba financiera.

En nuestro país existe un régimen similar al que propone el gobierno: el de la construcción, donde rige un esquema diferenciado debido a que se trata de trabajos transitorios, vinculados a la duración de una obra. No se puede generalizar un régimen excepcional y discutible como si fuese la norma, en general, las relaciones laborales tienden a tener un carácter permanente. Varios gobiernos intentaron modificar este sistema con el argumento de generar más puestos de trabajo. Ya lo vivimos en la década del ‘90, con una fuerte flexibilización laboral que, lejos de aumentar el empleo (como prometía el gobierno peronista de Carlos Menem), llevó la desocupación por encima del 20%. Más adelante, el macrismo buscó implementar una reforma similar, pero las luchas lo impidieron.

Rechazamos de plano esta medida, embutida en una Ley Bases cuyo capítulo laboral se encuentra legalmente cuestionado. Sin ningún debate, quieren legitimar una decisión para profundizar la precarización laboral. El “fondo de cese laboral” elimina la negociación y el conflicto: los despidos pasarán a ser apenas un trámite de transferencia del “capital acumulado” cuando la patronal decida despedir. Es imprescindible llevar este debate a cada lugar de trabajo y organizar, desde cada sindicato, la resistencia a esta medida perversa. Exigimos a las conducciones sindicales (fundamentalmente a la CGT y las CTA) un pronunciamiento claro de rechazo a esta ofensiva contra las y los trabajadores, al servicio del sistema financiero.