Escribe Adolfo Santos

Con autoría del diputado Juan Carlos Giordano y la diputada Mercedes de Mendieta de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley contra los decretos de privatización de AySA. Propone que sea 100% estatal, bajo gestión de trabajadoras, trabajadores y organizaciones de usuarios, y rechaza la entrega a la empresa israelí Mekorot.

El gobierno ultraderechista de Javier Milei intenta reeditar una política que ya fracasó en Argentina y en varios países del mundo: la privatización del servicio de agua potable. Propone vender el 90% de las acciones y autorizar cortes masivos del suministro por falta de pago en la empresa que brinda agua potable y saneamiento en el AMBA. Esta medida, que afecta un servicio esencial para la vida, comenzó a generar rechazos. El 2 de agosto, bajo la consigna “el agua no se vende, se defiende”, se realizó un abrazo simbólico al edificio de AySA, en rechazo a la privatización y a la presencia de la empresa israelí Mekorot, que actúa como asesora del proyecto privatizador y pretende quedarse con el control de la empresa.
El proyecto del Frente de Izquierda Unidad propone anular estos decretos privatistas. En un país con más de 7 millones de personas sin acceso al agua potable y casi 20 millones sin redes de saneamiento, la privatización agravaría este flagelo. Correctamente, el proyecto de ley expresa: “garantizar el acceso universal, equitativo y sustentable al agua potable y al saneamiento en todo el territorio nacional, como derecho humano esencial no sujeto a las reglas capitalistas de mercado”.
La privatización de AySA persigue la ganancia capitalista por sobre un servicio esencial. Los decretos de Milei permiten cortar el suministro a quienes no puedan pagar. En cambio, desde el FITU se plantea que el agua sea reconocida como un derecho humano inalienable, gestionado por el Estado nacional, con prioridad en su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Ningún usuario debe quedar excluido del acceso a este servicio por razones económicas.

Un proyecto que ya fracasó
Durante el gobierno peronista de Carlos Menem, en 1993, el servicio de agua se entregó a Aguas Argentinas S.A., controlada por el grupo francés Suez. En 1999, una investigación comprobó que la empresa se había vendido por menos de una quinta parte de su valor real. Además, confirmó la falta de inversión en obras, la provisión de agua contaminada, el despido de personal y el aumento significativo de las tarifas. Está claro: la privatización genera corrupción, ataca los derechos laborales y deteriora la calidad de un servicio declarado esencial por la ONU desde el 2010.
A pesar de esas evidencias, el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, minimizó la medida: “es una imposición de la Ley Bases”. Con más de 40 años al frente del sindicato, este burócrata traidor, que integra la “mesa chica” de la CGT, se limitó a declarar que acepta la privatización “siempre y cuando no derive en reducción de personal”. ¡Una vergüenza!
El proyecto de las y los diputados del Frente de Izquierda propone que AySA diseñe un Plan Federal de Obras para expandir el acceso al agua potable y a los desagües cloacales en todo el territorio nacional. Para financiar este proyecto, plantea que los recursos provengan de lo destinado al pago de la usurera deuda externa y se incrementen mediante la implementación de “un impuesto especial a las ganancias de las multinacionales, grandes empresarios y bancos que operan en nuestro país, redirigiendo los recursos nacionales a garantizar este derecho humano esencial, brindando un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador”.

*Ver el Proyecto completo en izquierdasocialista.org