Escribe Mariano Barba
 
Nada indica que la inflación aflojará en los próximos meses y seguirá acAhicando el poder adquisitivo de las y los trabajadores, jubilados y desocupados. Ante la creciente bronca, el gobierno habilitó la reapertura de las paritarias mediante la resolución 388/22 del Ministerio de Trabajo. La burocracia sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) se apresuró a dialogar con las patronales de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el gobierno nacional.
 
El apuro de la dirigencia burocrática por reunirse en las paritarias estuvo motorizado por la gran bronca de los trabajadores de todos gremios ante la altísima inflación. El índice de marzo del 6,7 % generó un recorte importante en el poder de compra, más si tenemos en cuenta que el aumento de precios de los productos alimenticios se acercó en un mes al 10 %, por ejemplo, en el conurbano bonaerense.

En esta movida la burocracia sindical fue firmando los convenios de los principales sindicatos, y lo hace fijando porcentajes que al final del año quedarán lejos de superar la inflación, sobre todo de la canasta alimenticia, que es la que más se encarece.

Veamos algunos ejemplos. Empleados de Comercio, el más grande del país, encabezado por el eterno Armando Cavalieri, acordó un incremento del 59,5 % hasta marzo de 2023 que se pagará en cómodas cuotas a lo largo del año. La Federación de la Industria de la Carne recién arregló la paritaria hasta marzo de este año en un 50%, pero con una suma fija de 20.000 pesos. O sea muy tarde y debajo de la inflación, y poco se sabe sobre los salarios del resto del año. Los sindicatos UPCN y ATE agregaron un 10% para el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de Trabajadores estatales de la Nación y el período que va de junio del 2021 al 31 de mayo de 2022 cerró con un alza total de salarios del 64%, dejando de lado la pérdida cercana al 40% en relación a la inflación de los últimos ocho años que nunca se recuperará. Los Petroleros Privados, hoy en crecimiento laboral por la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta, recién firmaron por un 20 % para llegar al 55% en el último año. Todo muy atrasado para los niveles inflacionarios de los últimos meses. La UOM rama siderúrgica, ahora conducida por Abel Furlán (amigo de Máximo y de Alberto), tras la salida de Antonio Caló, cerró para el 2022 por el 45% al salario conformado, o sea, sobre todos los ítems del recibo. El gremio de los Panaderos acordó un 48% hasta febrero de 2023 que se pagará en cinco cuotas trimestrales.

Con la CGT y las CTA perdemos

Los burócratas nucleados en la CGT y las CTA están firmando estos acuerdos que detallamos sin ninguna consulta a la bases ni la elección democrática de los paritarios. Son acuerdos a la baja teniendo en cuenta que la inflación del 2023 puede superar un 60 %.

La inflación trepó al 16,1% solo en los tres primeros meses. Ante esta disparada inflacionaria tenemos que reclamar un aumento de emergencia para todos los gremios que lleve a un salario de bolsillo igual a la canasta familiar. Por ello tenemos que impulsar asambleas allí donde se pueda, plenarios de delegados con mandato, reuniones de activistas o todo tipo de acciones para exigirles que rompan con la política de ajuste del gobierno nacional y llamen a un plan de acción.

Mientras, seguimos fortaleciendo al Plenario del Sindicalismo Combativo, totalmente opuesto a la burocracia sindical, cuyos sindicatos consultan todo con sus bases y exigen que el salario sea indexado según el avance del costo de vida, que se recupere lo perdido en estos años, y pelean por una nueva dirección combativa y democrática.

Escribe Mariano Barba

Se insiste en que una grieta irreconciliable separa al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Intentan hacer creer a la población que sus proyectos políticos y económicos son opuestos. No lo son en realidad, es una lucha política por administrar el Estado, mientras generan el 40% de pobreza y más de tres millones de indigentes. Buscan ocultar la verdadera grieta existente entre el pueblo trabajador y los desocupados, por un lado, con los empresarios y los ricos, por el otro.

Horas y horas diarias de televisión y de espacios en las redes insisten en que la grieta inaugurada por el kirchnerismo posterior a la gran crisis del 2001 es el principal problema de la Argentina. Cristina versus Macri es la gran puesta en escena, buscando la polarización electoral para turnarse en el gobierno y que todo siga igual.

Algunos analistas prolongan esta grieta a la lucha política entre el radicalismo y el peronismo desde la década del ´50 del siglo pasado. Pero es una falsa dicotomía, ya que, en sus gobiernos, y ahora Alberto, aplican ajuste tras ajuste, pagan la deuda externa, mantienen los privilegios de las multinacionales y todas las empresas de servicios privatizadas.

La crisis actual tampoco tiene su origen en esta disputa. La responsabilidad hay que buscarla en la voracidad de empresarios industriales y comerciantes, banqueros, terratenientes y en los gobiernos, que fueron sus representantes a lo largo de la historia reciente. La verdadera grieta es el capitalismo, que se basa en la explotación de los trabajadores a mansalva.

Cada día los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Si tomamos en cuenta los índices de los últimos 50 años vemos que en 1973, cuando gobernaba Perón, la pobreza era del 5%, y hoy, que también gobierna el peronismo, ronda el 40%, casi diez veces más. En el medio gobernaron los militares, radicales y peronistas. Todos ellos empeoraron los índices de pobreza.

En todo el mundo se da esta tendencia porque los gobiernos capitalistas con sus planes de ajuste y saqueo hacen que la diferenciación sea cada vez mayor. El Informe sobre la Riqueza Mundial (Global Wealth Report) del Banco Crédit Suisse, en su última edición, afirma que el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico.

En estos datos (aterradores) a nivel mundial se observa la verdadera grieta, que genera luchas en cualquier momento y lugar del planeta.

Crece la desigualdad en Argentina

Alberto Fernández se jacta de que en el 2021 creció el Producto Bruto Interno (PBI) un 10,3%, recuperando lo perdido el año 2020, y que bajó la pobreza algunos puntos. Pero el presidente calla que esa recuperación en la economía no fue para los trabajadores, se amplió la desigualdad.

Según el Indec los trabajadores asalariados perdieron casi 5 puntos porcentuales (bajaron al 43,1%) en el reparto de la riqueza creada, mientras que los empresarios subieron casi ocho puntos, en el periódo 2017-2021. Algunas perlitas demuestran esta desigualdad en el reparto de la riqueza. Por ejemplo en el sector del campo, dominado por los terratenientes y sojeros, los trabajadores participaron con el 17,1% mientras que las empresas con el 66,9%.

En el rubro “exploración de minas y canteras”, los asalariados participaron con el 23,2% y los empresarios se apropiaron el 78%. Y en la industria manufacturera, donde están las multinacionales y grandes burgueses argentinos, las empresas se quedaron con el 45,5% del valor agregado bruto, frente al 29,3% de los asalariados.

A su vez, el gobierno festeja que creció la ocupación en el 2021, pero oculta que según el Indec el trabajo formal creció una ínfima parte respecto al informal y no registrado. O sea, crecieron los contratos basuras y la flexibilización laboral.
Otro dato fundamental son los niveles salariales de pobreza, ya que el promedio de los sueldos alcanza a 52.553 pesos mensuales, mientras que la canasta básica medida por los trabajadores del Indec asciende a 145.456 pesos. Con un agravante que según el Indec es la brecha de género, ya que el salario promedio de los varones fue un 25% más alto que el de las mujeres.

En definitiva, no pueden ocultar la verdadera grieta: entre trabajadores y patronales, entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Terminar con esta situación solo es posible aplicando medidas anticapitalistas de fondo, como las que proponemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Escribe Guido Poletti

Javier Milei realizó una buena elección el pasado noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Junto con José Luis Espert fueron agrandados por los medios de comunicación, presentando a ambos como las sorpresas ganadoras de esa elección cuando la realidad fue que habían sido superados a nivel nacional por los votos del Frente de Izquierda.

Más allá del origen mediático del “fenómeno Milei”, el ahora diputado autodenominado libertario siguió concitando adhesiones, en muchos casos en sectores juveniles hartos de la corrupción, las falsas promesas y el desastre a que nos han llevado los sucesivos partidos que nos gobernaron.

Ahora lanzó su candidatura presidencial. Las encuestas le dan un porcentaje relativamente alto, de alrededor del 15%. Frente a este hecho tenemos que ser clarísimos: la propuesta de La Libertad Avanza es reaccionaria, antiobrera y antipopular y empalma con otros fenómenos ultraderechistas que se vienen dando en otros países del mundo. Milei es admirador de Donald Trump, tiene lazos con Bolsonaro y es parte de una alianza internacional ultraderechista conformada nada menos que por el partido franquista Vox del Estado Español.

Su conformación local también expresa su carácter reaccionario. La votación del año pasado llevó a la cámara de Diputados como compañera a Victoria Villarruel, negacionista del genocidio de la dictadura y defensora de los militares enjuiciados. Él mismo comenzó sus vinculaciones políticas en la década del 90 como asesor del genocida tucumano Domingo Bussi, cuando este fue elegido diputado nacional. Que esa relación no fue fortuita se ve ahora, ya que, buscando construir un armado nacional para su candidatura presidencial, consiguió sus primeros respaldos en el conservador Partido Demócrata y en Fuerza Republicana, hoy dirigida por el hijo de Bussi.

Milei y La Libertad Avanza son un radiador de cuanta causa reaccionaria ande dando vuelta. Su partido y sus aliados son parte fundamental del movimiento “celeste” antiabortista. Sus legisladores porteños se opusieron a realizar un homenaje en repudio al golpe del ‘76. Más cerca en el tiempo, en las últimas semanas se los vió lanzar un “movimiento antipiquetero”, y prometieron denunciar penalmente a los dirigentes de las organizaciones sociales que osen movilizarse, además de reclamar sacarle los planes a los que participen de las marchas.

Javier Milei sigue despotricando contra lo que llama “la casta política”. Pero no incluye en ella a todos. Hay excepciones. Por ejemplo, no formarían parte de dicha casta ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri, a los que invita a romper con “las palomas” (léase los sectores más “moderados” del PRO) para que se sumen a La Libertad Avanza. Por otra parte, ha dicho reiteradas veces que la mejor presidencia de la historia fue la primera de Carlos Menem, casualmente cuando se realizaron todas las privatizaciones que consagraron la entrega de nuestro patrimonio y significaron centenares de miles de despidos.

Y en lo que respecta a lo económico (ya que, a fin de cuentas, se vende como un “experto en economía”) su referencia es justamente Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Menem y De la Rua que terminó echado por la rebelión popular de diciembre de 2001. Todas sus propuestas económicas, desde dolarizar y cerrar el Banco Central, echar miles de empleados públicos, terminar con los planes sociales, llevar al extremo la flexibilización laboral, o volver a un sistema privado de jubilaciones, implican en los hechos liquidar las conquistas de la clase trabajadora conseguidas durante décadas. Se trata de un plan de super-ajuste, muchísimo mayor al actual que, saben, sólo puede imponerse con una fortísima represión.

Llamamos a los jóvenes y otros sectores populares que pueden mirar con simpatía las denuncias y los gestos provocadores de Milei a no dejarse engañar: es el huevo de la serpiente de una política ultrarreaccionaria.
La única alternativa realmente rupturista y sin compromisos con el pasado es la que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad: que gobiernen los que nunca lo han hecho, las y los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

Macri dio dos conferencias en Washington. En vista a las elecciones de 2023, insistió que en la Argentina se deben imponer reformas estructurales, desde el primer día de gobierno y sin gradualismo alguno. Promete un plan de mayor ajuste.

La semana pasada el ex presidente Mauricio Macri pasó dos días en Washington, invitado a dar charlas en el Instituto para las Américas de la Universidad Georgetown. La organización estuvo a cargo de Alejandro Werner, director de la academia y el exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) que comandó el acuerdo con el gobierno macrista en 2018.

En la antigua universidad jesuita el expresidente ratificó el modelo económico de PRO y Juntos por el Cambio: “Más y más personas entienden que necesitamos impulsar reformas profundas” de cara a las elecciones presidenciales de 2023.
¿Qué quiso decir? Que de darse un segundo mandato impondría más y mayor ajuste, sin gradualismo. Refiriéndose a las reformas laboral, previsional, tributaria, privatizaciones y despidos masivos de empleados públicos desde el primer día.
Así jugaría Macri y el PRO su “segundo tiempo”, acompañado por medidas como la que propuso Larreta de quitar los planes a todas las y los desocupados que protesten. Junto a Patricia Bullrich, las distintas variantes del macrismo y del radicalismo pretenden volver para imponer mucho más ajuste que en su primer mandato.

El PRO y Juntos por el Cambio: un tremendo saqueo a los bolsillos populares

Repasemos algunos datos. El expresidente terminó su gestión con 40,8% de pobreza (16 millones de personas). En un año produjo 2,8 millones de nuevos pobres, la marca más alta de la década, según un informe de la UCA.
Durante su gobierno los salarios perdieron el 20% de su poder adquisitivo y 174 mil trabajadores del sector privado se quedaron sin empleo. Con la inflación no se quedó atrás, dejó la más alta en casi tres décadas: 53,8% en 2019.
Pero mientras Macri castigaba al pueblo trabajador y a los sectores populares, pactaba 45 mil millones de dólares con el FMI para dárselos a los “bancos que se querían ir del país por miedo a que volviera el kirchnerismo”. Así, la banca privada aumentó enormemente sus ganancias: Banco Galicia 356%, ICBC 314%, HSBC 258%, son algunos ejemplos.

Se postulan para 2023

Macri elevó su perfil mirando las disputas en su espacio. Se mostró con su amigo de toda la vida, Donald Trump, que también dice que peleará por la reelección. Abandona sus paseos turísticos y reaparece como una de las figuras políticas de Juntos por el Cambio.

Intenta morigerar la interna de presidenciables en su coalición, para contraponer una imagen de “sobriedad” ante el circo de la interna del gobierno peronista del Frente de Todos y también para confrontar al espacio de Milei.
Busca canalizar la bronca contra la inflación y la crisis social, flagelos que se profundizarán con el pago de la deuda tomada por el macrismo y reconocida por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Macri y Juntos por el Cambio siguen el camino del FMI

Macri se mostró junto a Werner para hacer “buena letra” ante el FMI, los grandes empresarios y multinacionales. Para ratificar que es un acérrimo defensor del sistema capitalista y todas las inequidades que le son propias.
La resolución de los graves problemas que afectan al pueblo trabajador, las mujeres, la juventud y otros sectores populares parte de tomar el camino opuesto, romper con el FMI e implementar un plan económico obrero y popular. Medidas que proponemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Escribe Adolfo Santos
 
La actual pelea por el manejo del Consejo de la Magistratura ocupa los principales titulares de los medios de comunicación. El Frente de Todos propone elevar el número de miembros de dicho Consejo de 13 a 19, para tener la posibilidad de designar más jueces y cambiar el mecanismo de decisión, desde una mayoría de dos tercios hacia una mayoría simple. Con eso, Cristina intenta hegemonizar el control de los jueces.

Pero no son serias las acusaciones de la oposición patronal de Juntos por el Cambio de que el gobierno quiere “avasallar la justicia”. Ellos defienden una justicia con rémoras de los peores momentos de nuestra historia reciente, con jueces que juraron por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, que orientaba la dictadura.

Cristina Kirchner, Sergio Massa y Juntos por el Cambio se pelean para ver quién pone algún miembro más en el Consejo de la Magistratura. “Debaten” mientras millones sufren con la desocupación, y los salarios son devorados por la inflación. Es una disputa alejada de las necesidades obreras y populares y cuyo único fin es manipular la justicia y colocarla a su servicio.

La pelea entre la dirigencia política patronal pasa por cuidarse las espaldas y evitar que sean condenados funcionarios, tanto de este gobierno peronista como del anterior de Macri, por enormes causas de corrupción. Cualquiera que sea el resultado de este debate, no irá a beneficiar a los trabajadores y sectores populares.

Pero podemos sacar dos importantes conclusiones de esta puja: esta Justicia es el poder más antidemocrático y no es para nada independiente de los gobiernos de turno.

Sus miembros son designados a dedo por el poder político, hoy con la magistratura y antes con el método (previo a la reforma de 1994) de una terna propuesta por el ejecutivo y la votación en el Senado.

No existe una “justicia independiente” como pregonan algunos. En cualquier tiempo los jueces han sido instrumentos de los poderosos. Fallan siempre contra los trabajadores y sectores populares. Cuando, presionados por la movilización, fallan a favor de los trabajadores, después no hacen cumplir las sentencias.

Las escasas condenas a políticos patronales por casos de corrupción responden a intereses partidarios de los mismos jueces. Inmediatamente el oficialismo denuncia la influencia de la oposición patronal y viceversa en un claro oportunismo político. Pero son parte del mismo juego.

Por eso denunciamos la justicia de los ricos, donde el que roba por necesidad para comer va preso y los grandes corruptos gozan de libertad. Por eso, además, los distintos gobiernos los protegen y toleran que se asignen salarios fantásticos, que no paguen impuesto a las ganancias y que tengan beneficios jubilatorios que no tiene un trabajador común. Siempre constituyeron una élite privilegiada.

Con el nombramiento de los jueces a dedo por el presidente o designados por el Consejo de la Magistratura no se va a terminar con esta justicia elitista que avala los negocios de los grandes empresarios y multinacionales, el saqueo y la contaminación ambiental y este sistema capitalista-patriarcal.

Los jueces deben ser electos por el voto popular, sus cargos deben ser revocables (no vitalicios), deben ganar lo mismo que lo que gana un docente con diez años de servicio o un trabajador especializado y se tiene que implementar el juicio por jurados. Estos serían los primeros pasos para construir una justicia al servicio de los derechos de las mayorías populares.