La Fiscalía no encontró argumentos para continuar con la persecución a Oscar Moreno y terminaron denunciados por discriminación en el INAI el Juez de Garantías, el Fiscal y el denunciante.

Ernesto Saavedra, abogado de los imputados por el asesinato del joven mapuche Elías Garay en Cuesta del Ternero, denunció al trabajador de prensa Oscar Moreno por tomar fotos en el frente de su propiedad, la cual tiene un cartel de “dueño vende”. El denunciante expresó en su denuncia que Moreno realizaba tareas de “inteligencia” para provocar un “ataque incendiario” y que es un potencial delincuente por “ser militante de la causa mapuche y trabajar en un medio afín a dicho movimiento”.

Luego de 24 horas de la presentación de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal ordenó el allanamiento de la vivienda de Moreno para secuestrar el celular, desconociendo la protección constitucional que poseen las fuentes periodísticas.
Para responder a semejante atropello se conformó en Bariloche una Coordinadora en defensa de Oscar Moreno. Integrada por el Sindicato de Trabajadores de Prensa, diversas comunidades mapuches, la Multisectorial contra la represión, el Soyem, delegados del Centro Atómico, la APDH, Izquierda Socialista, Partido Obrero, Política Obrera, Nuevo MAS, PTS. Dicha coordinadora impulsó una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio Público Fiscal, en la que el Sindicato de Trabajadores de Prensa presentó un pedido de informe sobre el accionar violento y racista.

La campaña por el cese a la persecución del periodista adquirió trascendencia nacional. Oscar Moreno, junto a nuestro compañero de Izquierda Socialista y Secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa, Nahuel Céspedes, brindaron en la sede de Fatpren de Buenos Aires una conferencia de prensa acompañados por Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Carla Gaudensi, Secretaria general de la Fatpren, la APDH nacional, CELS, Mercedes de Mendieta, Legisladora porteña por Izquierda Socialista/FIT Unidad, Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad y diversas organizaciones sindicales, políticas y sociales.

Fruto de la lucha colectiva y el escándalo que generó este absurdo operativo de persecución, el Ministerio Público Fiscal llamó a una audiencia de conciliación en la que definieron tanto la Fiscalía como el denunciante levantar la denuncia por falta de méritos.

Entrevistamos a Oscar Moreno:

El Socialista- ¿Crees que la denuncia que te hicieron es un hecho aislado?

Moreno- No. Esto es un intento más por enemistar a la sociedad con el pueblo Mapuche y generar una reacción negativa. Estas calumnias en mí contra solo buscan empoderar aún más a los medios hegemónicos, los terratenientes, los gobiernos y el Poder Judicial para avanzar sobre el despojo contra las comunidades que luchan por la recuperación del territorio. En este caso, no sólo me criminalizaron por ser Mapuche, sino que también violaron mis derechos como trabajador de prensa, así como también lo hicieron con otrxs colegas de la ciudad. Hay un interés porque no se comunique a la población la escalada represiva. Con la presencia del Comando Unificado en la región se está aplicando la Ley Antiterrorista. Por eso el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina estuvo desde el primer momento encabezando nuestra defensa, junto a las diversas organizaciones.

ES- ¿Cuál fue la reacción de la población luego del allanamiento?

M- Siempre hay gente que difama en redes sociales y no da la cara, pero lo real es que las organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos, gente proveniente del mundo artístico y sindicatos de otros rubros me rodearon de solidaridad y apoyo. Eso se vio reflejado en las acciones públicas que fuimos realizando. Muchos conocen mi labor cotidiana y muchos que no, lo hicieron porque entendieron que la causa es ridícula y discriminatoria.

ES- ¿Por qué opinas que tuvieron que retirar la denuncia?

M- La lucha que dimos fue fundamental. El accionar del Ministerio Público Fiscal fue desproporcionado y dio lugar a una denuncia con argumentos netamente racistas. Por eso, presenté una denuncia en el INAI por discriminación contra el Fiscal Inti Isla y el Juez de Garantías Juan Pablo Laurence quienes dieron curso al allanamiento. También denuncié al abogado Ernesto Saavedra. Cerraron la investigación porque ganó la lucha colectiva.

En la mañana del lunes, la Corte Suprema de Justicia Bonaerense realizó una Audiencia para comunicar que daría un fallo positivo a los reclamos de miles de jubilados y pensionados del Banco Provincia contra el mecanismo de movilidad establecido por la Ley 15.008 de Vidal. Por la tarde, el gobernador Axel Kicillof, junto al Presidente del Bapro y el Secretario General de la Bancaria, Sergio Palazzo, anunciaron la intención de que se vote su proyecto de reforma de la Ley de Vidal el próximo miércoles en la sesión de la cámara de Diputados. Al respecto expresó su posición crítica la Diputada Graciela Calderón por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

La Diputada Graciela Calderón sostuvo: “En la conferencia de prensa, Kicillof hizo referencia a que la Ley 15.008 es 'neoliberal' y que su votación fue 'irresponsable y oportunista'. Lo que no dijo es que Vidal logró que se votara en 2017 gracias al apoyo de los bloques peronistas, que permitieron que entrara en el Orden del Día sin debate previo y dieron el quorum para su votación. Entre quienes se sentaron en aquella jornada estuvo el actual presidente de la Cámara, Federico Otermín. Kicillof dijo, además, que 'esta ley está muerta'. Pero en realidad sigue vigente, haciendo que miles de jubilados y pensionados sigan perdiendo frente a la inflación. El fallo judicial reconocería el justo reclamo de los jubilados y pensionados del Bapro, obligando a pagarles lo que les corresponde.”

Graciela Calderón denunció: “La Ley de Vidal, efectivamente es de ajuste. Cuando fue votada en el 2017, desde el Frente de Izquierda nos opusimos, porque entre otras cosas, elevó 5 años la edad para jubilarse, bajó al 70% las jubilaciones, quintando el 82% móvil y estableció el polémico Artículo 41, en el que se cambia el mecanismo de actualización, quedando ligada al ANSES y no a las paritarias de los bancarios. El verso de que son 'jubilaciones de privilegio' busca ocultar que, en realidad, son fruto del aporte de años de aportes de los trabajadores. En realidad Vidal quería la 'armonización', un paso hacia la reforma jubilatoria y ajuste, que aún reclama el FMI.”

La Diputada Calderón agregó: “Ahora la reforma que plantea Kicillof es insuficiente, porque no repone todos los derechos perdidos. Anuncia el retorno del 82% móvil, pero mantiene el criterio de Vidal de no ser calculado según el salario más alto, sino del promedio de los últimos 10 años. Baja la edad jubilatoria de las mujeres a 60 años, pero mantiene la de los hombres en 65. El proyecto mantiene también el control de la Caja por funcionarios de gobierno y no los trabajadores y jubilados. Aumenta el porcentaje de aporte de afiliados, pasando a los activos a 16% y a jubilados al 12%. Encima los nuevos trabajadores deberán aportar el 19%, aún más que los anteriores. Por todo esto, desde la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad exigimos al Frente de Todos que reabra el debate y escuche los reclamos de miles de trabajadores, jubilados y pensionados del Bapro que reclaman la reposición de la totalidad de sus derechos y el control de su Caja de Jubilación y Pensión".

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Se acaba de anunciar el 6,3% de inflación para octubre y ya se habla de que seguirá en aumento para noviembre. Esto lleva a una proyectada de 100% para el año, mientras los salarios y jubilaciones siguen en baja.

El diputado nacional electo Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT-U) señaló: “La inflación hace estragos. Un 100% en el año es sideral, mientras los salarios y jubilaciones siguen en la pobreza e indigencia. Esto no se aguanta más. Pero a la ministra de Trabajo le preocupa más el mundial que combatir la inflación. Un gobierno que aumenta las tarifas, el combustible, las prepagas mientras habla de “precios justos”. Lo mismo hace Larreta en CABA donde la inflación fue del 7%”.

Giordano finalizó: “Hace falta un inmediato aumento de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar -fijada en 205.000 pesos a septiembre por ATE Indec- ajustados automáticamente mes a mes de acuerdo a la inflación real. Este jueves 17 hay paro en Salud, el Garrahan, junto a docentes de Ademys y Sutebas Multicolores marchando de Congreso a Plaza de Mayo. Hay que exigir que la CGT y las CTA dejen de apoyar al gobierno y a las patronales y llamen a un paro y plan de lucha nacional por un inmediato aumento de salarios y jubilaciones”.

Contacto
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Prensa de Izquierda Socialista: 1160540129

Escribe Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

15/11/2022. En el marco de la continuidad de las manifestaciones que tomaron las calles de las principales ciudades iranís, tras el asesinato de Mahasa Amini por la policía del régimen, el Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a muerte a un manifestante.

Los tribunales revolucionarios son organismos paralelos del régimen dictatorial y teocrático de Irán que resuelven sobre los crímenes políticos. Fueron creados para “proteger la república islámica” ante ataques al régimen y a la religión que gobierna el país. Son conocidos en el mundo como organismos corruptos que crean juicios con acusaciones falsas (montando pruebas, torturando a los acusados para que declaren) y así poder aleccionar al pueblo.

Uno de los más de 15.000 detenidos desde que comenzaron las protestas, fue condenado a muerte tras ser acusado de quemar oficinas gubernamentales. El régimen lo denuncia por el delito contra la “seguridad nacional, y ser enemigo de Dios y de corrupción en la tierra”, por lo que la condena es la horca. El mismo destino se espera para otros cinco manifestantes, de los cuales de ninguno se conoce la identidad.

Esta condena atroz se suma a la terrible política represiva que encara el régimen, con miles de detenidas y detenidos, cientos de muertos en las protestas tras la represión policial, y diversas formas de atentar contra los derechos humanos.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional, repudiamos la condena sobre el manifestante iraní, alertamos sobre las posibles condenas sobre los demás detenidos y detenidas. Exigimos la liberación de todas las personas presas políticas. Llamamos a todas las organizaciones que se reclaman democráticas, de izquierda, a los sindicatos, organizaciones de mujeres y LGBTI+ a pronunciarse contra esta condena y elevar el repudio a la escalada criminal de violencia del régimen iraní y solidarizarse con los pueblos de Irán movilizados.