Llegó la época del año en la que nuestro partido realiza su campaña financiera. Solicitamos tu aporte económico para poder sostener todas nuestras actividades, siempre al servicio de las luchas del pueblo trabajador y de los sectores populares, acompañando los reclamos sindicales, de las mujeres, de la juventud y de los jubilados.

Somos un partido de trabajadores. Izquierda Socialista se construye sobre la base del esfuerzo cotidiano de sus integrantes y los aportes que realizamos los militantes, simpatizantes y amigos. Todo lo contrario de lo que hacen el Frente de Todos, la UCR y Juntos por el Cambio, partidos patronales que son financiados por grandes capitalistas y multinacionales.

El momento que estamos atravesando es complicado, lo sabemos. En medio de la pandemia muchos compañeros perdieron su trabajo y viven de changas. El que tiene la suerte de mantenerlo cobra un salario rebajado y devaluado. Es lo que nos toca vivir a todos los trabajadores en esta profunda crisis.

Comprendemos la situación, pero a su vez insistimos en que hagas un esfuerzo para ayudarnos. Tu aporte, sea cual fuere, es importante para Izquierda Socialista. Nos permitirá hacer llegar nuestras propuestas a más escuelas, barrios y fábricas. Nos posibilitará continuar exigiendo, junto a los trabajadores de la salud, más presupuesto para los hospitales y que no falten los elementos de seguridad, los insumos y las camas con el devenir de los contagios.

Podremos continuar peleando, junto al sindicalismo combativo, por una nueva dirección sindical combativa y democrática que le ponga el punto final a la vieja burocracia traidora de la CGT, la que firma con la UIA la rebaja salarial y la entrega de los convenios colectivos.

Tu esfuerzo fortalecerá nuestra lucha por impulsar y desarrollar el Plenario del Sindicalismo Combativo, que busca la coordinación de todas las luchas en curso y las que vendrán. En este sentido, alentamos la integración de los nuevos luchadores con los ferroviarios del Sarmiento, con el Sutna y los Suteba Multicolor que, junto con los docentes de Ademys, batallan por una educación pública gratuita y de calidad.

Con tu colaboración nuestras compañeras de Isadora continuarán levantando el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito y contra la violencia de género.

También podremos seguir dando la pelea por la defensa del medioambiente, contra la megaminería contaminante de Barrick Gold, la deforestación y la contaminación de nuestro país y el planeta de la mano de empresas como Chevron y Monsanto.

Y también tu ayuda servirá para que sigamos construyendo la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI), para apoyar las luchas de todo el mundo.

Tu aporte hará posible que continuemos con la construcción de este partido que, en nuestro país y en el mundo, luche en cada lugar de trabajo y en las calles por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. 

Editorial

En estas semanas se estará llegando al pico de la pandemia en la llamada Área Metropolitana Buenos Aires (capital y conurbano). En algunas provincias aparecieron rebrotes que obligaron a retroceder en las fases de la cuarentena. Crecen los contagios, dándose algunos resonantes, incluso entre políticos patronales, como los casos de Martín Insaurralde y María Eugenia Vidal. Todos sabemos que el sistema de salud puede colapsar en semanas, agravado por la saturación de las camas de terapia intensiva. 

El diagnóstico es claro. Lo repiten los epidemiólogos hasta el cansancio. Sin embargo, cualquiera que circule por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano encuentra cada día más gente en las calles. Es obvio que esto pone en riesgo a millones. Es urgente que podamos cumplir una cuarentena como corresponde. Pero la pregunta es ¿por qué sucede esto? El gobierno de Alberto Fernández responsabiliza a la gente cuando dice “querían correr, ahí tienen; podemos tirar todo el esfuerzo que hicimos”, aprovechando para “tirarle un palo” así al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La realidad es bien distinta, decenas de miles salen de sus casas poniéndose en en riesgo de contagio por algo muy simple, están obligados a ir a trabajar porque los gobiernos, el nacional de los Fernández, el de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, o el de CABA de Larreta, autorizaron a las patronales a abrir el 85% de las fábricas y un número importantísimo de comercios mucho más allá de lo que es realmente “esencial”. Otros, trabajadores precarizados y vendedores, se ven obligados a romper la cuarentena porque necesitan urgentemente llevar algún peso a su casa, ya que es imposible que una familia pueda sobrevivir con los 10.000 pesos del IFE, más aún cuando muchos recién lograron cobrarlo en las últimas semanas, a tres meses de iniciada la cuarentena. Entonces seamos claros, el auténtico responsable de que se esté rompiendo la cuarentena es el propio gobierno. 

Alberto Fernández asumió declamando que no iba a pagar la deuda a costa del hambre popular. Sin embargo, pasados apenas seis meses, ya salieron 4.500 millones de dólares hacia los bolsillos de los pulpos acreedores y el ministro Guzmán está en plena renegociación de la deuda, donde lo concreto es que semana a semana se le cede más a los buitres, con miles de millones de dólares, que en vez de ir a resolver la urgencia de la pandemia van a engordar sus bolsillos. Luego, ya comenzada la cuarentena, “prohibió” por decreto suspensiones y despidos, para inmediatamente aceptar que sucedan de hecho y, peor aún, junto con la burocracia de la CGT y la UIA pactaron reducir nuestros salarios. Y ahora se agrega el pago en cuotas del aguinaldo. El presidente también fijó por decreto el congelamiento de precios de dos mil productos de la canasta familiar, pero luego se dedicó a hacer la vista gorda mientras las grandes empresas y las cadenas de hipermercados los aumentaban astronómicamente pulverizando los salarios. Hace más de noventa días anunció un impuesto a las grandes fortunas, pero el proyecto ni siquiera fue presentado en el Congreso. Todo este recuento nos muestra la realidad del doble discurso del gobierno, palabras “lindas” por un lado, por el otro una realidad donde las únicas privilegiadas siguen siendo las grandes patronales.

Es fundamental continuar, fortalecer más aún la cuarentena. Pero la única cuarentena posible es sin hambre. Hay que prohibir de verdad los despidos y las suspensiones y retrotraer los que ya se han dado. Esta semana tuvimos el hecho impactante de los más de 1.700 compañeros de Latam que pretenden despedir mientras el gobierno y la CGT miran para otro lado. Es necesario que todos los que lo necesiten cobren un IFE de 30.000 pesos. Que se destine más comida a los barrios populares. En particular, tenemos que pelear por más presupuesto para salud para que existan los insumos y medidas de protección para sus trabajadores y por el más estricto cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. 

Lo que está en discusión, entonces, es de dónde puede salir la plata para financiar todo esto. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras, de un impuesto a las grandes fortunas y ganancias, como lo establece el proyecto que ya hemos presentado en el Congreso Nacional. Con un impuesto a esas patronales (Techint, Citibank, HSBC, Perez Companc, Volkswagen, Chevron, Shell, Walmart,  los dueños de las grandes cadenas de supermercados, etcétera) podríamos recaudar 20.000 millones de dólares que, sumados a los que se podrían obtener con la inmediata suspensión de todo pago en concepto de deuda externa, serían más que suficientes para implementar un fondo de emergencia dedicado a resolver las más urgentes necesidades populares que ha generado la pandemia. Solo así podremos garantizar una cuarentena sin hambre, despidos ni rebaja salarial. 

Escribe Claudio Funes

Patricia es una enfermera despedida hace un año de un conocido centro médico de la CABA. Sin indemnización y sin subsidio alguno, vive con sus dos hijos y su marido, vigilador privado, en una modesta vivienda de la ciudad. La mamá de Patricia está internada en el hospital Penna, intubada; su papá, aislado en una habitación de su pequeña vivienda; su hermano, también intubado, está internado en un sanatorio de su obra social. Cuando su marido tuvo fiebre fue testado el grupo conviviente. El resultado fue Patricia y sus hijos dieron positivo y, afortunadamente, el hombre, no. Consecuencia, mujer e hijos fueron recluidos en un hotel preparado para pobres mientras el marido tiene que atender a todo el grupo familiar en distintas situaciones de tratamiento.

Este drama, que lo viven miles de trabajadores, no es captado por las cifras oficiales que, aun siendo exactas, disuelven en una estadística el tratamiento y los cuidados exquisitos que recibe, por ejemplo, el intendente Insaurralde, con el tratamiento que reciben Patricia, su papá y sus hijos. Hay otro problema que amenaza a los trabajadores, la saturación de camas en hospitales y obras sociales empieza a ser una realidad. En Florencio Varela, cuando aún no se alcanzó el pico de contagios del coronavirus, el 76,8% de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas. En Esteban Echeverría la ocupación llega a 75 por ciento. Las obras sociales, saturados sus prestadores habituales, derivan sus pacientes a remotas y rudimentarias clínicas privadas.

La epidemia se está agravando

Mientras escribimos estas líneas, el ministerio de Salud informa que hubo 2.285 casos nuevos en la fecha, 23 de junio, llegando el total de casos comprobados a 47.216 de los cuales fallecieron 1.078. Del total de infectados informados, el 93% corresponde al área metropolitana de Buenos Aires.

Mientras desde el gobierno se alzan voces alertando sobre el agravamiento, se está discutiendo la necesidad de anunciar el jueves 25 un reforzamiento del aislamiento social obligatorio. Algunos funcionarios, como el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, han llegado a decir “hay posibilidades concretas de que colapse el sistema de salud”, ya que todavía no se llegó al pico de contagios de coronavirus. 

En los medios se desarrolla una batalla entre comunicadores y distintos políticos patronales. Están quienes culpan a una presunta irresponsabilidad del pueblo trabajador como los del Frente de Todos y, del otro lado, la oposición patronal de Cambiemos responsabiliza a la cuarentena.

¿Por qué llegamos a esta situación?

Tenemos que ser claros. No se le puede echar la culpa a la gente. La responsabilidad es del gobierno de Fernández, que permitió abrir el 85% de la industria a favor de las grandes patronales y multinacionales, y que somete a decenas de miles a romper la cuarentena porque no pueden sobrevivir con los 10.000 pesos de la IFE. 

Los gobiernos, nacional y provinciales, tampoco cuidaron a los trabajadores de la salud. Mientras se acusan entre Kicillof y Larreta de Cambiemos, esta semana fallecieron dos enfermeros en CABA y un médico en el Chaco. Estas terribles pérdidas dan la razón a los reclamos del personal de salud que los gobiernos y las patronales sanatoriales desconocen. En muchos casos ni siquiera recibieron los 5.000 pesos mensuales ofrecidos meses atrás.

La salud pública no está en condiciones porque en las últimas décadas los distintos gobernantes de todo tipo la han sometido al ahogo presupuestario, falta de tecnología y de recursos humanos. Ni la pandemia ha logrado un significativo aumento de su presupuesto después de casi cien días de cuarentena.

El gobierno del Frente de Todos es el principal responsable, pero no hay que olvidar la voracidad de las patronales que no aplican los protocolos ni brindan seguridad a sus trabajadores. Hay casos de contagios en Firestone, Coca-Cola (que tiene el 10% de la planta infectada) y la multinacional Procter&Gamble en el parque industrial de Pilar, para dar algunos ejemplos.

Además de un trabajador fallecido en el ferrocarril Mitre, hay contagios en las otras líneas ferroviarias. Esta semana la Línea Sarmiento fue interrumpida al habilitarse el protocolo por Covid-19 porque dos guardas, que habían estado en contacto estrecho con un portador positivo, manifestaron síntomas. Unos 37 trabajadores, que habían estado en contacto fueron desafectados lo que llevó a la paralización del servicio.

Con fortalecer la cuarentena no alcanza

La pandemia se combate sosteniendo la cuarentena sin hambre, despidos ni rebaja salarial. El gobierno debe hacer que sea posible el aislamiento. Para ello es necesario que la familia de cada trabajador debe recibir un ingreso que cubra sus necesidades y, entonces sí, pueda quedarse en cuarentena en su casa.

Tenemos que pelear por medidas de fondo, por nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios y ponerlas a trabajar bajo control de sus trabajadores. Este mismo tratamiento debe darse a todas las obras sociales, nido de corrupción de la burocracia sindical. La producción y la distribución de insumos, el testeo, reactivos, medicamentos, vacunas y todo otro elemento necesario para combatir la pandemia debe pasar a manos del Estado bajo control de sus trabajadores.

Todo este esfuerzo será financiado con un impuesto especial a la riqueza a las grandes patronales y   multinacionales junto al no pago de la deuda externa. Para lograrlo, será necesaria la movilización de los trabajadores en defensa de la salud del pueblo.

Bolivia. “Desnudos ante la pandemia”

Médicos y trabajadores del sistema de salud público denunciaron que durante la pandemia de Covid-19  recibieron escasos equipos de protección personal (EPP) e indicaron que luchan contra esta enfermedad con equipos donados “por caridad” y con insumos elaborados con bolsas de basura por ellos mismos. Ante esta situación comenzaron las protestas y amenazan con bloqueos.

Denunciaron que, por la falta de esos equipos de protección, registran en sus filas médicos y enfermeras que dieron positivo.

Túnez. Huelga general de trabajadores de la salud

El gobierno de Túnez (norte de África) proclamó el lunes 15 su “victoria” frente a la pandemia, ya que no se registraron casos en los últimos días. Pero los principales responsables de esta victoria, los trabajadores de la salud, iniciaron una huelga en todo el país exigiendo mejoras en el sistema de salud pública y sus condiciones de trabajo.

Estado Español. Manifestaciones en cuarenta ciudades por la sanidad pública

Fueron convocadas por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad para exigir que no se olvide la situación vivida con el coronavirus y “reforzar y blindar la sanidad pública”. Reclama más inversión para afrontar posibles rebrotes, que no se cierren camas ni se despida personal, que se financie más la sanidad pública que la privada y que se acabe la precariedad laboral. Y denuncia la falta de personal sanitario en todas las áreas, desde atención primaria hasta los hospitales.

Francia. Huelga de salud pública y repudio a la represión

El presidente Emmanuel Macron aseguró que les corresponde una medalla a todos los trabajadores de la salud por el riesgo y el trabajo durante la pandemia del Covid-19. Este anuncio provocó indignación entre los trabajadores de la salud. Muchos se enfermaron de Covid-19. En el momento del pico de la epidemia faltaban mascarillas y equipos de protección individual. Los trabajadores de la salud tuvieron que vestirse hasta con bolsas de basura para poder atender a los enfermos.

El 16 de junio miles de manifestantes quisieron llegar hasta la Asamblea Nacional, pero la policía los reprimió violentamente con gases y balas de goma. El arresto de una enfermera de 55 años que sufre asma, que fue golpeada en el piso por la policía, fue filmado por las redes sociales causando una gran indignación popular.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cada vez se conocen más datos del desfalco de Vicentin. Aparte del préstamo de 18.000 millones de pesos del Banco Nación y el no pago de lo adeudado a 2.600 productores, se descubrió que vendió parte de las acciones de Renova, una empresa ligada al grupo, por 122 millones de dólares, y ese dinero fue a sus accionistas, no a pagar deudas. Directivos del Nación denunciaron que recibió más de trescientos préstamos irregulares. También Vicentin sacaba la soja para exportar desde Paraguay para evadir impuestos, porque en el país vecino no se pagan retenciones ni IVA. Pero a pesar de todo esto el gobierno retrocedió con su propia definición de la expropiación. Solo queda una intervención que ya ni siquiera es tal, porque un juez pasó a los interventores oficiales como veedores y se repusieron los directivos de Vicentin. Ahora el gobernador Perotti presentó la propuesta de cambiar a los directores, no a los accionistas, dejando claro que no es ningún ataque a la “propiedad privada”. Es decir, más que “reformular” la propuesta, el gobierno está retrocediendo de sus propios dichos. A tal punto que el titular de Coninagro dijo que el presidente habría dado “un giro a la derecha”.

Detrás de las razones de este retroceso hay muchas versiones. Si el gobierno lo hizo después de los banderazos y la decisión del juez que rechazó la intervención, porque no le daban los votos para aprobar la ley en caso de enviarla al Congreso, o si se debe a que Alberto Fernández está entre fuegos cruzados al interior de su propio gobierno, Perotti por un lado (posición más conservadora), o el fogoneo de la expropiación por parte del kirchnerismo. Pero la razón central hay que buscarla en el consabido doble discurso del peronismo del Frente de Todos, anunciar una cosa y hacer otra. O lo peor, anunciar una expropiación y ante la menor crítica archivar la propuesta.

Es el propio presidente quien dijo varias veces que su objetivo era “salvar a la empresa” y que en todo caso si la expropia es para formar una sociedad mixta donde se cambien los malos nombres de los actuales empresarios por otros. Pero lo único que hay es una mera intervención. A tal punto que salió una solicitada con ese eje solo (ninguna mención a la palabra expropiación) firmada por Daer, Cavalieri, Caló, Pignanelli, Moyano, pasando por Yasky, Baradel, Cachorro Godoy y hasta Pianelli, del subte, y Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros.

Este retroceso se une a que el gobierno también desactivó el impuesto a la riqueza, tantas veces anunciado y nunca concretado, mientras acordó una rebaja salarial de 25% junto a la UIA y la CGT. Ahora el pago del aguinaldo en cuotas después de subsidiar el 50% de los salarios a grandes empresas y multinacionales, generando insatisfacción hasta en sus propios votantes.     

Por qué hay que estatizar 100% a Vicentin

Porque es una necesidad para resguardar los miles de puestos de trabajo, pagar las deudas a los pequeños chacareros, para que devuelva los 300 millones de dólares al Nación y, fundamentalmente, para que sus grandes facturaciones de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales no se vayan a sus accionistas, al lavado de dinero o al exterior, sino que vayan para beneficio del país y el pueblo trabajador.

Macri, la UCR, la Sociedad Rural y los grandes empresarios agitan que se está “violando la propiedad privada” de Vicentin con el claro objetivo de salvar a la empresa. Bajo el gobierno anterior se atacaba todos los días la “propiedad privada” de millones con el robo a los salarios y las jubilaciones, se aplicaban brutales tarifazos al servicio de la “propiedad privada” de las privatizadas y se endeudó sideralmente para aumentar la propiedad privada de los usureros internacionales. Por eso no van las medias tintas. Proceder a estatizar Vicentin es clave. Y que sea en un ciento por ciento. Es la única propuesta “superadora” de la que tanto se habla.

Cuando el gobierno dice que hay que “rescatar” a la empresa vía una sociedad mixta (Estado y capitales privados) va a significar que el Estado siga poniendo plata para salvar las ganancias capitalistas. Uno de los directores del Central, el centroizquierdista Claudio Lozano, habla de crear una empresa “pública no estatal”, que sería más o menos lo mismo. Ojo con estas trampas.

Que pase a manos del Estado es para que las grandes ganancias que se hacen con el negocio agroexportador y alimentario queden para el país, lo que permitiría ahora, por ejemplo, destinarlas para la salud, los hospitales y la emergencia. Y para evitar que haya corrupción o negociados, como pasó en Aerolíneas con el manejo de La Cámpora. Vicentin ciento por ciento estatal debe ser controlada, gestionada y administrada por sus trabajadores y pequeños chacareros, los únicos interesados en que funcione de manera transparente y bajo el interés nacional. Medida que debería ser un primer paso para avanzar en la nacionalización del comercio exterior y que sea monopolizado por el Estado. Para quitarle el manejo millonario de ese gran negocio a las multinacionales yanquis como Cargill y Bunge, la francesa Dreyfus y la china Cofco. Esa es la política que postulamos desde Izquierda Socialista y que hizo el proyecto de ley el Frente de Izquierda Unidad, el único presentado para ajustar cuentas de verdad contra estos empresarios “vivos” que siguen quedando en la impunidad.