El 8 de enero, la extrema derecha llevó a cabo una fuerte acción golpista en Brasilia. Financiados por empresarios y apoyados por las tropas allí presentes, invadieron el Palacio del Planalto, el Congreso y el STF (Supremo Tribunal Federal). Los bolsonaristas quieren una dictadura militar, donde no haya oposición, se cierren los sindicatos y se detengan o directamente se asesine a quien se manifiesten por salarios o derechos sociales. Así fue en el Estado Novo y en la Dictadura del '64. Esto es inaceptable. Debemos responder en las calles, impulsando una amplia unidad de acción, para aplastar las acciones golpistas bolsonaristas y su proyecto de instaurar una dictadura. En las calles debemos derrotar a todos los sectores militares, parlamentarios y empresarios que defienden un golpe militar.
Se debe convocar a un plenario nacional de luchas populares y asambleas de base
Los actos del 09/01 fueron un paso correcto en respuesta a las acciones que agitaban un golpe en Brasil. Se realizaron actos en las principales capitales del país y ahora la tarea es movilizar a toda la base obrera y popular que está en contra de las acciones bolsonaristas.
Pero el 9 de enero hubo una gran debilidad: el gobierno de Lula y el Frente Amplio no se jugaron con toda su fuerza a la movilización y no dan continuidad a esta lucha en las calles. Lula, el PT y el Frente Amplio sólo apuestan por acciones institucionales, cuando al neofascismo hay que derrotarlo con la movilización popular en las calles. Lo fundamental es buscar masificar el movimiento. Por eso, decimos que Lula, el PT y el Gobierno Federal deben llamar a la movilización callejera contra las acciones golpistas del bolsonarismo.
Es necesario que los frentes que agrupan a la CUT, CTB, MST, MTST, UNE y UBES retomen la convocatoria del plenario de las organizaciones de las luchas populares con representantes de los sindicatos y los movimientos contra las acciones golpistas, por la defensa de las libertades democráticas y de nuestros reclamos: por la recomposición salarial, el congelamiento del precio de los alimentos y de las tarifas, más fondos para educación y salud, lo exigido por los trabajadores de las App, las demandas del pueblo negro, de las disidencias sexuales y de las mujeres.
Las centrales sindicales y los movimientos deben organizar la lucha en cada lugar de trabajo y estudio y en los barrios, a través de asambleas democráticas que unifiquen nuestra movilización en una nueva jornada nacional de lucha con marchas, asambleas y retrasos de turnos de trabajo. Y organizar la autodefensa desde los sindicatos y las organizaciones populares.
Debemos organizarnos para hacer como las hinchadas del Galo y de los Gaviões da Fiel o los trabajadores de Angra dos Reis, que impidieron los bloqueos de carreteras de los bolsonaristas y las acciones golpistas en esos lugares.
¡Basta de impunidad!
Está claro que la política del gobierno de Lula, de hacer un Frente Amplio, del PT y los partidos patronales, es incapaz de detener las acciones golpistas bolsonaristas. Apuestan únicamente por la vía institucional, por el Congreso y el STF y siempre acaban pronunciando discursos, publicando mociones contra quienes agitan un golpe, pero llevando a cabo pocas acciones concretas. No hicieron nada para castigar realmente los actos golpistas de la pandemia y del 7 de septiembre. No hicieron nada contra las acciones de la policía militar y el PRF y los campamentos en los cuarteles que pedían a los militares instaurar una dictadura bolsonarista. Hasta ahora no han hecho casi nada contra Roberto Jeferson y Carla Zambeli.
El acto golpista frente a la comisaría de la Policía Federal terminó sin castigo. El intento de atentado fue tratado como algo menor. El propio Bolsonaro abandonó impunemente el país. ¡Esto no puede continuar! Las primeras medidas del gobierno de Lula deberían haber sido ajustar cuentas con los bolsonaristas y su proyecto autoritario, sin perdón ni amnistía.
El día 8 de enero quedó claro que el gobernador de Brasilla, Ibaneis/MDB, y el ministro de Defensa, José Múcio/PTB, eran cómplices de estas acciones. La breve intervención federal en Brasilla y la exoneración de la dirigencia estatal, la remoción de Ibaneis y la detención de Anderson Torres o el bloqueo de los bienes de algunas empresas son medidas insuficientes. Son medidas mínimas que no están a la altura de las acciones golpistas del 8/01.
Es necesario investigar y castigar a todos los responsables en el gobierno del Brasilla y en el gobierno federal, y castigarlos. Por eso decimos que las declaraciones de Capelli, interventor de Brasilla: "El problema no son los funcionarios, no es la corporación", son erróneas. Cualquier intento de pacificación con los militares golpistas no hará sino fortalecer a quienes defienden el proyecto neofascista y una dictadura militar.
El camino es atacar a los oficiales de la PM y a los Bolsonaristas en el gobierno federal: el ministro de defensa, el GSI y la jerarquía militar federal. Además, hay que confiscar los bienes de los dirigentes y expropiar las empresas que financian el golpe, empezando por Havan.
¡Contra la restricción del derecho a la libre manifestación! ¡Cárcel a los golpistas ya!
Es un grave error del gobierno Lula/Alckmin fortalecer al ministro Alexandre de Moraes y al STF. Ahora acaban de decretar la restricción momentánea del derecho a manifestarse mediante marchas u ocupación de edificios públicos. En ningún caso estamos de acuerdo con que el STF restrinja la libertad de manifestación.
Los bolsonaristas no están utilizando el derecho de manifestación, están organizando acciones golpistas y deberían ser detenidos. Para parar a los bolsonaristas hay que movilizarse masivamente en las calles y, si es necesario, ocupar edificios. Para defender las refinerías de los ataques bolsonaristas, los trabajadores del petróleo tienen derecho, si así lo deciden, a ocupar refinerías y mantenerlas en funcionamiento.
¡Lula se equivocó al aliarse con sectores bolsonaristas en el gobierno!
La alianza con la extrema derecha en el gobierno es un grave error. Con está alianza el gobierno entregó el Ministerio de Defensa a José Múcio del PTB de Roberto Jefferson y el Padre Kelmon, y el Ministerio de Turismo a Daniela de Waguinho de União Brasil, partido vinculado a las milicias. Y pactó con Arthur Lira para el cierre del presupuesto en secreto, quien fue cómplice del bolsonarismo e impidió la apertura del impeachment contra el propio Bolsonaro. El pacto con el bolsonarismo no es más que una consecuencia de la política de conciliación de clases de Lula y el PT con el vicepresidente Alckmin (representante de los empresarios), de alianzas con patronales, multinacionales, partidos de derecha y representantes del imperialismo norteamericano y europeo. Con estas alianzas patronales, con pactos con Arthur Lira y los del "centro", es imposible estar al servicio de la clase obrera y a los sectores populares.
Al mismo tiempo, es equivocada la línea de ir por los canales institucionales frente a los golpistas, lo que solo significará ser rehén del Congreso Nacional, de los gobernadores bolsonaristas como Tarcisio y del STF, que es el eje de acción del frente amplio, del presidente Lula y del PT. El frente amplio, por ejemplo, no lanzó con toda su fuerza el acto del 09/01 y ahora no da continuidad a esta lucha. Proponen una nueva acción institucional de desautorización de la democracia en el Congreso Nacional, junto con un montón de Bolsonaristas que controlan el parlamento y los gobiernos estatales. Pero lo que necesitamos son nuevas manifestaciones callejeras combativas y masivas, en una amplia unidad de acción, para derrotar el golpe de una vez por todas.
Luchamos por una izquierda clasista y un gobierno de la clase obrera, ¡sin patrones!
Por lo tanto, creemos que es fundamental mantener nuestra independencia de clase, no integramos ni apoyamos al gobierno de Lula, y reivindicamos una agenda obrera y popular. Luchamos por construir una izquierda clasista y revolucionaria, que luche por una salida obrera y popular, lo que incluye la pelea por un gobierno de la clase obrera, sin patrones, y por un Brasil socialista.
La CST (Corriente Socialista de los Trabajadores - Tendencia del PSOL) no componen ni apoya al gobierno de Lula, pero lo defiende frente a las acciones golpistas de los bolsonaristas y la extrema derecha. Por eso somos parte activa de la movilización obrera, popular y democrática contra cualquier proyecto de dictadura militar. Y en este sentido, exigimos el refuerzo de las acciones callejeras y su continuidad.
Llamamos a ocupar las calles y exigir al gobierno de Lula/Alckmin una movilización nacional y el castigo de todos los golpistas.
Exigimos que Lula, el PT y el gobierno federal, junto con la CUT, CTB y otros movimientos convoquen a una movilización nacional en las calles en repudio a los intentos golpistas de los Bolsonaristas y por los siguientes puntos:
- Detención inmediata de todos los implicados en las acciones golpistas y en actos anteriores. A los financiadores, además de detenerlos, exigimos que que se confisquen todos sus bienes. Bolsonaro, su familia, sus ex ministros y sus líderes en el Congreso deben ser arrestados y sus bienes confiscados inmediatamente.
- Apertura inmediata de todos los secretos a empresarios bolsonaristas (bancarios, fiscales, telefónicos y electrónicos de todos los dirigentes de Bolsonaro (políticos, artistas, empresarios, youtubers y militares). Castigar a todos los que agitan una dictadura militar bolsonarista. Expropiación de las empresas que financian los movimientos bolsonaristas y donde hubo coacción patronal en las últimas elecciones.
- ¡Fuera José Múcio/PTB del Ministerio de Defensa! Destituir a todos los ministros de partidos bolsonaristas y que se saque a todos los consejeros bolsonaristas del gobierno federal ¡ya! ¡Destitución de toda la cúpula de la GSI, Ejército, Armada y Fuerza Aérea!
- ¡Justicia para Marielle, Genivaldo, Dom Phillips, Bruno Pereira y todos los que han sufrido las consecuencias de la violencia policial y armada en el campo y en la ciudad! ¡Fin de la PM, el PRF, las milicias bolsonaristas y los pistoleros del agronegocio!
- Que se dejen sin efecto los ataques como las reformas laboral y jubilatoria y el límite de gasto, y privatizaciones como la de Eletrobras.
- Destitución e investigación inmediata a todos los militares y seguidores de Bolsonaro que han ocupado altos cargos en el gobierno y a todos los rectores de las instituciones de educación superior.
- Recomposición salarial, congelamiento del precio de los alimentos y de los aranceles, más fondos para la educación y la sanidad, las agendas exigidas por los movimientos de trabajadores de las App.
Secretariado de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST), sección brasilera de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI), 12/01/2023
El diputado nacional electo Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT Unidad) se refirió al anuncio del Indec: “Con este índice 2022 cierra con una inflación de 94,8% anual, la más alta desde 1991, alcanzando un 300% desde que asumió el gobierno del Frente de Todos. ¿Me podés decir donde está la “desaceleración” de la que habla el peronismo? Una mentira total. La suba de precios sigue carcomiendo salarios y jubilaciones”.
Giordano agregó: “Este año arrancó con enormes subas y tarifazos en el transporte, luz, gas, combustibles, alquileres, pre pagas, que ocasionarán más pobreza e indigencia. La inflación se agravó de la mano del plan de ajuste con el FMI que avalan tanto el gobierno, Juntos por el Cambio y Milei. Solo el FIT Unidad se opone a estas subas y al saqueo y dependencia con el Fondo Monetario”.
Juan Carlos Giordano finalizó: “Massa anunció un pacto con la CGT para que se firmen acuerdos paritarios del 60% en cómodas cuotas, cuando la inflación rondará el 90 a 100%. Un nuevo robo para millones de trabajadores. Hace falta un inmediato aumento salarial y jubilatorio al valor de la canasta familiar, que recupere todo lo perdido en estos años, indexado mensualmente de manera automática de acuerdo a la inflación real”.
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En el Palacio de Gobierno se reunió el Acuerdo Nacional. Convocado por la Sra. Boluarte, allí presente con todo su Gabinete al igual que la CONFIEP, representantes de la Iglesia, dueños de los partidos, los titulares de los otros poderes del Estado y las Fuerzas Armada, y a quienes llaman sociedad civil. En pocas palabras, los causantes de las crisis y de la represión se reunieron para hablar de paz, democracia y dialogo, mientras que las tropas bajo su mando asesinaban a los pobladores de Puno. En tal sentido, así lo hizo saber el Gobernador de esa región de forma virtual con su denuncia y protesta por los asesinatos. De este modo, no tuvieron otra salida que suspender la sesión.
En efecto, una vez más nuestro suelo patrio se tiñe con la sangre de los muertos y heridos, esta vez con la de las nacionalidades quechuas y aymaras, los mismos que el llamado Estado Nación formal peruano no reconoce ni toma en cuenta. Esta vez han sido 17 muertos y 38 heridos, todos de bala, disparadas desde los helicópteros junto con gases lacrimógenos. También ha transcendido que un estudiante del último año de medicina que —con botiquín en mano— daba primeros auxilios a uno de los heridos fue asesinado. Suman ya 39 los muertos confirmados, aunque hay versiones de pobladores que en las zonas tomadas por la Policía y militares ocultan cadáveres de otras víctimas. Es así que a más de un mes que se iniciaron las protestas las luchas se mantienen en el país; según reportes periodísticos nacionales y extranjeros dan cuentas que este lunes 10 hubo bloqueos de carretas en 8 regiones del país: Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Amazonas, Arequipa y Puno, Ica, Nazca.
Por una parte, la Presidenta, su Gabinete, sus fuerzas represivas, los servicios de inteligencia (¿?) periodistas vendidos, militares y policías en retiro, son parte de una maquinaria de terror. Usan el lenguaje de la paz y dialogo para ocultar su práctica de masacre y genocidio contra un pueblo que protesta. Llaman a una santa cruzada para enfrentar al terrorismo y al comunismo que según ellos ha tomado el poder del país. En el fondo están aterrorizados porque comprobaron que el terruquear y el terrorismo verbal no les sirvió en la última contienda electoral, y han pasado a usar todas las fuerzas del Estado opresor con las mismas intenciones contra el pueblo que lo vapuleo en las urnas. El Gobierno pide dialogo cada vez que abre la boca para informar sobre la situación, pero siguen amenazando y matando a los que protestan. Nosotros les decimos: las balas no hablan señora Boluarte, las balas matan. El pueblo ya habló, ya ha dicho su palabra a su manera y en las 47 lenguas que se hablan en el Perú, que usted señora Boluarte se vaya, que se cierre ese Congreso lleno de negociantes de la política, de congresistas que de una u otra manera maniobran para quedarse o tentar una reelección camuflada.
Por otra parte, no es cierto lo que dice el columnista del diario Expreso (Vásquez Kunze16-12-2022) “Que las protestas son para liberar a Castillo para que dirija la insurrección comunista… Seamos claros. Los comunistas quieren tomar el poder porque han perdido el poco Gobierno que tenían. No se puede tener contemplaciones con ellos. Son subversivos y se les debe aplicar el máximo rigor de la ley civil, penal y marcial. Nada de diálogo. Fuego a discreción. La República debe prevalecer.” Si bien es cierto que en las protestas masivas no falta quien reclama la restitución de Castillo, no cierto lo que dice ese plumífero de la reacción disfrazado de periodista. En pocas palabras, las protestas piden que renuncie la Presidenta, que se vayan todos y nuevas elecciones sin corruptos. Castillo desgraciadamente no fue capaz ni siquiera de intentar el cumplimiento de sus promesas de campaña y pasó a ser uno más de la lista de los gobiernos continuadores del neoliberalismo. Incluso con su fallido golpe se comprometía a continuarla ese modelo. Con la sabiduría innata, el pueblo que no se traga el cuento del terruqueo, por el contrario, aumenta su indignación y no acepta ningún dialogo, cree que las cartas están ya echadas y lo que exige son soluciones a sus demandas.
En resumen, el Gabinete de Boluarte se presenta a pedir la confianza del Congreso chorreando sangre por todos lados, bastaría ese solo hecho para que quien se reclame de izquierda o simplemente demócrata a secas, no se la otorgue.
¡Fuera la presidenta!
¡Que se vayan todos!
¡Nuevas elecciones sin partidos corruptos!
Lima, 10 de enero de 2023
Escribe Claudio Funes
Redactor de El Socialista, Izquierda Socialista/FIT Unidad
El 2 de enero comenzó el juicio a los ocho acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, de 18 años, ocurrido en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell. Los acusados eran jugadores de rugby del Club Arsenal Naval de Zárate. Un grupo de cobardes que se consideran impunes.
Fernando había ido a pasar unos días de vacaciones a la costa atlántica junto a sus compañeros de la secundaria. Una patota de varones lo atacó brutalmente y pateó en el suelo con “puntinazos” en la cabeza, provocándole la muerte.
¿Cómo puede ser que un grupo de chicos menores de 21 años maten a golpes a otro por manchar accidentalmente una camisa? El hecho causó una tremenda indignación en su momento y ahora cuando se está ventilando el juicio. Fue un aberrante crimen de odio, racista y de clase.
Fernando era único hijo de un matrimonio humilde de trabajadores paraguayos radicados en el país. El grito de muerte fue “es un negro de mierda, mátenlo”. Tras el crimen, como si no hubiera pasado nada, los asesinos fueron a comer hamburguesas antes de irse a dormir. Luego se avisaban las novedades por whatsapp. Uno de ellos escribió “caducó”, cuando se enteró del fallecimiento de Fernando. Una testigo escuchó cuando otro de los rugbiers dijo mientras lo pateaba en el suelo “quedate tranquilo que a este negro de mierda me lo voy a llevar de trofeo”.
Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton y Luciano Viollaz, Ciro y Lucas Pertossi, acusados de homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, son hijos de familias “tradicionales”, con alto poder adquisitivo, oriundas de la localidad de Zárate. Entre sus padres hay empresarios, un jefe de Toyota y una ex funcionaria de la municipalidad, la arquitecta Rosalía Zárate. Estos jóvenes “de buena familia”, que supuestamente recibieron “buena” educación, se dedicaban en su adolescencia a estos ataques en grupo como parte de su diversión (según declaró Pablo Ventura en el juicio).
¿Los padres hicieron algo para corregir semejante conducta? Nada. Ni siquiera les pidieron perdón en ningún momento a los padres de Fernando, Graciela y Silvino. Padres que han tenido que volver a sufrir la tortura de ver el video que prueba el indignante instante de la muerte de su hijo; escuchar a la defensa decir con total desparpajo que la muerte de Fernando fue por culpa de un mal RCP (Reanimación Cardiopulmonar) o enterarse de maniobras, como que todos los asesinos se corten el pelo de manera idéntica para no ser identificados o prestar a la confusión. Aberrante.
Este hecho salvaje ha dejado en evidencia una vez más el brutal machismo y el uso de la violencia como forma de legitimar una supuesta posición de dominación, con la aniquilación del otro como moneda corriente en esta sociedad patriarcal. Todo como parte de este degradante sistema capitalista y sus negocios espurios de “los empresarios de la noche”, que protegen los distintos gobiernos patronales de turno.
¿El municipio no ha tenido ninguna responsabilidad? ¿Y la seguridad privada, patovicas y policías que tienen que resguardar la vida de les pibes? Claro que sí la tienen y por eso también tendrían que responder. Pero las mal denominadas “fuerzas de seguridad” son las que ordenan “no meterse” para no afectar las ganancias del patrón. Los empresarios, gobiernos y policías no se preocupan por la seguridad de la juventud que sale a divertirse, solo les importa resguardar el lucro privado.
Desde Izquierda Socialista nos volvemos a solidarizar con los padres de Fernando, su familia, amigas y amigos, y junto a ellos exigimos justicia, la única forma de reparar aunque sea en parte semejante crimen. Dijo la madre, “no venimos por venganza, venimos por justicia”, la que se hará realidad con la prisión perpetua para todos los asesinos.
Escribe: Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e Independientes)
Con epicentro en Mar del Plata, pero con réplicas a lo largo y ancho del país hasta Ushuaia, un nuevo Atlanticazo conmemoró un año del estallido de movilizaciones que se dieron a partir de que Juan Cabandié, desde el Ministerio de Ambiente, habilitara el avance de las petroleras en el Mar Argentino. La convocatoria fue centralmente impulsada por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, extendiéndose en las asambleas locales de toda la Costa Atlántica, y amplificada por espacios como la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y la Multisectorial Defendamos al Golfo de Río Negro.
Festival de cierre de la Jornada en Mar del Plata. Foto: Qué Digital
Recordemos que el avance de esta nueva forma extrema de extractivismo no tiene antecedentes en nuestro país, por más que el gobierno y sus escribas sigan repitiendo que llevamos “70 años de historia de off shore en la Argentina”, falacia en la que incurren sobre la base de querer comparar explotaciones pegadas a la costa en el sur del país, con estos monstruos de infraestructuras 300km mar adentro y a 3 mil metros de profundidad, en una escala en la que el Estado no tiene forma alguna de controlar. Así mismo, al día de la fecha, y contra todo el discurso oficialista, incluído el de la burocracia científica del grupo kirchnerista “Ciencia y Técnica Argentina”, no existe ningún estudio de impacto ambiental que evalúe la iniciativa petrolera de conjunto. Sino que las distintas empresas (Equinor, Shell, YPF, Qatar Petroleum, BP, etc.) compran derechos de exploración (luego explotación) sobre parcelas de mar, unas al lado de las otras, dibujando estudios que analizan su cuadrícula, sin tener en cuenta los efectos acumulativos del conjunto de la masiva intervención planificada sobre el lecho marítimo y su biodiversidad. Así mismo, en esos dibujos de impacto ambiental, las multinacionales se resguardan de decir que el impacto en la generación de empleo será mínimo, pero a pesar de ello, el gobierno y las conducciones de la CGT, hacen loas al “derrame” de riqueza de esta iniciativa que el único fin real que tiene es juntar dólares para el pago de la deuda externa y garantizarle copiosas ganancias a las trasnacionales
Abrazo al Mar en la Bristol. Cartel “¡Qué mirás Equinor?” @mushashovegano. Foto: Ambiente en Lucha
Se trata de un conflicto que unió del lado saqueador del mostrador al gobierno peronista del Frente de Todos y a la oposición patronal de Juntos de el Cambio, mediando el poder judicial que el gobierno tanto critica, pero que acá de conjunto todos trabajan para habilitar la instalación petrolera. Del lado de enfrente también se extendió la unidad, pero la de los territorios que se organizan en defensa del mar, y de la vida de las comunidades costeras. En efecto, no se trata de un conflicto ambiental más, sino de una pulseada clave contra el intento de transformar el país en un enclave de las multinacionales petroleras. Se trata de una carrera contra reloj, en la que las asambleas han obtenido logros parciales, como rechazar hasta el día de hoy el avance de la exploración sísmica en el Mar Argentino, pero por otro lado, el gobierno (con la participación del macrismo) se han anotado también porotos; por ejemplo al modificar la “Ley Lasalle-3308” que prohibía el avance de la infraestructura petrolera en Río Negro. Pelea que de todas formas hoy también sigue abierta con el intento de declarar inconstitucional dicha modificación.
Así mismo, este conflicto con la magnitud y trascendencia que tiene, le quitó la careta a organizaciones como Jóvenes por el Clima, que también este 4 de enero cumplió un año, pero un año de defender a las off shore. El seguidismo de esta organización alineada con la política del partido político Patria Grande de Juan Grabois (integrante del Frente de Todos con cargos ministeriales), los hace caer en la justificación de lo injustificable, y en decir que hay que habilitar las petroleras para tener dólares para la transición energética. Justamente el tipo de “negociaciones” que Greta Thunberg y el movimiento Fridays For Future llaman a rechazar, dada la gravedad de la crisis climática y el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero de iniciativas de estas características.
Atlanticazo en las Grutas. Foto: Tw: @salvemosalgolfo
Este 4 de enero, decenas de convocatorias se dieron en todo el país, dando cuenta de una gran solidaridad y búsqueda de síntesis entre las distintas peleas contra el extractivismo y la depredación ambiental. Desde Ambiente en Lucha participamos en localidades como Bahía Blanca, Rosario, Esquel, Santa Teresita, en la propia Mar del Plata, San Bernardo, y así mismo en CABA fuimos parte de la organización de la protesta frente al ministerio de Ambiente a la que concurrimos junto a Graciela Calderón y Mechi de Mendieta, diputadas de la Provincia y la Ciudad de Buenos aires respectivamente, por parte de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.
Como señalamos en el volante con el que participamos de las movilizaciones, el año que la lucha lleva frenando la instalación petrolera es la máxima demostración de que esta pelea se puede ganar. A no bajar los brazos, y seguir impulsando la máxima unidad y coordinación para golpear como un solo puño al extractivismo y dejar en claro que las petroleras en el mar ¡No pasarán!
Convocatoria en Bahía Blanca. Foto: Instagram @socioambientalbahiablanca
4E en Rosario. Foto: Info BFS
4E en Ushuaia. Foto: Florencia Díaz
Esquel, Chubut, donde se salió a las calles como cada día 4 de cada mes, pero sumando el reclamo del Atlanticazo.
4E, marcha en Santa Teresita. Foto: Ambiente en Lucha.
San Bernardo