¡Hola seño, espero ande bien! Sinceramente yo siempre le dije a Carla que, si pedían que l@s chic@s volvieran a clases, yo no la iba dejar que vaya. La cuido y me cuido demasiado para que no nos contagiemos. Y exponerla a esta altura, faltando tan poco para que terminen las clases, me parece que no está bueno... Aparte los profes siempre estuvieron dispuestos para dar clases todos los días desde que comenzó la pandemia, sea como sea, de la manera que l@s chic@s podían tomarla, lo hicieron, no perdieron clases, siguieron aprendiendo igual, no es que estaban de vacaciones. ¡Que dejen que termine lo que queda de este año y el año que viene se ve cómo siguen las cosas! Y, con todas las precauciones que tienen que tener en la escuela, ahí recién tomaré una decisión. Pero ahora, en este tiempo, cómo están las cosas en la zona, no me parece que tengan que volver al cole. Yo de mi parte no la mandaré, si piden que vuelvan. Este fin de semana que pasó acaba de fallecer otra persona en nuestro barrio por Covid. No voy a exponerla. Mientras pueda evitar que le pase algo a Carla, lo voy a hacer.

Escribe Dante, del Huergo

Lxs secundarixs venimos de meses donde lo que primó fue la deserción estudiantil, con compañerxs que no pudieron acceder a la virtualidad por falta de computadoras o de datos móviles y sin ningún presupuesto para asegurarse la continuidad. Y nuestrxs docentes sin las herramientas para poder garantizar la cursada, obligándolos a utilizar sus recursos, como la electricidad, el internet y sus computadoras. En este contexto es donde se avanza con la vuelta a clases presenciales sin ningún fin pedagógico, exponiéndonos tanto a estudiantes como docentes. La mayoría de lxs estudiantes no estamos participando de las clases presenciales, ya que no solucionan la problemática de cursada y al mismo tiempo nos exponen al contagio. Varias de las escuelas que volvieron a la presencialidad tuvieron que cerrar por contagios. En este marco apoyamos a nuestrxs docentes de Ademys que están convocando al paro presencial y decimos no al falso paradigma de “vuelta a clases”. Llamamos a todos los estudiantes secundarios a que apoyemos la lucha contra la presencialidad que encabeza Ademys, sumándonos a las acciones que convoquen.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (mc) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El mundo mira nuevamente a las mujeres polacas que resisten en las calles y luchan por su derecho a decidir porque el gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS) les quitó una de las causales con la que se practicaban casi el 97% de los abortos legales en ese país. Este era el plan de los sectores conservadores y eclesiásticos desde 2016, pero desde hace cuatro años se venía postergando por la resistencia feminista. Ahora, en plena pandemia, el Tribunal Constitucional declaró ilegal, el pasado 23 de octubre, la interrupción del embarazo cuando el feto tiene riesgo de enfermedad grave o muerte. Desde entonces, el movimiento feminista lleva semanas ocupando las calles y desde el día del fallo las protestas se han extendido desde las grandes ciudades a todo el país, llegando a setenta ciudades y pueblos. Así se fue concretando la huelga de mujeres del pasado miércoles que movilizó a unas cien mil personas en Varsovia.

Sin dudas, Polonia nos marca una vez más el camino. Por un lado, podemos ver cómo los gobiernos y los sectores conservadores buscan permanentemente arrebatarnos derechos, incluso los ya conquistados. Por el otro, cómo debemos organizarnos para resistir y defendernos de esos ataques. Así fue en 2016, cuando impulsaron el lunes negro y la huelga de mujeres, que fue incorporada en los paros internacionales de mujeres (PIM) de los 8M. 

Al igual que en Polonia, a nosotras también se nos niega el derecho a decidir. El aborto sigue siendo clandestino en nuestro país y el gobierno de Alberto Fernández, aunque había dicho que no, en la práctica y en clara alianza con los antiderechos, lo mantiene en la ilegalidad. Así se vulneran los derechos humanos de millones a quienes se les niega el derecho a la salud, a la vida y a la autonomía del propio cuerpo.

Las cifras que el gobierno esconde

En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir 1.300 por día. Por año se calculan entre 370.000 y 520.000. Las consecuencias de los abortos inseguros en la clandestinidad son hemorragias, infecciones, peritonitis, traumatismo de cervix, rotura uterina, lesiones varias en vagina y útero, entre otras. Sin dudas, la muerte es la consecuencia más extrema de los abortos inseguros y desde 1983 hasta 2019, donde se intercalaron gobiernos peronistas y radicales, se estima que al menos 3.200 mujeres murieron a causa de un aborto inseguro. Por otro lado, anualmente se registran alrededor de 50.000 internaciones por complicaciones de abortos inseguros en hospitales públicos. Es decir que unas 135 personas por día se internan en hospitales públicos por problemas relacionados con un aborto inseguro. Cifras que no se modificaron por la pandemia y, por lo tanto, se están ocupando camas en el sistema de salud que, si fuera legal el aborto, estarían libres para atender casos de Covid-19.

Por todo esto es que decimos que es urgente y es prioridad que se trate y apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya fue fue presentado en ocho oportunidades en el Congreso y que está a punto de perder, una vez más, estado parlamentario. No debemos permitirlo, al igual que las mujeres polacas debemos salir a las calles por nuestros derechos. La caravana verde de Plaza de Mayo al Congreso debe ser el inicio de un plan de lucha para evitar que caiga el proyecto de la Campaña y que se apruebe de inmediato. Solo así tendremos #abortolegal2020.

Escribe Martín Fú

El pasado 29 de octubre, la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar sin efecto la sentencia que absolvía al represor Eduardo Alfonso del asesinato del militante popular Antonio Domingo García. En un fallo breve, pero conciso, ratificó la apelación presentada por nuestra compañera Juliana García, hija de Antonio. Este recurso, aprobado por la Cámara de Casación, revoca la sentencia por la cual, pese a toda la evidencia presentada, el militar era declarado inocente. A raíz de este fallo de la Corte el tribunal ordenó la detención inmediata del represor.

Eduardo Alfonso es un militar del Ejército Argentino que durante la última dictadura cívico militar genocida tuvo una probada participación en la represión. En enero de 1977 formó parte de un grupo de operaciones, con sede en Campo de Mayo, en un operativo en Villa Adelina en el que Antonio fue asesinado y su pareja, Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, fue secuestrada. La lucha de Juliana, junto con sus familiares y las Abuelas de Plaza de Mayo, no solo logró poner tras las rejas al represor Alfonso, sino que además obtuvo la restitución de la identidad de su hermana, Bárbara, en el año 2009. 

La tenacidad incansable en la lucha de hijos e hijas como Juliana, familiares, Madres y Abuelas sigue siendo, junto con el enorme repudio popular contra los milicos, la garantía de que personajes como Alfonso no gocen de impunidad a más de cuatro décadas de sus crímenes.

Como cantamos siempre, “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.

Escribe Lautaro

El jueves 29 nos movilizamos contra el procesamiento a 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba imputados por la toma del Pabellón Argentina que tuvo lugar en 2018.

El día posterior a la violenta represión y desalojo de Guernica, en nuestra ciudad salimos a las calles también contra la criminalización de la protesta.

El 10 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los recursos presentados por las defensas de los estudiantes que la justicia procesó por la ocupación pacífica del Pabellón Argentina. Confirman así el procesamiento dictado por el juez Hugo Vaca Narvaja y la ex fiscal Graciela López de Filoñuk, ambos con un engañoso perfil de “progres” defensores de los derechos humanos, que ahora logran concretar su decisión política de ir al juicio oral. La causa de “usurpación por despojo” se inició con el gobierno de Macri en 2018 y continúa bajo el de Fernández con la complicidad de las autoridades universitarias y el rectorado de Juri y Yanzi Ferreira a la cabeza.

Ante la crisis y miseria crecientes, los gobiernos en lugar de atender las necesidades más urgentes del pueblo trabajador, priorizan salvar al empresariado, las multinacionales y los bonistas, al tiempo que fortalecen el aparato represivo y avanzan con la criminalización de la protesta.

Por esto nos organizamos en una asamblea de estudiantes para coordinar las acciones, desde la más amplia unidad contra este atropello. Estamos saliendo a pedir el apoyo a diversas organizaciones políticas, sociales y gremiales. Lamentablemente las conducciones de la FUA, la Federación Universitaria de Córdoba, y del conjunto de los centros de estudiantes, no abandonan su inmovilismo de años y se niegan a movilizar al conjunto de la comunidad universitaria.

Para derrotar esta política represiva y lograr el desprocesamiento de los estudiantes debemos ampliar la unidad y seguir en las calles.