Escribe Simón Rodríguez, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la UIT-CI

La primera cumbre virtual se realizó entre el 18 y el 20 de septiembre. Con la presencia de intelectuales moderados y celebridades, el agrupamiento es un intento de reciclaje de proyectos ampliamente superados por las experiencias políticas concretas de los pueblos y los trabajadores, en vista del agotamiento de la “marea rosa” latinoamericana, el hundimiento de Syriza en Grecia, la negativa de Sanders a romper con el Partido Demócrata y las rebeliones populares que recorrieron gran parte del mundo en 2018 y 2019.

La plana mayor de la Internacional Progresista incluye al afamado lingüista anarquista Noam Chomsky, el senador socialdemócrata Bernie Sanders; Cornel West, de los Demócratas Socialistas de Estados Unidos; el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis; las escritoras Naomi Klein, de Canadá, y Arundhati Roy, de India; la primera ministra de Islandia, Katrin Jakobsdóttir; la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau; el candidato presidencial Luis Arce y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, del MAS boliviano; Andrés Arauz, candidato presidencial del correísmo en Ecuador; el ex presidente brasileño Lula da Silva y su ex canciller Celso Amorim; el ex alcalde y ex candidato presidencial colombiano Gustavo Petro; la ministra argentina Elizabeth Gómez; el diputado chileno Giorgio Jackson; el filósofo camerunés Achille Mbembe; el intelectual chavista Vijay Prashad, de India; Víctor Santa María, del sindicalismo peronista, y la embajadora Alicia Castro, de la Argentina, entre otros.

Los discursos de Chomsky y Varoufakis reflejaron las limitaciones del proyecto. Para Chomsky, hay dos internacionales en proceso de formación, una internacional reaccionaria, encabezada por Trump, que incluye a Bolsonaro, el dictador egipcio Al Sisi, a los gobiernos de Israel y la India, a las multilaterales financieras como el FMI y el Banco Mundial, y al primer ministro derechista húngaro Victor Orban. Su rasgo característico sería su autoritarismo. La Internacional Progresista tendría su bastión entre los “movimientos populares”. En el mundo actual predominaría el neoliberalismo de Reagan y Thatcher, y una de las tareas primordiales de la Internacional Progresista sería “asegurar que todos entremos en pánico ahora y actuemos en consecuencia”. Desde esa concepción cabe esperar que los gobiernos capitalistas “democráticos” sean susceptibles de reaccionar a estas alarmas “progresistas”.

Varoufakis, por su parte, instaló la noción de que ya estamos entrando en una etapa poscapitalista, el dilema es si su economía “será autoritaria y oligárquica o democrática y social”. Ante el desastre ambiental, planteó un “acuerdo ecológico internacional” que, con un presupuesto de 8 billones de dólares anuales, podría llevar a cabo la transición de las energías fósiles hacia las energías renovables, disminuir el consumo de carne y apostar a los alimentos orgánicos. Considera que se trata de un reto análogo a la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque no solo se trate de reconstruir sino de crear nuevas tecnologías.

Si Varoufakis afirma que el “capitalismo no es compatible con la supervivencia de la humanidad”, la tibieza de sus propuestas no corresponde a esa sentencia. Llama a identificar a empresas multinacionales específicas “que abusan de los trabajadores” y realizar jornadas de boicot, por ejemplo, a Amazon. ¿Cuáles multinacionales no abusan de los trabajadores? El problema de la burocracia sindical y las necesidades organizativas de la clase trabajadora se eluden por la vía del boicot, es una falsa salida. Varoufakis cree que “el mundo del dinero y las finanzas está desvinculado del mundo de la producción” (!) y que la salida estratégica es un “socialismo de mercado” (?) bajo el principio de “un empleado, una acción, un voto”.

Como puede verse, su eje teórico es la democratización del capitalismo, y su antagonista no es la clase capitalista en su conjunto sino solo la tendencia que representa Trump. No es casual que al Movimiento Democracia en Europa (DiEM25), del que Varoufakis es referente, apoyado por Ada Colau, Baltasar Garzón, políticos verdes y filósofos como Toni Negri y Slavoj Zizek, lo animen ideas como la de democratizar a la Unión Europea.

Es inocultable la gravedad de esta encrucijada histórica en la que se superponen la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, una recesión económica mundial, la degradación ambiental y el calentamiento global. Para los revolucionarios, la salida de fondo es que gobiernos de la clase trabajadora establezcan a nivel regional y mundial una economía socialista, democráticamente planificada con criterios de sostenibilidad, al servicio de las mayorías populares. Para los autodenominados progresistas, lo posible son las reformas en el marco capitalista, democratizando los Estados burgueses, las multilaterales como el FMI e incluso a las propias empresas transnacionales.

En todo caso, no se trata de meras diferencias teóricas. La experiencia concreta de los pueblos latinoamericanos con gobiernos “progresistas” como los de Correa, Evo Morales, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Chávez y Maduro ha concluido en fracasos plagados de corrupción, entreguismo y depredación ambiental atroz, lo que allanó el camino a la más rancia derecha en el continente. Ninguno de estos gobiernos intentó superar las relaciones de explotación capitalista, todos pactaron con el imperialismo y las burguesías nacionales. La mayoría de esos gobiernos, incluso, enviaron tropas de ocupación a Haití. El chavismo se abstuvo de hacerlo, pero en cambio propició los negociados corruptos de Petrocaribe con los gobiernos títeres de la misma ocupación militar de la ONU en Haití. En las luchas populares de 2018 y 2019 el “progresismo” jugó un rol nefasto. Por ejemplo, Giorgio Jackson y la mayoría de los diputados del Frente Amplio chileno, en plena rebelión popular contra Piñera, pactaron para mantenerlo en el poder, llegando a votar a favor de instrumentos represivos, como la llamada “ley anti saqueos”. La frustrante experiencia de Syriza en Grecia o de Ada Colau en Cataluña, entre otras, dejaron resultados similares.

Si el progresismo de la nueva organización está bastante desteñido, su internacionalismo es una caricatura aún peor. El escritor y ex preso político sirio de izquierda Yassin al-Haj Saleh aceptó en abril la invitación a participar en la Internacional Progresista. Pero al enviar su primera carta abierta a la página Wire, órgano de la Internacional Progresista, fue censurado y excluido sin explicaciones. No toleraron su crítica a las capitulaciones de distintos sectores de la izquierda a la dictadura siria, la apología vergonzosa de la agresión militar rusa y la indiferencia hacia el mayor crimen internacional del presente siglo, que ha llevado a más de seis millones y medio de personas al exilio, alrededor de 30% de la población siria, país ocupado militarmente por Rusia, Irán, Estados Unidos, Israel y Turquía, así como por milicias pakistaníes, libanesas, iraquíes y de otros países. Los revolucionarios venezolanos nos solidarizamos con Yassin al-Haj Saleh pues hemos comprobado que en nuestro país los miles de muertos por ejecuciones policiales, los millones de trabajadores oprimidos por relaciones de semiesclavitud con salarios mensuales de 2 dólares tampoco cuentan para esa pseudoizquierda. La ignorancia y la prepotencia intelectual “progresista” se combinan para producir una hostilidad profunda hacia el pueblo trabajador venezolano, aislándolo de la necesaria solidaridad internacionalista, como ocurre con el pueblo sirio.

Tal es la bancarrota política y moral que exhibe la Internacional Progresista. En la antología del reformismo puede ocupar un lugar próximo a fracasos como la “quinta internacional” de Chávez, el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla. No es la organización internacionalista que necesitamos para superar revolucionariamente a este sistema capitalista de explotación humana y depredación ambiental.

Escribe Miguel Lamas

El Estado genocida de Israel, mientras masacra al pueblo palestino, se fortalece exportando su tecnología militar a todo el mundo, en gran parte a países latinoamericanos, cuyos gobiernos firmaron acuerdos para la compra de insumos bélicos y policiales. Guatemala, Chile, Honduras, Colombia, Bolivia, Paraguay, Panamá, Uruguay y la Argentina están entre los países que adquieren implementos represivos y reciben capacitación policial y militar de Israel. Estas tecnologías ya se están aplicando para reprimir, como ocurrió recientemente en Chile y Colombia, donde hubo muertos, heridos y torturados con los mismos métodos que usa Israel contra los palestinos. Es de destacar que parte de estos acuerdos se firmaron en la Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner y también incluyen a empresas privadas de seguridad civil.

El sábado 3 de octubre, a las 17 de la Argentina, se  inicia la campaña regional por el embargo militar a Israel con el objetivo de denunciar estos acuerdos y exigir su inmediata anulación.

Organizaciones sociales y políticas y artistas de  Latinoamérica y de Palestina han convocado a esta campaña. Izquierda Socialista y la UIT-CI, a escala internacional, adhieren como parte de nuestra permanente solidaridad con la lucha por la liberación del pueblo palestino.

Bolivia. Movilizaciones de trabajadores de la salud y fabriles

En la última semana se realizaron importantes movilizaciones en Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, convocadas por las Centrales Obreras Departamentales (CODes) por la fuerte presión de las bases. Muchas fábricas, como Prosil y Duralit en Cochabamba, y también mineras de Santa Cruz, han cerrado o no pagan los salarios hace meses y sus obreros realizan huelgas de hambre y vigilias ante el Ministerio de Trabajo.

Es muy grande el repudio al gobierno, por permitir la violación de las leyes laborales, y a la burocracia sindical, que no hace nada. En Santa Cruz los trabajadores no le permitieron hablar al dirigente de las CODes Rolando Borda.

Por su parte, los trabajadores de la salud, en especial las enfermeras, están saliendo a la lucha en muchos lugares del país exigiendo su reconocimiento profesional, bioseguridad y el nombramiento de personal ante la pandemia.

Cabe destacar que la burocracia de la Central Obrera Boliviana no hace nada frente a estos reclamos tan urgentes de sus bases.

Venezuela. “El pueblo arrecho reclama sus derechos”

Arrecho significa enojado en Venezuela. El 22 de septiembre miles marcharon en la pequeña ciudad de Urachiche, en el estado de Yaracuy. Con consignas como “el pueblo arrecho reclama sus derechos” y “el pueblo unido jamás será vencido”, hombres, mujeres y jóvenes de Urachiche se movilizaron contra el gobierno por el funcionamiento desastroso de los servicios públicos, en particular por la escasez de gas y gasolina, contra los cortes de luz, así como por el hambre que sufren los más pobres y las calamidades que produce la pandemia.

La movilización autónoma, sin la tutela de los partidos de la oposición patronal, y con el pueblo trabajador como protagonista, es el ejemplo a seguir en todo el país, informó el PSL (ver más en laclase.info).

Bulgaria. Exigen en las calles que se vaya el gobierno

Miles de personas salieron el martes 22 en diversas ciudades de Bulgaria, en ocasión del Día de la Independencia, para exigir la renuncia del primer ministro y del procurador general del país, a quienes acusan de haberle permitido a una mafia oligárquica tomar el control del país balcánico.

Los manifestantes, predominantemente jóvenes, dicen que quieren medidas reales para combatir la corrupción y que están hastiados del estilo de gobierno del primer ministro Boyko Borisov, quien conduce el país desde 2009.

Las protestas, que tienen el respaldo de dos tercios de la población de acuerdo con los últimos sondeos, buscan que se adelanten las elecciones parlamentarias, programadas para marzo.

La presencia policial en el centro de Sofía fue fortalecida luego de que los organizadores anunciaron que la manifestación del martes se convertiría en un “gran alzamiento nacional”.

Vaticano. Cardenal “santo”, acusado de robar limosnas

Lo denuncian por la compra de una lujosa propiedad en Londres, valuada en 232 millones de dólares, con fondos de la Iglesia, incluidos los de las limosnas.

El cardenal Giovanni Angelo Becciu era un consejero cercano al Papa. “El Santo Padre aceptó la renuncia al cargo de Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presentada por Su Eminencia el Cardenal Giovanni Angelo Becciu”, indicó en un comunicado el Vaticano. Pero el cardenal declaró que le exigieron la renuncia. Es decir, que lo echaron. Entre sus importantísimas funciones, Becciu se encargaba de nombrar los “santos” de la Iglesia. ¡Si los “santos” son así cómo serán los “demonios”!

La pelea por el aborto legal lleva décadas en nuestro país. Este 28S nos encuentra en el marco de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y social que pusieron al descubierto las consecuencias de vivir bajo la explotación capitalista y la opresión patriarcal con el crecimiento de la miseria, la pobreza, la destrucción de la naturaleza y las consecuencias de la privatización del sistema de salud, que pesan especialmente sobre las mujeres y niñxs.

Los gobiernos capitalistas, independientemente de su signo político (sean los autodenominados “nacionales y populares” o los más abiertamente reaccionarios), junto con los empresarios y multinacionales, están descargando con ajuste sobre las y los trabajadores las consecuencias de una bancarrota que no generamos. En particular, las mujeres y la comunidad LGTBI sufrimos los despidos, ataques al salario y los trabajos más precarios. Vivimos un agravamiento de las violencias al interior de los hogares y en los lugares de trabajo. Las cuarentenas sin medidas de protección, nos han expuesto a más violencia machista, abusos sexuales y embarazos no deseados, mientras los gobiernos mantienen el aborto clandestino y el vaciamiento de los sistemas de salud, negando nuestros derechos y poniendo en riesgo nuestras vidas. 

Por eso el movimiento de mujeres y de la comunidad LGTBI tiene la tarea de seguir impulsando las luchas contra la violencia de género, la brecha salarial, por el aborto legal y por todos nuestros derechos.

En nuestro país la grave crisis social tiene un capítulo especial en la falta de vivienda, que se expresa en las extendidas tomas de tierras, donde las mujeres son protagonistas, peleando por un lugar donde vivir junto a sus familias -muchas veces huyendo de parejas violentas-, y enfrentando la represión y amenazas de desalojo de los gobiernos nacional y locales. Muchas de ellas ni siquiera han podido cobrar los míseros 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia Ante esto, las autoridades de los ministerios de género, mujeres y diversidad nacional y provincial han respondido a su desesperado llamado a frenar el desalojo, con nueva fecha para el 1° de Octubre. Los gobiernos no actúan en soledad, lo hacen con la complicidad de las burocracias sindicales que no han hecho nada por las miles de mujeres trabajadoras precarizadas que luchan por un pedazo de tierra -como lo estamos viendo en la Provincia de Buenos Aires en González Catán y Guernica, así como en Jujuy, Neuquén y tantos otros lugares del país.  

En la Argentina, el gobierno nacional asumió diciendo que estaba a favor del aborto y prometiendo avanzar en la legalización. Pero Fernández en vez de apoyar el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, que defendió el movimiento de mujeres en las calles, prometió en la apertura de las sesiones legislativas en marzo pasado, que “en diez días” presentaría un proyecto alternativo que jamás presentó. Las declaraciones de Fernández envalentonaron a los sectores reaccionarios, como vimos en Tucumán, Jujuy, Formosa y Corrientes. Mujeres y disidencias presas o criminalizadas, niñas obligadas a parir, protocolos que habilitan la objeción de conciencia institucional, como en CABA.

Después de tan enorme gesto, el Papa salió a apoyar la renegociación de la deuda y las Iglesias evangelistas y sus expresiones más reaccionarias nucleadas en ACIERA -alineadas con la derecha bolsonarista y los golpistas en Bolivia, líderes de la ofensiva contra la denominada “ideología de género” en todo el continente- siguieron avanzando en protagonismo e intervención en distintos ámbitos del Estado. Todo, por supuesto, con financiamiento directo e indirecto por parte de las distintas administraciones.

Para garantizar nuestros derechos hace falta romper esa alianza histórica, separar a la Iglesia del Estado, cesar con toda modalidad de financiamiento a las iglesias, poner fin a la impunidad y el encubrimiento a los curas abusadores bajo amparo estatal (como ocurre con el cura y capellán de gendarmería Raúl Sidders, entre otros), y terminar con  las cesiones inmobiliarias, aportes y todos los subsidios, incluidos los de la educación confesional.

El sostenido bloqueo a la implementación de la educación sexual, que bloquea el reclamo la juventud, forma parte de la alianza con el oscurantismo clerical, que sirve a los efectos de reforzar una regimentación social a través de la educación en principios pre-científicos y prejuicios religiosos sobre la sexualidad y el rol de las mujeres y las personas LGTTBI.

Con la excusa de la pandemia, el gobierno de Fernández dijo que la legalización del aborto no era prioridad hasta que termine la emergencia sanitaria. Si el argumento habla de no saturar el sistema de salud, desde el inicio del  aislamiento obligatorio se efectuaron cerca de 28 mil internaciones que ocupan Unidades de Terapia Intensiva para atender a mujeres con secuelas graves por la interrupción de un embarazo en condiciones de extrema precariedad e insalubridad, situación evitable con el aborto legalizado. Es falso que la legalización “estrese” al sistema de salud. Por el contrario, permitiría liberar recursos para concentrarlos en el combate a la pandemia. En realidad, el aborto legal sólo “estresa” a las iglesias. 

Este contexto afecta particularmente a las mujeres y personas gestantes que quieren acceder al derecho a decidir sobre sus cuerpos, arrojándolas a realizarse abortos en condiciones inseguras, mientras crece la criminalización de las personas que quieren abortar. Por eso el FITU exige la centralización de todo el sistema de salud (público, privado, de las obras sociales y universidades nacionales), bajo control de los trabajadores y profesionales de la salud, único; y un impuesto a las grandes rentas y fortunas (que abarque a la gran propiedad de la tierra, a las ganancias bancarias y viviendas ociosas) y el no pago de la deuda externa.

Mientras el Congreso se reúne y vota leyes contra las y los trabajadores y sectores populares, como la negociación del pago de la fraudulenta deuda externa, el proyecto de la Campaña corre peligro de perder estado parlamentario si este año no se pone en discusión. Al mismo tiempo que se sigue cajoneando el tratamiento de este derecho en el parlamento nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta dicta una reglamentación restrictiva de la adhesión al protocolo ILE que sólo los legisladores del FIT-U han impugnado políticamente y en sede judicial.

La integración al gobierno de referentes y organizaciones del movimiento de mujeres y LGTBI sólo ha servido para que en nombre del “feminismo” y de nuestras luchas, brinden un apoyo ruinoso al pago de una deuda colonial y se justifique la negativa a nuestros derechos más elementales y a nuestros reclamos históricos. 

Este 28S llamamos a las mujeres, personas gestantes, trabajadoras, a seguir movilizadas y organizadas por el aborto legal, la separación de la iglesia y el Estado, por la aplicación de la educación sexual laica, científica y respetuosa de las identidades de género y sexuales, con perspectiva de género, contra los femicidios, porque la crisis la paguen los capitalistas -tal como lo resolvimos, en un debate con más de 50 organizaciones, en la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU convocada por el FIT-U.

Necesitamos seguir impulsando un movimiento de mujeres y LGTBI independiente de todos los gobiernos, las iglesias e instituciones del Estado. Un movimiento que pelee junto a las familias sin techo, junto a les trabajadores de la salud, les docentes y el conjunto de los sectores de trabajadores en lucha, nos marcan el camino. Esa es la alianza poderosa a las que le temen los empresarios y sus gobiernos, esa es la alianza que nosotras nos jugamos a fortalecer, para darles un mensaje claro a quienes quieren descargar la crisis sobre nosotras. Nuestras vidas no pueden esperar, el aborto tiene que ser ley. ¡Aprobación inmediata del Proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto!

Este 28S volvemos a reclamar:

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

¡Separación de la iglesia y el estado!

¡Ni una Menos sin vivienda! ¡No al desalojo en Guernica!

Frente de Izquierda y de les trabajadores - Unidad

El gobierno peronista de Alberto Fernández lleva nueve meses de gestión, seis en medio de la pandemia. Período suficientemente extenso para ver quién ganó y quién perdió. Los pulpos acreedores de la deuda externa se llevaron 4.500 millones de dólares en efectivo. Y luego tuvieron una más que favorable, para sus intereses, renegociación de la deuda. A las patronales el gobierno les financia el 50% de los salarios que deberían pagar, mientras tienen vía libre para despedir y suspender.  Los bancos siguen obteniendo superganancias. Del otro lado, los salarios y las jubilaciones siguen perdiendo frente a la suba de precios y millones se ven obligados a sobrevivir con los 10.000 pesos por bimestre del IFE. Ahora la inflación se prepara a pegar un nuevo salto después de la suba de las naftas y la devaluación del peso de la semana pasada. La presentación del presupuesto nacional 2021 nos indica que, sobre este ajuste, el gobierno se prepara para implementar uno mayor aún, según le exige el Fondo Monetario Internacional, con el que ya ha iniciado negociaciones. El balance es claro, ganaron los usureros de la deuda, los banqueros y las patronales; perdió el pueblo trabajador. Frente a esta realidad, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda decimos que es urgente la implementación de otro plan económico, obrero y popular, que dé vuelta las prioridades y pase a atender las urgentes necesidades del pueblo trabajador. 

Mientras en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y en las familias las preocupaciones se centran en cómo enfrentar la pandemia sanitaria del coronavirus y la otra pandemia, la de sus consecuencias sociales, en “las alturas de la política” la discusión y los intereses van por otro lado, totalmente ajenos a las preocupaciones populares. Así, tenemos la pelea entre Alberto Fernández y Larreta por los fondos de la coparticipación, o por cómo “diferenciarse” ante las medidas de la cuarentena. La vicepresidenta Cristina Fernández, por su parte, tiene como principal preocupación la remoción de los tres jueces que llevan adelante las causas por corrupción en su contra. Del otro lado, la oposición patronal de Juntos por el Cambio sigue fogoneando las “marchas por la república”, pequeñas, minoritarias y reaccionarias. Que, como contrapartida, le sirven a los periodistas de los medios oficialistas para agitar “contra la derecha” y denunciar fantasmales “desestabilizaciones”. Digamos de pasada, como explicamos más abajo, que esto también es aprovechado por la burocracia sindical como excusa para llamar a apoyar al gobierno mientras no mueve un dedo por los aumentos salariales.

Frente a todo esto, la vida real sigue por otro rumbo. La pandemia continúa con todo, con sus lamentables informes diarios de contagiados y fallecidos. Ahora volcándose con fuerza sobre el interior del país. Los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de esta batalla, que han visto morir a muchos de sus compañeros por el virus, que siguen cobrando salarios de miseria, “recibieron” algo por primera vez, palos. Esa fue la respuesta de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de Larreta frente a las trabajadoras y los trabajadores de enfermería que reclamaban lo elemental, ser reconocidos como profesionales.

La toma de tierras en Guernica desnuda la realidad de la pobreza profunda, de la marginación de millones que, en estos meses, perdieron hasta sus humildes lugares donde vivían. En invierno, bajo la lluvia, las precarias construcciones son una denuncia viva de las cuatro millones de viviendas que constituyen el déficit habitacional de nuestro país. La respuesta del gobierno nacional y del de la provincia de Buenos Aires, tras haberse garantizado la presencia policial con los aumentos que le otorgaron a la fuerza, es la represión. La firmeza de la resistencia de los ocupantes, la solidaridad del sindicalismo combativo y la izquierda y las denuncias de lo que se venía lograron que, momentáneamente, el gobierno y el juez interviniente tuvieran que dar marcha atrás y parar el desalojo esta semana. Un importante avance parcial al que habrá que seguir cimentando con la movilización en los próximos días.

La velocidad con que el gobierno respondió al reclamo policial de la provincia de Buenos Aires primero, y la devaluación, la suba de combustibles y la aceleración de la inflación inmediatamente después, pusieron más al orden del día que nunca el reclamo de un aumento salarial de emergencia y de la reapertura de las paritarias. Lamentablemente, los burócratas de la CGT y las CTA siguen llevando adelante la política del gobierno. Como se está viendo en los casos de la UOM o Comercio, se quiere arreglar la pulverización de los salarios con algunas sumas fijas, pateando cualquier discusión sobre recomposición salarial de lo perdido para el año próximo. La máxima preocupación de la CGT es conseguir un aumento de los descuentos salariales para las obras sociales, o ver si organizan un acto de apoyo al gobierno para el 17 de octubre.

¿Cómo enfrentar toda esta realidad? Luchando, movilizándose, apoyando todas las luchas en curso y brindándoles solidaridad y coordinación para que triunfen. Porque si se lucha se puede ganar, como acaban de demostrar los docentes de Misiones, que obtuvieron un importante aumento salarial, o los trabajadores del Sutna, que lograron un 37% en su paritaria. En esta dirección, la semana que terminó tuvimos la jornada del sindicalismo combativo, la marcha en defensa de la toma de Guernica y la movilización de los trabajadores de la salud. Este es el camino para pararle la mano al ajuste del gobierno de Fernández y el FMI.

A esto tenemos que agregarle otras luchas que se abren paso en el mundo, a pesar del coronavirus. Así, el próximo 25 también en nuestro país nos movilizaremos en el marco de la Jornada Mundial por el Clima. Y el 28, el movimiento de mujeres volverá a decir presente exigiendo el aborto legal, vergonzosamente cajoneado por el gobierno de Alberto Fernández.

Mientras damos todas estas peleas, es fundamental que también postulemos políticamente, como decíamos al principio, que sí hay otra salida. Un programa económico diferente, obrero y popular, que arranca de un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar (calculada en 72.000 pesos por los trabajadores de ATE-Indec), por un IFE de 40.000 pesos, por plata para atender la emergencia en salud (empezando por los sueldos de sus propios trabajadores), entre otras medidas urgentes. Todo financiado con la plata que existe, solo que está en manos de los multimillonarios y las grandes empresas, o destinada al FMI y los pulpos acreedores. Hay que sacarla de ahí imponiendo un impuesto de verdad a las grandes riquezas y suspendiendo el pago de la deuda externa. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad te invitamos a sumarte a luchar por este programa.