Escribe José Castillo

Un aspecto central de nuestro programa alternativo es la nacionalización de la banca. Se trata de terminar con la especulación financiera y las superganancias de los bancos, hoy concentrados en apenas un puñado de entidades internacionales, como el Santander y el BBVA (españoles), el ICBC (chino), y privadas nacionales como Galicia y Macro. A esto hay que sumarle, en el período reciente, el avance de las llamadas fintech, con Mercado Pago a la cabeza, de Marcos Galperin. Estas instituciones hacen prácticamente lo que quieren con sus clientes, cobran tasas de interés y comisiones exorbitantes y otorgan o no créditos según su exclusiva decisión, sin otro criterio que la maximización de sus superganancias.

Nacionalizar la banca significa retirarles la licencia para operar en la Argentina. Sus carteras de depósitos y créditos serían tomadas por el Estado, que respetaría estrictamente las cuentas individuales de los sectores populares, y pasarían a formar parte de una red de bancos públicos. Ya existe un piso para hacerlo, empezando por el Banco de la Nación Argentina, que tiene una inmensa red de sucursales en todo el país y llega incluso a muchos lugares en los que a los bancos privados nunca les interesó estar.

A esto deben sumarse otros bancos públicos provinciales, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad de Buenos Aires y el Banco de Córdoba. Los bancos provinciales que fueron privatizados serían reestatizados y volverían a funcionar como bancos públicos provinciales. También se estatizaría al 100% el Banco Hipotecario, que hoy tiene una participación estatal minoritaria, conformando un banco del Estado especializado en otorgar créditos hipotecarios para el acceso a viviendas populares nuevas o para la refacción de las existentes.

Con un estricto control para que sus funciones sociales sean realmente respetadas, a esta red se le podría sumar la actual banca cooperativa, cuyo principal actor es el Banco Credicoop. Todos los bancos, sin excepción, serían gestionados por sus propios trabajadores.

¿Qué haría esta red de bancos públicos?

La primera responsabilidad sería custodiar realmente el patrimonio y el ahorro del pueblo trabajador, garantizando el acceso de todas y todos a los productos del sistema, como cajas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, banca digital y créditos de diverso tipo. No es un dato menor, ya que en la historia de las últimas décadas la timba financiera consistió varias veces en quedarse con el dinero de los ahorristas, como ocurrió en la crisis de 2001.

La segunda función consistiría en garantizar el acceso al crédito para el consumo, la vivienda (hipotecario), la compra de vehículos, artículos del hogar o herramientas de trabajo (prendario), de acuerdo con las necesidades sociales, con tasas de interés subsidiadas y sistemas de cuotas lo suficientemente extensos como para que puedan ser afrontados por el pueblo trabajador. También los bancos públicos servirían para otorgar créditos a iniciativas populares, como mutuales, cooperativas, obras sociales, clubes y cooperadoras escolares, y para financiar obras de desarrollo, sobre todo en zonas postergadas.

La tercera función, no menor, es que, al concentrar la información bancaria, esta banca estatal adquiriría una enorme herramienta de planificación de la economía. Al mismo tiempo, podría evitar la evasión o fuga de capitales que realizan las grandes empresas porque tendría acceso a conocer cuáles son sus fondos y podría, entonces, cobrarles impuestos o multas automáticamente. Una cuestión fundamental para terminar con el abuso de las patronales.

La banca nacionalizada podría fijar estrictamente tasas de interés y comisiones que deberían ser respetadas por otros actores del sistema, como las empresas de tarjetas de crédito, que pasarían a operar mediadas por los bancos estatales.

Lo mismo sucedería para evitar los abusos y las superganancias de las fintech. La banca nacionalizada podría crear un mecanismo estatal de pago digital, similar al que ya tiene Brasil con el PIX, que reemplazaría al virtual monopolio ejercido hoy por Mercado Pago y sus hermanos “menores”, como Ualá, Modo y Tarjeta Naranja.

Nacionalizando la banca y articulando esta medida con otras, como la nacionalización del comercio exterior, se podrían cuidar las reservas y planificar qué exportar y qué importar. Junto con la medida elemental de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, tendríamos una poderosísima batería de herramientas para que nuestros recursos puedan ser destinados a resolver las necesidades populares más urgentes.

Por un sistema de bancos públicos que concentre el ahorro popular y brinde crédito accesible para el consumo, la vivienda y los proyectos de desarrollo, con tasas accesibles, condonando las deudas de millones de trabajadoras y trabajadores.