Escribe Rodolfo Sánchez,  Izquierda Socialista Bariloche

Al momento de escribir esta nota se cumplen 13 días desde el comienzo del incendio forestal de grandes proporciones en la zona de El Bolsón. El fuego ya consumió más de 7.000 hectáreas de bosque andino, viviendas, galpones y mató muchísimos animales.

Al contrario que otras regiones del país, los meses de verano son la estación seca en la zona Andina patagónica. Las altas temperatura que superan los 30 grados, la bajísima humedad ambiente y el viento, son una combinación fatídica para la propagación del fuego.

En 2020, bajo este mismo gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié y su secretario Sergio Federovisky, se quemaron aproximadamente 900 mil hectáreas en 22 provincias argentinas. Los incendios más resonantes y que duraron meses fueron a lo largo del río Paraná, afectando 300 mil hectáreas. Otra cantidad similar se dio en las sierras de Córdoba.

Para 2020 el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego tuvo asignado 8.7 millones de dólares de presupuesto, una suma ridícula si se tiene en cuenta que el costo para remediar los daños producidos por los incendios (aproximadamente 1% del PBI) ronda en los 4.000 millones, aunque el relato oficial es que los incendios fueron consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

En la Plaza Pagano, los vecinos de El Bolsón se autoorganizan y reciben donaciones para asistir a los brigadistas y bomberos voluntarios que en Río Negro hace años luchan por tener una ART. El Intendente Bruno Pogliano (del partido provincial Juntos Somos Río Negro), más preocupado por el turismo, los negocios inmobiliarios y fiel lacayo del magnate Lewis, presionado por las llamas que están cerca del Barrio Unión, pidió al gobierno nacional que enviara más recursos. El mismo Cabandié contestó que ya mandaron todos los recursos disponibles, o sea tres aviones, tres helicópteros y 101 brigadistas. Una triste realidad, sumada al relato durante el gobierno de Cristina Fernández de que estaba comprando 26 aviones hidrantes para combatir los incendios forestales. La gobernadora Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro) acaba de declarar la emergencia. “Desde 1964 no se veían estas condiciones meteorológicas excepcionales”, dijo. Una falacia completa, porque los incendios en la zona andina patagónica son probables en verano por sus altas temperaturas y baja humedad. Simplemente recordemos las 15 mil hectáreas quemadas en Bariloche durante 1996, con Menem como presidente y María Julia Alsogaray en medio ambiente.

Gobierno tras gobierno se escudan en situaciones climáticas excepcionales y veraneantes imprudentes, pero lo concreto es la falta de presupuesto, medios y recursos materiales y humanos para prevenirlo, ya que los pocos brigadistas que hay suelen tener situaciones de trabajo precarizadas a través de contratos temporales.

¡Basta de que se tiren la pelota entre los distintos gobiernos! ¡El gobierno nacional, el provincial y municipal deben poner todos los recursos necesarios en la emergencia para frenar el fuego! 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora electa CABA FITU/Unidad

Desde hace meses jóvenes, ambientalistas, organizaciones sociales y políticas, enfrentan el proyecto del gobierno de Horacio Larreta y el PRO que busca privatizar el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, para impulsar uno de los negocios inmobiliarios millonarios más grandes del siglo XXI en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de 30 años de concesión y negocio privado, las tierras públicas de Costanera Norte buscan ser rematadas para construir torres de lujo.

El proyecto de rezonificación del gobierno de la Ciudad es un negocio redondo para los especuladores inmobiliarios. Se trata de la posibilidad de construir edificios de entre 18 y 29 metros de altura a orillas del río de la Plata, donde el metro cuadrado podría valer hasta 9.000 dólares, e implicaría la anulación del espacio público y el acceso al mismo para las y los trabajadores, jóvenes y sectores populares de la ciudad.

Nada de extrañar: este es el modelo de ciudad PRO, una ciudad para unos pocos y al servicio del negocio capitalista y la especulación inmobiliaria. Sólo basta mirar los números: en los últimos 14 años se construyeron 20 millones de metros cuadrados, todo pura especulación inmobiliaria, para una población que no crece desde hace más de 70 años y se mantiene en tres millones de habitantes. Mientras tanto, crece el déficit habitacional y se registra un aumento del 50% de la población en los barrios pobres y populares de CABA en los últimos años. Millones de trabajadoras y trabajadoras se ven expulsados de la ciudad porque no pueden ni siquiera pagar los precios de los alquileres. La contrapartida queda a la vista: entre 250.000 y 350.000 viviendas ociosas en la Ciudad, que representa el 24% del total.

El masivo rechazo a este proyecto quedó en evidencia en la histórica convocatoria de la audiencia pública que comenzó  el 27 noviembre y terminó días atrás, con más de 7.000 oradoras y oradores, donde el 97,3% de las y los participantes se manifestaron, bajo distintos argumentos, contra el negocio inmobiliario y exigieron la recuperación de estos espacios para el goce y uso público.

Además de las denuncias al negocio inmobiliario, muchos jóvenes y ambientalistas argumentaron que este proyecto sólo va a generar mayor desigualdad en el acceso a la ribera y profundizará los problemas relacionados con el cambio climático. Asimismo, la propia Agencia nacional de Aviación Civil (ANAC) ratificó el rechazo al desarrollo de este proyecto a 450 metros del aeropuerto Jorge Newbery.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, tanto con  nuestra banca en la legislatura porteña, como también en las calles, rechazamos la reprivatización del predio de Costanero Norte al servicio del negocio inmobiliario y peleamos porque estas tierras sean utilizadas para espacios públicos verdes y por un verdadero acceso al río para las y los trabajadoras, jóvenes y sectores populares.   

Escribe Mariano Barba 

Crecen las ocupaciones de tierras en la provincia de Neuquén. Son 70.000 las familias que esperan conseguir un pedazo de tierra y una vivienda a lo largo de la provincia, mientras los planes de construcción y loteos son muy escasos. No es prioridad para ningún gobierno resolver el drama de la vivienda. Ahora fue el turno en la ciudad de Senillosa, próxima a la capital, donde unas 100 familias, cansadas de esperar alguna respuesta, ocuparon un predio municipal cercano al balneario.  La respuesta de la municipalidad no se hizo esperar, ya que con el auxilio de la policía de la provincia y la orden de un juez, se aprestaron a desalojar el predio.  Los vecinos se organizaron para resistir y fueron recibiendo el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas el FIT-Unidad.  Desde Izquierda Socialita asistieron a apoyar la compañera Angélica Lagunas, junto a un grupo de compañeras, entre ellas Julieta Ocampo miembro del centro de estudiantes de Humanidades y Macarena Encina de la comisión de representantes de la emblemática toma Confluencia. La presencia de distintos sectores rodeando de solidaridad y apoyo a los ocupantes permitió superar el cordón policial y asistir con comida y agua a las familias ocupantes, sobre todo a los niños y embarazadas. La firmeza de los ocupantes y el creciente apoyo de organizaciones políticas y sociales obligó a las autoridades a iniciar el diálogo con los voceros de la toma y acordar un acta que encamina un compromiso de las autoridades al acceso a la tierra logrando un primer paso, como es la declaración de la emergencia habitacional en la ciudad que acompañada con la movilización y el estado asambleario de los vecinos podrá avanzar hacia soluciones más de fondo.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada (mc) bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Luego de la reglamentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) comenzaron a practicarse por primera vez en la historia de nuestro país los abortos voluntarios legales. Con emoción pudimos ver las primeras recetas de misoprostol autorizadas para las IVEs y por fin algo que anhelábamos: que la decisión de quienes deciden abortar sea garantizada por el Estado. Pero también aparecieron las primeras reacciones de los antiderechos, como la medida cautelar en Chaco y presentaciones similares en otras provincias. Desde Isadora, repudiamos estas maniobras de los sectores eclesiásticos y conservadores e invitamos al conjunto de las mujeres a seguir movilizadas para que la ley conquistada con la lucha se convierta en un derecho para todes.

La ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, debe ser aplicada en todo el territorio argentino. Por lo tanto, una vez sancionada la ley y reglamentada, todas las provincias tienen la obligación de implementarla. Sin embargo, en la provincia de Chaco gobernada por el peronista y “celeste” Capitanich no es así y quienes decidan interrumpir sus embarazos no podrán hacerlo (por el momento) en ese territorio, debido a una medida cautelar dictada por la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial N°19 de la ciudad de Resistencia.

La jueza chaqueña, cercana al Arzobispado de Resistencia, concedió el pedido que seis reconocidos activistas locales anti ESI, anti perspectiva de género, anti derechos de la diversidad y anti derecho al aborto y así, ordenó “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” de la ley en la provincia. Similar presentación hizo en la provincia de Entre Ríos, la abogada Miriam Müller, presidenta del partido NOS, que a nivel nacional se referencia con el ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión. Es decir que por todos los medios los antiderechos celestes buscan que la ley conquistada tras años de lucha no se cumpla.

Iglesia y Estado: asuntos separados

Las iglesias, además de impulsar este tipo de acciones judiciales también están detrás de la objeción de conciencia individual e institucional. Por eso, desde Isadora e izquierda Socialista, ya alertábamos en diciembre del año pasado que la objeción de conciencia del proyecto del ejecutivo era la puerta de entrada para que no se garantice el derecho al aborto. Por ejemplo en la provincia de Córdoba, el Hospital Privado de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola hicieron una publicación conjunta en la que saludaban a la objeción de conciencia institucional. Un verdadero escándalo no solo porque las instituciones no tienen “conciencia” sino porque además, buscan poner trabas y amedrentar a quienes decidan abortar.

Lejos de bajar el pañuelo verde de la Campaña por el derecho al aborto, debemos seguir peleando por la implementación efectiva de la ley de IVE y contra los objetores de conciencia que buscan impedir nuestros derechos conquistados con la lucha. Y junto al verde, levantaremos el pañuelo naranja de la separación de la iglesia del Estado porque las políticas públicas y los derechos conquistados no pueden estar a merced de lo que un grupo minoritario clerical y reaccionario opine sobre nuestros cuerpos, deseos y decisiones. Por eso, exigimos que el Estado deje de financiar a la iglesia católica como paso fundamental para terminar con los privilegios económicos que gozan los miembros de la curia y que son declarados enemigos de los derechos de las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binaries. 

Escribe Malena Lenta

Hace pocos días se hizo pública la noticia de la violación de una joven venezolana de 18 años en el primer día trabajo por parte de su jefe, Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, quien es dueño de un comercio en el barrio de Once. Pero además de la traumática situación vivida por la joven, este caso destapa un clásico modus operandi tanto de quienes se aprovechan de la situación económica crítica de las mujeres como de la connivencia de la justicia patriarcal.

Garzón Martínez sabía de la necesidad de trabajo acuciante de la joven y por eso le pidió fotos y la invitó a salir como pago para aceptarla como empleada. Ante el rechazo de la joven, no dudó en drogarla, engañándola con una bebida para poder violarla. Y aunque ella logró avisarle a su familia de lo que estaban sucediendo, cuando ésta llegó al comercio ya era tarde y la violación había ocurrido.

Pero el caso de la joven venezolana no fue único. Y al salir a la luz, llovieron denuncias de mujeres que habían vivido la misma situación con Garzón Martínez, todas ellas trabajadoras desocupadas desesperadas por un empleo. Sin embargo, la justicia patriarcal, a pesar de haberlo encontrado mientras cometía el hecho, decidió dejarlo libre y darle lugar para que amenace y calumnie a la joven y su familia. Al mismo tiempo, tanto la justicia como el gobierno se desligaron totalmente de la contención de la joven, ya que no le dieron la ayuda psicológica necesaria ni tampoco le resolvieron su situación económica que sigue siendo grave.

Por ella y por todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual exigimos ¡Justicia! Cárcel ya al violador Garzón Martínez. Que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad deje de mirar para el costado y garantice el presupuesto para abrir programas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Por la plena implementación de la Ley Micaela para que no haya efectores del Estado sin perspectiva de género. Presupuesto ya para las mujeres y disidencias y no para la deuda externa y la iglesia.