En el mundo cada once minutos ocurre un femicidio de acuerdo a las cifras contabilizadas por ONU-Mujeres. Datos que demuestran que la violencia de género existe, aunque los gobiernos de la ultraderecha como Milei en Argentina, lo nieguen. A nivel global, según este informe, una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. Y para el año 2022, se estipulaba que alrededor de 48.800 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia.

La violencia de género es estructural en la sociedad capitalista y patriarcal. Por eso somos las mujeres y disidencias de los sectores populares quienes más sufrimos las consecuencias de la falta de políticas públicas que pongan fin a este flagelo. Si bien el asesinato es la forma mas extrema, son muchas las maneras en las que se manifiesta la violencia que se reproduce en todos los ámbitos en los que nos movemos: laboral, deportivo, cultural, educativo y en el espacio público.

Como cada 25 de noviembre nos pronunciamos contra la violencia patriarcal en homenaje a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal quienes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por el régimen de Trujillo en República Dominicana. A ellas las ejecutaron con especial saña por ser mujeres y por atreverse a enfrentar las aberraciones de un gobierno dictatorial. En esta fecha conmemoramos su lucha y su rebeldía que nos fortalece en la pelea contra todo tipo de violencia de género.

Desde Isadora nos pronunciamos por las mujeres palestinas que son especialmente atacadas y asesinadas por parte del Estado de Israel. Nos solidarizamos con las mujeres afganas que se enfrentan al régimen Talibán que prohibió por decreto su presencia en la vida pública y cerraron las escuelas para mujeres mayores de doce años. Condenamos la decisión de la justicia iraní que sentenció a pena de muerte a la defensora de los derechos de las mujeres Varishe Moradi, quien justamente estaba realizando una huelga de hambre en protesta por las sentencias de muerte dictadas contra diferentes activistas.

Este 25N hagamos escuchar nuestra voz, que se escuche bien fuerte nuestro reclamo contra la violencia patriarcal y capitalista que nos golpea mayormente a las mujeres y disidencias de los sectores populares. Que se escuche nuestro grito colectivo: Ni una menos, los gobiernos son responsables.
 

Escribe Barbi Pick

Los días 14 y 15 de noviembre se hará en la Facultad de Derecho (UBA) un “Congreso de Alienación Parental y Violencia Familiar”. El falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) no figura en ningún manual de enfermedades del mundo y es la herramienta que utilizan judicialmente los abusadores para defenderse de las acusaciones en su contra. Al respecto, el Equipo de Investigaciones Clínicas sobre Abuso Sexual contra Infancias y Adolescencias (ex UBACYT) comunicó que: “se trata de un conjunto de falsas teorías que da lugar a prácticas violentas, que revictimizan y desconocen las genuinas manifestaciones de padecimiento de nuestras infancias y adolescencias que sufrieron violencias sexuales intrafamiliares, y las de sus adultas/os protectoras/es”.

El falso síndrome fue inventado en 1985 por el psiquiatra norteamericano Richard Gardner, quien sostenía que los abusos eran invenciones de las madres para vengarse de sus ex maridos, que ellas le lavaban la cabeza a sus hijos e hijas para que mintieran. También Gardner, defendia a la pedofilia alegando que era una práctica con fines recreativos.

La intervención de la justicia patriarcal en estos casos es desastrosa, recurre a la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías derivadas como “memorias implantadas”, “sugestionabilidad” y “confabulación”, hipótesis que la comunidad científica no aprueba y que son utilizadas al servicio de desacreditar los testimonios de las víctimas. Por eso denunciamos el desarrollo de este Congreso nefasto y al mismo tiempo el accionar de la Justicia patriarcal, que desoye a las niñeces y castiga a las madres protectoras.

No es casual que se desarrolle este evento repudiable en este contexto, con un gobierno reaccionario y misógino como el de Milei, que niega la violencia de género y ataca los derechos de mujeres y disidencias. Desde Isadora repudiamos este Congreso reaccionario, que sostiene y alienta el inexistente SAP para defender un instrumento de violencia de género que se utiliza dentro del poder judicial para defender a abusadores. Sostemos nuestro compromiso de seguir impulsando la movilización y más organización feminista frente a la reacción machista.
 
 
 
 

Trabajadoras del poder judicial de la provincia de Buenos Aires, se están organizando contra el acoso y violencia laboral en su ámbito de trabajo, para que se apliquen los protocolos que conquistaron.

A continuación reproducimos un comunicado realizado por el Comité de víctimas del poder judicial

"Recientemente, se ha conformado una comisión de víctimas de acoso y violencia laboral del Poder Judicial de la Pcia. de Buenos Aires con el fin de crear un espacio de contención, de difusión, concientización y de organización para exigirle a la patronal la implementación de un Protocolo de actuación conforme a lo dispuesto por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y su Recomendación N°206. 

El reglamento disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires le prohíbe a las víctimas la posibilidad de ser parte en los sumarios administrativos y no reconoce los derechos y garantías (ser notificada, ser oída, etc.) dispuestos por la ley 26.485, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Por otro lado, el sindicato no representa fielmente los intereses de las víctimas ni difunde los casos, llegando incluso a disuadirlas de hacer la denuncia respectiva. Ante este escenario, es que un grupo de trabajadoras judiciales decidieron organizarse desde abajo y luchar por espacios de trabajo libres de violencia y acoso.

Esta iniciativa se da en el marco de la audiencia pública junto a otros gremios estatales que se está organizando en el ámbito legislativo, para denunciar los casos de acoso y violencia laboral, la impunidad que gozan los agresores, la revictimización y vulneración de derechos a la que se ven expuestas las víctimas, que tornan urgente la implementación del Protocolo.

El 20 de junio del 2023, a pesar del masivo rechazo y en medio de una sesión plagada de irregularidades, el gobierno radical de Jujuy, con la complicidad del PJ, aprobó una Reforma de la Constitución provincial.

Esta reforma de tinte privatizador, que ataca a pueblos originarios y cercena derechos de trabajadoras y trabajadores, mujeres y diversidades, generó una fuerte resistencia. Este veto popular se expresó en las calles, con manifestaciones y protestas, acciones que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno, con detenciones arbitrarias y un uso ilegal y desmedido de la fuerza policial, tal como denunciaron oportunamente diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Ahora, la justicia del ex gobernador radical Gerardo Morales, en connivencia con el poder político y económico, tras audiencias indagatorias plagadas de arbitrariedades (en las que se descartaron la mayoría de las pruebas y testigos presentados por las defensas), elevaron a juicio a diecinueve de los veinte imputados (entre ellos Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Jujuy) con el fin de aleccionar a todo el pueblo trabajador.

Es que las acciones de Morales, y del actual gobernador Sadir, van en consonancia con la política represiva del gobierno ultraderechista de Javier Milei, quien ya ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión.
Ante este atropello se ha lanzado una gran campaña por la absolución de los diecinueve compañeros judicializados que ya recogió la solidaridad de personalidades, y diversas organizaciones políticas, sociales, sindicatos y de derechos humanos.
Rechazamos este intento de criminalizar la protesta social, y exigimos que cese la persecución a quienes fueron parte del “jujeñazo”.

¡Sobreseimiento ya de todos los imputados! ¡Que se investigue y juzgue a Gerardo Morales y los responsables de la brutal represión del 2023!

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

“Más de 220 personas han perdido su vida en mi país. Por ellas estoy aquí. El cambio climático mata”, así introdujo el martes 12 noviembre su presentación en la Conferencia sobre cambio climático de la ONU (COP29) el presidente del Estado Español, Pedro Sánchez. En efecto, las inundaciones y destrozos provocados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de los últimos días de octubre, tuvieron ese enorme saldo de muertes. Pero se trata de una catástrofe que lejos está de ser un “fenómeno natural”. Veamos.

En primer lugar, por los motores del evento extremo. La DANA es un fenómeno meteorológico que tiene una cierta regularidad a la salida del verano y llegada del otoño en la zona mediterránea, y que estalla con el choque de corrientes aire frío (corriente “en chorro” del frente polar o “Jet Stream”) con otras marítimas más cálidas. Pero la violencia del episodio de 2024 ha superado con creces los antecedentes de 1957 (desborde del río Turia) y 1982 (“pantanada de Tous”). Fruto del calentamiento global, y en particular de las elevadas temperaturas del Mediterráneo, las DANA han pasado a ser un 15% más húmedas que en el pasado, y eso se traduce en el volumen de las precipitaciones que desbordaron toda la infraestructura de la región.

Al caos climático generado por la destrucción ambiental del capitalismo a nivel global, hay que sumarle las definiciones políticas de los gobiernos patronales de todos los signos políticos. Por un lado las de largo aliento: la zona de Valencia llevaba veinte años sin que se realicen obras hidráulicas para hacer frente a la nueva realidad. A lo que se agregan políticas masivas de deforestación y de construcción de viviendas en zonas inundables. Y por otro, las criminales decisiones del gobierno derechista del Partido Popular, que conformó gobierno con la ultraderecha negacionista de VOX y al mejor estilo Milei había cerrado la unidad que hacía frente a emergencias de este calibre. A lo que se sumó que pese a contar con las debidas advertencias de todo el sistema meteorológico, el gobierno de Carlos Mazon, se negó a frenar la actividad laboral o si quiera suspender las clases. La inmensa mayoría de los fallecidos son trabajadoras y trabajadores que estaban en o huían de sus lugares de trabajo.

El sábado 9 una enorme movilización de la que participaron nuestros compañeros de Lucha Internacionalista (UIT-CI) exigió la dimisión de Mazón y los recursos económicos y materiales que el gobierno de Pedro Sánchez viene demorando. Lamentablemente, en estas horas el servicio meteorológico advierte la posibilidad de una nueva DANA en la región. La catástrofe de Valencia nos muestra a dónde nos lleva la acumulación de ganancias del capitalismo y lo peligroso que es tener gobiernos negacionistas del cambio climático.