Escribe José Castillo

La publicación de los datos oficiales de empleo, realizados por el Indec, provocó un auténtico terremoto. La tasa de desocupación subió a 13,1%, la más alta desde 2004. Pero ese número así, frío, no refleja ni de lejos el verdadero drama que se está viviendo. 

Vamos a explicarlo, la tasa de desempleo se calcula a partir de una encuesta en la que se le pregunta a una muestra de personas de los treinta y un conglomerados urbanos más grandes del país si está trabajando o no. Cualquier actividad, por pequeña que sea, como una changa ocasional, ya coloca a ese encuestado en la categoría de “ocupado”. Pero eso no quiere decir que el resto figure automáticamente como desocupado, para serlo debe responder que efectivamente buscó trabajo en la semana cuando se tomó la encuesta. 

¿Cómo sacamos entonces un número más o menos real de cuántas personas efectivamente están sin empleo? Vamos por partes,  al 13,1% que figura como “desocupado” le sumamos el 9,6% que aparece como “subocupado”, que responde que ha realizado alguna actividad -changa por ejemplo- pero que desea, necesita y busca trabajar más horas. Así ya tenemos 22,7 por ciento.

Pero ahí no termina el problema. Los ocupados, los subocupados más las personas que efectivamente están buscando trabajo suman lo que se llama “tasa de actividad” o “población económicamente activa”. Antes de la pandemia ese número daba 47,1% del total de los habitantes del país (alrededor de 20 millones de personas). Pero ahora, según la encuesta del Indec, se ha reducido 8,7%, a apenas 38,4% (16 millones). Quiere decir que cerca de cuatro millones de personas dejaron no solo de trabajar, sino también de buscar trabajo ante la imposibilidad de conseguirlo. Entonces, sintetizando, si a los oficialmente desocupados (13,1%), le sumamos los subocupados (9,6%) y la baja de la tasa de actividad (8,7%) llegamos a un número terrorífico, 31,4 por ciento. ¡Ese es el verdadero número! ¡Una de cada tres personas en edad de trabajar está sin empleo, sobreviviendo como puede!

Todos estos cálculos fueron confirmados en un nuevo estudio del Cetyd-Idaes, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín: 3.700.000 personas perdieron sus puestos de trabajo en el último año, 330.000 corresponden a trabajadores en blanco y el resto a quienes estaban en negro o figuraban como “monotributistas” o cuentapropistas. 

En realidad, todos estos números no deberían sorprendernos. Son la consecuencia de la continuidad del desastre provocado por el gobierno de Macri, de los primeros cuatro meses de Alberto Fernández, donde todos los indicadores mostraban que la economía no se recuperaba, y, sobre llovido mojado, de los seis meses de pandemia. Así, en los momentos iniciales de su gobierno, el Frente de Todos no tomó ninguna medida para recuperar el empleo, de hecho decidió priorizar el pago en efectivo de 4.500 millones de dólares a los acreedores externos. Luego, ya en plena pandemia, les otorgó innumerables privilegios a las patronales con la promesa de que así “no despedirían”. El más importante fue el del programa ATP, por el que el gobierno nacional paga una parte de las nóminas salariales de miles de empresas. Sin embargo, esto no impidió que despidieran en masa, e incluso que algunas se embolsaron el ATP y luego cerraron, como es el caso de Latam.

En el comienzo de la cuarentena el gobierno peronista de Alberto Fernández emitió un decreto de necesidad y urgencia que prohibía las suspensiones y los despidos que fue “renovado a su vencimiento” repetidas veces. Sin embargo, por medio de un vergonzoso acuerdo entre las patronales y la burocracia de la CGT, y con el visto bueno del propio Ministerio de Trabajo, se dejaron correr los despidos, los cierres de plantas y la más absoluta violación de todos los convenios y la propia Ley de Contrato de Trabajo. El gobierno del Frente de Todos es plenamente consciente de esto, de hecho los datos previos a los ahora proporcionados por el Indec, que registraban 300.000 despidos de puestos de trabajo en blanco y 700.000 suspensiones salieron de cálculos del propio Ministerio de Trabajo.

Estamos en una auténtica y total emergencia laboral. Millones de argentinos han perdido sus puestos de trabajo y para otros tantos su empleo pende de un hilo. Hay que tomar medidas de fondo en forma urgente. Sin duda, hay que prohibir las suspensiones y los despidos, pero de verdad, sin “excepciones”, planteando que toda empresa que viole esta disposición sea expropiada y puesta a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores. A los millones que ya han perdido sus trabajos hay que otorgarles un IFE de emergencia de 40.000 pesos por mes. Y se tiene que poner en marcha un plan económico alternativo, obrero y popular donde, a partir de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, se pongan todos esos recursos, junto con los de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, al servicio de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social. Esto incluye un gran plan de obras públicas basado en la construcción y reparación de hospitales y otras instalaciones sanitarias necesarias, y el lanzamiento de un programa de construcción de viviendas populares que resuelva el flagelo del déficit habitacional y, a la vez, dé trabajo genuino a todos los que hoy no lo tienen. 

Escribe Adolfo Santos

Los burócratas sindicales de la CGT, que no han movido un dedo para defender a los trabajadores frente a las pérdidas salariales, los despidos y las suspensiones, ahora preparan un “gran acto” de apoyo a las políticas del gobierno nacional para el 17 de octubre. El motivo del acto, según los propios burócratas, sería impedir que “la derecha gane las calles” y contrarrestar el impacto de las marchas que este sector viene realizando contra el gobierno del Frente de Todos.

Para ello, el “consejo directivo de la CGT, de forma unánime, decidió que el acto sería virtual”, desde el edificio de la central de Azopardo 802, o sea, a puertas cerradas. El centro de la convocatoria no es para movilizar a los trabajadores contra los ataques del gobierno y las patronales y para exigir la recuperación salarial y la defensa del empleo. Los dirigentes cegetistas anunciaron que esperan la participación de gobernadores, intendentes y legisladores provinciales y nacionales y tener como invitado de honor al presidente Alberto Fernández. Será un acto para respaldar el ajuste del gobierno peronista y los gobernadores.

Es lo opuesto a la gesta del 17 de octubre de 1945, cuando los trabajadores desbordaron las calles iniciando un proceso que, aunque dirigido por un movimiento nacionalista como el viejo peronismo, se resistía a entregar el control de la economía al imperialismo norteamericano y significó el inicio de importantes conquistas por parte de la clase obrera. Hoy, diferente de aquel proceso, apoyar al actual gobierno peronista es apoyar las políticas de ajuste exigidas por el FMI, de sometimiento al imperialismo y sus multinacionales y del saqueo que practican los usureros mediante el mecanismo de una deuda fraudulenta que el gobierno paga a costa del sacrificio del pueblo trabajador.

Una dirigencia sindical al servicio del gobierno y las patronales

Si bien la burocracia sindical y su principal organización, la CGT, nacieron aupadas por el peronismo, que las cooptó para colocarlas al servicio del gobierno y poder controlarlas, nunca como hoy están tan lejos de los trabajadores. Durante toda la cuarentena su actividad se centró en reuniones con las patronales, representadas en la UIA, y con el gobierno. Lejos de exigir el cumplimiento de la legislación que prohibía despidos y suspensiones, pactaron pérdidas salariales con la UIA e iniciaron negociaciones para discutir medidas de flexibilización laboral para “proteger el empleo”, todo bajo la bendición del gobierno peronista.

A cambio de estos “servicios”, se reunieron con el presidente para pedirle una legislación que favorezca el aumento de los aportes para las obras sociales, una de sus principales fuentes de financiamiento. El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, ya se manifestó contrario a aumentar el aporte patronal para ese fin. Eso significa que entre la burocracia y el gobierno planean resolver el déficit de las obras sociales desde el bolsillo del trabajador, que ni siquiera fue consultado. Para devolver estos favores, organizan actividades de apoyo al plan del gobierno, como el acto del próximo 17 de octubre, o el “abrazo simbólico a la residencia de Olivos” realizado el sábado 27 por la regional norte de la CGT, con el lema “en defensa de los que nos defienden” y para “evitar que continúen erosionando a este gobierno nacional y popular”. ¡Una vergüenza!

Organizar la lucha para defender el salario y el empleo

Según datos del Indec y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el segundo trimestre de 2020 la mitad de las personas que tienen trabajo percibieron una remuneración de 27.000 pesos, mientras que el ingreso promedio de los ocupados fue de 31.868 pesos, muy lejos del costo de la canasta familiar básica calculada por ATE/Indec de 72.207 pesos. Un salario que también quedó desfasado de la inflación con una caída de casi 20% si lo comparamos con el segundo trimestre de 2019. También en este período la desocupación subió de forma alarmante ampliando la desigualdad social y los niveles de pobreza e indigencia. Es el resultado de las políticas aplicadas por el gobierno “nacional y popular” que apoya la CGT.

Repudiamos la actitud propatronal de la central obrera y su apoyo al plan de ajuste del gobierno que pretende resolver la crisis haciéndosela pagar a los trabajadores. Necesitamos de forma urgente organizar la lucha por aumento real de salarios, como están haciendo las enfermeras y otros sectores, no como viene negociando la burocracia sindical con sumas fijas a la baja. Junto con el Plenario del Sindicalismo Combativo exigimos la reapertura de paritarias libres para poder recuperar las pérdidas provocadas por la inflación y defender nuestras conquistas. Para eso es necesario romper con el FMI, suspender los pagos de la deuda fraudulenta e imponer un verdadero impuesto a las grandes empresas y fortunas, tal como lo plantea el FIT-Unidad, como parte de un plan económico alternativo para resolver las urgentes necesidades del pueblo trabajador.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de la Cicop

En todo este período del coronavirus ha quedado demostrado que solo con la lucha hemos conseguido avances en favor de la salud de la población y de nuestra protección individual, obligando a las patronales estatales y privadas a adoptar medidas y mejorar los protocolos de seguridad. Hemos denunciado hasta el cansancio el deterioro de los hospitales y de la salud pública en general, al que han llevado las políticas de los sucesivos gobiernos patronales en favor de los mercaderes de la salud privada. Ese es uno de los principales motivos por los que, a pesar de los tremendos esfuerzos de los trabajadores de la salud, estamos lamentando tantas víctimas.

Consecuentes con esto, necesitamos darle continuidad a las movilizaciones que se vienen realizando en todo el país. Apoyamos la Jornada Nacional de Lucha autoconvocada para el día 1° de octubre. Para fortalecer esa movilización, y las muchas que van a seguirla, necesitamos realizar asambleas en los lugares de trabajo, generando instancias de coordinación locales y nacionales para llevar al triunfo nuestra lucha, que es por el reconocimiento profesional de la enfermería, aumento de salarios, desprecarización laboral, licencia para los trabajadores en riesgo y más presupuesto para la salud. En ese camino, enfrentamos los planes de ajuste ordenados por el FMI aplicados por los gobiernos de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos.

Superamos la barrera de los 700.000 contagios y los 15.000 muertos

La pandemia no da tregua. Aunque las autoridades del gobierno del Frente de Todos informan que en el AMBA las estadísticas muestran una línea de meseta, los números continúan muy altos. Preocupa que no se haya conseguido revertir la curva ascendente, ya que ahora los contagios aumentan de forma alarmante en el interior del país y el sistema de salud está al borde del colapso. Los últimos datos indican que pasamos la barrera de los 700.000 contagios y superamos los 15.000 muertos.

Son números muy altos después de seis meses de una cuarentena prácticamente levantada por el propio gobierno, que insiste en su tesis de que la circulación viral es responsabilidad individual de cada uno. Pero es el gobierno el principal responsable del fracaso de la cuarentena. Permitió junto a las grandes patronales la apertura apresurada de sectores económicos, la mayoría de las veces sin aplicar rígidos protocolos de funcionamiento. También es responsabilidad del gobierno peronista no haber realizado testeos masivos desde el comienzo y el seguimiento de los contagiados para acompañar su evolución, como no dar recursos económicos suficientes a los sectores de trabajadores autónomos y en negro que debieron romper su aislamiento social para garantizar su sustento. Por eso no se consigue invertir la curva.

Estas cifras son peores si consideramos que existen casos que han quedado por fuera de las estadísticas. Es lo que demuestra el “sinceramiento” efectuado por el gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires de Kicillof, donde se habían dejado de registrar 3.583 muertos, algo que debería ser actualizado a nivel nacional, lo que seguramente acrecentará el número total de víctimas. Lo grave es que en estos días se han disparado las cifras en el interior, llegando a superar el número de contagios del AMBA. Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza colocaron el alerta. Por primera vez en un corto período, el interior, con 5.852 positivos, totaliza el 53% de los casos, superando al AMBA, que con 4.480 casos registró el 43% con el sistema de salud colapsado en varias ciudades.

Los trabajadores de la salud muestran el camino

En este marco, el gobierno no hizo todos los esfuerzos suficientes para superar la pandemia y quienes más sufren las consecuencias son los propios trabajadores de la salud. Por eso fue tan fuerte la jornada de lucha desarrollada el 21 de septiembre por el sector de enfermeras y enfermeros. Como muy bien expresó ese día nuestro compañero Pablo Candia, delegado de Cicop del hospital Posadas: “El gobierno privilegia los intereses de las corporaciones privadas de la medicina y a los trabajadores de la salud pública nos deja abandonados [...] El aumento de camas de terapia intensiva no basta, porque faltan recursos humanos para atenderlas […] Denunciamos también que las ART no cuidan la salud de los trabajadores, otorgan el alta a compañeros sin estar recuperados totalmente. Exigimos aumento salarial ya, basta de precarización. Incorporación de personal […]”

La jornada del 21S fue nacional y una importante referencia de la lucha en defensa de la salud pública. Lamentablemente, además de luchar contra las medidas del gobierno nacional y de los provinciales, recibiendo palos como los que nos propinó Larreta, de Cambiemos, en CABA, hemos tenido que enfrentar las traiciones de la burocracia sindical, por eso las luchas han sido autoconvocadas, independientes de los aparatos sindicales burocráticos. Fue el caso de Misiones, donde han tenido que enfrentar a las burocracias de ATE y UPCN, cómplices de la destrucción de la salud pública que apoyan gobiernos que siguen las instrucciones de organismos internacionales como el FMI. En esa provincia, la mayor parte del presupuesto de salud del gobierno peronista va a parar a manos privadas, mientras que la salud pública recibe las sobras, aunque tiene que atender a la mayoría de la población. Por eso una enfermera con veintiocho años de servicio recibe miserables 30.000 pesos de salario y, de conjunto, todavía no cobraron el bono de 5.000 pesos. Ese es el panorama de una de las primeras líneas del combate al Covid-19.

Estamos superando la marca de un millón de muertos por la pandemia en todo el mundo. En su mayoría las víctimas han sido del pueblo trabajador y parte de ellas hemos sido los propios trabajadores de la salud. Junto con el apoyo a la lucha por medidas de asistencia económica para los sectores más vulnerables, un IFE de 40.000 pesos, exigimos un aumento salarial inmediato para el sector de salud que cubra la canasta familiar calculada por ATE/Indec de 72.700 pesos, más medidas de protección personal, licencias para los trabajadores en riesgo y testeos masivos. Y la centralización de todo el sistema de salud, público y privado. Para cumplir con estas demandas exigimos un verdadero impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe Alejandro Solis

Tras anunciar, y volver a anunciar, que lo peor de la pandemia ya pasó, las cifras no cerraban y el gobierno de Kicillof tuvo que “sincerar” la dimensión del número de muertos en estos meses. 

El nuevo valor supera las doce mil víctimas fatales, 40% más de las que informaba la semana pasada, lo que modifica también las estadísticas nacionales.

Ahora entran en cuestión todos los números, nacionales y provinciales, donde el Frente de Todos intenta continuar con las acusaciones cruzadas con Larreta, de Cambiemos, sin asumir el error.

Los 3.583 muertos no solo reflejan un problema de conteo o registro, como dicen los ministros, sino que la sensación popular (en el AMBA todos conocemos contagiados), de que los casos son muchos más que los que se comunican, es real.

Al gobierno no le dan los números de la pandemia para seguir sosteniendo la política de los grandes empresarios y las multinacionales de abrir todos los lugares de trabajo sin importar la salud de las y los trabajadores.

Sigue la lucha por la vivienda en la localidad de Guernica, municipio de Presidente Perón. Miles de familias ocupan terrenos a la espera de una solución al tema habitacional, mientras permanece vigente la orden de desalojo. El lunes 28 se realizó una multitudinaria marcha a La Plata en apoyo a la toma. La tensión aumentó cuando el gobernador Kicillof no los recibió ni propuso alguna solución a través de sus funcionarios para resolver el conflicto.

El gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, ambos del Frente de Todos, apuntan al desalojo y desoyen el desesperado reclamo por vivienda de parte de sectores socialmente vulnerables. Peor todavía, han determinado un esquema represivo para impedir el ingreso de chapas, maderas, colchones y abrigos, dejando en el mayor desamparo a familias enteras que en los últimos días tuvieron que enfrentar, en condiciones precarias, lluvias y tormentas aumentando su sufrimiento.

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad repudiamos estas acciones represivas y violentas por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y exigimos del gobierno peronista encabezado por Axel Kicillof una solución inmediata al drama que viven estas familias. Nos sumamos a las crecientes expresiones de solidaridad con esta lucha por acceso a la tierra para los trabajadores y los sectores populares y al amplio programa de movilización que será realizado esta semana, incluyendo “un abrazo solidario y la resistencia pacífica para enfrentar la represión”, que se llevará a cabo entre el miércoles 30 y el jueves 1° de octubre.

Para saber más sobre la situación de esta lucha, El Socialista entrevistó a los compañeros Leandro y Tomás, que forman parte de la toma.

ES–¿Cuál es la situación de la toma?

–Hace seis meses que estamos en esta toma, no dos como dicen en la televisión. La TV está mintiendo bastante. Dijeron que a los policías los golpeamos y les tirábamos piedras, nada que ver con la realidad. Lo que dicen en la TV es cualquier cosa, están editando cualquier cosa, hace dos semanas que no vienen.

ES–¿Cómo tomaron el hecho de que hayan prorrogado el desalojo?

–Lo vemos como un triunfo. Igual hay que seguir peleando, seguro la van a seguir estirando, es un tema político, los terrenos no tienen dueño.

ES–¿Qué expectativas tienen de que  desde la municipalidad, la provincia o del gobierno nacional?

–Todos queremos las tierras, no queremos que nos den plata para que nos vayamos. Lo que queremos es que nos den plazos para pagar los terrenos, que no sea gratis, que nos den una oportunidad, porque es muy difícil acceder a una tierra.

ES–¿Cómo decidieron ser parte de la toma?

–Perdimos el trabajo el año pasado, en una empresa de albañilería. Nos estamos arreglando con changuitas, con el tema de la pandemia se nos hace muy difícil pagar el alquiler y por eso nos echaron del lugar por dos meses sin pagar y tuvimos que instalarnos acá. Hay policías que agarraron terrenos y pagan gente para que se queden.

ES–¿Cómo se organizan?

–Nosotros nos quedamos en los terrenos haciendo ollas populares, merenderos. A los delegados les toca organizar las movilizaciones. Nosotros nos quedamos acá, no tenemos a dónde ir, y si nos sacan vamos a volver al otro día. No somos agresivos, pero si nos atacan vamos a defendernos.

ES–¿Qué opinan del negocio inmobiliario de los countries?

–Solo una parte pertenece a los countries, este sector no tiene papeles. El problema es que no nos quieren de vecinos, priorizan la gente de plata. Encima el gobierno no está haciendo nada, Kicillof dijo que iba a comprar 9 hectáreas solamente para la gente de Guernica, pero no alcanza, somos miles de familias.

ES–¿Tienen trabajo?

–Nada, si salen changas compramos carne para la olla popular y compartimos todo.

Mientras conversábamos con los compañeros Leandro y Tomás se incorporaron a la charla las compañeras Mirna, Mabel y Claudia.

ES–¿Cómo están viviendo la posibilidad de un desalojo violento?

–Estamos pasando momentos difíciles. Con la tormenta del fin de semana a muchas personas se le voló la carpa y a todos nos entró agua, todavía estamos secando. Recibimos donaciones y estamos preocupados de que nos rompan las pocas cosas que tenemos.

ES–¿Qué opinan sobre la postergación de la fecha del desalojo?

–Nos da la esperanza de que ganemos, fue un triunfo, pero hay que ver qué va a pasar. Ahora están con el censo, pero no sé qué opinar. Nos pidieron los números de teléfono y ahora los están usando para llamar a cada uno, individualmente, para apretarnos.

ES–¿Por qué decidieron realizar esta acción?

–Nosotros estábamos viviendo en la parte de atrás de la casa de nuestra mamá, yo tengo tres hijos y ella uno, estábamos en una casita de 6 por 3 donde no podemos construir más. Ponemos dos camas y no hay lugar para nada. Teníamos que incorporarnos a esta lucha porque más adelante los terrenos van a aumentar y no vamos a poder comprar.

ES–¿Cómo ven que en una provincia como Buenos Aires, donde hay tanto espacio desocupado, los trabajadores no puedan acceder a un terreno para construir su vivienda?

–No hay planes de vivienda para la gente que tiene muchos hijos y no tiene un buen salario. Nos tildan que los de las tomas somos vagos y queremos todo de arriba, no es así, nosotros queremos un plan de pago que podamos cumplir. La realidad es que hay una gran demanda de vivienda para la gente humilde y es una deuda pendiente, donde los políticos nunca hicieron nada. Mucha gente se anotó para la vivienda y no tienen nada. Capaz que nos vienen a proponer eso y no cumplen.

ES– Entonces, le reclaman al gobierno que proponga una forma de financiamiento.

–Estamos ilusionados con el lugar, seguro que vamos a pagar porque queremos que sea nuestro, hay mucha gente viviendo acá, es una realidad que no pueden tapar, un plan de vivienda es una deuda de los políticos para los que menos tienen, es un derecho que estamos exigiendo.

ES–¿Cómo se organizan en las movilizaciones?

–Un sector marchó hoy a La Plata, nosotros nos quedamos acá porque hay amenazas de que quieren meter gente con los aprietes.

ES–¿Ustedes están recibiendo algún plan?

–Solamente la asignación universal, yo soy mamá soltera y me sacaron el IFE porque al papá de mi hijo lo pusieron en blanco y me quedé sin ingresos.

ES–¿Tienen confianza de que las autoridades del gobierno les ofrezcan alguna solución?

–Muy poquita, aunque la confianza es lo último que se pierde. Igualmente la gente va a salir y va a volver a entrar. La mayoría estamos de acuerdo en resistir la toma. Con todos los vecinos ya hablamos para quedarnos hasta el final, y si nos sacan volveremos porque no tenemos a dónde ir.