En marzo de este año la OMS declaro que el coronavirus se había transformado en una pandemia y que por lo tanto los gobiernos debían actuar en consecuencia. Mas allá de la procedencia del virus y sus fines, si algo puso en evidencia es que la crisis crónica del capitalismo se descarga en la clase trabajadora del mundo. Con la crudeza de las estadísticas se puso en evidencia el desfinanciamiento de la salud pública, el alto índice de precarización laboral, la desocupación, el hambre y sumado a todo esto el nivel de explotación, contaminación y saqueo de lo que es víctima la naturaleza, los trabajadores y el pueblo en nuestros territorios. Lo que durante años intentamos enseñar en nuestras aulas sobre contaminación, extractivismo y ambiente, como en un curso acelerado todos vivieron los efectos en vivo y en directo. La pandemia le dio la razón a las miles de luchas que se desarrollan en todo el mundo contra la ferocidad y la rapiña del imperialismo.

La crisis crónica del capitalismo ha llevado entre otras cosas a profundizar los sistemas de explotación en todos los órdenes de la naturaleza. No solo se erige un brutal ajuste sobre la clase trabajadora a nivel mundial, sino que también se avanza en la destrucción sistemática de los bienes comunes (recursos naturales) y el planeta en general.

Los alcances de la explotación imperialista capitalista de los recursos naturales son mundiales. No hay continente donde los trabajadores y el pueblo no luchan y se movilizan contra las multinacionales y los gobierno “progresistas” y de derecha, que habilitan incluso juzgados internacionales para dirimir los conflictos ambientales. Ningún gobierno pudo resolver los pasivos ambientales, pero tampoco dejar beneficios económicos para los territorios. La política extractivista y todo lo que ella implica (generación de basurales a cielo abierto, desmonte, contaminación de napas, quema, etc.)  no contempla la vida humana y no humana. El problema es de fondo, mundial y contra el capitalismo. 

Un claro ejemplo de esto es lo que el pueblo de Entre Ríos y Rosario hoy denuncian con la quema de los humedales. En los últimos años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina. Lo que significo el avance de la frontera de soja y agrotóxicos. La reconocida lucha de los vecinos y docentes de las escuelas fumigadas por agro tóxicos en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Neuquén, Entre Ríos y Santiago del Estero son algunas de las provincias en las que las escuelas rurales conviven a diario con la producción agraria que, mayoritariamente, utiliza glifosato.

En provincias como Santa Cruz y Neuquén para lograr lo que ellos llaman “licencia Social”, las multinacionales mineras o petroquímicas como Pan American Energy (PAE) lanzan Becas Universitarias para carreras afines y donde el Ministerio de Educación de la Provincia y otras fundaciones articulan.  En Chubut hay verdaderas puebladas contra la mega minería y la insistencia, permanente de los gobiernos de turno, en permitirles a las multinacionales su funcionamiento, pese a que con la lucha se logró prohibirlo por ley. En esa lucha, los docentes han sido y son actores fundamentales.

La escuela como caja de resonancia también

En nuestro país y desde las escuelas asistimos cotidianamente a diferentes problemáticas ambientales ligadas al modelo extractivista, contaminante y de saqueo en su conjunto, entendiendo esto como toda actividad económica a gran escala por parte de multinacionales, que destruye, contamina, saquea y altera los recursos naturales y las comunidades, en pos de obtener la mayor ganancia a cualquier costo, poniendo en acción el saqueo y la contaminación.  La explotación mega minera, los agro tóxicos, desmontes, fracking, monocultivos, basurales a cielo abierto, las curtiembres, cementeras, el negociado inmobiliario, la quema de pastizales, entre otros.

Desde la sanción de la Ley Federal de Educación se dio lugar a las multinacionales, al igual que a la Iglesia católica, en la injerencia en el diseño curricular y en muchos casos el sponsoreo de escuelas técnicas y la salida laboral en calidad de pasantes a los estudiantes de las mismas, la elaboración de manuales específicos y capacitación docente. Se modifica el discurso en el cambio de los conceptos utilizados para renombrar las metodologías que causan conflictos socio ambientales. Por ejemplo, de agro tóxicos a elemento fito sanitarios o agro químicos, el de mega minería por minería sustentable, etc. En ese sentido la injerencia de las multinacionales avaladas por el gobierno en la capacitación docente bajando la información para reformular el concepto de extractivismo, saqueo, contaminación a partir de explicar que todo es posible bajo la sustentabilidad, la responsabilidad ciudadana y la participación, descargando sobre el pueblo la responsabilidad de protección y control.

En este sentido se vacía de contenidos los diseños curriculares bajo la premisa del disciplinamiento de los docentes, las aulas y los estudiantes.

RESOLUCIONES

La gravedad provocada por el capitalismo no admite reformismo, es socialismo o catástrofe.

Denunciamos que la mega minería, el fracking, la deforestación y el agronegocio, la industria química y petroquímica, y el negocio inmobiliario son las principales actividades de saqueo, destrucción y contaminación del ambiente.

Rechazamos la intromisión de las multinacionales, la iglesia, fundaciones y ONGs en la educación a través de becas, manuales, capacitaciones y asistencia, al servicio de justificar y legitimar estas actividades. La Educación Pública es responsabilidad intransferible e inalienable del estado.

Denunciamos la complicidad de la burocracia sindical nacional y provinciales en la aplicación del ajuste, el avance de la represión y la criminalización de la protesta en general y en los conflictos socio ambientales en particular, la profundización del modelo extractivista, de saqueo y contaminación.

Denunciamos al gobierno que oculta información sobre el impacto que produce el saqueo al ambiente.

Impulsar y apoyar las campañas contra la represión y criminalización de los pueblos originarios en la lucha por la recuperación de sus tierras y conquista de derechos. Basta de genocidio encubierto a los pueblos originarios.

Por una ley de humedales y prohibición de la deforestación indiscriminada con la participación de las asambleas y organizaciones. La desforestación y la quema indiscriminada son prácticas que impulsan los grandes terratenientes y las multinacionales para avanzar con la frontera agrícola, la ganadería y los emprendimientos inmobiliarios.

Prohibición de la megaminería a cielo abierto con lixiviación. Derogación del código minero de Menem.

Declaración del agua como derecho humano y de bien público.

Impulsar el debate de la problemática ambiental de fondo en las instituciones para generar conciencia, organización y movilización.

Entendiendo la escuela también como un espacio de disputa política e ideológica, proponemos articular y sistematizar a partir de la página de DEM información científica y secuencias didácticas, y experiencias pedagógicas, como información en general de lo tratado en la Comisión.

Impulsar la más amplia unidad en la lucha contra el desmonte, el extractivismo, el saqueo y la contaminación.

Estamos transitando el peor tramo de la pandemia del coronavirus. Los números de contagiados se han “instalado” diariamente en varios miles y los muertos siguen sumándose. Ya se debate abiertamente la posibilidad del colapso del sistema de salud. Los gobiernos peronistas nacional, de Fernández, y de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, y de Juntos por el Cambio, de Larreta en CABA, se pasan la pelota acerca de los porcentajes peligrosamente crecientes de ocupación de camas, los contagios del personal de la salud y la falta de infraestructura en general. Siguen responsabilizando a los trabajadores y los sectores populares por los riesgos de contagio. Nos mandan a “convivir con el coronavirus” mientras continúan sin dar respuestas a los millones que, sin ingresos, se ven obligados por la fuerza de la necesidad a romper la cuarentena, o los que se contagian en sus trabajos porque las patronales no respetan los protocolos establecidos. 

Mientras sucede todo esto, el gobierno festeja el acuerdo por la deuda. Nos quiere vender que se trató de un buen acuerdo y que ahora sí se abre el camino para que se ponga en marcha un programa “pos-pandemia” que priorice a los sectores populares. 

Entendemos que haya compañeros de trabajo o estudio y vecinos en los barrios populares que tengan expectativas a partir de esto. Pero, lamentablemente, no será así. El acuerdo con los bonistas es contrario a los intereses del pueblo trabajador y nos deja una montaña a pagar por delante. Pero, encima, es apenas una parte de todo el problema de la deuda, que ahora inicia un nuevo capítulo con los bonos “bajo legislación local”, pero en manos de los mismos pulpos acreedores. Y en las próximas semanas comenzará nada más ni nada menos que la negociación con el FMI, al que le “debemos” los 49.000 millones de dólares que le dio a Macri para que los fugaran. Y el Fondo, como ya se viene anunciando, exigirá un mayor ajuste, incluyendo las reformas jubilatoria y laboral.

Pero además de esto, ¿de qué se trata el famoso “plan” pos-pandemia? Lamentablemente, otra vez de un doble discurso. Primero y principal porque se habla de “pos-pandemia” cuando no está nada resuelto de la crisis, tanto sanitaria como social, que estamos transitando ahora, en medio de la pandemia. Y, segundo, porque más allá de la discusión retórica de si se lo llama “plan” u “objetivos”, en lo concreto lo que se está planteando es un mayor ajuste sobre los sectores populares. No hay una sola medida que favorezca al pueblo trabajador. Repasemos. Habrá más subsidios a las grandes patronales, de todo tipo y color. Se aumentarán los combustibles en los próximos días y ya se empieza a hablar de retomar la suba de tarifas, al mismo tiempo que se anuncian recortes de personal en YPF. Negocian la burocracia de la CGT y las patronales, con el aval del gobierno, un escenario de paritarias a la baja mientras se extiende a los próximos meses el descuento de 25% a los salarios. Todo con la excusa de “cuidar” el trabajo, mientras datos del propio Ministerio de Trabajo muestran que se perdieron más de 300.000 puestos y hay 700.000 suspendidos. Para los jubilados otra vez habrá “aumentos” por decreto, muy por debajo de lo que les hubiera correspondido si se aplicaba la fórmula suspendida en diciembre pasado.

Los que esta semana dieron un ejemplo emocionante de dignidad fueron los trabajadores de Latam con su movilización. Recordemos que se trata de una multinacional que, después de aprovecharse y cobrar todos los subsidios posibles otorgados por el gobierno nacional, cierra, se va del país y deja a todos sus trabajadores en la calle. El gobierno de Fernández nuevamente actúa con doble discurso. Mientras por un lado se dice “indignado” por el accionar de la empresa y al mismo tiempo discursea acerca del “rol del Estado”, por el otro deja no solo que la empresa eche a todo el personal, sino que también permite el vaciamiento de los activos que la multinacional tiene en nuestro país. Si verdaderamente defendiera el patrimonio nacional, los puestos de trabajo de los trabajadores, e incluso la conectividad aérea de nuestro territorio, lo que debería hacer es estatizar la compañía y sus activos en el país y unirlos a Aerolíneas para fortalecer una gran línea de bandera. Lo contrario de lo que se está haciendo incluso en Aerolíneas y Austral, a las que el propio gobierno de Fernández está sometiendo a un ajuste, con riesgo para los puestos y condiciones de trabajo de los compañeros de esas empresas.

Latam es la expresión más alta de lo que se viene dando también en otras peleas y preanuncia el futuro inmediato. Los trabajadores, como hicieron siempre, salen más temprano que tarde a enfrentar el ajuste y el intento de que ellos sean quienes paguen la crisis. 

Frente a esta realidad, desde Izquierda Socialista reafirmamos nuestro compromiso de apoyar incondicionalmente todas las luchas. Al mismo tiempo que nos sumamos, como siempre, al fortalecimiento del sindicalismo combativo, imprescindible para que estas peleas puedan coordinarse y no queden aisladas, pero también para construir una nueva dirección para la clase trabajadora, democrática y combativa. Al servicio de este objetivo se realiza este miércoles 12 un nuevo plenario del Sindicalismo Combativo.

La “unanimidad” entre el gobierno peronista y todos los partidos patronales opositores, con los empresarios, la burocracia de la CGT y las CTA en el apoyo a la negociación de la deuda externa ha dejado nuevamente solo, del otro lado, al Frente de Izquierda Unidad. Esto demuestra la necesidad urgente de seguir avanzando en la construcción de una nueva alternativa política, la única que hoy postula que la prioridad ante la emergencia de las dos pandemias (la sanitaria y la social) es dejar inmediatamente de pagar la deuda externa y, a la vez, cobrarle de una buena vez un impuesto a las grandes riquezas para, con ese dinero, priorizar “no de palabra”, como hace el gobierno de Fernández, sino desde la realidad, las más urgentes necesidades populares. A esa tarea estamos abocados desde Izquierda Socialista.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

A pesar de los mensajes pretendidamente optimistas de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, la pandemia continúa en expansión, con gran cantidad de casos nuevos y muertes diarias. Estamos en el peor momento. Diego Santilli y el ministro de Salud de la CABA, Fernán Quirós, de Cambiemos, dijeron en los últimos días que la curva de casos nuevos había entrado en una meseta, es decir, había dejado de crecer. Eso no es así, la supuesta meseta se ha instalado con un alto número de casos diarios que no muestran señales de descenso. Esas declaraciones son espejismos para hacernos creer que lo peor ya pasó y justificar la imposición patronal de aflojar la cuarentena.

Mientras tanto, la tasa de contagios confirmados en provincia de Buenos Aires es de 893/100.000 y en CABA de 2.311/100.000, cifras más que elevadas si las comparamos, por ejemplo, con las de los Estados Unidos, un país de los más castigados por la pandemia. Allí la tasa nacional de contagiados es de 18/100.000. No nos va mejor en varias provincias, Chaco, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y, en los últimos días, Jujuy tienen más de cien contagios confirmados por día. Para entender dónde estamos parados debemos saber que los epidemiólogos en el mundo consideran que la pandemia se vuelve manejable recién cuando la incidencia baja a un caso cada 100.000 habitantes por día. Los Estados Unidos están muy lejos de lograrlo, pero nosotros también.

El sistema sanitario está colapsando

Desde este semanario hemos denunciado que nuestro sistema de salud, fruto de décadas de desinversión y ahogo presupuestario provocado por los sucesivos gobiernos, no estaba en condiciones de afrontar el desafío que significaba la pandemia. Desde marzo estamos exigiendo los recursos tecnológicos y humanos que permitan encarar con éxito el enorme esfuerzo. Sin embargo, el gobierno peronista hizo muy poco para responder a las enormes necesidades planteadas y hoy el sistema está colapsando. Las unidades de terapia intensiva se han convertido en el punto débil del sistema y la tasa de ocupación de esas camas es motivo de polémica. Las autoridades, tanto peronistas como de Cambiemos, dan cifras optimistas mientras que los trabajadores de la salud hablan de saturación al 100% en los grandes hospitales del AMBA. Lo cierto es que las camas útiles son muchas menos que las que declaran las autoridades, entre otras cosas por la falta de enfermeros y médicos entrenados para que se tornen operativas.

El otro gran punto débil del sistema es la escasez del recurso humano. Mucho antes de que se instale en el país la pandemia, solamente en la provincia de Buenos Aires se requerían llenar 2.500 vacantes de profesionales de la salud, como reclamaba la Cicop. Hace un par de meses, con gran alharaca mediática, el gobierno peronista provincial de Axel Kicillof hizo apenas unas 650 designaciones y dejó promesas de futuros nombramientos transitorios. Algo parecido sucede con Cambiemos en CABA. En ambas jurisdicciones los gobiernos se niegan a aumentar los miserables salarios, lo cual hace difícil la incorporación de nuevos trabajadores. 

Ni el gobierno ni las patronales sanatoriales cuidan al trabajador de la salud

A esta carencia básica de personal se le añade el impacto de la pandemia en los propios trabajadores del sistema, entre los cuales los contagiados superan ya los 14.000 entre el sector público y el privado. Cuando hay un trabajador contagiado sus compañeros deben entrar en aislamiento. Se ralean, entonces, los servicios y en muchos casos es necesario cerrarlos por falta de personal, especialmente las UTI, donde la exposición es mayor. La distribución en turnos no puede cumplirse, con lo que se sobrecargan los trabajadores, aumenta el riesgo del contagio y se terminan afectando las prestaciones a la población.

El personal de salud debe trabajar en esta situación de amenaza permanente, lo que lleva al agotamiento físico y psicológico. Amenaza que es muy concreta, son numerosos ya los trabajadores de la salud mayores de 60 años y quienes, sin serlo, presentan una condición patológica de riesgo, que han muerto infectados por el Covid-19. Pérdidas absolutamente evitables si se escucharan los reclamos de los trabajadores que exigen la licencia para quienes están en esas condiciones.

Las patronales vienen empujando para terminar con la cuarentena

Durante las últimas semanas el gobierno peronista viene abandonando en forma precipitada la medida que fue su principal acierto para enfrentar a la pandemia en el AMBA, el aislamiento o cuarentena. Responde así a la presión de las patronales que buscan mantener su cuota de ganancia aun a costa de expandir el virus. La propaganda, tanto del oficialismo peronista como de la oposición patronal de Cambiemos, se orienta ahora a descargar en la población la responsabilidad del cuidado. Mientras los medios magnifican intencionalmente encuentros sociales irresponsables, pero aislados, se ignora que centenares de miles de trabajadores deben romper la cuarentena para procurarse el sustento y que otros tantos están quedando en la calle por despidos. En lugar de ayudar y subsidiar a los trabajadores para sostener el aislamiento, trata de instalar en la sociedad la idea de que se contagia el que quiere, el que no se cuida, que enfermarse es un problema de cada individuo y que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad.

Sostenimiento de la cuarentena, búsqueda activa de focos, cuidado del personal de la salud y centralización

La cuarentena se sostiene subsidiando a los trabajadores para que no se vean obligados a salir a buscar su sustento. ¡Basta de subsidios a las grandes patronales y de despidos! Hay que testear a las poblaciones de riesgo y sus contactos para identificar los focos de contagio. Hay que cuidar al personal de salud, dando licencias a los mayores de 60 años y a los portadores de condición de riesgo. Es necesario centralizar el sistema de salud para garantizar el acceso a la atención médica de todos. Debe facilitarse y supervisar la disponibilidad de recursos curativos, como por ejemplo el plasma, que si bien está todavía en investigación, ha sido universalmente adoptado en nuestro país y es usado empíricamente en la presente pandemia dado que es barato y está al alcance de cualquier hospital con servicio de hemoterapia.

Financiación con un fondo de emergencia

La pregunta de las preguntas, ¿cómo financiar los gastos que demanda la lucha contra la pandemia planteada de la manera que lo hacemos? La opción es de hierro, o la financian las grandes fortunas del país junto con los capitales imperialistas, o si no, el pueblo sigue pagando su tributo de vidas perdidas, desocupación y empobrecimiento general. Por eso es necesario crear un fondo integrado por un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández y sus periodistas amigos se han lanzado a una inmensa operación de “convencimiento”. Quieren hacernos creer que el acuerdo al que se ha llegado con los más importantes fondos de inversión del mundo (BlackRock, Templeton, Greylock, Pimco, etcétera), con la activa participación de bancos como el HSBC y el Of América, es “el mejor de los acuerdos posibles”. 

Contaron con el apoyo del conjunto de los economistas del establishment, que en infinitas notas, papers a sus clientes, informes de consultoras y columnas de opinión en diarios locales y extranjeros, aplaudieron el acuerdo. Lo mismo hicieron los ex funcionarios del área económica del macrismo, como Luis “Toto” Caputo y Guido Sandleris, y hasta un terrorífico personaje de nuestra historia económica, Domingo Cavallo, que salió de las catacumbas para elogiar el arreglo. Por supuesto, también apoyaron todos los políticos patronales de la oposición, sin excepción. 

En esta abrumadora coincidencia solo queda una voz disonante, la nuestra, la de la izquierda. Quedamos absolutamente solos, con la obligación de denunciar la triste verdad, que este acuerdo es un desastre, una tragedia para el pueblo trabajador y para el país. Y que, otra vez, nos llevará más temprano que tarde al hundimiento.

Sabemos que muchos compañeros de trabajo o estudio, o vecinos, quieren tener esperanzas y confían en lo que les dice el gobierno. ¿Qué otra cosa se podía hacer?, nos preguntan. 

Vamos a responder. Primero, este acuerdo no es por el conjunto de la deuda argentina. Es solo con los acreedores que poseen bonos bajo legislación extranjera, por poco más de 66.000 millones de dólares. El acuerdo no reduce prácticamente nada el capital de la deuda. Y, si se achican un poco los intereses, igual se sigue pagando una tasa seis veces más grande que la que cualquier especulador obtiene comprando bonos de otros países. Al mismo tiempo, el plazo en el que se “patearon” los vencimientos para adelante es extremadamente corto, ya en julio del año próximo les estaremos abonando vencimientos a estos acreedores. 

Durante la negociación, que se extendió por cuatro meses, el gobierno de Fernández fue cediendo y cediendo, cada vez más. Se calcula que entre la primera oferta y la que se terminó firmando, se le reconoció 16.500 millones de dólares más a los acreedores. 

¿“Nos ahorramos” 40.000 millones de dólares, como anuncia el gobierno? Mentira, solo se patearon para adelante algunos pagos, y como vimos no demasiado. Ni qué hablar de la “montaña” de vencimientos, que a partir de 2024 son tan gigantescos como los que nos dejó Macri.

Pero, al menos, ¿solo tendremos que pagar 1.400 millones de dólares en los próximos tres años? Otra mentira. Expliquémosla. A ese monto hay que sumarle la “otra” deuda que también se está negociando, la que poseen los bonistas bajo legislación local. Hay en juego otros 40.000 millones de dólares que, cuidado, en gran parte –15.000 millones de dólares–, también están en manos de pulpos extranjeros, como el fondo Pimco. E incluso a los fondos internacionales se les dará la “opción” de dolarizar los bonos que están en pesos. De ahí saldrán nuevos vencimientos, que habrá que pagar en los próximos meses.

Sigamos sumando. En mayo del año próximo tenemos que pagar 2.100 millones de dólares al Club de París. 

Y dejamos para el final la perla de la negociación, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de 49.000 millones de dólares, que hay que empezar a abonar en septiembre del año que viene, y que luego sigue con vencimientos gigantescos en 2022 y 2023. Anticipamos cómo seguirá la historia. El FMI ya le ha dicho a todos los que lo quieran escuchar que acá no hay “quita” que valga, se deberá pagar el ciento por ciento del monto. Sí aceptará correr un poco los vencimientos, claro que a cambio de lo que llama “reformas estructurales”. En concreto, un ajuste fiscal (traducido, reducir el dinero que va a gastos sociales, salud o educación, subir tarifas y cobrar más impuestos al pueblo trabajador), una reforma previsional (hundir más en la miseria a los jubilados) y otra laboral (ir a fondo con la flexibilización reventando convenios colectivos y llevando a todos los trabajadores a las condiciones en que están los de Vaca Muerta, o los de Rappi y Glovo).

La historia vuelve a repetirse. Una vez más quieren meternos gato por liebre. Reconocen una deuda ilegítima, fraudulenta, ilegal e inmoral. Luego “renegocian”. Para vendernos después que, “ahora sí”, se resolvió el problema definitivamente. Todo termina en un nuevo ajuste al pueblo trabajador para cumplir con los acreedores. Así pagamos y pagamos infinitamente. Pero como no alcanza pedimos nuevos préstamos, para “refinanciar” el resto. Y la deuda sigue creciendo. Ese es el camino, hasta la próxima renegociación, que indefectiblemente llegará. Una rueda infernal, infinita, en la que nos seguimos hundiendo. 

Volvemos a la pregunta del principio, ¿había otra alternativa? Frente a este camino de decadencia, hambre y miseria, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda decimos que sí, y proponemos la única salida viable si queremos de una vez por todas priorizar las  necesidades populares y desarrollar nuestro país, quebrando las cadenas de la dependencia. Hay que dejar de pagar inmediatamente la deuda externa, repudiándola en su totalidad, romper con el Fondo Monetario Internacional y poner así todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares: la salud pública, en el marco de la pandemia, el salario, el trabajo, la educación y la vivienda, las otras prioridades que deben reemplazar a las de las ganancias de los pulpos acreedores.

Escribe Adolfo Santos

Se habla mucho de que en el gobierno del Frente de Todos habría dos alas. Dos peronismos diferentes, el del presidente Alberto Fernández, un modelo más moderado y conciliador, y el encarnado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sería más progresista y confrontativo.

Muchas veces se utilizan estas supuestas diferencias para explicar que, lo que hace Alberto, no es lo que piensa o haría Cristina. Que, si fuera por la vicepresidenta, el gobierno sería más duro con los grandes empresarios, que habría aprobado el impuesto a las grandes riquezas o llevado adelante la expropiación de Vicentin. Desde Izquierda Socialista, independiente de la forma personal de actuar de esos políticos patronales, más o menos belicosa, más o menos dialoguista, no tenemos dudas de que ambos defienden políticas semejantes.

La prueba más contundente de que no tienen diferencias esenciales la dieron durante la reciente negociación con los detentadores de los bonos de la deuda. Nadie, desde el gobierno, cuestionó el acuerdo firmado entre los “lobos” de Manhattan, encabezados por Laurence Fink, el multimillonario CEO de BlackRock, y los emisarios del gobierno. Al contrario, fue Cristina la que le aconsejó a Alberto que afloje con los usureros. Lo confirmó el propio presidente en C5N: “En algún momento yo me puse duro con el tema de la negociación. Pero me llamaron algunas personas y me dijeron ‘mirá el contexto, ablandate’. Una de esas personas fue Cristina”.

Diferente de lo que publicaron algunos medios, la vice nunca propuso ir al default, ni planteó enfrentar a los fondos usureros, y tampoco lo hará con el FMI. No nos sorprende que así sea. Durante sus años de gobierno cumplió fielmente los compromisos con el sistema financiero internacional. Ella misma se autodefinió como “pagadora serial”. O sea, si en el gobierno peronista no existe una “grieta” en cuanto a pagar la fraudulenta deuda externa a los usureros internacionales, un problema clave para resolver la crisis económica, no vemos que existan diferencias importantes, fuera de algunos matices en temas secundarios.

Más grave todavía es que Cristina le proponga al presidente que se ablande ante los usureros del sistema financiero, “por el contexto”, algo con lo que Alberto Fernández coincidió. ¿Cuál es ese contexto? Una brutal crisis económica agravada por la pandemia, con miles de desocupados, salarios por el piso, pequeños comercios quebrados, trabajadores autónomos sin poder trabajar y una inflación que no para de subir. Un contexto que golpea duramente a la población trabajadora y a la cual se deberían destinar todos los recursos económicos por largos años para ayudarla a superar la crisis. Sin embargo, el guiño fue para los bonistas, porque se gobierna para los de arriba. Por más que Alberto y Cristina digan que no van a pagar la deuda con el hambre del pueblo, o que “no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”, los dos, sin grietas, claudicaron frente a la presión de los banqueros de Wall Street.

Unir a la izquierda y luchar por una salida de clase

No fueron diferentes los anteriores gobiernos peronistas kirchneristas. En aquellos años la coyuntura económica mundial les permitió formar un colchón por los altos precios de las materias primas, como la soja, por ejemplo. Con ese superávit, y presionado por un fuerte ascenso, el gobierno se vio obligado a transferir parte de esas ganancias a los sectores más desprotegidos, pero sin que se tocase un peso a los capitalistas y pagando la deuda externa. Sin esa situación económica favorable, al gobierno peronista se le cae la máscara. No hay una política progresista de Cristina Kirchner contra el moderado Alberto Fernández, tratando de atacar los intereses económicos de los grandes empresarios para ayudar a los más vulnerables. No han habido debates o diferencias importantes sobre una política en ese sentido. Salvo el empleo de un doble discurso para criticar a los grandes empresarios, o amenazar a los buitres, aunque solo de palabra, los dos terminan gobernando para ellos.

La política del gobierno peronista es una sola. No es suspender los pagos de la deuda para destinar ese dinero a resolver los graves problemas sociales. Tampoco expropiar las empresas que despiden, suspenden o directamente cierran sus puertas. Ni siquiera implementar un impuesto a las grandes fortunas para formar un fondo de emergencia para abastecer los hospitales públicos, aumentar el salario de los trabajadores de la salud y otorgar 30.000 pesos a todos aquellos que los necesiten frente a la cuarentena. El centro de su política, y en esto nadie saca los pies del plato, es ajustar a los trabajadores, como lo demuestra la rebaja salarial del 25%, suspender las paritarias, aceptar despidos y suspensiones, suspender la movilidad de las jubilaciones y avanzar con la flexibilización laboral.

El peronismo no resuelve las necesidades del pueblo trabajador. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que es necesario construir una alternativa política con independencia de clase. Porque con este plan económico al servicio de los ricos el gobierno seguirá profundizando la crisis y castigando a los de abajo. Por eso, nos sumamos a las luchas en curso para evitar que se aplique, para derrotarlo. Al calor de esas luchas debemos ir construyendo una nueva dirección independiente, al servicio de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, que rompa con los patrones y sus organizaciones políticas, con el FMI y los usureros de la deuda. Y destinar los recursos que se obtengan del no pago de la deuda al servicio de un plan económico que atienda en primer lugar las urgentes necesidades del pueblo trabajador. Solo así será posible salir de la crisis.