Escribe José Castillo

El jueves pasado el Indec dió a conocer el índice de precios al consumidor (IPC) del mes de junio. Resultó un número elevado, de 5,3%. Se rompe así el relato del gobierno que, luego del número récord de 6,7% en marzo, nos decía que “íbamos bien”, porque el número bajó unas décimas en abril y mayo. La realidad es que en junio volvió a subir, acumulando ya un 36,2% en el primer semestre. Esto daba (y lo ponemos en pasado a propósito) una proyección de inflación anual de 64%.

Sigamos, por un momento, analizando esos datos oficiales de junio. El fuerte incremento se debió centralmente a los aumentos en las prepagas de salud, en los medicamentos, en los gastos de vivienda y en los tarifazos de electricidad, gas y agua. También aportaron al número subas muy importantes en las prendas de vestir y en los combustibles. En el total del semestre, los alimentos  subieron más que el promedio, 39,9%, repercutiendo fuertemente sobre el bolsillo popular.

Todo esto, sin embargo, “suena a viejo”. Porque sobre salarios y jubilaciones que ya venían perdiendo sistemáticamente contra la inflación, se desplomó la crisis que estalló con la renuncia del hoy ex ministro Guzmán y la designación de Silvina Batakis. Como sabemos, en días el dólar informal subió de 230 a prácticamente 300, y los precios se desbocaron. Todo aumentó, algunos bienes directamente desaparecieron de las góndolas por un par de días (para luego “reaparecer” con otro precio). El propio gobierno tuvo que reconocer que uno de cada dos de los productos que estaban en algún programa (como Precios Cuidados), no aparecían a la venta.

No se sabe cuánto va a ser la inflación de julio. Los cálculos privados hablan de un piso de 7%, lo que llevaría la proyección inflacionaria del año a 85%, y de ahí para arriba, dependiendo lo que pase en las dos últimas semanas del mes. Un mes de julio que, por si fuera poco, tenía ya pautados nuevos aumentos en algunos precios regulados, como otro incremento de las prepagas de salud, cable e internet, cuotas de colegios privados en CABA y provincia de Buenos Aires y tarifas de agua.   

¿Cómo se para la inflación?

Para la clase trabajadora, los jubilados y los que perciben planes sociales, que ven más que nunca pulverizado su poder de compra, antes que ninguna estabilización (se esconde detrás de esta palabra el congelamiento de salarios, jubilaciones o valor de los planes), hay que recuperar lo perdido. Por eso insistimos en aumentos de emergencia, para que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar (que era de 164.450 según los cálculos de los trabajadores de ATE-Indec anteriores a los últimos aumentos, por lo que hoy debe ubicarse cercanos a los 180.000 pesos), que las jubilaciones mínimas sean llevadas a 120.000 pesos (canasta de la Tercera Edad ajustada por los últimos saltos de precios) y que se de un incremento de emergencia de 20.000 pesos a todos quienes perciben planes sociales.

A partir de allí, hay que salir a combatir a quiénes están generando esta estampida de precios, las grandes empresas monopólicas (Arcor, Mastellone, Molinos, Unilever, Procter&Gamble, Pepsico, Quilmes) y las cadenas de hipermercados (Carrefour, Coto, Cencosud, La Anónima). Hay que fijar precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Este es el primer paso, pero luego hay que controlarlos de verdad y sancionar a los que no cumplen. Se debe aplicar la ley de Abastecimiento que autoriza a multar, clausurar, encarcelar y hasta expropiar a aquellos que violen estas disposiciones.
Hay que pelear por imponer estas medidas, ya que, obviamente, un gobierno como el del Frente de Todos, sometido de pies y manos a su pacto con el FMI, no las va a llevar adelante, por más que retóricamente hable de “guerra contra la inflación”.

Escribe Javier Leonforte

El 9 de Julio se llenó de nuevo la Plaza de Mayo con una movilización amplia y unitaria convocada por el Espacio de Coordinación del Parque Lezama, entre el Frente de Izquierda Unidad, el sindicalismo combativo, la Unidad Piquetera y el resto de la izquierda y otras organizaciones. Movilización que se replicó nuevamente en todo el país. Ante la crisis hay que darle continuidad a esta coordinación surgida en las calles para que siga postulando un plan económico de emergencia, que arranca con la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa.
 
Frente a la profundización de la crisis política, económica y social, es necesario seguir desarrollando un centro coordinador de movilización lo más amplio y unitario posible para impulsar un programa obrero y popular para salir de la crisis. Se trata de una necesidad concreta y para la acción de la izquierda y las y los luchadores. Esto significa postular con más fuerza al Espacio de Coordinación de Parque Lezama.

Desde las últimas elecciones nacionales, con el FIT Unidad hemos convocado a plenarios en el Parque Lezama para impulsar una mayor unidad contra el acuerdo del gobierno peronista del Frente de Todos y el FMI. Ese espacio convocó a una primera movilización el 11 de diciembre de 2021 con un documento único que no solo denuncia el ajuste y el sometimiento al FMI, sino que propone un programa de fondo con medidas económicas alternativas. Se trata de propuestas encabezadas por la ruptura con el FMI, el no pago de la deuda externa, un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales hasta llegar a la canasta familiar, la estatización de las empresas privatizadas, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, entre otras.

Esta primera movilización tuvo continuidad con nuevas marchas el 8 de febrero, cuando volvimos a llenar Plaza de Mayo y realizar acciones en todas las provincias del interior del país. Luego rodeamos el Congreso el 10 y 17 de marzo cuando el gobierno del Frente de Todos aprobó con el voto de la oposición patronal de Juntos por el Cambio el acuerdo con el FMI. La convocatoria del pasado 9 de Julio, en un nuevo aniversario de la Independencia Nacional, dio continuidad al espacio surgido en Parque Lezama en momentos donde la crisis del gobierno y del país se profundiza.

Desde Izquierda Socialista llamamos a seguir fortaleciendo al Frente de Izquierda Unidad como alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, que venimos construyendo desde hace más de diez años. Luchando por un gobierno de las y los trabajadores y una Argentina socialista. En el movimiento obrero seguimos impulsando el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) encabezado por el Sutna y la Unión Ferroviaria Oeste, junto a Ademys, AGD-UBA y otros sindicatos que enfrentan el pacto con el gobierno de la burocracia de la CGT y las CTA. Y ahora en concreto llamamos a darle un mayor impulso al espacio surgido en Parque Lezama, el cual es mucho más amplio que el FIT Unidad y el PSC, por eso es importante en el marco de las diferencias y debates que mantenemos, seguir actuando unitariamente con sectores como la Unidad Piquetera, la Autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y otras importantes organizaciones políticas, sindicales, sociales, feministas, ambientales y populares. Hablamos de organizaciones como Barrios de Pie-Libres del Sur, Frente Popular Dario Santillán, FOL, MTR 12 de Abril, Mulcs, Marabunta, Nuevo MAS, Política Obrera y decenas más de organizaciones.

Llamamos a consolidar, desarrollar y postular en todo el país esta amplia coordinación unitaria surgida en las luchas. Es muy importante la independencia que mantuvimos con respecto al kirchnerismo, que si bien en marzo no votó en el Congreso el acuerdo con el FMI, si facilitó su tratamiento, boicoteó las movilizaciones y sigue siendo parte fundamental del gobierno del Frente de Todos. La crisis económica, política y social del gobierno y del país se va a profundizar. Por todo esto es necesario consolidar, desarrollar y postular con más fuerza la coordinación del Espacio de Parque Lezama para desarrollar la movilización. Una tarea concreta de la izquierda y las y los luchadores, llamando por ejemplo a un gran encuentro en un miniestadio para debatir y votar acciones, lo cual sería un aliciente también para que se sumen otras organizaciones. En definitiva, darle forma a una coordinadora permanente con una mesa nacional para que se postule ante los distinos hechos políticos nacionales. Esta es la propuesta de Izquierda Socialista.

En estos meses ya se dieron fuertes incrementos en las tarifas de luz, gas y agua. Las boletas que están llegando pegan fuertemente en el bolsillo popular, sumándose a la carestía generalizada de los precios de la canasta familiar.

Ahora el gobierno del Frente de Todos lanzó el formulario para determinar a quién se le sacará y quién quedará con el subsidio de luz y gas, que definirá cuánto pagará cada uno.

El gobierno insiste en que con esta segmentación solo abonarán tarifa plena (sin subsidios, con aumentos que superarán el 100%) los ricos, mientras que el incremento será menor para la mayoría de la población y directamente nulo para los que perciben algún tipo de ayuda social.

Pero vamos a lo concreto: ¿Con estos aumentos mejorarán los malos servicios? ¿Se terminarán los cortes de luz? ¿Llegará el gas a las numerosas localidades, todas ellas de mayoría de sectores populares, que hoy no tienen acceso?

Nada de eso. Solo se trata de cumplir con las exigencias, en este caso explícitas, del FMI: reducir los subsidios a las empresas privatizadas para así juntar dinero y pagar la deuda externa. Claro que a estas empresas, para que no se vean perjudicadas con la baja del subsidio, se las recompensa con aumentos de tarifas.

Esta historia, subsidio o tarifazo, no es nueva. Con los gobiernos peronistas kirchneristas de 2003 a 2015 prevalecieron los subsidios. Con el macrismo los tarifazos. Ahora el Frente de Todos intenta una “mezcla” de los dos, a la medida del FMI.

La solución pasa por otro lado. Ya hay una experiencia de treinta años con las privatizadas: nunca cumplieron con las condiciones de los contratos, no hicieron las inversiones a las que estaban comprometidas y los servicios que prestan son paupérrimos. Hay que rescindir absolutamente todos los contratos de las empresas de servicios públicos privatizados, y proceder a su reestatización, poniéndolas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Solo así tendremos servicios de calidad, con tarifa social para el que la necesite.  

Escribe Mariano Barba

Ante la creciente bronca de millones de trabajadores y después de casi tres años de mantenerse de brazos cruzados apoyando al gobierno del Frente de Todos, la cúpula de la CGT anunció una marcha para el 17 de agosto. La CTA Yasky anunció su asistencia. Hay que exigir un paro y plan de lucha contra el ajuste y por un inmediato aumento de salarios y jubilaciones.
 
El Consejo Directivo de la CGT, a realizarse este jueves 21, apunta a confirmar la propuesta de la mesa chica sobre la marcha del 17 de agosto. Después de varios debates y contrapuntos los popes del sindicalismo definieron que la movilización “será del Obelisco al monumento al Congreso”, señaló el triunviro Héctor Daer (Sanidad). No asistió a la reunión Pablo Moyano (quien fue cuestionado por sus colegas) pero el plan de la cúpula fue avalado por su padre Hugo Moyano, que es el verdadero mandamás del sindicato camionero. Y se hizo pública la asistencia de la CTA Yasky, llamando a movilizar “para que los sectores populares ganen la calle, establezcan la agenda y se logre terminar con las maniobras especulativas financieras y de aumentos de precios y contra los sectores que quieren desestabilizar al gobierno”.

Por su lado, los dirigentes de la CGT se reunieron con Cristina Kirchner en el Senado, donde asistieron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), del sector de los independientes.

El secretario adjunto de la central Andrés Rodríguez (UPCN) manifestó a Radio 10: “La movilización que pensamos hacer no es contra nadie. Queremos simplemente exponer lo que está sucediendo y poner el esfuerzo para salir adelante. Queremos levantar la consigna de desarrollo, producción nacional y trabajo…”

Exijamos a la CGT paro general y plan de lucha

Si nos hacemos la pregunta de por qué hasta ahora millones de trabajadores no pudieron enfrentar con firmeza el ajuste, podemos afirmar sin equivocarnos que la responsabilidad fundamental recae en la dirigencia de la CGT, que se reivindica peronista, sostiene al gobierno del Frente de Todos y hasta llegó a apoyar públicamente el pacto con el FMI.

Por eso es que las luchas que se incrementan en el país se dan a pesar de la CGT y ante el empobrecimiento generado por la inflación y el ajuste.

Las paritarias pactadas en los meses anteriores están quedando muy por detrás de una inflación anual que podría ser superior al 80%. Por eso las y los docentes de San Juan protagonizaron una rebelión que terminó en triunfo y ahora los docentes riojanos autoconvocados están en pleno plan de lucha masivo contra sus conducciones sindicales traidoras. En Río Negro los trabajadores de salud están a la vanguardia del reclamo con un plan de lucha y han logrado que se cambie tres veces el acuerdo paritario firmado por ATE y la gobernadora. La UOM sale a reclamar la reapertura de paritarias porque la firmada por Caló quedó a la baja.

Lo determinante es que el salto inflacionario y el descontento de las bases es lo que ha obligado a los dirigentes de las centrales a reacomodarse y a convocar a la marcha ante la nueva situación de mayor crisis económica que las patronales descargan contra los trabajadores.

Desde la CGT dicen que la marcha será contra los “formadores de precios” y también han dicho que aspiran a un “consenso” entre empresarios, sindicatos y el gobierno ante la crisis actual. Pero sabemos que de esos consensos el que siempre pierde es el pueblo trabajador.

Desde Izquierda Socialista decimos que hay que debatir en asambleas, cuerpos de delegados y en toda la clase trabajadora la necesidad de salir a pelear de conjunto por un inmediato aumento de emergencia de los salarios ante la tremenda carestía de vida y para que se reabran las paritarias. Por salarios indexados mensualmente de acuerdo a la inflación real. Para enfrentar al ajuste de conjunto que sufre el pueblo trabajador que destina millones de dólares para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta. En ese marco hay que exigirle a la CGT que rompa el acuerdo con el gobierno y las patronales y convoque a un paro general y a un plan de lucha contra el ajuste. Empezando por apoyar las luchas en curso como hacemos desde el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Escribe Mariano Barba

El jueves 14 de julio decenas de miles de desocupados convocados por la Unidad Piquetera marcharon por el centro de Buenos Aires y en otras plazas del país reclamando un bono de 20.000 pesos, la elevación del salario mínimo a 100.000 pesos y la ampliación de la asistencia social. Marcharon hasta Plaza de Mayo, se establecieron en ese lugar durante gran parte del día y solicitaron a la vez ser atendidos por la nueva ministra de Economía. Participaron de la misma la veintena de organizaciones que conforman la Unidad Piquetera, entre las que están el Polo Obrero y el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, integrantes del FIT Unidad. De forma paralela y simultánea los movimientos sociales que integran el Frente de Todos encabezados por la UTEP de Juan Grabois realizaron una protesta frente al Congreso de la Nación para exigir que aprueben una ley que imponga el Salario Básico Universal de 14.000 pesos, propuesta con la cual tenemos una polémica. Y en la jornada del 14 se hicieron presentes en la marcha piquetera combativa. Tal es la gravedad de la crisis que los defensores del gobierno están obligados a acercarse a los reclamos de los movimientos piqueteros combativos.

Por una solución de fondo

Además de apoyar el reclamo inmediato como lo es el bono de 20.000 pesos exigido por la Unidad Piquetera para paliar hoy la lacerante miseria y contrarrestar algo la inflación, y la universalización de los planes sociales, desde Izquierda Socialista impulsamos soluciones de fondo porque de lo contrario la miseria y la desocupación seguirán creciendo. No compartimos el proyecto de Salario Básico Universal presentado en mayo de este año por los tres diputados nacionales de Patria Grande que ascendería a un monto mensual de 14.000 pesos, el cuál sólo servirá para consolidar la pobreza. Lo mismo decimos sobre el otro proyecto impulsado por Cristina Kirchner (ver página 4). Más allá del nombre que adquiera lo que importa es que el monto no sea de indigencia. Decimos que bien podría haber un Seguro al Desempleado que tendría que ser con un monto de 100.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza en camino de lograr el valor de la canasta familiar.

Solo una salida de fondo puede generar los millones de puestos de trabajo genuinos que se necesitan. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad proponemos (como lo hicimos con el proyecto de ley de la diputada Schlotthauer y del diputado Giordano) la construcción de 500.000 viviendas populares que darían ocupación a dos millones de desocupados. Es decir, trabajo genuino. La construcción de obras públicas como escuelas y hospitales, también incrementarían la ocupación genuina.

¿De dónde sacar los fondos? Del no pago de la deuda externa al FMI y a los usureros privados. Es la única propuesta realista que este gobierno no está dispuesto a aplicar porque ha delineado un mayor ajuste para cumplir con el FMI.