Escribe Guido Poletti

Los precios de los bienes de primera necesidad le siguen ganando por goleada a los salarios y las jubilaciones. Julio arrancó con todo: aumentos en la luz, el gas, el agua, las prepagas y la nafta. También hay más despidos y cierre de organismos. La tarea es clara: hay que pelear contra la motosierra y decirle ¡basta! a Javier Milei.

En junio, pese a que los trabajadores y trabajadoras en blanco cobraron el aguinaldo y hubo algunas fechas tradicionales como el Día del Padre, las ventas minoristas cayeron un 6,7% respecto a mayo. Una señal clara de que los ingresos de la clase trabajadora siguen por el piso.

Ahora empezó julio, la segunda mitad del año, con una nueva tanda de tarifazos: la nafta y el gasoil aumentaron un 3,5%; la luz y el gas, un 2%; el agua, un 1%; las prepagas, un 2,65%; y las cuotas de los colegios privados, un 2,4%. Los alquileres que aún están regidos por la ley anterior (con actualizaciones anuales) suben un 66,1%. También se registraron nuevos aumentos en el transporte público de CABA y el AMBA, tanto en subtes como en colectivos. A esto se suma la liberación del precio de las garrafas, que utiliza el 46% de la población, especialmente los sectores más pobres.
Todo esto impacta de lleno en el bolsillo popular, profundizando la crisis, el hambre y la miseria. En los meses anteriores se había registrado un leve aumento en la compra de bienes de consumo masivo (alimentos, artículos de limpieza y tocador) financiados con tarjeta de crédito. Pero ahora, ese recurso también retrocede: las familias populares están sobreendeudadas y ya no pueden seguir pateando gastos hacia adelante. Incluso, aumenta la morosidad en el pago de tarjetas: muchas personas ya no pueden ni abonar el mínimo, lo que las expone a un crecimiento exponencial de su deuda mientras pierden el acceso al crédito.

Al mismo tiempo, crece el desempleo. Según datos del propio INDEC, la tasa ya llega al 7,9% a nivel nacional, y se acerca al 10% en el conurbano bonaerense. Este fenómeno viene acompañado por el sobre-empleo: miles de trabajadores que no llegan a fin de mes con su salario intentan desesperadamente completarlo con horas de autoexplotación, manejando un Uber o realizando trabajos informales. Lo mismo sucede con jubilados y jubiladas: en 2024, el 53% de quienes reingresaron al mercado laboral provienen de ese sector.

Plata hay, pero para pagar la deuda

Mientras se ajusta al pueblo trabajador, esta semana (irónicamente, el 9 de julio, Día de la Independencia) se pagarán en efectivo 4.300 millones de dólares. Junto con el pago de enero pasado, es el desembolso más alto del año. Es decir: no hay plata para salarios ni jubilaciones, ni para el Garrahan, el Bonaparte o el Posadas, ni para educación o ciencia y técnica, pero sí para pagar la deuda.

El gobierno se juega a mantener esta ficticia “estabilidad” de precios con salarios y jubilaciones pulverizados, y con un dólar artificialmente bajo. Pero no lo estaría logrando, al menos no tan automáticamente como pretende. Junio terminó con una inflación superior a la de mayo, y para julio –como vimos con la lista de aumentos– los números prometen ser peores aún.

A esto hay que sumarle que, pese a las bravuconadas del ministro de Economía Luis Caputo (“si para vos el dólar está barato, comprá, papá”), el tipo de cambio empezó a despertarse y ya tocó los 1.300 pesos: el valor más alto desde que entró el préstamo con el FMI.
La perspectiva, entonces, es clara: el gobierno insistirá con más ajuste y más motosierra ahora, y con reforma laboral (flexibilización) y jubilatoria después de octubre. Por eso se impone seguir la pelea: apoyando todas y cada una de las luchas, buscando coordinarlas y fortalecerlas para que triunfen.

Hay que exigir un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, que la junta interna de las y los trabajadores de ATE-Indec calcula en 1.840.000 pesos. Y reclamar, para lograrlo, que la CGT rompa la tregua y llame a un paro nacional de 36 horas.