Escribe Claudio Funes

Con la excusa de  luchar contra el Covid-19, el gobernador  peronista de Formosa Gildo Insfrán viene  utilizando  métodos  autoritarios y sometiendo al pueblo trabajador y a los sectores populares  a  tratos degradantes  e inhumanos.

Los hechos son concretos y verificables: se ha trasladado por la fuerza a centenares de personas a los  Centros de Atención Sanitaria (CAS), creados por el gobernador. Ahí se hacinan abarrotadas personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso sin tener coronavirus (aduciendo contacto estrecho con contagiados),  obligandolas a permanecer internadas en sitios sin las mínimas condiciones de salubridad, y siendo sometidas a una larga cuarentena, en mucho casos mayor a la recomendada por las instituciones sanitarias, bajo estricta vigilancia policial.

Los casos se multiplican. Una mujer denunció haber perdido el embarazo por el internamiento. Otros denuncian que han estado confinados casi un mes, pese a que la cuarentena establecida es de catorce días y haber dado tres veces seguidas negativo en las PCR. Muchos denuncian que se los ha ido a buscar por la policía en medio de la noche, y fueron trasladados cual si fueran virtualmente “secuestrados” por las fuerzas de seguridad.

El gobierno peronista de Insfran aduce que lo que está haciendo es imponer el aislamiento a todos los que hayan estado en contacto con un infectado. Y que estos pueden hacerlo en hoteles vigilados, pagando cada uno de su bolsillo. Pero la realidad es que el pueblo formoseño es  muy pobre, por lo que la mayoría termina en un CAS, donde quedan hacinados, con falta de higiene y malos tratos.

Estas manifestaciones autoritarias del gobernador no son novedad, tienen una historia de veinticinco años. La máxima expresión es la política represiva y persecutoria contra las comunidades indígenas de la provincia que siempre tuvieron como objetivo último garantizar los negocios que implican la deforestación y la tala para el monocultivo de soja, los agrocombustibles y la extensión de la frontera petrolera. Este modelo se inició con el menemismo y se profundizó con el kirchnerismo. Por eso, pasan los años y los gobiernos (todos peronistas), mientras la provincia de Formosa continúa siendo una de las más pobres del país.

Por las denuncias de los métodos utilizados por Insfrán  para combatir la pandemia ya intervienen Human Rights Wach y Amnesty International. Hasta el vespertino francés Le Monde publicó un artículo donde lo critica duramente. El escándalo alcanzó magnitud internacional: las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Formosa alcanzaron status internacional.

¿Y el secretario de derechos humanos?

Ante esta situación el gobierno de Alberto Fernández envió a Formosa al secretario de Derechos humanos Horacio Pietragalla. Este comenzó banalizando los hechos, diciendo que no se produjeron violaciones a los derechos humanos “porque en la provincia no había, como en la dictadura, centros clandestinos de detención”. Finalmente, ante el repudio a sus declaraciones, se limitó a finalizar su visita señalando que “pudimos constatar hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad”. Y dio todo el apoyo al gobernador Insfran y sus métodos de “luchar contra la pandemia”. ¡El gobierno que vive hablando  de los derechos humanos apoya las barbaridades actuales de  Gildo Insfrán y sus nefastos antecedentes!

Fue recién ante el creciente repudio popular y el papelón mundial, que el gobernador se vio obligado a flexibilizar su régimen sanitario y habilitar a hacer cuarentena en el propio domicilio. 

Cambiemos no tiene autoridad para denunciar nada

De toda esta situación se viene aprovechando la oposición patronal de Juntos por el Cambio, que busca llevar agua para su molino de cara a las elecciones, denunciando demagógicamente a Insfrán.   

No tienen autoridad moral ni política para hacerlo. Recordemos que durante el gobierno de Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad desapareció Santiago Maldonado, asesinaron a Rafael Nahuel y la gendarmería reprimió todo tipo de protestas obreras y populares.

Hoy, Gerarado Morales, gobernador de Jujuy y Rodolfo Suárez, de Mendoza, ambos radicales, son grandes ajustadores y represores en sus respectivos distritos. Ni el PRO ni la UCR tienen autoridad  para hablar de derechos humanos.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras: repudiamos el autoritarismo y la brutalidad del gobernador Gildo Insfrán. Y denunciamos el apoyo que le brindan Alberto Fernández y Cristina y el doble discurso de un gobierno que se titula “de los derechos humanos”.

La conclusión, una vez más, es que los gobiernos patronales, sean nacionales o provinciales, de todo signo político, están al servicio de la ganancia capitalista, por ello cotidianamente violan todo tipo de derechos mientras hacen crecer la miseria entre el pueblo trabajador y los sectores populares. Una vez más, sólo la izquierda es consecuente defensora de los derechos humanos.

Escribe Claudio Funes

Desde que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de Amado Boudou a cinco años y diez meses por la causa Ciccone Calcográfica se está discutiendo si debe volver o no a la cárcel. Mientras tanto, el ex vicepresidente de Cristina sigue en su casa, con todos los lujos, en “prisión domiciliaria”.

En este lapso, Boudou consiguió que se le redujera diez meses el tiempo que debería pasar encerrado. Así, ya estaría cumpliendo la mitad de su condena y podría pedir permiso para salidas transitorias.  Reforzando la posibilidad de no volver a prisión.

La condena a Boudou, dictada en su contra el 7 de agosto de 2018 fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal y el ya mencionado fallo de la Corte. Las pruebas son contundentes: Boudou es un corrupto.

Pero el kirchnerismo desarrolla una intensa campaña por su libertad a través de una solicitada que se publicó en distintos medios periodísticos y en redes sociales. En ella se advierte una “persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia Kirchnerista”. Lleva la firma de, entre otros, el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva  y del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. La solicitada agrega: “estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”.

El kirchnerismo habla de “presos políticos”, ubicando en esa categoría a Boudou. Obviamente que detrás de todo esto está la búsqueda de impunidad para la propia Cristina Fernández, involucrada como cabeza en innumerables causas de corrupción durante su gestión.

Mientras tanto el macrismo se mantiene expectante ante los vaivenes de la situación. Ellos también llevaron adelante grandes negociados cuando fueron gobierno, fueron tan corruptos como los kirchneristas y tienen abiertos innumerables juicios, destapados por la misma justicia patronal que va y viene de acuerdo a los distintos momentos políticos.

Para nosotros la discusión es bien concreta: Amado Boudou no es un preso político, es un político corrupto condenado, es un hombre educado que utilizó sus cargos en el gobierno para hacerse de dinero sucio. Como corrupto debe cumplir en la cárcel su condena a prisión efectiva y devolver todo el dinero robado al pueblo. Lo mismo le cabe a todos los políticos patronales, del signo político que sean, que se vienen enriqueciendo a costa de robarle al pueblo trabajador.

Escribe Martín Fu

El gobierno está analizando en este año electoral la posibilidad de suspender las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) programadas para agosto, previa a las generales de octubre, postergarlos o unificarlas con las generales. Un sector de los gobernadores peronistas (y algunos que responden al macrismo) le habría acercado este pedido a Alberto Fernández como un gesto de “austeridad” en medio de la pandemia, para que supuestamente se prioricen los gastos en vacunación y evitar la afluencia masiva de gente en las escuelas para sufragar. ¡Debate en paralelo cuando los mismos actores están alentando la vuelta a las clases presenciales!

Con el pedido de suspensión de las PASO se pone sobre el tapete la crisis política y las peleas internas de los partidos patronales, tanto del oficialista Frente de Todos oficial, como de la oposición de Juntos por el Cambio. En el kirchnerismo esto es más que evidente, teniendo en la voz de Máximo Kirchner uno de quienes está a favor de realizar las PASO y las generales en el mismo día para “dirimir” los lugares en la lista y así poder ganar espacio en la provincia de Buenos Aires para su sector en competencia con caciques que responden al albertismo o al massismo.

Más allá de las especulaciones que se puedan hacer, desde la izquierda siempre hemos rechazado las PASO desde su implementación. Y lo seguimos haciendo. Fueron creadas por el kirchnerismo en 2009 (votada con el aval de los radicales) diciendo que iban a “transparentar la política”.

Denunciábamos entonces: lejos de democratizar la vida partidaria tratan de imponer una alternancia en el poder de los partidos patronales proscribiendo a la izquierda y a la centroizquierda. Las internas abiertas nada tienen que ver con mayor democracia, transparencia y participación. Por el contrario, la obligatoriedad a presentarse en ellas supone una mayor intromisión del Estado en la vida interna de los partidos. La ley impide que los afiliados de un partido decidan el mecanismo que democráticamente determine cuáles serán sus candidatos. Su carácter “abierto” genera la posibilidad de que sean los aparatos clientelares tradicionales, no “la ciudadanía” ni los afiliados, quienes diriman las internas de otros partidos de acuerdo a sus propias especulaciones. Y fundamentalmente repudiamos las PASO porque fijan un piso (filtro) del 1,5 % de los votantes como condición para tener derecho a presentar candidatos a presidente, diputados y senadores nacionales. Es decir, vulnera el derecho democrático a presentar candidatos y a ser elegido.

Este piso proscriptivo sólo buscan mantener en la “competencia” electoral a los partidos tradicionales, aquellos que cuentan con más recursos, son financiados por las grandes patronales y que pueden bancar costosas campañas en los grandes medios pagando hasta a periodistas para que sean sus voceros. Muchas veces, a pesar de una gran campaña militante y el apoyo de los votantes, en algunas provincias la izquierda no ha superado el piso exigido.

No superar el piso de las PASO niega el derecho a que nos puedan acompañar con su voto quienes no se sienten representados por los partidos patronales y ven en la izquierda y sus propuestas una alternativa. Las PASO buscan borrar a la izquierda revolucionaria y a sus propuestas para los trabajadores y los sectores populares de la puja electoral. No quieren que los luchadores que conforman las listas del Frente de Izquierda puedan ocupar las bancas en las legislaturas y el Congreso para denunciar las políticas patronales a favor del FMI, las jubilaciones de miseria, los ajustes o los acuerdos a espaldas del pueblo trabajador y mucho menos toleran que nuestros diputados acompañen las luchas y sean voceros de las mismas en las palestras legislativas donde los políticos patronales se dedican a elaborar y votar leyes a favor de los grandes intereses económicos.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos que las PASO son un engaño y una traba más para que la izquierda tenga una voz en las elecciones y se postule como una alternativa en el proceso electoral, postulando una salida de fondo para el pueblo trabajador. Por eso no nos movemos por ninguna especulación electoral: ante el debate de qué hacer con las PASO proponemos que lisa y llanamente se eliminen.

Eliminar las PASO, a su vez, debe ser parte de una reforma política que comprenda, entre otras cosas, la eliminación también de todos los mecanismos tramposos, como las colectoras, sumatorias de votos y otras variantes; terminar con los pisos que se usan como causales de caducidad de las personerías políticas partidarias (como no sacar el 2% de los votos en dos elecciones consecutivas o no mantener un piso de afiliaciones, lo que obliga a afiliar todos los años); eliminar el piso del 3% del padrón electoral para tener acceso a la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados, entre otras reformas que sí se deberían implementar.

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Izquierda Socialista Esquel

Luego del fuerte apriete de Alberto Fernández al PJ chubutense, el gobernador Arcioni convocó a una sesión extraordinaria para el 5 de febrero para aprobar, de una vez, la zonificación minera en Chubut. El jueves 4 de febrero se convocó a una jornada nacional contra la minería en Chubut. Fue un día histórico para la movilización antiminera. Logramos nacionalizar la lucha como nunca antes, se sumaron decenas de ciudades en todo el país. Para esto tuvo un rol central la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, de la que formamos parte, que respondió al llamado de la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut).

Para poder sesionar el 5 en Diputados se convocó a la Comisión de Ambiente. Pero la comisión no pudo “modificar” el proyecto de zonificación (el 128/20) y pasó a un cuarto intermedio para el jueves. La presión de la enorme movilización dio resultado. Ese día tampoco pudo “concluir con su tarea” y suspendieron la sesión extraordinaria del viernes. Paralelamente la jueza Arbilla de Esquel hizo lugar al recurso presentado por vecinos dictando la suspensión de la sesión hasta que se resuelva la cuestión de fondo respecto a la falsedad ideológica y la ilegalidad del proyecto de Arcioni. Seguramente también influenció el lapidario informe del CenPat-Conicet que se conoció en la semana, que solicita retirar el proyecto oficial y tratar la Iniciativa Popular.

Algunos sectores del peronismo quieren adjudicarse la suspensión del tratamiento de la ley y dicen que hay que seguir “mejorándola”. No es así. No la pudieron aprobar debido a la lucha en la provincia y en el resto del país, donde ambientalistas y la izquierda nos movilizamos contra el saqueo y la contaminación. Así, se hizo una importante y gran marcha en CABA donde estuvieron los diputados nacionales Juan Carlos Giordano y Mónica Schlottahuer, entre otros dirigentes de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda. ¡Algunos periodistas de Rawson hablaron de los gritos de Arcioni en la casa de gobierno al enterarse que sus planes no pueden avanzar!

Como hay mucho en juego, la repartija aumenta con tal de aprobar la zonificación. Por dar un ejemplo, Arcioni decidió otorgar un 2% de las regalías por minería a la burocracia de los sindicatos mineros que tengan afiliados en los proyectos, unos 200.000 dólares anuales sólo por el proyecto Navidad. También se esclareció lo que significa para el gobierno un fondo anticíclico: se inmoviliza el 10% de las regalías recibidas para pagar salarios de las mineras si es que la actividad disminuye a causa de una baja del valor del mineral. Así, el Estado pasa a ser garante de los salarios de las multinacionales, con plata de las regalías provinciales.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista seguimos impulsando la movilización junto a las asambleas y organizaciones ambientales para lograr que se retire el proyecto de zonificación y se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley impulsado por Iniciativa Popular.

Izquierda Socialista junto a su militancia y Ambiente en Lucha en la marcha y acto en CABA desde la Casa de Chubut, Obelisco y la Secretaría de Minería junto a organizaciones ambientalistas, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y otras agrupaciones sociales y de la izquierda. En el acto habló nuestro diputado Gringo Giordano junto a otros referentes.