La sorpresa de la semana fue la larga carta de Cristina Fernández, aparecida con la excusa del décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Todos los medios de comunicación, los analistas, e incluso los políticos de la oposición patronal, han salido a interpretar el significado y las causas de su salida. Algunos debaten si hay que creerle o no a Cristina. Muchos compañeros de trabajo, de estudio, familiares o vecinos, simpatizantes o con expectativas en el peronismo kirchnerista, por su parte, también se preguntan sobre el real significado de la carta. Por eso queremos aportar al debate nuestro análisis y una opinión.

¿Por qué sale esta carta? Porque es evidente que existe una grave crisis económica y social y un fuerte desgaste del gobierno que Cristina encabeza junto a Alberto Fernández. La vicepresidenta intenta responder a las críticas y el desencanto creciente en su propia base social. Porque millones de trabajadores votaron al Frente de Todos para terminar con el ajuste y la crisis generada por el gobierno de Macri.

Al plantear “la herencia del macrismo”, usa un argumento que cae bien entre los sectores populares, ya que evidentemente el de Cambiemos fue un gobierno de los Ceos y ajustador. Cuando Cristina suma a “los funcionarios que no funcionan” trata de salvar la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández en conjunto y la de ella misma y del sector peronista kirchnerista.

Cristina avanza también en una  explicación del porqué de la crisis. Dice que el problema más grave que tiene el país es que posee una “economía bimonetaria”, refiriéndose a que es la causa de la especulación permanente con el dólar.

A nuestro juicio, esto es equivocado. No compartimos la visión de que el problema es la “economía bimonetaria”. 

El problema de la especulación, la inestabilidad y la suba del dólar no es más que un reflejo de la estructura económica de nuestro país, dependiente de su relación con el FMI, subordinada a los infinitos pagos de deuda externa, a los privilegios otorgados a las multinacionales, a los acuerdos al estilo Chevron, en Vaca Muerta, a los enormes beneficios para el agronegocio, la megaminería y los bancos. Estructura económica que no fue modificada durante los doce años anteriores de gobiernos kirchneristas. Situaciones que se profundizaron en el gobierno de Macri y que hoy son mantenidas por Alberto Fernández sin que se haga absolutamente nada para modificar esta realidad. Ni siquiera se concretó el tantas veces prometido impuesto a la riqueza, que sigue sin llegar al debate en la Cámara de Diputados, mientras que ya se está terminando el año. Estos son los motivos reales de la caída constante del nivel de vida de la clase trabajadora y del crecimiento de la pobreza y la marginación social. Agravada, sin duda, por la propia crisis global que vive el capitalismo imperialista a escala mundial.

Tampoco es salida la que propone Cristina, “un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales”. Precisemos, está llamando a un gran pacto social con los empresarios (grandes y pequeños), con el conjunto de los políticos patronales (principalmente con Juntos por el Cambio), con los grupos monopólicos de los medios de comunicación y con la burocracia sindical. ¿Para qué? Para acordar el control del dólar realizando una devaluación pactada.

Esto significa agravar el ajuste. Porque cada devaluación es más ganancias para los de arriba y reducción de salarios e inflación para la canasta familiar. O sea, intentar resolver la crisis del gobierno y, a la vez, seguir pagando la deuda y cumpliendo con el FMI. Para esto, justamente, es que se necesita una fuerte devaluación y un mayor ajuste al pueblo trabajador. Lo que Cristina está proponiendo, en concreto, es que ese ajuste no quede exclusivamente bajo responsabilidad del gobierno, sino que sea “compartido” con empresarios, burócratas sindicales y la oposición patronal en su conjunto.

Tampoco la salida que propone Cristina Fernández sirve para resolver las dos pandemias, sin duda “agobiantes” para el pueblo trabajador, la sanitaria y la social. No se va a salir con un pacto con el agronegocio, las multinacionales, la burocracia sindical y los políticos patronales de Juntos por el Cambio.

Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que es necesario otro plan económico, obrero y popular, con medidas de emergencia. No hay solución si no empezamos por dejar de pagar la deuda externa y rompemos los lazos políticos y económicos que nos unen al FMI. Terminar con la especulación, con la perversión de una economía “bimonetaria”, solo es posible si nacionalizamos la banca y el comercio exterior. Estas son las medidas básicas para salir de esta crisis, para tener los recursos necesarios y poder aplicarlos a resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, vivienda y educación.

Imponer este programa alternativo no se logrará confiando en el gobierno del Frente de Todos, sino luchando por enfrentar el ajuste. Y, a la vez, fortaleciendo una alternativa política de los trabajadores, como la que venimos postulando desde el Frente de Izquierda Unidad. 

Izquierda Socialista pone todas sus fuerzas para desarrollar esta alternativa. Te invitamos a sumarte a la tarea.

Escribe José Castillo

Otra vez la noticia vuelve a ser la cotización del dólar. Casi todos los días nos enteramos de un nuevo récord, tanto en el valor del blue (el que venden los “arbolitos” en la calle, o en las cuevas), como en el más sofisticado “contado con liqui” (CCL), usado por los especuladores financieros para comprar y fugar “legalmente”. El pueblo trabajador, cuya inmensa mayoría no tiene la posibilidad de ahorrar un solo dólar, ve todo esto por sus consecuencias en las góndolas, aumenta todo y ya empiezan a faltar productos esenciales como la harina, el aceite o el arroz, que luego “reaparecen” con aumentos siderales. Los salarios y las jubilaciones, ya golpeadísimos, se enfrentan en estas semanas a una nueva pulverización de su poder adquisitivo.

El gobierno en su laberinto

Alberto Fernández durante todos estos meses ajustó a los trabajadores y privilegió a los empresarios y acreedores de la deuda. Lo hizo, a pesar de que sus discursos sostenían lo opuesto. Les pagó 4.500 millones de dólares en efectivo a los usureros acreedores mientras renegociaba la deuda, que se terminó firmando con un arreglo totalmente a favor de estos pulpos. Otorgó innumerables beneficios y privilegios a las patronales, con exenciones impositivas y, sobre todo, con el pago de una parte sustancial de los salarios a través del programa ATP. La excusa era que, de esta forma, se evitarían despidos, que igual se terminaron produciendo. 

El discurso del gobierno del Frente de Todos sostenía que “una vez cerrado el acuerdo con los bonistas privados” vendrían las medidas para reactivar la economía. Nada de eso sucedió. Al contrario, ya hay un proyecto de presupuesto, acordado con el FMI, que plantea un “ajustazo” para el año próximo.

Pero eso no fue lo peor. El establishment financiero, los monopolios agroexportadores, las transnacionales del gas y el petróleo, las empresas privatizadas, todos, se han lanzado a una carrera para tratar de obtener nuevos privilegios de parte del gobierno. Que se los da, como hizo la semana pasada con las gasíferas y petroleras. O cuando se adelanta el “descongelamiento” de las tarifas el año próximo. Pero la peor exigencia apunta a una mayor devaluación. El gobierno la está realizando, pero a una velocidad menor de la que pide el establishment. Esa es la pulseada de estas semanas, con un gobierno que ensaya distintas medidas para tratar de evitar que la suba del dólar vaya “demasiado rápido”. Otorga más beneficios a distintos sectores empresarios: baja de retenciones (favorable a agroexportadores y mineras), suba de tasas de interés (para los bancos), liberalización para que los especuladores extranjeros puedan entrar a jugar en el “contado con liqui” y ahora un festival de bonos atados a la evolución del dólar (que significa más endeudamiento) y hasta una subasta de 750 millones de dólares que se les “regalarán” a los fondos Pimco y Templeton, dos de los grandes acreedores de la Argentina.

Sin embargo, hasta ahora no ha logrado garantizar que los pulpos especuladores no sigan haciendo subir el dólar. Por eso el rumor de que el presidente Fernández le habría puesto un plazo de quince días al ministro Guzmán. Mientras tanto apuesta, con este ministro o con otro, a un acuerdo rápido con el FMI, que arribará al país en noviembre para una nueva reunión. Anticipamos, cualquier plan acordado con este organismo va a significar un mayor ajuste contra el pueblo trabajador, como lo muestran todos los firmados en el pasado inmediato, incluyendo el cerrado con Ecuador hace apenas quince días.

¿Cuál es la salida?

Políticos patronales de la oposición dicen que el problema es que no hay un “plan económico” y exigen que se explicite un mayor ajuste bendecido por el FMI. El gobierno de Alberto Fernández dice que sí existe un plan económico y que se encuentra en el proyecto de presupuesto 2021, al mismo tiempo que avanza en el acuerdo con el Fondo. Unos y otros avalaron el pacto con los pulpos acreedores privados, el nuevo ajuste que se viene con el FMI y la continuidad de los pagos de la deuda externa. Con el “plan actual”, o con uno “nuevo”, con estos funcionarios a cargo del Ministerio de Economía y del Banco Central o con otros, todos los políticos patronales, sus economistas y el establishment económico acuerdan en priorizar los pagos a los acreedores, al FMI y los privilegios crecientes a las empresas y los especuladores financieros.

Nuestro planteo es exactamente el opuesto. Es necesario otro plan económico que dé vuelta las prioridades. Que defina que lo primero es resolver, ya mismo, las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, vivienda, salud y educación.

Yendo a lo concreto, implementar un aumento salarial de emergencia para todos, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, estimado por los trabajadores de ATE-Indec en 73.470 pesos. La inmediata reapertura de todas las paritarias sin techo alguno. Aumentar las jubilaciones para que recuperen todo lo perdido e implementar el 82% móvil. Establecer un IFE mensual de 40.000 pesos para todo el que lo necesite. Y poner todos los recursos necesarios para la infraestructura sanitaria destinados a enfrentar la pandemia, incluyendo la incorporación de más trabajadores de la salud y aumentos de salarios de emergencia.

¿De dónde sacar los recursos para hacer todo esto? De la inmediata suspensión de los pagos de deuda externa, incluyendo la ruptura de todos los acuerdos políticos y económicos con el FMI, y de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, tal como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad. A esto tenemos que sumarle la única medida efectiva para terminar con la especulación de los pulpos financieros y de los monopolios agroexportadores, la fuga de divisas y la suba del dólar: nacionalizar la banca y el comercio exterior.

Estas son las propuestas básicas de un plan económico obrero y popular, que desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad oponemos al de la continuidad y profundización del ajuste, bendecido por el FMI, que solo nos seguirá hundiendo en más crisis, miseria y desempleo.

Escribe José Castillo

Allá lejos y hace tiempo es el título de un clásico libro autobiográfico de Guillermo Enrique Hudson. La metáfora literaria vale para tratar de recordar cuándo fue que el gobierno de Alberto Fernández, en los primeros días de la cuarentena, anunció que se implementaría un impuesto a las grandes fortunas. El anuncio surgió como respuesta a la flagrante violación por parte del Grupo Techint del decreto de necesidad y urgencia que había sido dictado en esos días y que prohibía suspensiones y despidos. El conglomerado de Paolo Rocca, haciendo caso omiso de esa disposición, despidió a 1.500 trabajadores.

¿Cómo siguió la historia? El Ministerio de Trabajo terminó avalando esos despidos. Y el “castigo”, vía un impuesto extraordinario a la riqueza, se fue deshilachando con el correr de los meses.

Repasemos. Al principio se dijo que no se iba a implementar de inmediato porque había que “compatibilizar” varios proyectos elaborados por legisladores del Frente de Todos en uno solo.

Luego, la excusa fue que todavía no se habían acordado los mecanismos de funcionamiento virtuales del Congreso y que, por tratarse de un impuesto, no se podía sacar por decreto de necesidad y urgencia.

A posteriori, y con el Congreso ya funcionando, el proyecto no ingresó. Incluso, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio votaron en contra de que se debatiera el único proyecto presentado, elaborado por el Frente de Izquierda Unidad.

Siguieron pasando los meses. Finalmente, vio la luz el tantas veces demorado proyecto oficialista. Se trata de un impuesto mínimo que ni llegaba a hacerle cosquillas a las grandes riquezas de nuestro país. No incluye empresas, solo personas. Y, a la vez, exceptúa a los que tienen domicilio en el exterior. Las alícuotas son exiguas, lo que haría que la recaudación proyectada fuera bajísima. Encima, contiene un montón de excepciones que invitan a la evasión. Y, por si todo eso fuera poco, el destino de lo recaudado no iba a ir con exclusividad a las urgencias sanitarias y sociales generadas por la pandemia, sino que una parte importante volvía a las grandes empresas bajo distintas formas de subsidios.

Pero la historia tampoco termina ahí. Aún ese exiguo proyecto sigue durmiendo en los cajones. Ahora se inventó una nueva excusa, se lo iba a tratar con el presupuesto 2021. Esta semana se fijó la fecha de la reunión en la Cámara de Diputados. Por supuesto, el proyecto de impuesto a la riqueza no figura en el temario.

Se trata del sumun del doble discurso. Desde el Frente de Izquierda Unidad lo dijimos desde el primer día, era y es urgente un impuesto de verdad a las grandes riquezas, que incluya fortunas, personas y ganancias de las más importantes patronales, con alícuotas fuertes que permitan recaudar 15.000 millones de dólares para destinar a la atención de las más urgentes necesidades sanitarias y sociales generadas por el coronavirus. Lo presentamos en el Congreso en abril, seguimos exigiendo su tratamiento. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

La muerte de Néstor Kirchner conmovió al país. El 27 de octubre de 2010 fallecía quien fuera presidente entre 2003 y 2007 y el indiscutido jefe político del peronismo de entonces. El impacto fue enorme. Por el velatorio pasaron miles de personas. Kirchner se preparaba como figura de recambio para 2011. Obama y funcionarios del FMI, la OEA y el Banco Mundial enviaron condolencias y, a la vez, mostraron su preocupación. Comenzó un “operativo clamor” para que Cristina se postule, algo que terminó ocurriendo.

Desde Izquierda Socialista difundimos inmediatamente un comunicado que señalaba: “Respetamos el dolor de sus familiares y amigos y comprendemos el sentimiento de aquellos trabajadores que en estos años han depositado expectativas en su gobierno. Pero no nos sumamos al coro de políticos patronales, tanto del PJ como de la oposición patronal, quienes lo reivindican como un político que encarnó un modelo de transformación y crecimiento”.

Una cosa era el dolor de quienes lo consideraban, y consideran hoy, a Néstor Kirchner como su líder político. Otra distinta es decir que encarnó un proyecto liberador, o que fue “el que más hizo después de Perón y Evita”, como señaló en aquel momento el burócrata Hugo Moyano.

El ascenso de Néstor Kirchner, en 2003, fue para recomponer los pilares de un régimen político que quedó mal herido con el Argentinazo de 2001. Al grito “que se vayan todos”, esa rebelión popular tiró abajo al gobierno ajustador del radical De la Rúa, repudió a los bancos, al FMI y a toda la vieja política. En las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 cayeron varios presidentes. Finalmente, fue ungido el peronista Eduardo Duhalde, quien posteriormente tuvo que renunciar por ser el responsable político de los asesinatos de los luchadores sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Sentado en un volcán, Néstor Kirchner necesitaba mostrar una imagen progresista y desligada del apoyo que le había brindado a las políticas del peronismo de Carlos Menem en los años ’90, cuando con la promesa de “salariazo y revolución productiva” remató las empresas del Estado, inauguró las relaciones carnales con el imperialismo e indultó a los genocidas de la dictadura.

Néstor Kirchner estuvo obligado a cabalgar con algunas banderas que el pueblo agitó en aquellas jornadas gloriosas de 2001 inaugurando un permanente doble discurso. La propia Cristina Fernández dijo: “Kirchner es hijo del Argentinazo”.

Se dice que Néstor Kirchner creó millones de puestos de trabajo, hizo volver las paritarias y benefició a los jubilados. Con eso se quiere ocultar que, cuando asumió, fue beneficiado por la brutal devaluación y el ajuste que ya había aplicado Duhalde y una coyuntura favorable con altos precios de las materias primas (soja, trigo, petróleo), lo que le permitió otorgar algunas concesiones. Nada fue por virtud de algún “modelo” de redistribución de la riqueza, como se decía. Y si los salarios aumentaron fue producto de las enormes luchas. A tal punto que, a partir de 2006, cuando la inflación creció, el gobierno fijó techos salariales y mantuvo el impuesto al salario (ganancias).

Otro tanto pasó con las jubilaciones. A pesar de que se anuló el régimen de jubilación privada (AFJP) y se estatizaron 30.000 millones de dólares, el kirchnerismo se apropió de la caja de la Anses para subsidiar a empresarios como Cirigliano (uno de los responsables de la masacre de Once, en el ferrocarril Sarmiento), o a la multinacional General Motors. Recordemos que Cristina vetó la ley del 82% móvil para las jubilaciones.

Otro capítulo fue el de la deuda externa. El Argentinazo impuso el no pago y Néstor Kirchner lo reanudó. Le pagó de contado la deuda al FMI mientras decía que nos íbamos a desendeudar. Finalmente, al concluir 2015, dejó una deuda de 200.000 millones de dólares.

Como contrapartida, digamos que el “modelo” kirchnerista benefició a los bancos, la Barrick, Repsol y las petroleras, las privatizadas, multinacionales y, por supuesto, a los empresarios amigos del gobierno, como Lázaro Báez, Cristóbal López y tantos otros.

Por otra parte, el modelo sindical que impulsó Néstor Kirchner en sus comienzos se basó en una alianza con Hugo Moyano y la CGT de los Gerardo Martínez, Zanola –preso por traficar con medicamentos–, Cavalieri, Lezcano y José Pedraza, el burócrata de la Unión Ferroviaria que días antes del fallecimiento de Néstor Kirchner había ordenado asesinar a Mariano Ferreyra. Y, en lo político, si bien en algún momento apeló a la transversalidad (llevando al radical Julio Cobos como vicepresidente), el kirchnerismo volvió rápidamente al corazón del viejo PJ. Así fue logrando el apoyo de los barones del conurbano y los gobernadores, que se acercaron a cambio de fondos y obras.

Otro tema urticante de esos años fue la política de derechos humanos. Néstor y Cristina nunca participaron en las marchas de cada 24 de marzo, sin embargo se quisieron apropiar del logro de la anulación de las leyes de impunidad –Obediencia Debida y Punto Final–, cuando precisamente el proyecto votado en el Congreso no provino del bloque oficialista, sino de la izquierda, y fue fruto de la lucha de varias generaciones. Terminaron cooptando a organismos de derechos humanos históricos como Madres-Hebe de Bonafini y Abuelas-Estela de Carlotto, diciendo que había que dejar de movilizarse ante un “gobierno de los derechos humanos”, mientras dejaba intacto el aparato represivo que llevó a la desaparición de Julio López y a encumbrar al represor Milani como jefe del Ejército.

Podríamos hablar de otros temas, como que en los doce años de gobierno peronista kirchnerista, y tras dos mandatos de una mujer, no se legalizó el aborto.

Volviendo al comunicado que nuestro partido emitió en 2010, al final decíamos: “Seguiremos luchando por otro plan económico, obrero y popular, alertando a que la conmoción no sea utilizada para fortalecer un proyecto político que, mediante el doble discurso, siga priorizando los intereses de los de arriba por encima de los trabajadores y el pueblo”. Por gobernar para los de arriba, el kirchnerismo sufrió el repudio popular en las elecciones de 2015 posibilitando que asumiera Macri por cuatro años. Lo mismo pasó con similares procesos latinoamericanos de los gobiernos del doble discurso, como Chávez en Venezuela, o Lula en Brasil, que por no tocar los pilares del capitalismo permitieron que resurjan los Bolsonaro, los Piñera en Chile, o consolidándose regímenes hambreadores y dictatoriales como el de Maduro.

A los trabajadores y jóvenes que aspiran a un mundo mejor, y en especial a quienes empiezan a criticar al Frente de Todos por no resolver los males sociales, los llamamos a reflexionar. Les decimos que si se quiere luchar por una salida de fondo para terminar con los males capitalistas, la decadencia y sometimiento del país al FMI y al imperialismo, no queda otra que luchar por un gobierno de las y los trabajadores. Y que para ello hace falta fortalecer una alternativa política distinta de las que nos vienen gobernando, de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, como lo empezamos a hacer con la conformación del Frente de Izquierda desde 2011 a esta parte.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop  

Si la semana pasada dijimos que llegamos al millón de contagiados, en esta debemos comunicar que tenemos cien mil más. Es el sexto lugar, después de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia. Y antes de España, que ya fue superada por la Argentina. Nuestro país sigue ocupando el puesto número 13 en el luctuoso ranking de decesos por Covid-19 cada millón de habitantes, sólo superado, entre otros, por Estados Unidos, Brasil, México y Chile entre los americanos, y Bélgica, España y el Reino Unido, habiendo superado a Italia entre los europeos. Conclusión, en relación con la pandemia, la política del gobierno de Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos es un fracaso completo.

Pequeña crónica de un fracaso anunciado

Los mismos expertos que asesoran al gobierno reconocen implícitamente este fracaso. Luis Cámera, integrante del comité que asesora al gobierno, reconoció que el virus “superó la previsión de los especialistas cuando se infectaron los barrios vulnerables y cuando se extendió a las provincias” (La Nación, 20/10). Cómo no va a ser previsible si los habitantes de esos barrios debían circular para proporcionarse el sustento porque un IFE de 10.000 pesos no les permite quedarse en su casa. El gobierno se jugó solamente a la cuarentena y a la sobreexigencia a los trabajadores de la salud. 

Eduardo López, asesor del gobierno, declaró a La Nación (20/10): “Nuestro mayor déficit es no haber testeado más. El plan Detectar se implementó un poco tarde, cuando debió haber empezado más precozmente”. Falta decir que nuestros testeos por millón de habitantes son 63.000, lo que nos coloca en la ubicación 113 del ranking mundial. En países de parecida cantidad de habitantes tenemos menos testeos que en España (357.000), pero más que Uganda (12.000). Una de las razones por las cuales nuestra tasa de decesos por millón de habitantes es, al final, cercana a la de Suecia, que no aplicó la cuarentena.

Es indudable que el desmantelamiento sistemático de la salud pública por parte de los sucesivos gobiernos está en la base del drama sanitario actual. Pero para llegar a los casi 30.000 muertos por efecto del coronavirus se necesitó una política completamente alejada de las medidas que había que tomar. Aun ahora, en que la epidemia se extiende a zonas del interior del país, el ministro de Salud, Ginés González García, insiste en una medida única y barata, el aislamiento, sin acompañar con otras medidas necesarias para enfrentarla eficazmente. Cuando se le preguntó qué haría distinto si tuviera que empezar de nuevo contestó: “Yo estoy muy orgulloso de la cuarentena, aunque seguramente hubiéramos hecho algunas cosas diferentes, ya que es fácil decirlo con el diario del lunes”. El ministro está con el diario del lunes en sus manos, pero continúa con la misma receta, más cuarentena solamente, sin otras medidas necesarias.

Para completar el cuadro de los desaciertos, el gobierno nacional de Alberto Fernández, imitado con entusiasmo por radicales y de Pro, ha optado desde hace meses por tirarle el problema a la población. Con absoluto desparpajo repiten por los medios que el cuidado “es responsabilidad de cada uno”, renunciando de esa manera a las obligaciones de los gobiernos en el ámbito de la salud pública. Tan desastrosa ha sido la política del gobierno, que la Universidad de Oxford informó que la Argentina dejará de formar parte de su mapa de datos porque las cifras oficiales informadas por el gobierno no reúnen la calidad suficiente para reflejar el alcance de las pruebas.

Las medidas que el gobierno peronista y la oposición radical y de Cambiemos no quieren tomar

Está más que demostrado que con la cuarentena, como única medida, no alcanza. Mucho menos cuando se aplica en función de las exigencias patronales para abrir sectores de la economía y no de las necesidades sanitarias. Son necesarias las otras medidas que recomiendan los científicos en todo el mundo y nuestro partido viene planteando desde marzo. Testear a la población, rastrear los contagios e identificar los focos para actuar selectivamente sobre ellos. Cuidar a los trabajadores de la salud con equipos de protección personal de calidad adecuada, licencias para los trabajadores en riesgo, completar la dotación de los equipos de salud y retribuirlos de acuerdo con los reclamos en curso. Centralizar los recursos de salud, hospitales y camas, sean estatales o privados, para garantizar la igualdad de trato frente a la pandemia. Finalmente, pero no por eso menos importante, garantizar las medidas de aislamiento abonando salarios de 40.000 pesos a cada trabajador en cuarentena.

Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad, capaz de recaudar más de 15.000 millones de dólares.