Escribe Agxs Mermet

El próximo 28 de junio se celebra el día del orgullo de las disidencias, en conmemoración de la revuelta de Stonewall, en Nueva York de 1969. Fue un levantamiento de travestis, trans, lesbianas y gays, mayoritariamente de origen latino y negro, marginades, pobres, sin hogar y trabajadoris sexuales, en respuesta a una razzia policial en el bar Stonewall Inn., saliendo a las calles para luchar contra la criminalización y persecución de los edictos policiales, el orden sexual existente, la monogamia impuesta por la iglesia, la patologización de las orientaciones sexuales y las identidades de género disidentes; fue la punta de lanza del movimiento.

En el Mes del Orgullo rechazamos el montaje del sistema capitalista, que bajo una  supuesta “visibilización” del movimiento lava por completo la profunda lucha de las disidencias, tratando de captarnos para el consumo y la generación de ganancias. Año tras año el “pinkwashing” y “capitalismo arcoíris” de las empresas se apropian de nuestros símbolos e identidades para lucrar mientras se elimina el contenido político, social y de clase de nuestras existencias.

A 54 años de la revuelta de Stonewall, reivindicamos la lucha contra el sistema capitalista y patriarcal donde la discriminación, la expulsión y las condiciones de precariedad económica de nuestra comunidad se combinan con los crímenes de odio. Esta situación se agrava con la creciente crisis, donde el desfinanciamiento y ajuste continúan y se profundizan, mientras el gobierno de Alberto Fernández sostiene el pacto con el FMI y el pago de la deuda externa. Seguimos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, con presupuesto para acceder a los planes de hormonización e intervenciones quirúrgicas; la aplicación efectiva del cupo laboral travesti trans; ¡NO al pago de la deuda, que esa plata vaya para trabajo, salud, vivienda y educación!

Invitamos a todes a dar esta pelea, y organizarnos contra este sistema capitalista y heterocispatriarcal, para conseguir la verdadera liberación sexual y de género, para vivir en un mundo sin explotación ni opresiones. ¡Sumate con Disidencias en Lucha e Izquierda Socialista!

Nuestras propuestas para salir de la crisis

Rosario
Jueves 15 a las 18
Sumate al conversatorio con docentes y estudiantes
Instituto Olga Cossetini
Sarmiento 2902


Córdoba (Invita Juventud de Izquierda Socialista - JIS)
Jueves 15 a las 18
Con Noe Agüero (candidata a legisladora) y Liliana Olivero (candidata a gobernadora)
Facultad de Derecho * Aula 2

General Rodríguez

Sábado 17 a las 12
Charla y almuerzo con
Mónica Schlotthauer (precandidata a diputada nacional), Melisa Contreras (precandidata a concejala) y Cristian Duarte (precandidato a Intendente)  
Esquina Int. Manny y 9 de Julio (Local 5)

Escribe Nicolás Núñez, por Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista

En un artículo escrito por nuestro compañero Agustín Gigli, integrante de la Asamblea No a la Mina Esquel, desarrollamos una crítica a las posiciones que nuestres compañeres del Frente de Izquierda Unidad están levantando en el marco de los debates del año electoral en curso, y en particular, ante las monumentales promesas que se venden respecto de que la explotación de litio sería la vía de resolver buena parte de los problemas económicos del país. Escribimos aquel artículo, centralmente, porque vemos que las propuestas y proyectos que están siendo impulsados corren el riesgo de posarse sobre la misma promesa extractivista, abriendo un curso de colisión entre la izquierda y los reclamos de los territorios.

Les compañeres de PO, respondieron a nuestra crítica en un texto bastante particular, dado que: a) elude responder al eje de nuestro planteo, a saber, que su propuesta de campaña se sostiene sobre la idea de la continuidad de la explotación megaminera, pero bajo otra lógica de propiedad; b) terminan por plantear que en realidad su política para el litio es sólo realizable bajo un gobierno de les trabajadores, sin ninguna consigna intermedia o transicional de por medio; y c) nos invitan a “debatir” a un acto divisionista de proclamación de sus candidaturas para las PASO. 

La bandera de PO: “Megaminería bajo control obrero”

Nos parece que la condición de entrar al debate, éste y todo debate, es nombrar las cosas por su nombre. La explotación de litio actual, y su estructura desplegada en instalaciones como la de Livent en el Salar del Hombre muerto, es una actividad megaminera, particularmente, por el intensivo uso de agua que implica. Como señalan las especialistas Patricia Marconi y Amelia Clark en el último informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en estas explotaciones: “el consumo es aproximadamente 1 millón de litros de salmuera y 300.000 litros de agua dulce por tonelada de litio extraído por año. Considerando que cada proyecto tiene un rango de extracción de 10.000 a 40.000 tn/año y una vida útil de 40 años, los volúmenes de agua evaporada son gigantescos y alarmantes, especialmente en el contexto de crisis hídrica global”. Esto se debe, a que la infraestructura que se encuentra desplegada a lo largo de los humedales altoandinos es esencialmente de explotación evaporífera. Técnicas alternativas, de menor peso hídrico, se encuentran en estudio en nuestro país, y de hecho, les trabajadores del CONICET y del Centro de Investigación en Materiales y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJU), denuncian la falta de inversión estatal, y la entrega de esa rama estratégica de desarrollo científico al capital privado. Nuestro planteo parte de esta realidad.

En su respuesta, PO dice que es forzada nuestra interpretación del spot de Gabriel Solano con su propuesta de explotación de litio, cuando criticamos que es incorrecto plantear meramente la estatización, sin hacer referencia a este problema ambiental, y entonces nos remiten a un artículo del año pasado de su Revista “En defensa del Marxismo” donde sí habrían desarrollado más acabadamente su propuesta.

El problema es que cuando hacemos el ejercicio de complementar el texto del spot con el de la Revista que nos mandan a leer, nos encontramos la misma posición, incluso en términos más brutales: “Mucho se discute hoy sobre cómo debe ser la explotación del litio en este momento de boom mundial de precios y demanda. En cualquier caso hay algo que no debería discutirse: el yacimiento que Livent opera desde hace 20 años en el Salar del Hombre Muerto en el límite entre Salta y Catamarca debe ser expropiado y puesto a andar por el estado bajo control de los trabajadores” (PO, 22/10/2022). El PO nos ofrece una definición de diccionario de “megaminería bajo control obrero”, y plantea que ni siquiera debería discutirse la continuidad de la explotación. PO se vale para su justificación en que “no están concluidos los estudios sobre las consecuencias ambientales de los actuales métodos de producción del litio”, PO, así pareciera poner en duda las denuncias de las asambleas que señalan la explotación hasta su agotamiento del Río Trapiche. Con lo cual ante la “duda”, en vez poner un freno, una moratoria, como planteamos desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista, en vez de que prime el principio precautorio ante los potenciales riesgos ambientales, PO nos dice que no se puede discutir que la potencial “Livent obrera” tiene que seguir produciendo.

En suma, que el PO, más allá de dedicar unas líneas a hablar de la problemática ambiental, no plantea modificar el sistema de extracción, lo ratifica el hecho de que cierren el artículo planteando las viviendas que se podrían construir con la “renta absolutamente extraordinaria” de la explotación de litio. Porque nadie podría asegurar que los sistemas experimentales de obtención sin uso intensivo de agua, aún en desarrollo, sostengan desde el vamos la misma rentabilidad que los mecanismos de extracción evaporífera que fueron desarrollados no en función de su articulación en una red de generación de valor agregado en el país, sino que están estructurados al servicio de una lógica extractivista de remisión de materias primas para las multinacionales. Para nosotres, en cambio, las miles de viviendas que efectivamente necesita todo el norte argentino deben construirse en base al no pago de la fraudulenta deuda externa, de impuestos a las grandes empresas, y de cobrarle a las multinacionales por sus crímenes ambientales, así como también, que devuelvan los millones de dólares que se llevaron del país subfacturando exportaciones.

Digamos al pasar, que esta postura del PO actual es continuidad de planteos previos de “fracking bajo control obrero”, y a tal punto es fundante de los planteos de esta corriente y no una malinterpretación nuestra, que si vamos a ver el planteo del partido de Jorge Altamira (fundador de PO), Política Obrera, la consigna es la misma pero sin rebusques: “control obrero de las industrias contaminantes” (Política Obrera, 26/5/23).

Una vuelta carnero propagandística hacia la nada

Volviendo a la respuesta que nos dedicaron les compañeres de PO, nos encontramos con que después de que hicieran una reivindicación de su elaboración previa, en defensa de la estatización de la extracción del litio bajo control obrero, el artículo pega un giro sobre sí mismo para terminar planteando que en realidad, su consigna no es aquella sino “el gobierno de les trabajadores”, dado que “fuera de estos términos no es una salida la estatización”. O sea, después de plantearnos que ni siquiera debía ponerse en discusión que de forma inmediata Livent debería seguir gastando millones de litros de agua diariamente, solo que bajo control obrero, ahora nos dicen que no, que en realidad la megaminería bajo control obrero será una realidad únicamente en el gobierno de trabajadores que piensa PO.

Digamos que nunca va a dejar de ser cierto que aisladamente, la estatización de los minerales estratégicos bajo control de sus trabajadores y las comunidades, no resulta en sí una salida definitiva, ni ante el problema económico, ni ante la transición energética.  Ahora, lo propio podríamos plantear ante cualquier problemática (ambiental, económica, salarial, de derechos democráticos, etc., todas), que nunca va a poder resolverse en sí misma y definitivamente mientras no terminemos con el poder político de la burguesía. Y por eso, siempre nuestros programas y campañas electorales deben tener la consigna del gobierno de trabajadores y la izquierda. Ahora bien, si fuéramos hasta el final con el planteo de PO, no habría ninguna consigna intermedia, ninguna consigna transicional, en vez de buscar puntos de movilización junto a la clase trabajadora, los movimientos de lucha, las asambleas territoriales, y las comunidades, deberíamos únicamente hacer agitación del gobierno de trabajadores, porque ninguna otra consigna en sí misma resulta una “salida”. Se trata de un planteo ultimatista, desmovilizante y también derrotista. Porque parte de negar que es posible conquistar triunfos parciales mientras aún no tengamos la fuerza de pelear por el gobierno.

Lo cual es lo contrario de la historias recientes como las del Chubutazo, y los 20 años de lucha que han mantenido la megaminería fuera de Chubut. Mientras sigan gobernando el PJ y partidos patronales, la amenaza estará siempre al acecho, pero mientras tanto, ha sido muy correcto desarrollar la movilización por el NO a la mina. Así como tan necesario es hoy en día trazar un puente hacia las expresiones de resistencia socioambiental al saqueo extravista del litio a través de consignas que puedan impulsar la movilización. Algo que bajo ningún punto de vista puede hacerse bajo la bandera de la megaminería bajo control obrero que promueve PO.

Volvemos a citar, entonces, para quienes se sumen en este punto al debate, cuales creemos que son los puntos en base a los cuales debe plantarse la izquierda frente a la pregunta de qué hacer con el litio: 1) frenar el saqueo y la destrucción ambiental; 2) estatización del conjunto de los minerales estratégicos bajo control de les trabajadores y las comunidades; 3) moratoria (freno) de la explotación supeditada a a) la definición de las comunidades locales y les trabajadores en base a construcción de información científica de forma independiente de los intereses empresariales y de procesos asamblearios de información y participación directa vinculantes, y b) la inversión, descubrimiento y desarrollo nacional de tecnología de obtención de litio que no destruyan los humedales y territorios en general, así como también de desarrollos de valor agregado y generación de empleo en las provincias y no solo exportar materias primas; 4) garantizar el conjunto de los puestos de trabajo de la industria sobre la base de reconvertir la producción en tareas de remediación ambiental sosteniendo los salarios y convenios más favorables, 5) desarrollo de un plan de transición energética que no se base en la búsqueda de ganancias del capitalismo del norte global, sino de las necesidades de adaptación y mitigación al cambio climático de nuestros territorios. Todo lo que desde ya se combina con el programa que levantamos desde nuestras organizaciones y el FITU que incluye explicar la necesidad del gobierno de les trabajadores y la izquierda, pero de forma combinada y no contrapuesta al desarrollo de consignas inmediatas para la movilización y el freno del saqueo y la destrucción ambiental capitalista.

Sobre el acto divisionista del 17 de junio

A modo de provocación, y tras eludir responder a nuestro cuestionamiento, el PO nos plantea que deberíamos ir a discutir estos temas al acto de campaña que convocaron junto al MST tras unilateralmente quebrar las discusiones en la mesa política del FITU en búsqueda de una unidad entre los cuatro partidos que lo integramos. Un acto que tiene como principal objetivo el de ratificar y lanzar las candidaturas de Solano-Ripoll y demás cargos acordados entre ambos partidos, intentando tapar con un supuesto evento “democrático para debatir todo”, como lo llaman, su clara vocación de pisotear los acuerdos políticos alcanzados hasta el momento y forzar al FITU ir a las PASO, sobre la base de plantear que en vez de consensuar una fórmula que respete los acuerdos, llaman a un evento donde dos partidos le impongan al resto sus definiciones y candidaturas, es decir, un método contrapuesto al funcionamiento que permitió que el Frente de Izquierda pueda sostenerse en pie desde el 2011 a la fecha. A eso se le sumó que dicen que ahí PO y MST van a definir un nuevo “Programa del FITU” sin dos de sus integrantes, Izquierda Socialista y PTS. O sea, romper con los 22 puntos con los que se puso en pie hace 12 años. El carácter divisionista del evento es total.

Pero aprovechemos la provocación para decir algo más sobre un aspecto que puede confundir a compañeres activistas del movimiento socioambiental y más allá de él, sobre que se trataría de una instancia para “discutir todo sin mesas chicas”. Veamos. El PO levanta megaminería de litio bajo control obrero, el MST en cambio, en el otro extremo, “el litio no se toca” (3/5/23). ¿Acaso la Red Ecosocialista del MST va a supeditar su rechazo a la megaminería a que el PO le imponga su consigna? ¿O en cambio, va a haber una “mesa chica” donde preacuerden qué levantar o bien, qué puntos omitir, al margen de que después pueda explicar su postura contrapuesta? Nos inclinamos porque pasará lo segundo. Porque efectivamente los acuerdos entre partidos funcionan de esa manera, y eso es lo que es el acto divisionista del 17: un acuerdo de partidos, entre PO y MST contra todos los acuerdos políticos y programáticos previos del FITU.

¿Está mal abrir instancias de debate e intercambio de visiones entre las organizaciones del FITU y abierto a distintos espacios y activistas? En absoluto, eso hicimos recientemente discutiendo de forma abierta y de común acuerdo las distintas posiciones ante la invasión de Rusia a Ucrania, y eso hicimos ante la Huelga Mundial por el Clima de septiembre de 2019, donde junto a organizaciones socioambientales empezamos a trazar los lazos que luego ayudarían a la conformación de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Pero una cosa muy distinta es forzar espacios de imposición de definiciones, eso es un camino rupturista para el FITU.

Ante todo esto, y en particular, ante la proclamación del lanzamiento de la fórmula de PO y MST para competir en las PASO por los cargos con Solano-Ripoll, ratificamos que desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista conformamos junto a les compañeres del PTS una lista que, respetando los acuerdos que hemos alcanzado a lo largo de estos doce años, se postula para enfrentar a todos los políticos capitalistas con grandes luchadoras y luchadores, haciendo valer el programa de independencia de clase que tiene el FITU y sus mecanismos de debate interno. Es decir, defender los pilares que tenemos para seguir construyendo una alternativa política que pelee en nuestro país por una salida de fondo, socialista, que ponga fin al extractivismo capitalista y todas las formas de depredación de la naturaleza. 

8/6/23

1. Propuestas para mejorar la seguridad.

Los males sociales son consecuencia de años de políticas de abandono, una decisión de todos los que han gobernado ha sido hundir en la pobreza y la indigencia a millones mientras en el país y en la provincia el empresariado rico, las multinacionales y los amigos del poder se enriquecen y se asume la agenda impuesta por el FMI donde se paga la fraudulenta, ilegal e inmoral deuda externa. O como en el caso de Córdoba que tiene una deuda externa pública millonaria y en dólares con organismos internacionales (BID, CAF, BIRF, etc.); dinero que podría destinarse a satisfacer las necesidades no cubiertas de amplios sectores de la población de nuestra provincia.

Los candidatos de los partidos tradicionales pretenden abordar la inseguridad sumando móviles policiales, armamento y cantidad de agentes. Atacan los efectos de un enrome problema, pero no las causas. Miles de jóvenes sufren día a día la exclusión, la falta de oportunidades, de trabajo, educación y salud dignos. De esa manera caen fácilmente en las garras de las grandes organizaciones delictivas. Ahí encontramos las causas principales de la inseguridad.

Por eso desde nuestro Frente proponemos planes de trabajo genuino, con derechos laborales garantizados y salarios que cubran como mínimo la canasta familiar, salud, educación y esparcimiento artístico y cultural. Urgente aumento de salarios, jubilaciones, planes sociales y mejora de condiciones de vida para los trabajadores ocupados y desocupados.

Por otro lado, debemos promover la auto-organización de los vecinos para protegerse del delito(alarmas comunitarias u otros mecanismos elaborados por la ciudadanía y decididos por la vecindad). El código de faltas, la ley de trata y del narcomenudeo sólo sirven para criminalizar la pobreza y la juventud, consolidar el poder de las mafias de la trata de personas y la droga. Sólo se detiene a los jóvenes por su apariencia, a las trabajadoras sexuales y los consumidores de droga, pero ninguna mafia ha sido desbaratada.

Es fundamental desmantelar los entramados de los grandes mafiosos que actúan en connivencia con la policía, miembros de la justicia y funcionarios políticos. También planteamos el inmediato desmantelamiento del aparato policial (cuya forma de organizarse y sus métodos provienen de la Dictadura) y la elección directa del Comisario con el voto popular, tratándose de un cargo renovable y revocable ante incumplimientos.

Los Derechos Humanos garantizan la dignidad de la población, estos gobiernos han tenido políticas en el sentido contrario, de destrucción del trabajo, el salario, la vivienda, la educación y el esparcimiento. En nombre del combate al crimen militarizan los barrios y coartan un derecho básico como es el de circulación aplicando el Código de Faltas. Por eso proponemos su anulación como la de cualquier otra normativa represiva que intente criminalizar la protesta social.

2. Propuestas para frenar el avance del narcotráfico en Córdoba.

El narcotráfico es parte de la red de corrupción de este sistema capitalista contra el cual luchamos todos los días. Los gobiernos nacional y provincial son responsables de esta situación por las tremendas condiciones de vida a las que nos han sometido.

Desde el FIT-Unidad planteamos que es urgente romper la cadena de complicidad entre el poder político, el poder judicial y las fuerzas de seguridad junto con algunos empresarios que lo utilizan para enriquecerse en el marco de que el narcotráfico es el mayor negocio ilegal rentable del mundo.

Para ello hay que perseguir a los verdaderos narcotraficantes, desmantelar sus redes, encarcelarlos y expropiarles todos sus bienes.  Y dejar de  “confundir” el narcotráfico con el narcomenudeo que ejercen los sectores más empobrecidos de nuestra provincia.

Planteamos, además, la legalización de las drogas para quitarles el negocio a estos “empresarios” mafiosos.

Es urgente la implementación de centros de tratamiento para el consumo problemático con especial atención de estas temáticas en la educación pública. Para esto es necesario asignar presupuesto a la salud pública para la atención de todas estas problemáticas, principalmente generando verdaderas políticas de prevención.

3. Cambios propuestos para el sistema educativo provincial.

Han sido años de destrucción del sistema educativo a nivel nacional y provincial. Desde la reforma educativa de la década del ´90 con la Ley Federal de Educación, pasando por el doble discurso kirchnerista que planteaba una mejora sustancial con la Ley de Educación Nacional 26.206 mientras continuaba aplicando los mandatos del FMI, la debacle de la gestión de Macri y el desastre educativo del gobierno de Alberto en pandemia y pos-pandemia.

Esta realidad nacional se replica en cada una de las provincias y, por supuesto, Córdoba no es una isla y el ajuste en educación en un cuarto de siglo de gobierno del PJ es más que evidente: salarios docentes de indigencia, edificios escolares que se caen a pedazos y ponen en riesgo la vida de estudiantes y docentes, cooperadoras escolares que suplen la función que debería tener el Estado, falta de elementos básicos para desarrollar las actividades educativas.

En Córdoba el Schiaretismo, con Grahovac a la cabeza de la cartera de Educación, ha profundizado la destrucción de la educación pública tanto en lo pedagógico, como en las condiciones edilicias y el ataque al salario y a los derechos laborales de la docencia.  Antes de la pandemia y sobre todo durante la misma, este ministerio profundizó el desguase de la educación, y terminó de destruir, por ejemplo, la modalidad de educación especial.

Todos hablan de calidad educativa e igualdad de oportunidades pero en la realidad desfinancian el sistema en favor del negocio de la educación privada. Desde el FIT-Unidad proponemos:

• Triplicar el presupuesto educativo provincial y nacional, suspendiendo los pagos de la deuda externa y eliminando el financiamiento de la educación privada.
• Aumento de salarios a las y los trabajadores de la educación, acorde a la canasta alimentaria y cultural. Prohibición de descuentos y de sanciones por el ejercicio del legítimo derecho a huelga y a reclamo.
• Erradicación de escuelas precarias, aulas contenedores y todo tipo de infraestructura que atente contra la seguridad de la comunidad educativa. Inmediata reparación de todos los edificios escolares de la provincia, construcción de edificios, todas las aulas, baños, laboratorios con sus equipamientos, playones deportivos, y todas las dependencias necesarias. Es el gobierno provincial quien tiene la responsabilidad de mantener en óptimo estado edilicio las escuelas y no las cooperadoras escolares o las comunas e intendencias.
• Fuera la empresa privada de las escuelas. Los diseños curriculares deben recuperar el objetivo central de la educación pública: que sea científica, de calidad, no dogmática, y universal. La educación es una responsabilidad inalienable e irrenunciable del Estado.
• Respeto por el estatuto docentes y el convenio laboral: no a los planes PIT, PMI, CAJ, CAI, FINES, Acompañantes Pedagógicos, etc. que introdujeron la flexibilización laboral en el Sistema Educativo. Prohibición de cierre de cursos y de centros educativos en todo el territorio provincial.

4. Cambios propuestos para mejorar la atención médica en Córdoba.

Ante la enorme crisis del sistema sanitario es urgente declarar la emergencia sanitaria y a la salud como derecho humano.

Proponemos la creación de un Sistema Único de Salud, estatal, gratuito, universal y de calidad, con políticas de prevención, promoción y vigilancia de la salud colectiva, basado en prácticas de humanización en la atención y calidad humano-técnica, financiado por Rentas Generales del Estado, con participación popular en los núcleos de decisión.

Con la declaración de la emergencia sanitaria se impondrá un inmediato aumento presupuestario con el objetivo de: otorgar a las y los trabajadores de los equipos de Salud  salarios mínimos igual a la canasta familiar y capacitación con fondos estatales; destinar fondos a la ley de salud mental para que la desmanicomialización no sea un abandono del paciente; dotar de personal y aparatología necesarios al sistema actual; y la construcción de los centros de atención de diversos grados de complejidad para que la población no deba trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención médica.

Impulsamos la  producción estatal de medicamentos, sueros, vacunas, para proveer gratuitamente. Se puede garantizar realizando convenios entre los distintos estamentos públicos como la Asistencia Pública de la Municipalidad (cuenta con la infraestructura, maquinarias, para la fabricación de medicamentos), el Hospital de Clínicas (que también fabricaba medicamentos), Hemoderivados que depende de la Universidad y fabrica la Hemoglobina que es exportada. Contamos con los profesionales que son formados en la Universidad de Córdoba.

Vamos por la anulación de las leyes privatistas de la salud que crearon el sistema actual del APROSS como entidad descentralizada del poder Ejecutivo Provincial y por la inmediata creación de Seguro de Salud para todos los cordobeses, con afiliados Obligatorios y afiliados voluntarios. Necesitamos una obra social estatal, dirigida y administrada democráticamente por los trabajadores activos y pasivos, en el camino estratégico de lograr un sistema Único de Salud Estatal y Gratuito.

5. Cambios propuestos para el Poder Judicial de Córdoba.

En Córdoba, al igual que sucede a nivel nacional, la independencia de poderes es una mentira. El Poder Judicial es un brazo del Poder Ejecutivo Provincial, es decir del poder político de turno. Así se garantiza la impunidad y la corrupción.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad estamos convencidos de que no existe democracia si hay connivencia entre los poderes del Estado, por eso proponemos:

• Elección directa de jueces, fiscales, camaristas y todos los funcionarios, mandato revocable y que cobren un salario igual a la canasta familiar.
• Le decimos basta a la Justicia patriarcal, machista, y de clase. Aplicación efectiva de la Ley Micaela. Por una justicia con perspectiva de género que defienda de verdad a las mujeres, a las disidencias y a las niñeces.
• Jurados populares en todas las causas judiciales.
• Ante delitos de corrupción y de violencia de género se debe invertir la carga de la prueba: son todos responsables hasta demostrar lo contrario.

6. ¿Qué haría con la Caja de Jubilaciones de la Provincia? (Propuesta a los jubilados y forma de financiamiento)

Ante el robo jubilatorio de Schiaretti y Hacemos por Córdoba, desde el FIT Unidad planteamos:

Derogación de todas las leyes jubilatorias de ajuste (10694, 10333 y toda modificación) volviendo a la plena vigencia de la Ley 8024, con la eliminación y/o modificación de aquellos artículos que conserven privilegios para algunos funcionarios del Estado.

Finalizar de manera inmediata con la intervención a la Caja para que ésta vuelva a manos de sus verdaderos dueños. Para ello proponemos una auditoría externa, mediante una Comisión Independiente de Notables, que en el plazo de 60 o 90 días designe  un directorio democrático en el cual los representantes de los trabajadores y jubilados sean elegidos por el voto directo (con mandato revocable en caso de incumplimiento de sus funciones).

Prohibición de todo tipo de REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL que implique pérdida de derechos y conquistas. Rechazo de tercerizaciones y precarizaciones: pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado Provincial y de los Entes Autárquicos quienes de manera inmediata tendrán calidad de aportantes a la Caja.

7. Planes sociales provinciales. ¿Qué programas continuaría? (Boletos gratuitos, Paicor, Salas Cuna, tarjeta alimentaria, créditos Vida Digna)

En el marco de la profunda crisis social, todos los planes deben continuar de manera paliativa, pero  con la perspectiva de lograr soluciones de fondo que permitan a todas las personas acceder a una mejor calidad de vida, garantizando los derechos básicos a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros.

PAICOR:  pase a planta permanente de las trabajadoras auxiliares de PAICOR, con salario igual a la canasta familiar, a cargo del estado y no de empresas privadas. Basta de tercerizar servicios.

SALAS CUNAS y otros programas para el cuidado de la primera infancia: Pase a planta, profesionalización de quienes están en las salas cunas e ingreso por concursos, para garantizar la atención con calidad de las niñeces.

Aumentar los montos de las ayudas sociales, que hoy están por debajo de la línea de indigencia.  Garantizar los fondos para ayudas sociales, de hábitat y otras, a través de la quita de subsidios a las grandes multinacionales que hoy se encuentran eximidas de impuestos.

Universalizar el boleto gratuito independiente del lugar de residencia, sin discriminar interior de capital.

8. Vivienda Social. Propuesta para los próximos 4 años y cómo financiaría ese programa.

El déficit habitacional es cada día más grave y afecta a toda la provincia, principalmente en las barriadas populares.

En este cuarto de siglo de gobierno peronista, la calidad de vida de cientos de familias de la provincia se ha visto disminuida y eso se refleja en el déficit y carencias habitacionales como en la gran cantidad de habitantes que no pueden acceder a la casa propia, que deben alquilar a precios exorbitantes e incluso cohabitar con sus familias de origen.

En Córdoba faltan aproximadamente 400 mil viviendas, los trabajadores y la clase media empobrecidos se ven obligados a pagar alquileres cuyos precios, al ritmo de la especulación inmobiliaria, aumentan muy por encima de los salarios.

Frente a la fragmentación, dispersión y falta de articulación de las políticas territoriales, creemos que las políticas de vivienda deben ser integrales y articuladas con los movimientos sociales urbanos, vecinos, instituciones educativas, organizaciones barriales y políticas para lograr una visión integral de las problemáticas y de las estrategias de acción.

Es urgente incorporar el concepto de “Función Social de la Propiedad” (Constitución Nacional 1994) las políticas urbanas, para reconocer que la tierra es de quien la trabaja, de quien la vive y no de los desarrollistas urbanos. Las políticas urbanas en general articulan sus decisiones desde una perspectiva que naturaliza la lógica de la renta especulativa del suelo. Se debe establecer mecanismos específicos con la lógica de eliminar las expectativas especulativas, multando la retención de inmuebles, implementando el sistema de banco de tierras, y la compra por parte del estado para su posterior redistribución.

Con el objetivo de ampliar las opciones a una vivienda digna. Se debe avanzar en el “Alquiler Social” donde la intervención del estado regule y reduzca los incrementos de costos (Mesa Paritaria), elimine los abusos en las exigencias a los inquilinos para acceder a alquilar, y garantice una buena calidad de vida.

Teniendo en cuenta la existencia de asentamientos informales urbanos y periurbanos generados en todo el país como respuesta de los sectores populares frente a las restricciones de acceso a la ciudad. El estado debe abordar esta problemática de MODO INTEGRAL. La urbanización de las denominadas “villas” o asentamientos, desde ya imprescindible no basta con solo la infraestructura urbana si no que debe estar acompañado por políticas públicas para integrar esos sectores a la ciudad: Trabajo, Educación, Salud, Espacio público.

Ante la informalidad de muchas familias respecto a la propiedad del inmueble/tierra donde habitan, se deben desarrollar políticas públicas y programas más amplios de regularización de la tierra urbana, semiurbana y rural. Políticas que reduzcan los plazos para adquirir el dominio por usucapión o prescripción.

Ley de Emergencia Habitacional ya, para prohibir desalojos en el ámbito urbano y rural.

Por un plan de viviendas populares para adquirir a tasa cero proveniente del Banco de córdoba.

Impuesto a la vivienda ociosa para liberarlas  de la especulación inmobiliaria.

Con la reforma tributaria y la suspensión inmediata de la deuda pública provincial se podrían realizar planes de vivienda, generar puestos laborales, y reactivar las economías regionales, resolviendo además el enorme déficit habitacional de la provincia.

9. Impuestos provinciales. Propuesta general. En caso de plantear reducción de algún tributo, especificar cómo compensaría la falta de esos recursos.

Ante las desigualdades sociales existentes en la actualidad desde el FIT-Unidad planteamos una reforma tributaria para que pague más el que más tiene, impulsando como una de las más urgentes medidas la reducción de impuestos y tarifas a trabajadores y sectores populares y tarifas sociales escalonadas acordes a los ingresos de cada familia.

Para este equilibrio de fondos y para una distribución justa y equitativa de los recursos planteamos:

Impuesto a las grandes  fortunas.

 Impuesto progresivo a las ganancias de las multinacionales, especuladores inmobiliarios, y empresas vinculadas al agro negocio.

Suspensión del pago de la deuda externa provincial.

10. Deuda provincial. ¿Cuál sería la estrategia financiera ante el pasivo en dólares de la Provincia?

La deuda cordobesa es parte de la deuda externa provincial y Córdoba es una de las provincias más endeudadas. Venimos denunciando de que la deuda pública provincial es millonaria, en dólares, impagable y ha sido utilizada para la obra faraónica de campaña electoral, para el beneficio de los grandes desarrollistas urbanos y las mega empresas de construcción y no para dar solución a las verdaderas y urgentes necesidades del pueblo trabajador.

La deuda pública de la provincia de Córdoba, según el último dato oficial es de 2.500 millones de dólares, el  93% de esa deuda es en dólares. Esto implica que ante cualquier devaluación como la que vivimos hoy o si llegase a haber una devaluación fuerte, esa deuda en millones de dólares podría duplicarse.

Todo esto va en desmedro de la calidad de vida del pueblo trabajador de Córdoba, de amplios sectores populares que no acceden a la vivienda, a la salud, a una educación de calidad, a derechos básicos como el de comer y vestirse.

Creemos que es fundamental, en primer lugar, la suspensión inmediata de toda la deuda que haya  contraído el gobierno de la provincia de Córdoba. Y proponemos no solamente suspender los pagos de capital e intereses sino también avanzar con la reforma tributaria para que pague más quien más tiene, y así poder llevar adelante la resolución de los males estructurales de Córdoba en cuanto a salario, jubilaciones en baja y la necesidad de combatir el hambre y las desigualdades sociales.

11. Obra pública. Qué rubros priorizaría y cómo financiaría esas inversiones.

En primer lugar daríamos prioridad a la construcción de los planes de viviendas populares con toda la infraestructura necesaria, no solamente de servicios sino también de Educación y de Salud.

Implementaríamos la reparación inmediata de todas las escuelas que hoy se caen a pedazos y la construcción de nuevas escuelas en aquellos lugares donde el servicio educativo es necesario y no existe o funciona en lugares prestados o en otros edificios no aptos, previo relevamiento y censo de todos los barrios y de todos los departamentos de la provincia para poder desarrollar la infraestructura escolar de acuerdo a las necesidades de las distintas localidades.

En materia de salud: realizaríamos el mismo proceso con los hospitales y centros de atención médica, previo censo en toda la provincia. De esta manera  se evitaría el traslado de pacientes de lugares remotos a lugares más céntricos u otras ciudades.

Consideramos que vivienda, escuelas, hospitales, vías de acceso y la mejora sustancial en infraestructura en las barriadas populares, constituyen la obra pública prioritaria, una necesidad urgente y nada tiene que ver con las obras faraónicas de campaña electoral a la que se ha dedicado durante todos estos años el gobierno de Schiaretti.

Para nosotros la obra pública en manos del Estado  es parte de nuestro plan económico alternativo para la generación de trabajo con derechos que permita terminar con la desocupación, resolver el grave problema de vivienda, reactivar la economía, el comercio y los servicios.

El 25 de Mayo, Liliana Olivero, candidata a Gobernadora por el Frente de Izquierda Unidad en Córdoba, visita Villa Dolores en campaña hacia las elecciones del 25 de Junio.

Recorrerá medios de comunicación y dará una charla para militantes y simpatizantes en el local de Libertador Urquiza 925 - Barrio Ardiles a las 13hs.

Olivero declaró: "Tras 25 años de peronismo, con Schiaretti y Llaryora crecen la corrupción, precarización, narcotráfico, violencia policial y destrucción ambiental.
Luis Juez y Juntos por el Cambio se presentan como alternativa pero cuando gobernaron con Macri también ajustaron y endeudaron al país en más de 45 mil millones de dólares. Política que luego continuó el Frente de Todos.”

Olivero finalizó: "Solo el Frente de Izquierda Unidad propone medidas de fondo para combatir los males sociales con un plan económico alternativo, que parta de la ruptura con el FMI y el no pago de la usurera y fraudulenta deuda externa”.  

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Liliana Olivero 3514 03-6389 @LilianaOlivero