Escribe Claudio Funes

Al cierre de esta edición de El Socialista recibimos la noticia de que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con algunas de las medidas de ajuste a las jubilaciones que había acordado con el FMI. Presionado por un repudio generalizado, tuvo que desistir del proyecto que fijaba que el reajuste de 5% de diciembre sería descontado del incremento que debe otorgarse en marzo de 2021. Además, Alberto Fernández se vio obligado a establecer que habrá cuatro recomposiciones en el año, en lugar de dos, como lo establecía el proyecto original. Pero el robo se mantiene con la nueva fórmula de movilidad que quiere implementar el peronismo.

Es claro que esta marcha atrás, forzada por el malestar generalizado entre los jubilados, los trabajadores y los sectores populares, no resuelve el problema de fondo. El de un sector que, mayoritariamente, recibe 18.000 pesos mensuales mientras el costo de la canasta de un jubilado asciende a 49.614 pesos, según la Defensoría de la Tercera Edad. Por eso será necesario continuar batallando y organizando la movilización para romper con el FMI y frenar el ajuste del gobierno a uno de los sectores más vulnerables. En este escenario, denunciamos la actitud cómplice de la burocracia sindical que viene apoyando incondicionalmente las medidas de ajuste de este gobierno acordadas con el Fondo.

Como parte de las acciones de repudio al ajuste a los jubilados que van creciendo y extendiéndose por todo el país, el FIT Unidad y el Plenario Sindical Combativo se movilizarán al Congreso cuando se trate la ley. Desde Izquierda Socialista repudiamos este robo a los jubilados efectuado por el gobierno peronista.

Por ello proponemos luchar por las siguientes medidas:

• Aumento de emergencia para que la jubilación mínima tenga el valor de la canasta del jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad.
• Restablecer el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.
• Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan según la inflación mensual.
• Aplicación del 82% móvil del salario en actividad.

Estas medidas son posibles. Para garantizarlas hay que priorizar a los jubilados, no a los pulpos acreedores. Se impone romper con el FMI y suspender los pagos de la deuda externa.

Coincidentemente con estas idas y venidas del gobierno, recibimos una nota del Defensor de la Tercera Edad, el doctor Eugenio Semino, criticando estas políticas, que reproducimos a continuación:

“El rechazo a la medida fue tan grande, incluso entre simpatizantes del gobierno, que hoy nos enteramos de que se da marcha atrás”

El fin de semana pasado se había sabido que el aumento de 5% en las jubilaciones correspondiente al reajuste de diciembre se descontaría del aumento correspondiente a marzo de 2021, por el empalme que se realizará entre el sistema actual de aumentos por decreto y la nueva fórmula que regirá el año que viene.

El rechazo a la medida fue tan grande, incluso entre simpatizantes del gobierno, que hoy nos enteramos de que se da marcha atrás con la misma. No se descontará en marzo lo dado en diciembre.

Sería un error o un acto de candidez ver esto como un logro o como una mejora en la situación de los jubilados y jubiladas. Y sería un acto de cínica crueldad presentarlo como tal. El estado actual del haber jubilatorio está lejos de poder ser reconstruido con una nueva fórmula. Mientras vamos y venimos con porcentajes, siglas y demás tecnicismos, cuatro millones de personas cobran 18.000 pesos por mes y unas dos millones cobran un promedio de 26.000 pesos. Y se supone que con eso tienen que vivir.

Las idas y vueltas de los funcionarios, siempre a los tropiezos y siempre intentando quedar bien con los propios, solamente dejan en claro lo incapaces que son de entender las necesidades de la sociedad para la cual gobiernan. La marcha atrás en la medida no es un gesto de justicia, ni un reconocimiento de la realidad paupérrima de los haberes, es solamente una muestra más de la torpeza con la que se toman las decisiones en nuestro país.

La sociedad argentina necesita encarar una discusión profunda y estructural sobre el sistema previsional para poder salir adelante, tanto económica como socialmente. En la medida en que eso no ocurra seguiremos viendo el ya repetitivo show de funcionarios perdidos en su área y porcentajes que aparecen y desaparecen. Un espectáculo de circo cada vez más rodeado de miseria.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue entrevistado por el diario oficialista Página/12 el pasado domingo 29 de noviembre. Sobre la negociación de la deuda y las exigencias del FMI para firmar el acuerdo le preguntaron: “¿Van a pedir la reforma laboral y la previsional y un mayor ajuste fiscal?” El ministro respondió: “Nosotros vamos a defender los intereses del pueblo argentino. ¿Cuál es la opción? Hacer un default a la deuda del Fondo. Tendría un costo inmenso. Sería hacer un default a los países, que son los socios del organismo. Pasaríamos a ser un país paria”. Paria, aclaramos, es sinónimo de desarraigado, excluido, inferior.

Si se fija el lector, Guzmán no responde si es cierto o no que el acuerdo con el FMI viene asociado a una reforma laboral antiobrera y a una nueva reforma jubilatoria para atacar a jubiladas y jubilados. El ministro evade el tema y a renglón seguido apela a la vieja campaña usada por los usureros internacionales diciendo que no queda otra que pagar (reconociendo la deuda usurera de Macri) y que no hacerlo nos convertiría en “parias”. Pero la Argentina ya es paria y semicolonia del imperialismo desde hace décadas, entre otras cosas por pagar una deuda fraudulenta. Ahora, con el nuevo pacto con el FMI y el reconocimiento de los 50.000 millones de dólares más de deuda, vamos a ser más parias que nunca.

El ministro y este gobierno, lejos de “defender los intereses del pueblo argentino”, se preparan para ir por el camino de las reformas estructurales. La CGT está dispuesta a ello y la UIA acaba de decir que la “Argentina está regalada, pero los costos laborales son altos”.

¿Cuál es el argumento del gobierno para aceptar esos nuevos condicionamientos? Que al FMI lo trajo Macri y que al Frente de Todos no le queda otra que reconocerlo (ver respuesta en nota “El FMI volvió con Macri y se queda con Alberto” - https://bit.ly/3kCg4oR).

Guzmán dice que no pagar la deuda “traería un costo inmenso”. O sea que liberarnos y usar esa plata para salud, salario y vivienda para el ministro “sería un costo”, y no lo serían las reformas laboral y jubilatoria.

Hasta los escribas progobierno dicen que habrá reforma laboral y reforma jubilatoria. Un artículo del suplemento Cash (Página/12, 29/11) firmado por Julián Blejmar, luego de señalar que desde 1956 hasta la actualidad la Argentina suscribió veinticuatro pactos, de los cuales dos de ellos fueron de “facilidades extendidas” (en 1992 y 1998 durante el peronismo menemista), menciona que “los requerimientos son de reformas estructurales antes que coyunturales, por lo que resultan más nocivas para los intereses del país”. Y agrega: “Estos acuerdos apuntan a reformas laborales con quita de derechos a los trabajadores para supuestamente facilitar su tasa de empleo, junto a la liberalización del flujo financiero y comercial”. Contundente. Pero a pesar de este reconocimiento, el mismo autor dice que hay que aceptar igual un pacto con el FMI porque una política opuesta (el no pago soberano) sería inviable. Lo “viable” serían las reformas estructurales, una medicina que ya se probó con más ajuste y reformas antiobreras y antipopulares a lo largo de décadas. 

Las declaraciones del ministro van de la mano con la ley que acaba de votar el Senado en estos días, para que futuros endeudamientos pasen por la aprobación del Congreso. Quieren mostrar al Congreso como una traba ante la posibilidad de volver a endeudarse. Una lavada de cara para todos los partidos patronales que vienen haciendo lo opuesto. De este Congreso salen leyes antiobreras y políticas para beneficiar a los de arriba, no para evitar endeudamientos. Esta ley es para encubrir el nuevo pacto con el FMI, por eso la votaron tanto los senadores del gobierno como los de PRO, la UCR y Juntos por el Cambio. Una vez más es el Frente de Izquierda el que denuncia con valentía estas maniobras y repudia la mayor entrega, sometimiento, ajuste y dependencia que significa esta política de pagos de deuda del peronismo del Frente de Todos, contando también con el visto bueno de la UIA, la Sociedad Rural, los banqueros y los grandes capitalistas.

Por todo esto, sería bueno que Alberto Fernández deje de decir que encabeza un gobierno “popular” o que combate a la derecha. Desde Izquierda Socialista vamos a seguir luchando por el no pago de la deuda y contra el nuevo pacto con el FMI, diciendo que esa plata debe ir a salarios, jubilaciones, salud y vivienda, y llamamos a enfrentar las reformas antiobreras que se vienen.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández ha lanzado pomposamente el llamado Plan Gas. Con él se anuncia que nuestro país tendría garantizado por los próximos cuatro años el autoabastecimiento gasífero, quedando a la vez un excedente en verano que se podría exportar y así generar más reservas.

Lo decimos con todas las letras, es un producto viejo en envase nuevo. Otra vuelta de tuerca para garantizar miles de millones de dólares en subsidios a los privilegiados de siempre. Para comprobarlo no basta más que observar a los invitados presentes en el lanzamiento del programa. Allí estaban los empresarios Paolo Rocca (Tecpetrol, Grupo Techint), Alejandro Bulgueroni (Pan American Energy), Hugo Eurnekian (Compañía General de Combustibles), Dominique Marion (de la francesa Total Austral), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), junto con los gobernadores de las provincias petroleras y sindicalistas como Guillermo Pereyra, responsable del convenio colectivo ultraflexibilizado de Vaca Muerta.

El Plan Gas consiste en garantizarles a las empresas que participen un precio fijo durante cuatro años (por encima del costo de extracción y del valor internacional), además de una larga de serie de beneficios en materia de exenciones impositivas, acceso a la compra de dólares oficiales sin restricciones y a la posibilidad de enviar sus ganancias al exterior. Se calcula que el Estado estaría subsidiando a las empresas participantes por alrededor de 5.000 millones de dólares, por supuesto con la excusa de que así se generaría un ahorro en dólares a futuro, no habría que importar gas y estaría garantizada la demanda del vital producto durante todo el año. Cosas que, por supuesto, una vez más estarán en veremos.

El Plan Gas es la continuidad de una vieja política. La que viene subsidiando con miles de millones de dólares a los grandes pulpos nacionales e internacionales que saquean nuestro gas y petróleo. Mecanismo que se intensificó y perfeccionó en la última etapa del peronismo kirchnerista cuando, tras la estatización de YPF, se lanzaron todo tipo de “incentivos” en Vaca Muerta para beneficio, primero, de Chevron y luego del resto de las multinacionales que operan en el sector. Siguió con el macrismo, tanto en la etapa de Aranguren al frente de la Secretaría de Energía como en el período posterior. Y ahora, de nuevo con un gobierno peronista, tiene un capítulo más. Con los mismos beneficiarios y con las mismas excusas, garantizar el “autoabastecimiento” de gas y explotar Vaca Muerta.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad nos oponemos al Plan Gas y al saqueo de nuestros recursos. Denunciamos que todo está al servicio de las superganancias de los monopolios locales y extranjeros del sector. Nos oponemos a los métodos de explotación contaminante que destruyen el ambiente en Vaca Muerta. Y contraponemos a todos estos negociados la estatización de todo el sistema gasífero-petrolero y la creación de una gran empresa estatal que, gestionada por sus propios trabajadores, concentre la exploración, extracción, transporte y distribución de este vital recurso, garantizando así el acceso a toda la población y con tarifas populares. 

El próximo 10 de diciembre, nuestro compañero Juan Carlos Giordano asumirá una de las bancas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional en nombre de Izquierda Socialista. Lo hará reemplazando a Romina Del Plá (PO). Una vez más, se cumple el proceso acordado por el que todas las fuerzas del FIT Unidad van rotando en sus cargos. En este caso, a Giordano le corresponderá un período de 12 meses, hasta diciembre del próximo año.

También a Izquierda Socialista le corresponderá una segunda banca que será ocupada por nuestra compañera delegada ferroviaria Mónica Schlotthauer, en reemplazo de Nicolás del Caño (PTS), en los seis meses finales del año próximo.

Giordano asumirá por segunda vez como diputado nacional y volverá a poner su banca, como ya lo hizo en 2017, al servicio de las luchas obreras y populares, de las mujeres y la juventud, postulando la salida obrera y socialista que levanta nuestro partido y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Fabián Torres, médico, delegado provincial de Fresprosa, Río Negro

Mientras el Covid-19 continúa creciendo en la provincia con epicentro en la ciudad de Bariloche, que continúa en aislamiento, los profesionales, técnicos y empleados de los hospitales de toda la provincia vienen manifestándose desde finales de septiembre.

Todos los jueves, en las puertas de las instituciones, se realizan quites de colaboración y asambleas permanentes por recomposición salarial y el reconocimiento laboral en contexto de pandemia, sin recibir respuesta del gobierno de Juntos Somos Río Negro. “La inflación fue de 50% y nos ofrecen 10%, seguimos por debajo de la línea de pobreza”, reclaman los trabajadores de la salud, además de insumos, recursos para afrontar la situación epidemiológica y participar de la discusión del presupuesto provincial de salud.

Para calmar los ánimos, la gobernación otorgó una suma fija de 6.000 pesos no remunerativa, que solo consiguió repudio. El rechazo fue encabezado por los profesionales autoconvocados, integrados por la mayoría de los médicos y otros sectores de salud que se fueron plegando, como enfermeras y mucamas. Una verdadera tomada de pelo al esfuerzo de todo el personal de la salud, un aumento insuficiente que significa un achatamiento del salario. Solo contó con el acuerdo de los gremios burocráticos UPCN y ATE, en un principio, y luego solamente por ATE. Tan mal cayó la aceptación por parte de la dirigencia de los gremios que se terminó conformando una nueva asociación gremial, Fresprosa Río Negro, encabezada por los profesionales de la provincia para no depender de las negociaciones en las que nunca nos consultaron. El hartazgo del personal y la falta de escucha explotaron este lunes 30 de noviembre. Ante la continuidad del reclamo y las acciones del personal sanitario el gobierno de Carreras otorga un plus por pandemia, un monto en negro, no remunerativo, que según la categoría oscila en 1.080, 2.000, 5.000 y 8.000 pesos. Encima, para coronar la provocación, otorgó un aumento extra de 30% solo para las jefaturas de servicio, la gota que rebasó el vaso, ya que la indignación derivó en la renuncia de más de cincuenta jefes de servicio en los hospitales rionegrinos. La mayoría de esas dimisiones ocurrieron en Bariloche, como punto principal de preocupación para el gobierno. En la ciudad más poblada de la provincia fueron treinta y dos los profesionales que dieron un paso al costado. Quedaron desiertas diez jefaturas en Roca y otras cuatro en Las Grutas, las que deben sumarse a la decena de renuncias que se dieron inicialmente en el hospital Zatti, de Viedma.

La lucha continúa

“El gobierno tiene un doble discurso, si bien dicen que somos esenciales nos pagan el 70% del sueldo en negro, es indignante”, declaró una trabajadora de la guardia hospitalaria. O sea, toda la política sanitaria de la provincia está cuestionada, por eso  las acciones continuarán y la gobernadora Carreras, que viene actuando del brazo de Alberto Fernández apoyando todas sus leyes y entregadas al FMI, ahora tendrá que rever las concesiones a realizar para calmar el espíritu de lucha mientras en las distintas ciudades se siguen haciendo marchas, abrazos y actuando junto a la comunidad exigiendo soluciones y presupuesto para la salud pública y su personal.