Escribe Claudio Funes

El déficit habitacional del país alcanza a casi cuatro millones de familias, aproximadamente un tercio de la población. Los sectores más empobrecidos, unos 1,5 millones, necesitan una nueva vivienda. El resto habita en casas con distintos déficits, construidas con materiales inadecuados, sin servicios o en condiciones de hacinamiento. 

La toma de Guernica es una impresionante postal del drama de los sin techo.

Para comprender el problema en su real magnitud debemos hacer cuentas: una vivienda del tipo Procrear, de 51 metros cuadrados (módulo inicial, sistema constructivo tradicional), tiene un costo de 19.861 dólares, más de 2,6 millones de pesos (con dólar ahorro a 132 pesos, 390 dólares el metro cuadrado).

El presupuesto nacional para el año 2021 destina al rubro Vivienda y Urbanismo una suma que supera los 1.165 millones de dólares. Para cualquier trabajador es un monto enorme, fantástico. Pero ubiquemos las cosas en su preciso lugar.

El monto asignado al pago de la deuda externa supera en más de cuatro veces al destinado al rubro Vivienda y Urbanismo.

Como dijimos, las viviendas faltantes son 1,5 millones, para poder construirlas, a 19.861 dólares cada una, se necesitarían 29.800 millones de dólares.

Esto significa que el gobierno del Frente de Todos, en caso de ejecutar el presupuesto y destinarlo totalmente a construcciones, edificaría en 2021 58.657 viviendas. A este paso le tomaría más de veinticinco años poder resolver el gravísimo déficit para la parte de la población más vulnerable.

Esto sin tener en cuenta que “cada año, al menos de 2000 en adelante, la Argentina genera alrededor de 210.000 nuevos hogares, de los cuales 35.000 no llegan a lograr un techo para vivir. Solo para ilustrar, desde 2000, el país generó cada 365 días una ciudad similar al tamaño de Olavarría, que estaría habitada por argentinos sin casa” (La Nación 3/3/18). Y tampoco, al resto de los pobres que hoy habitan en casas con distintos problemas habitacionales como señalamos más arriba.

El gobierno peronista de Alberto Fernández sigue embarcado en confundir al pueblo trabajador y a los sectores populares con su doble discurso. Hace anuncios rimbombantes y no da soluciones al pueblo trabajador.

El 14 de mayo pasado anunció un plan para la reactivación de la economía que abarca la construcción de 5.500 viviendas y el otorgamiento de 200.000 microcréditos para la compra de materiales y la reparación 43.000 viviendas. El denominado “plan Marshall” es un una aguja en un pajar comparado con la magnitud de la catástrofe habitacional.

Los anuncios continuaron. El 5 de agosto, luego de cerrar la negociación con los acreedores internacionales y para refrescar su doble discurso ante las tomas de tierras, Fernández comunicó el relanzamiento del Procrear junto con un plan de acceso al suelo. La nueva etapa prevé otorgar 300.000 créditos para mejoramiento, refacción y ampliación y la construcción de 44.000 viviendas. Procrear se complementará con el Plan Nacional de Suelos, que creará bancos de tierra urbanizada (con servicios) que se venderán para “facilitar” el acceso a la vivienda. Todas medidas para continuar favoreciendo a los grandes propietarios de tierras, los especuladores inmobiliarios y los bancos.

Estos anuncios recuerdan a los de Néstor Kirchner en 2004 y 2005, que prometían la construcción de 420.000 viviendas. Pasados los gobiernos de Néstor y Cristina se construyeron menos de la mitad, 197.986, apenas 15.838 al año, dejando un déficit de 3,5 millones de viviendas. Otra estafa al pueblo trabajador.

Por esto reafirmamos que todos los gobiernos patronales, radicales, peronistas kirchneristas o de PRO, han agravado la crisis habitacional. Todos tienen responsabilidad.

Las tomas en Guernica son producto de la desesperación de gente que no tiene recurso alguno para acceder a un crédito, mucho menos hipotecario. ¿Cómo hacen para comprar un terreno urbanizado y luego construir? No son solo los de Guernica, son millones los que padecen este drama.

En la Argentina existen 4.400 villas o asentamientos, alrededor de 1.600 se encuentran en el conurbano bonaerense. Más de la mitad se formaron antes del año 2000 y casi un cuarto del total son posteriores a 2010. De conjunto, ocupan una superficie total de 330 kilómetros cuadrados, una extensión mayor que la de la Ciudad de Buenos Aires, con 203 kilómetros cuadrados.

A este cuadro le debemos sumar que en el segundo trimestre ya había 1.300.000 trabajos menos, cuatro millones de personas más que se hundieron en la pobreza, que alcanzó el 44,7%, y un millón en la indigencia.

Con este panorama, es evidente que con el Procrear y el  Plan Nacional de Suelos no se les da una solución a los sectores más empobrecidos.

Nuestra propuesta

Para resolver el problema de la vivienda, desde Izquierda Socialista proponemos, en lo inmediato, la utilización de espacios como albergues comunitarios para garantizar el techo a las miles de personas que duermen a la intemperie o en casillas.

También la confiscación de tierras y viviendas ociosas (en CABA hay 138.328 propiedades “ociosas”, 10% del total) de millonarios y su cesión, junto con la entrega de subsidios para la compra de materiales para la construcción.

Como medida de fondo, peleamos por un programa de urbanización y vivienda que dé solución a las casi cuatro millones de familias. ¿Cómo hacerlo?

El FIT-Unidad presentó en el Congreso un proyecto de ley que grava las grandes fortunas de millonarios, terratenientes, multinacionales y bancos. Con este impuesto se recaudarían 15.000 millones de dólares por año, al que se le debe sumar el no pago de los 5.100 millones de dólares de deuda externa, solo en 2021. Son más de 20.000 millones de dólares. Así se podría financiar un plan económico alternativo, obrero y popular. Con los que se podrían construir un millón de viviendas en un año, a los valores arriba explicados (20.000 dólares por unidad).

Sumémosle que, a la resolución de la crisis habitacional, se le sumarían los puestos de trabajo genuinos que se crearían en las propias obras de la construcción de viviendas, más otras, como movimientos de tierra, excavaciones, tendidos de líneas de energía, alcantarillado, redes cloacales y pavimento. Acá está la auténtica salida a la crisis de la falta  de viviendas en nuestro país.

Reproducimos partes de la declaración que firmaron los dirigentes de la toma luego del acuerdo que le arrancaron al gobierno.

“Tras un año de lucha y negociaciones […] firmamos un acta acuerdo con el gobierno municipal donde el Ejecutivo otorga un lote con los servicios instalados de electricidad, agua, gas, cloacas y cordón cuneta a cada una de las noventa familias que quedamos inscriptas en los listados que armamos en las asambleas que realizamos en nuestro barrio”

[…] “Consideramos que este acuerdo que le arrancamos al gobierno es un paso adelante tras la larga lucha que protagonizamos desde el 4 de septiembre del año pasado, cuando decidimos buscar una solución a nuestra falta de lotes para construir nuestra vivienda ocupando un terreno baldío aledaño a nuestro barrio, Confluencia. Años anteriores otras ocupaciones de ese predio sufrieron cruentas represiones, como cuando el “canillita” Rubén Arias murió inmolado en el año 2001, rechazando la violenta acción policial de desalojo de la vivienda que ocupaba, o en 2008 cuando más de cien familias montaron sus primeras casillas para ocupar el predio y fueron desalojadas mediante una violenta represión, con varios heridos”.

[…] “desde el día 4 de septiembre de 2019 nos instalamos con casillas construidas por nosotros mismos […] nos manifestamos abiertos al diálogo […] pero solo recibimos una seguidilla de actos represivos durante varios días y noches […] que nos generó mucho sufrimiento, con varios vecinos heridos como fue de público conocimiento, con el caso más grave del vecino Franco Borda, herido de un disparo policial en su ojo izquierdo que le quedó cegado, y también sufrimos pérdida de los bienes materiales que allí teníamos dado que las topadoras y una caravana de camiones se llevaron nuestros modestos bienes ocasionando un daño económico y psicológico difícil de superar para nuestros hijos y toda la familia. Resistimos esa brutal represión y nos quedamos en el predio. Recibimos el apoyo de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas”.

[…] “mantuvimos la ocupación del predio, con firmeza y con permanente consulta en asamblea de vecinos, y logramos arrancarle al Ejecutivo el acta acuerdo donde se otorga un lote a cada familia, con el agregado de que mientras duren los trabajos de urbanización las familias más necesitadas recibirán una ayuda para costear sus alquileres y otro grupo los materiales para paliar las necesidades mientras dure el plazo de espera”.

Escribe Martín Fú

Un nuevo escándalo protagonizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Macri salió a la luz. Como parte de la misma denuncia e investigación sobre el espionaje ilegal contra el peronismo kirchnerista, también se develó que la izquierda fue espiada. En una presentación judicial de 352 páginas, conocida como “Bases Amba”, en la que “se investiga a una organización criminal que llevó adelante de manera organizada y sostenida en el tiempo numerosas actividades de inteligencia y espionaje ilegal” (causa Nº FMP 88/2019, caratulada “D´alessio, Marcelo Sebastián y otros s/asociación ilícita y otro”) se describe la mecánica del funcionamiento en distintos informes de inteligencia durante el gobierno de Macri que daban cuenta de la constitución y funcionamiento de organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas en donde, entre otras, se encontraban nuestro partido, Izquierda Socialista, y Docentes en Marcha, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el PTS, el MST, la Comisión Provincial por la Memoria, CTA, ATE, trabajadores de Cresta Roja y el Expreso Lomas, más “peligrosas” organizaciones que fueron espiadas, como Madres del Trueque y la agrupación Unidos por los Niños.

Párrafo aparte merecen la infiltración y el seguimiento de los familiares de las víctimas del submarino ARA “San Juan” “por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento” del sumergible desaparecido en noviembre de 2017.

Locales partidarios, barrios, redes sociales, lugares de trabajo, clubes, escuelas, universidades, movilizaciones, luchas, actos políticos, cursos de formación política y quienes aportaban financieramente eran, entre otros, los objetivos donde la AFI metía las narices y elaboraba sus análisis a través de las “mesas de información”.

La inteligencia de la dictadura continúa con la “democracia”

De la misma presentación judicial surge un ejemplo que ilustra el papel de la inteligencia sobre la militancia política en todos los gobiernos patronales.

El escrito aportado por la fiscalía compara la infiltración llevada adelante a finales de 1981 por la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) sobre el PST y nuestra intervención en plena lucha bancaria. La Dipba, junto con el Destacamento 201 del Ejército, recabaron información que terminó con la desaparición y asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez en febrero de 1982, mencionándose que en 2017, mientras se sustanciaba la prueba para el posterior juzgamiento de los militares que luego fueron condenados a prisión perpetua, la AFI realizaba al mismo momento tareas de inteligencia sobre los trabajadores bancarios, como lo denunció la Asociación Bancaria de Chivilcoy, que estaban en lucha y eran espiados por su actividad gremial. Es decir que, mientras el Poder Judicial juzgaba este tipo de acciones, el Ejecutivo las financiaba y desplegaba en las mismas jurisdicciones y sobre las mismas agrupaciones sindicales, idéntico esquema de inteligencia y espionaje que se utilizaba en la dictadura, pero ahora bajo un gobierno “democrático”.

En 2015 el peronismo kirchnerista le cambió el nombre a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el mismo gobierno que creó el Proyecto X y que había puesto a Milani como hombre fuerte del espionaje, dedicándose a espiar e infiltrar luchas obreras, agrupamientos sociales o de derechos humanos y partidos de izquierda.

La política de inteligencia y espionaje interno mantiene su continuidad desde los años ´70 a la actualidad con el gobierno peronista de Fernández, como ocurrió recientemente en el conflicto de los mineros de Andacollo, en Neuquén. Todos los gobiernos patronales, sean militares, peronistas, radicales o de Cambiemos, han hecho uso de la inteligencia interior para asegurar el control social, la represión y la persecución política.

Este escándalo, en el que los medios oficialistas y opositores ocultan una parte, es repudiable desde donde se lo mire y plantea nuevamente la necesidad de disolver todos los organismos estatales, militares y policiales de inteligencia que, en gobiernos “democráticos”, al servicio de las patronales, usan el aparato represivo sobre los trabajadores, los sectores populares y sus organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos como hacían los gobiernos militares.

Repudiamos la injerencia de los gobiernos patronales de turno a través de su maquinaria estatal y redes de espionaje y exigimos una pronta resolución sobre esta causa y castigo con prisión efectiva para todos sus responsables.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

En su cuenta de Twitter, Alberto Fernández escribió el 28S: “La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud. Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI”. Una vez más, el presidente apela a su doble discurso, esta vez con un nivel de hipocresía y cinismo nunca antes visto. Parece olvidarse que él es el presidente y es el responsable número uno de que, a casi diez meses del inicio de su mandato, el aborto siga siendo ilegal en nuestro país. 

Lo que omite en su tuit el presidente, y no creemos que sea por falta de caracteres, es que en el Congreso ya está presentado el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tiene estado parlamentario y que lleva la firma de legisladorxs de todos los bloques políticos. Si de verdad le preocupara al presidente la salud y la vida de las mujeres, debería acompañar ese proyecto y, a la vez, hacer que se apruebe ya mismo. Pero no, él decidió ir por otro camino, el mismo que ya transitaron los gobiernos anteriores, la postergación del debate y la dilación del derecho al aborto.

Se cumplieron treinta años de aquella histórica Declaración de San Bernardo, en la que feministas de la región propusieron que el 28 de septiembre sea el día de lucha por la legalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe. Desde 1990, el 28S se transformó en una fecha muy importante dentro del calendario feminista, en la que salimos a reclamar por nuestro derecho a decidir. Este año, con una particularidad, ya que por la pandemia se recrudecieron las restricciones en el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, lo que hace que nuestro reclamo por la legalización sea más urgente que nunca. Así es que se convocaron acciones callejeras y virtuales en todo el país para exigir que se apruebe el proyecto de la Campaña y el #AbortoLegal2020.

No es un dilema, es un derecho

En una nota publicada el 24/9/2020 en Página/12, la periodista Mariana Carvajal entrevistó a la dirigenta de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña, Marta Alanis. En el reportaje, que se titula “El conteo de los votos en el horizonte del proyecto por el aborto”, se advierte que si no se aprueba en 2020 no saldría por años. En la nota aparecen dos argumentos que no compartimos para nada. Uno sostiene que el año próximo, al ser electoral, no es conveniente que se debata en el Congreso el derecho al aborto porque divide a los frentes electorales de los partidos patronales. Y el otro afirma que se debe acompañar el proyecto del Ejecutivo, aunque nadie lo conozca hasta ahora, porque supuestamente atraería los votos del bloque oficialista en ambas Cámaras.

Desde Isadora e Izquierda Socialista nos parecen equivocados ambos argumentos porque apuntan a la desmovilización. Es decir, da la idea de que está todo cocinado, que solo es una cuestión de poroteo y que no nos quedaría más nada por hacer. Salvo esperar a que pase la pandemia, a que se pongan todxs de acuerdo y acompañen el proyecto de Alberto Fernández, a que no sea un año electoral, etcétera. Para nosotras es lo opuesto, porque jamás la conquista de un derecho se logró esperando, sino al revés, empujando desde abajo y presionando con la movilización. 

Por eso insistimos en que el derecho al aborto lo vamos a conquistar con la movilización feminista, independiente de los gobiernos de turno. Impulsamos el proyecto de la Campaña, que es el de la #MareaVerde, el que ganó el debate y las calles en 2018. No vamos a permitir que negocien con nuestros derechos. Y menos que se interpongan las iglesias, enemigas declaradas de las mujeres. Así como lo hicimos el pasado 28S  vamos a seguir movilizadas hasta que el aborto #SeaLey.

Escribe Fernanda Giribone

Este miércoles 30 de septiembre, familiares y amigos de Iara Rueda y Gabriela Cruz vuelven a manifestarse por justicia para Iara y por la aparición con vida de Gabriela. La cita será en Plaza Belgrano, de la capital. Esta acción se inscribe en el marco de la conmoción que generó el femicidio de Iara y la gran movilización en la ciudad de Palpalá que lo repudió. Al calor de la indignación surgen nuevas convocatorias, y en distintas ciudades, que prometen no cesar hasta alcanzar sus reclamos.

Iara y Gabriela faltaron de sus hogares casi al mismo tiempo y en la misma ciudad. Sus familias lidiaron con las trabas burocráticas y la indiferencia del gobierno de Morales, de Cambiemos, que no las buscaba. Durante el fin de semana pasado sus familias, con vecinos, amigos y organizaciones sociales comenzaron por cuenta propia un rastrillaje. El lunes 28, cuando este grupo autoconvocado realizaba un corte en la ruta 66, la brigada de investigaciones encontró el cuerpo de una joven, que horas después sus familiares confirmaron que era el de Iara Rueda.

Esa misma tarde cientos de personas se convocaron para sostener el corte de ruta, que era amenazado por la policía, y luego, junto con otros miles marcharon por la ciudad copando las calles de Palpalá con canciones, ruidos y bocinazos. Al paso de la marcha los vecinos salían de sus casas y los comerciantes dejaban sus negocios para sumarse a la larga columna, en un hecho histórico de la lucha contra la violencia de género en esta ciudad. Pese a que la jornada culminó con represión, la organización y movilización de las mujeres y los palpaleños no cesan y se suman día a día, ciudad a ciudad, nuevas convocatorias para exigir justicia. 

Los reclamos ahora apuntan contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, a cargo de Alejandra Martínez –que ha mantenido total silencio–, el Ministerio de Seguridad, la policía y la fiscalía como responsables políticos, siendo que la policía no se puso a disposición para la búsqueda de Iara, aunque no faltó para reprimir. Ahora exigen además celeridad en la búsqueda de Gabriela Cruz, la joven de 24 años y madre de dos niños, que continúa desaparecida.

En Jujuy el Estado llega cuando estamos muertas

En lo que va del año, en Jujuy ya hubo ocho femicidios. En los últimos veinte días mataron a dos mujeres y falta Gabriela Cruz. El pasado 8 de septiembre encontraron asesinada en la ciudad puneña de Abra Pampa a Cesia Nicole Reinaga. Los números de este año en la provincia ya están cerca de triplicar los casos de femicidios de todo 2019, lo que no hace más que demostrar que en esta pandemia los problemas que sufrimos las mujeres se agudizaron y que las políticas públicas, provinciales y nacionales, son realmente insuficientes. Es así que uno de los lemas de esta movilización afirma que “en Jujuy el Estado llega cuando estamos muertas”, demostrando que no logra actuar a tiempo para evitar los hechos de violencia machista, encontrar a nuestras compañeras, prevenir los abusos, etcétera. Es por esto que insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. 

Desde Isadora exigimos mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género sobre la base del no pago de la deuda externa, de un verdadero impuesto a la riqueza y el retiro de subsidios a las iglesias, enemigas declaradas de los derechos de las mujeres.