Escribe Diego Martínez

El asesinato de Daniel Barrientos generó una gran movilización de cientos de choferes, que protagonizaron un importante paro. La presencia de Berni generó un amplio repudio.

Alrededor de las cinco de la mañana del lunes 3 de abril dos personas subieron a robar a un colectivo de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, e iniciaron un tiroteo con un policía que se encontraba arriba de la unidad, tras lo cual resultó muerto el conductor.

La noticia de la muerte de Daniel corrió rápidamente entre los choferes y la reacción no se hizo esperar. Primero pararon los compañeros de la línea 620 y luego se fueron sumando choferes de otras líneas. Tal fue la reacción que la conducción de la UTA tuvo que avalar el paro en la zona oeste y se adhirieron a la medida varias líneas de otras zonas del AMBA. Si el paro no tuvo alcance nacional fue por el rol de la burocracia de la UTA. En declaraciones radiales, el secretario general del gremio Roberto Fernández dijo textualmente “No queremos un paro general”.

En repudio al asesinato de Barrientos y por la exigencia de medidas de seguridad los choferes cortaron la intersección de General Paz y Ruta 3. El corte comenzó temprano en la mañana y se extendió hasta entrada la noche. A medida que iba pasando el tiempo se acercaban más y más choferes, entre ellos los compañeros de la línea 60. También se hicieron presentes llevando la solidaridad con el reclamo, y fueron bien recibidos, el diputado nacional electo Juan Carlos Giordano y la diputada provincial Graciela Calderón, junto a una delegación de militantes de nuestro partido Izquierda Socialista.

El repudio a Berni y demás políticos patronales

La muerte de Daniel Barrientos se sumó a la de Leandro Alcaraz en 2018, y el asesinato de Pablo Flores  en 2020. En esa ocasión el ministro de Seguridad Berni prometió la instalación de cabinas, cosa que nunca sucedió. De ahí la bronca que se expresó contra el ministro cuando este personaje quiso venir a “copar la parada” y levantar el corte de los choferes el pasado lunes.

El descontento no alcanzó solo a Berni sino también a demás políticos patronales. Se cantó contra el intendente de La Matanza Espinoza, quien se desentendió del problema, y sonó fuerte el “Que se vayan todos”. Cuando sucedió la muerte de Alcaraz en 2018 gobernaba la provincia Vidal de Juntos por el Cambio, quien tampoco dio respuesta alguna al reclamo de seguridad de los choferes.
Si vamos más atrás en el tiempo, ya en 2008, cuando Cristina gobernaba el país y Scioli la provincia, prometieron la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos del gran Buenos Aires y nunca cumplieron esta promesa.

Que los gobiernos garanticen la seguridad de los choferes

Pasan los distintos gobiernos y el problema de la inseguridad de los trabajadores del transporte persiste. Ahora Kicillof y Berni intentan desviar el foco de atención haciendo cacheos con la policía, reforzando así el régimen represivo sobre los sectores populares.

En lugar de esta pantomima deben garantizar de una vez por todas que se instalen las cabinas de seguridad blindadas en cada unidad. Muchas fueron las quejas de las empresas de transporte acerca de los costos que demandaría la instalación de estas cabinas. Lo decimos bien claro: ¡La vida de un chofer vale mucho más que las ganancias de esas empresas chupasangres! Y reclamamos justicia para Barrientos. El gobierno peronista del Frente De Todos, que otorga fabulosas cifras en concepto de subsidios, debe garantizar por los medios que sean necesarios que de una vez por todas las empresas compren e instalen las cabinas.

Pero el problema de la inseguridad no es solo de los choferes, tenemos que pelear por erradicar la inseguridad de los barrios. De fondo, hay que desarticular la connivencia de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico y el delito, y luchar por cortar de cuajo las causas centrales de la inseguridad: la pobreza y la marginación a la que someten los distintos gobiernos al pueblo trabajador y sectores populares. Son las consecuencias de sus políticas. Con el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Milei siguen el ajuste, el saqueo y el FMI.

Escribe Adolfo Santos

En medio de la bronca de los choferes movilizados y del dolor de la familia de Daniel Barrientos, el gobernador peronista Axel Kicillof y su ministro de seguridad Sergio Berni trataron de instalar un escenario conspirativo para poner en duda que se trataba de un hecho de inseguridad.

Quieren eludir sus responsabilidades para frenar la desilusión de importantes sectores populares con el gobierno peronista del Frente de Todos, que no soluciona los graves problemas en la provincia.
Insinuaron que detrás del ataque había motivaciones políticas. “Parecía el robo de un blindado”, exageró Kicillof e insistió: “el colectivo fue cruzado por un auto de apoyo”. Sergio Berni fue más allá. “No sé si no nos tiraron un muerto”, dijo. “No es común que vayan a asaltar un colectivo a las cuatro de la mañana y que no se lleven nada”.

Pero la hipótesis de que los delincuentes eran sicarios que buscaban matar al conductor como parte de una operación política para desestabilizar al gobierno, cae por tierra cada vez que habla un testigo. “Es mentira que cruzaron un auto delante del colectivo […] Hay cámaras que no había ningún auto detrás o delante del colectivo”. “Uno de los ladrones se subió y pidió los celulares y bolsos a todos los pasajeros”. Otro testigo declaró: “no sé si estaba asustado, o drogado, pero pareciera que no sabía disparar el arma”. Testimonios claros que desmienten la hipótesis conspirativa. Como dijeron los vecinos de Virrey del Pino, partido de La Matanza, lugar donde ocurrió el crimen: “Para ellos esto es raro. Para nosotros no, es el asalto de todos los días de los que vivimos acá”.

Las teorías conspirativas de Berni-Kicillof no son más que una cortina de humo. El peronismo miente para ocultar su responsabilidad sobre la profunda crisis social que se vive en la provincia. Después de gobernar treinta y seis de los últimos cuarenta años, Buenos Aires es un desastre. Ostenta los peores índices de inseguridad, el conurbano posee los mayores niveles de pobreza e indigencia y sufre una crónica falta de viviendas e infraestructura en los barrios populares. Una situación que lleva a cuestionar la continuidad del peronismo en lo que consideran su principal feudo, justo en un año electoral.

No se trata de “tirarle un muerto” al gobierno, Berni y Kicillof mienten para evitar la pérdida de votos. Pero, esas mentiras no les sirven, tampoco las medidas parches, como el cacheo a los pasajeros. La indignación y el repudio contra el ministro de Seguridad, Berni, demostrada por los choferes, junto a la bronca expresada en el cántico “que se vayan todos”, son una muestra del hartazgo que hay en el país de los sectores más postergados y reflejan una fuerte presión social. No hay salida con el gobierno peronista del Frente de Todos, ni del macrismo que ya gobernó, ni con las “propuestas menemistas” de Milei. Ya se probaron y no solucionaron, sino que profundizaron los graves problemas de la provincia y del país.

Se necesitan medidas de fondo y solo el Frente de Izquierda Unidad tiene un programa en ese sentido, capaz de resolver los problemas de las y los bonaerenses. Medidas extraordinarias, como suspender la sangría provocada por la deuda externa y utilizar todos esos recursos para invertir en empleos de calidad, seguridad, viviendas, educación y salud públicas.

Escribe Mariano Barba

Con el asesinato del chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, saltaron a la vista de todos las condiciones de inseguridad, desocupación y falta de servicios que se viven en el gran Buenos Aires. También se visualizó el estado de los colectivos, que carecen de las mínimas medidas de resguardo para los choferes.  Mientras tanto Fernando Espinoza, actual intendente kirchnerista de la Matanza, y Verónica Magario, ex intendenta y actual vicegobernadora de Kicillof, se jactan de tener un plazo fijo por superávit que supera los 35.000 millones de pesos. Pero no hay nada de inversión en seguridad y condiciones de trabajo; nada de cámaras ni cabinas de protección para los choferes.

A este panorama se suma la desidia de las empresas de colectivos que no ponen un peso en mejorar los coches y garantizar la seguridad de los choferes. La pregunta es ¿adónde van los subsidios que reciben los empresarios?

En los últimos años creció la concentración empresarial que maneja el servicio de colectivos en el AMBA, donde se concentra más de un tercio de los habitantes del país que utilizan mucho el colectivo por las distancias para ir a trabajar, estudiar, etcétera. Las empresas se nuclean en seis cámaras, donde se destaca el grupo DOTA, con 180 líneas de las 380 que circulan en esa región. También coparon la construcción de carrocerías y chasis. Los empresarios siempre se quejan de que su rentabilidad es baja. Pero la realidad es que embolsan enormes ganancias sin arriesgar prácticamente nada, ya que el estado nacional les garantiza un volumen de subsidios que supera el 70% del costo. Y otro 20% se lo garantizan los estados provinciales y municipales. En el 2022 recibieron la friolera de 320.000 millones de pesos por las 18.000 unidades que están rodando. Y ahora reclaman un adicional mensual por 22.000 millones, sin comprometerse a ninguna mejora de seguridad.

En el interior del país se repite la historia. Desde Izquierda Socialista denunciamos este robo por parte de los empresarios y exigimos la estatización de todo el sistema de transporte público controlado por choferes y usuarios. Es lo que reclamamos en Neuquén Capital, donde nuestra compañera Angélica Lagunas, candidata a Intendenta del FIT Unidad, está denunciando que la nueva empresa concesionaria  recibe el triple subsidio, nacional, provincial y municipal, y con el aval del gobierno aumentó el boleto mínimo a 130 pesos, que va directo a los bolsillos de los empresarios.

“Si en un plazo prudencial no hay respuestas volveremos a marchar por justicia”
Marcelino Castro (chofer de la línea 620)

“Todavía estamos muy tristes por la muerte de Daniel. Es algo horroroso lo que pasó. Estamos esperando que actúe la justicia y que encuentre a los asesinos. Todos los días esperamos eso. No queremos que este hecho quede impune. Si pasa el tiempo y no encuentran y castigan a los culpables volveremos a movilizarnos. Si en un plazo prudencial de ocho o diez días  no hay respuestas volveremos a marchar por justicia. Por el momento el ramal Vernazza en Virrey del Pino, donde trabajaba Daniel, estaba suspendido. Pero esa no es la solución. La empresa y el gremio tienen que garantizar la seguridad de los choferes, nosotros solos no podemos hacerlo.”


“Nos fuimos acercando, con bronca y dolor para pedir justicia y seguridad”
Ramiro Vargas Silva (referente de la Agrupación 460 Bordó nacional en la UTA) 

“Los compañeros del Transporte amanecimos el día lunes 3 de Abril con la triste noticia del asesinato de un compañero más, en manos de la delincuencia y de la desidia de los gobernantes.
Otra vez un compañero de la línea 620, Daniel Barrientos, chofer que estaba pronto a jubilarse. Como en el año 2018, con el asesinato de Leandro Alcaraz, nos volvemos a sentir vulnerables y olvidados. Quienes nos gobiernan se nos acercan más interesados en conseguir algún rédito político que ofreciendo  soluciones reales, y nos piden que nos comportemos como personas frías y razonables, cuando el asesinado es un amigo nuestro, un padre, un hijo, y también una parte de nosotros.

Con el transcurrir del día nos fuimos comunicando entre los compañeros de las distintas líneas y nos fuimos acercando, con bronca y dolor para pedir justicia y seguridad. Esperando que desde el gremio de la UTA, Roberto Fernández decrete el paro general, pero una vez más nos demostró que es funcional al gobierno de turno, olvidándose que es él quien debería representarnos y acompañarnos en el reclamo. Algo similar podríamos decir de Bustinduy, socio de la empresa DOTA.
Otra vez más solos, como siempre solos”.

Escribe Diego Martínez

En la madrugada del jueves 6 la policía montó un operativo para detener a dos choferes y criminalizarlos por la movilización del día lunes. Una acción similar a la de las épocas de la dictadura. Pero los choferes no se dejaron intimidar, inmediatamente reaccionaron con un nuevo paro de colectivos en algunas líneas de la zona oeste.

El espectacular despliegue de grupos comando se contrasta con la impunidad de los asesinos de Daniel Barrientos. Por eso la creciente indignación, ya que “la bonaerense” encarceló a los compañeros, allanó oficinas de las distintas líneas y requisó domicilios personales de los trabajadores, provocando destrozos en sus hogares con sus familias presentes.

Mientras Berni y el gobierno peronista del Frente de Todos dicen que “les tiraron un muerto”, dando la espalda a los damnificados, la diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad y dirigenta ferroviaria, Mónica Schlotthauer, junto a José Sebriano, delegado ferroviario del Sarmiento, y una delegación de militantes de nuestro partido, se dirigieron a la cabecera de la empresa Almafuerte y de la línea 620, llevando la solidaridad contra estas repudiables detenciones.

Gracias a la movilización se logró la liberación de los compañeros. Pero hay que seguirla, acompañando a los choferes ante el intento de criminalización de la protesta.