*foto de portada: Las y los migrantes son un sector perseguido por la nueva ultraderecha mundial

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció un decreto para modificar el régimen migratorio siguiendo los pasos del ultraderechista Donald Trump. Una reforma que busca utilizar de chivo expiatorio a las y los migrantes frente a la crisis, además de alentar el odio y el racismo.

El nuevo decreto del facho de Javier Milei busca endurecer el régimen migratorio e instaurar un mecanismo represivo que facilite la expulsión de migrantes y restrinja las residencias, en particular de quienes provienen de países limítrofes. Al igual que Donald Trump, que desde que asumió en enero impulsa un paquete de leyes para expulsar migrantes y alimentar el odio racial, el gobierno intenta seguir el libreto de la extrema derecha mundial, para señalar a los migrantes como responsables de los problemas sociales. Milei quiere instalar la idea de que las y los migrantes son una amenaza y los presenta como “criminales” extranjeros, vinculándolos con el narcotráfico, la inseguridad y el “aprovechamiento” de recursos públicos como la educación y la salud. No debemos olvidar que, como consecuencia de ese odio racial, el año pasado la Gendarmería de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich asesinó en Salta a Fernando Gómez, trabajador bagayero, acusado injustamente de “narco”.

Los falsos mitos de un relato racista

La medida del gobierno es un claro ataque xenófobo, basado en falsos mitos sobre los migrantes de países limítrofes. Manuel Adorni afirmó, sin aportar fuentes, que en los últimos veinte años ingresaron a Argentina 1.7 millones de migrantes ilegales. Sin embargo, según el Censo de 2022, la población migrante en el país representa el 4,2% (es decir, 2 millones de personas), cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años debido a la crisis económica.

Milei y Adorni impulsan una campaña de odio que criminaliza a todo migrante. Sin embargo, la supuesta “alta criminalidad” de los migrantes es un mito que no se sostiene con los datos oficiales. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2022, los migrantes representan apenas el 6% de la población carcelaria. La mayoría no tiene condena firme y están detenidos por delitos vinculados a las drogas, ya que, debido a su vulnerabilidad, muchas veces son usados como mulas o eslabones débiles, mientras que los verdaderos narcotraficantes permanecen impunes.

El vocero, entonces, anunció el pago de los servicios de salud para migrantes, afirmando que “durante 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos”, cifra que resulta completamente exagerada. Datos de la provincia de Buenos Aires indican que la población migrante representa apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones. En Córdoba, menos del 1,2% de los pacientes son extranjeros.

El año pasado, el gobierno ya había anunciado su intento de arancelar las universidades para residentes migrantes. Las históricas marchas en defensa de la educación pública repudiaron esta medida. Si falta presupuesto para la educación, no es por la presencia de migrantes (que representan apenas el 4,5% del total de estudiantes), sino porque este gobierno quiere terminar con todos nuestros derechos conquistados, junto con la salud y la educación pública.

Migrar no es delito

El gobierno pretende usar esta medida para alimentar la xenofobia, desviando la bronca del pueblo trabajador frente al ajuste y la crisis hacia las y los migrantes, y así dividir a la clase trabajadora por nacionalidades.

Como ocurre en muchos países, muchas personas se ven obligadas a emigrar por causas económicas y terminan siendo mano de obra barata. En Argentina, la mayoría de la población migrante proviene de países hermanos como Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela y Brasil.
En muchos casos, son quienes ocupan los puestos más precarizados: la construcción, los talleres textiles clandestinos o el empleo doméstico. Es decir, el sistema capitalista se aprovecha de su condición de migrantes para someterlos a la informalidad y la superexplotación.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos cualquier cambio reaccionario en el régimen migrante, cuando este gobierno, con su motosierra y el acuerdo con el FMI, profundiza el saqueo y la dependencia, llevando a millones a la pobreza, decimos bien claro: migrar no es delito, es un derecho.