Escribe Diego Martínez

A tono con el escándalo de los Macri abierto en torno de las denuncias del hermano del ex presidente y la pelea de la familia Mitre por el control del diario La Nación, otra disputa en el seno de una familia oligárquica ganó repercusión. Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura del gobierno de Macri, junto con su madre y sus hermanos, mantienen un litigio con su hermana Dolores por la propiedad de tierras pertenecientes a la familia ubicadas en una zona privilegiada de la pampa húmeda entrerriana. Una escena que define fielmente a los patrones de estancia la provocaron los hermanos Etchevehere en la puerta de la estancia donde, junto con sus empleados, se instalaron armados con rifles. Los Etchevehere son conocidos en Entre Ríos por hacer negociados con el poder político de turno. En 2007, el entonces gobernador peronista Jorge Busti vendió a precio vil tierras que pertenecían a la escuela El Quebracho. La escuela resistió con el acompañamiento del sindicato docente de Entre Ríos, Agmer, donde César Baudino era entonces secretario de organización, pero no alcanzó ante tamaña estafa. Con el auxilio del ex gobernador Uribarri, aliado de Cristina Kirchner, los Etchevehere también vaciaron el diario que era de su propiedad y dejaron a ochenta trabajadores en la calle.

Dolores, por su parte, tiene antecedentes en las disputas patrimoniales. En 2005, su esposo, Segundo Guiraldes, reclamaba una herencia. Entonces, apoyados por hombres armados, ocuparon el campo La Porteña, donde, en la década del 20 del siglo pasado, el escritor Ricardo Guiraldes había escrito Don Segundo Sombra.

Independientemente de los resultados de la acción judicial, nadie en esta pelea defiende los intereses de los sectores desposeídos del campo. Se trata de una disputa en el seno de una familia de terratenientes por la propiedad de tierras. Así lo reconoció el propio ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, cuando declaró: “No podemos estar a favor de una toma de tierras, pero ahí no hay una toma de tierras, hay un conflicto entre herederos de una familia” (Clarín, 25/10/2020).

En la pelea se involucraron Juan Grabois y su movimiento, MTE, quienes ocuparon 40 hectáreas del terreno, a instancias de Dolores Etchevehere, con el objetivo de poner en funcionamiento un emprendimiento denominado Proyecto Artigas impulsado por el dirigente social. Equivocadamente, Grabois toma partido en esta disputa intraoligárquica defendiendo a Dolores Etchevehere. El dirigente, que hasta hace poco hablaba de reforma agraria, levanta la ocupación como una gesta a favor de la distribución de la tierra para los humildes. A muchos compañeros les puede causar simpatía una disputa contra un personaje como Luis Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural, pero no podemos perder de vista que se trata de un conflicto entre integrantes de una familia oligárquica.  

Hay que hacer una reforma agraria 

El problema de la concentración de la tierra está ligado a la existencia de la oligarquía, así como también a su posterior extranjerización. Millones de hectáreas, las mejores y más fértiles del país, están concentradas en un puñado de propietarios. Algunos, como los Etchevehere, provienen de las viejas familias oligárquicas. Otras ya han sido vendidas, y hoy son propiedad de distintos capitales transnacionales, como los Benetton y los Lewis, por nombrar dos casos paradigmáticos de la Patagonia. 

El 4% de los propietarios poseen el 63% de las tierras. Y aunque ahora se escandalizan con las ocupaciones de terrenos, que en muchos casos no tienen dueño, por parte de gente necesitada, el origen de esas propiedades latifundistas están en los oligarcas que llegaron a ser terratenientes apropiándose lisa y llanamente de tierras durante las sucesivas “campañas al desierto” impulsadas por el ex presidente Julio Argentino Roca, en las que se torturaba y masacraba a los pueblos que las habitaban. Luego agrandaron sus fortunas gracias a las políticas que impulsaron los gobiernos patronales de turno, en algunos casos puestos a dedo por ellos mismos, que los beneficiaron sistemáticamente.

Para ilustrar la situación actual, el mayor productor de granos argentino que opera en el país es Gustavo Grobocopatel, propietario de 250.000 hectáreas, cosecha anualmente 2,6 millones de toneladas de granos de soja y factura 1.000 millones de dólares al año.

 La otra parte del mercado de la soja la tienen siete multinacionales que concentran el 79% del negocio: Cargill (Estados Unidos), Noble Grain (China), A.D.M. (Estados Unidos), Bunge (Estados Unidos), Dreyfus (Francia), Toepfer (Alemania) y Nidera (Holanda). Las cinco primeras se llevan el 66% de las ventas de granos del país.

No es tomando partido por una disputa de herencias al interior de una familia oligárquica como se va a resolver la concentración de la propiedad de la tierra. Para hacerlo hay que acabar con el poder de la oligarquía y las multinacionales.

Es necesario impulsar una reforma agraria que termine con el latifundio, expropiando a la oligarquía terrateniente y las multinacionales. También es necesario impulsar un plan agrícola que respete la sustentabilidad del ambiente y permita garantizar la tan mentada “soberanía alimentaria”. Y, por supuesto, garantizando el acceso a la tierra a los trabajadores rurales y campesinos que viven de lo que producen para subsistir, otorgándoles facilidades, según la condición del adjudicatario, para la compra de  maquinaria y vivienda. 

Como vemos, esto es muy distinto a levantar un pequeño emprendimiento agroecológico en un terreno con título de propiedad a nombre de una familia oligárquica, como el que propone Grabois con su proyecto Artigas, que no da respuesta al problema central de la falta de tierras que sufren cientos de miles en el campo. 

Grabois llama a su emprendimiento proyecto Artigas. Recordemos que José Gervasio de Artigas, el gran caudillo de la Banda Oriental, hoy Uruguay, levantó un programa de reparto de tierras totalmente radical para su época. Si se  quiere hacer honor a su nombre, la política que hay que implementar es la de la reforma agraria, junto con la nacionalización del comercio exterior, para que sea el Estado el que decida qué y cómo se vende en el país, y no las multinacionales. Para que esto se lleve a cabo a favor del pueblo trabajador es necesario acompañarlo con la pelea por un gobierno de las y los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

El periodista Santiago O’Donnell presentó el libro Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y  familia detrás de su hermano Mauricio. En la obra se revelan los hechos de corrupción que le permitieron a la familia amasar su enorme fortuna.

Esta publicación es parte de la pelea por la tajada económica que pretende cada integrante de la familia. No por ello dejan de ser ilustrativos los hechos relatados, que muestran el comportamiento oscuro, mentiroso y corrupto que caracteriza a grandes empresarios como Franco Macri y Mauricio. En sus confesiones, Mariano intenta reivindicar a su padre, fundador del clan, mostrándolo como un emprendedor trabajador y justo. Busca lavar su propia imagen ya que, desde los 17 años, participó de los negociados de la empresa. Mauricio no es un accidente.

Entre otras cuestiones, el libro ventila el millonario préstamo de un banco brasileño al Grupo Macri y el fallido plan para evitar pagarlo a través de una venta simulada de la empresa insignia del grupo, Sideco, a un banco austríaco que, a su vez, escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

Mariano denuncia que desde que Mauricio ingresó en la función pública algunos de sus negocios pasaron a testaferros y socios ocultos. Es el caso de los parques eólicos que explotaba Isolux, que en 2016, a través de un entramado de empresas, adquirió Macri. A tan solo once meses de haberlos comprado, las empresas creadas por Macri y sus socios fueron vendidas por 95 millones de dólares, dejándole al Grupo Macri y a sus socios una ganancia de casi 70 millones de dólares.

El libro también detalla la sociedad de Macri con OCA y el gremio de camioneros de Hugo Moyano, para explotar el Correo Argentino después de su expropiación por parte del gobierno de Néstor Kirchner, negociando con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina.

Sin figurar ninguno de los dos (el Grupo Macri y OCA), continuaban ganando con el Correo. Se repartían 80% entre ambos y el 20% restante le quedaba al sindicato de Moyano. La maniobra era realizada por una empresa de logística, subcontratada por el Correo, que facturaba  millones de dólares. Se llamaba LDA y su creación, en 2002, de parte de Correo Argentino y OCA, nunca se hizo pública, inclusive siempre negaron su existencia.

Hermano… nos muestra un Mauricio codicioso, que aprovecha cada oportunidad para hacer negociados y acrecentar su fortuna. Como presidente de Boca (1995-2005), Macri forjó una estrecha relación con uno de sus colaboradores, el “Negro” Gustavo Arribas (durante su gobierno director de la AFI), experto en compraventa de jugadores y, sobre todo, en realizar transacciones eludiendo al fisco. Arribas se destacó en las operaciones del club haciendo ventas trianguladas en paraísos fiscales, en su caso, a través del Deportivo Maldonado, de Uruguay, y del Lucarno, de Suiza.

Transcurridos diez meses de gobierno peronista, Mauricio Macri reapareció, y en una entrevista dijo: “El 11 de agosto, cuando terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado”. Falso. La pobreza fue superior a 35%, por encima del 32,2% de 2016, según el Indec. Para fortalecerse como principal figura de la oposición patronal, Macri continúa refugiándose en la mentira. En su libro, Primer tiempo, que se publicará en breve, defiende su presidencia y reparte culpas. Todo es parte de la pelea para postularse como principal referente de la oposición patronal.

Pero no le será fácil. Las revelaciones de Mariano  profundizaron la crisis existente en Juntos por el Cambio. “La sede del Gobierno porteño se ha transformado en un auténtico cabildo […] llegan desde María Eugenia Vidal hasta Martín Lousteau […] la plantita Horacio presidente se riega todos los días” (Clarín, 23/10).

Macri nos empobreció, y hundió al pueblo trabajador en la miseria. Todas sus políticas fueron a favor de la fuga de capitales de las multinacionales y los bancos. Pero no estuvo solo. Para ello contó con el apoyo de diputados, senadores, gobernadores peronistas y burócratas sindicales. Sin ellos no se habrían votado leyes como la del robo a los jubilados o las de presupuestos a pedido del FMI.

Los trabajadores y los sectores populares no encontraremos solución a la falta de trabajo, salud, vivienda y educación con gobiernos que nos hambrean para defender la ganancia del gran capital, como fue el de Macri. Pero tampoco con aquellos como el del Frente de Todos, que, con un discurso distinto y diciendo que “gobierna para los más vulnerables”, en la realidad sigue priorizando los intereses de las grandes patronales, los acreedores de la deuda externa y el FMI, en vez de los del pueblo trabajador.

Escribe Adolfo Santos

Las sufridas familias de la toma de tierras en Guernica continúan soportando mucha tensión. Fue un fin de semana difícil, con fuertes lluvias y en condiciones precarias. Protegidas apenas por improvisadas coberturas de plástico y madera, con sus pertenencias mojadas y horas sin dormir. Pero no solo el tiempo es inclemente. El gobierno peronista continúa sin proponer una solución definitiva. El propio presidente, Alberto Fernández, demostrando una gran desconsideración, declaró a FM Metro: “Guernica fue tomada por unos pícaros y por otros sin tierras que no saben dónde vivir, y ahí hay un problema muy serio que tenemos que resolver”.

El censo realizado en el lugar desmiente la tentativa de desmoralizar a esas familias provenientes de sectores populares. No se trata de un grupo de pícaros o de gente que no sabe dónde vivir. Son las víctimas de años de gobiernos incapaces para resolver el problema de la vivienda y evitar estas tragedias sociales. Son familias arrojadas a la marginalidad por una brutal crisis económica que no generaron y de la cual son responsables los partidos patronales, entre ellos el peronismo, que ha gobernado durante años la provincia de Buenos Aires.

Y que desconocen derechos elementales. No es casual que mientras las autoridades querían resolver el problema con represión policial, hayan tenido que intervenir organismos de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el CELS. Se trata de un conflicto social. Estas organizaciones están actuando a pedido de los delegados de la toma y de las organizaciones sociales que los acompañan. Participan como veedores y elaboraron un informe del censo realizado el 19 y el 21 de octubre para revelar la verdad sobre los grupos familiares que integran la toma.

Son 1.400 familias humildes, no un grupo de pícaros

El minucioso informe del Serpaj y el CELS demuestra de qué se trata: “El relevamiento comprendió a los cuatro barrios de la toma, San Martín, 20 de Junio, La Lucha y La Unión. [...] Tanto el gobierno de la provincia como les representantes de las organizaciones y delegades referentes de la toma, identificaron a sus censistas para realizar el relevamiento…” Después de varias consideraciones, el informe concluye: “Según lo recolectado en el marco del censo mencionado, les vecines y delegades han informado que las cifras registradas son: 1.400 familias, compuestas por un total de 4.417 personas […] vemos que las cifras informadas son consistentes con la cantidad de personas visualizadas durante los dos días de actividades […] es imprescindible destacar la necesidad de una respuesta habitacional, social, integral, concreta y urgente”.

El informe no deja dudas y el gobierno tiene que resolver este grave problema. La lucha consecuente por una vivienda digna comienza a dar algunos frutos y el gobierno provincial de Axel Kicillof se vio obligado a negociar. El “acta/acuerdo” presentada el martes 27 es un reconocimiento del gobierno de una realidad que antes negaba, pero que el censo se la impuso. Por eso ofrece ubicar a 650 familias en terrenos a escriturar y abre un abanico de propuestas para los restantes vecinos, que van desde albergues provisorios hasta futuros asentamientos. Son propuestas insuficientes que no resuelven el problema de todos y no incluye la necesidad de expropiación de esos terrenos y su urbanización, como pide el conjunto de la toma. Por otra parte, continúa latente la amenaza de desalojo por la fuerza, algo que nos debe mantener alertas.

Al cierre de esta edición, avanzada la noche, los vecinos continúan reunidos en asamblea para decidir. Hay muchas dudas en aceptar una propuesta que no contempla una solución global  y además, por la profunda desconfianza en las promesas del gobierno. La fuerte lucha, ha obligado al gobierno a ofrecer respuestas y, por ahora, a frenar el desalojo, pero insistimos, no es la solución final. Por eso la lucha debe continuar hasta que se conquiste la ubicación definitiva para todos los vecinos. Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad continuaremos apoyando esta justa lucha por el derecho inalienable a una vivienda digna. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a continuar apoyando lo que los vecinos decidan.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad continuamos impulsando una gran campaña de solidaridad para con las familias que están luchando por la recuperación de tierras para la construcción de sus viviendas.

Esta semana, los compañeros de Izquierda Socialista de zona Oeste, así como la juventud de nuestro partido, se han hecho presentes llevando alimentos para manifestar el apoyo a la lucha de estas familias.

Continuaremos firmes con esta campaña. Solicitamos a los compañeros de trabajo, de estudio y sectores barriales que se sumen a esta tarea para fortalecer la lucha de este sufrido grupo de familias por una vivienda digna.

¡Ayudemos a las familias de Guernica!

Para hacer su aporte a la campaña puede efectuar depósitos en la cuenta 

CBU 2850326240094614046868, o llamar al teléfono 54 9 11 6258-8523 para coordinar.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad

Estamos entrando en el último mes en el que se celebran las sesiones ordinarias del Congreso. A fin de noviembre vence el plazo para que se traten los proyectos de ley que fueron presentados en 2019. En ese conjunto está el de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y que está al borde de perder estado parlamentario. Esto significa que si no se trata y aprueba en estas semanas vuelve a triunfar el aborto clandestino, con las irremediables consecuencias en la salud y la vida de las personas con posibilidad de gestar.

Cuando se inició el período de sesiones ordinarias, en marzo de este año, el presidente Alberto Fernández dijo que él iba a presentar su propio proyecto, y lo postergó tanto que al día de hoy seguimos sin conocer ese misterioso texto, que encima competirá con el de la Campaña, restándole fuerza al que elaboramos las organizaciones feministas y que tiene el aval de la marea verde. A esta altura del año no hay dudas de que todo fue una maniobra para que no se apruebe nuestro proyecto. Una total irresponsabilidad del gobierno y de lxs legisladorxs de todos los partidos patronales, que siguen burlándose de nuestro derecho a decidir y poniéndose del lado de las iglesias, enemigas declaradas de las mujeres, travestis, trans y no binaries.  

La declaración de Ginebra y el retroceso en Polonia

Recientemente, el gobierno de Brasil y el de Estados Unidos impulsaron en Naciones Unidas (ONU) una declaración contra las políticas que ese organismo internacional promueve a favor del acceso al aborto no punible. Entre otras consideraciones, el documento rechaza la afirmación de que el aborto es un derecho humano. Esta “declaración de Ginebra” no es vinculante ni tiene el rango de un tratado internacional. Solo es un pronunciamiento contra esos derechos y tampoco obliga a los gobiernos adherentes a tomar una medida al respecto, aunque sí es un claro posicionamiento político. Los países que acompañaron esta iniciativa impulsada por Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda.

En el mismo sentido, Polonia ha dado un paso más para limitar los derechos reproductivos de las mujeres. El Tribunal Constitucional, controlado por jueces afines al partido del gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha emitido un fallo en el que se considera inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible. Hasta la fecha, esta era una de las tres causales permitidas en la legislación polaca y representaba el 97% de los 1.110 abortos practicados de manera legal en ese país el año pasado, según datos oficiales.

Esta contraofensiva de los gobiernos, en alianza con las iglesias y sectores conservadores, no hace más que mostrar la verdadera cara de las políticas que el imperialismo pretende llevar adelante contra nuestros derechos, aprovechándose del contexto de la pandemia del Covid-19. Lo mismo hacen con la crisis económica que pretenden descargar sobre nuestras espaldas. Pero, lejos de paralizarnos, debemos aprovechar nuestra fortaleza y no dejarles pasar ninguna. Las polacas vienen impulsando desde hace días movilizaciones contra la nefasta resolución del tribunal para que caiga. Ese es el camino que debemos seguir, y desde Argentina nos sumamos a su lucha porque es la misma que damos en todo el mundo.

Basta de dilaciones, que se apruebe el proyecto de la Campaña

El ejemplo de Polonia nos sirve también para ilustrar que cualquier derecho conquistado con la movilización no es para siempre, sino que puede ser arrebatado por los gobiernos, que utilizan cualquier excusa para hacerlo. Esto implica que jamás debemos bajar la guardia, ni un segundo, cuando se trata de nuestros derechos. Legalizar el aborto en nuestro país es urgente y es ahora. Por eso es fundamental que desde la Campaña se convoque a una gran movilización, con los cuidados que la situación amerita, para imponer el derecho al aborto. Son semanas decisivas para que se trate y apruebe nuestro proyecto. Ya demostramos que el argumento que dio el gobierno, de que por la pandemia no se podía tratar el tema para no sobrecargar el sistema de salud, es una mentira. Pero además, visto el paso del tiempo, quedó demostrado que fue una maniobra dilatoria para que no se trate nuestro proyecto. No lo permitamos. Salgamos a las calles para lograr el #AbortoLegal2020.