Escribe Martín Fú

El Grupo Techint ratificó el despido de 1.450 operarios de la construcción que prestaban servicios en Neuquén, San Nicolás, Campana, Marcos Paz y Tucumán. Lo hizo burlándose de la conciliación obligatoria y del decreto de prohibición de despidos del gobierno nacional que el presidente Fernández había anunciado el pasado 1° de abril. Para ello contó con el aval de la burocracia sindical de la Uocra y la firma de su titular, Gerardo Martínez. El Grupo Techint y el sindicato cerraron filas así para dejar afuera a casi 1.500 trabajadores, todo refrendado y homologado por el Ministerio de Trabajo. 

A días del “enojo” presidencial con Paolo Rocca, a quien tildó de “miserable”, el gobierno nacional no necesitaría más argumentos para declarar la nulidad del acta firmada entre la patronal Techint y la conducción de la Uocra y obligar a ese grupo empresario negrero a la reincorporación de los 1.450 trabajadores, exigiendo además que se les paguen sus salarios. Paolo Rocca es uno de los empresarios más ricos del país y de Latinoamérica, con una fortuna calculada en u$s 8.800 millones, aparte de las ganancias siderales que obtiene de sus empresas. 

El intento original de despidos en Techint fue repudiado y generó una rápida respuesta del gobierno de Alberto Fernández, quien avisó que “no le va a temblar el pulso contra los vivos” que se aprovechan de la pandemia y hasta se animó a pedirle a los empresarios que ganen “un poco menos”. Es urgente arbitrar todos los medios y obligar ya a la reincorporación de los despedidos de Techint. Si así no ocurriera debe ser expropiada y estatizada y puesta bajo el control de sus trabajadores, lo mismo hay que hacer con toda empresa que se anime a despedir o cerrar mientras dure la pandemia. 

El martes 31 de marzo, el gobierno emitió un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) determinando la prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 60 días. Sin duda, esta medida es un avance frente a la postura oportunista y aprovechadora de muchas patronales ante la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, la consideramos insuficiente.

Escribe Adolfo Santos

La repudiable actitud de la poderosa Techint, suspendiendo el contrato laboral de 1.450 trabajadores, provocó una reacción de repudio generalizada a la que Alberto Fernández se vio obligado a responder. Pero en su respuesta, el presidente, se equivoca al pedirle a Paolo Rocca a quien llamó de “hermano”, que “debemos recuperar la ética de la solidaridad”. Ni Techint, ni las grandes empresas responden a la “ética de la solidaridad”, sino a la multiplicación de sus ganancias, por eso son capaces de despedir trabajadores en medio de una tragedia, por eso es necesario frenarlos.

En ese sentido entendemos que el DNU es insuficiente. Porque deja sin respuesta a los miles de trabajadores que fueron suspendidos y despedidos en los días previas a su promulgación. Pero además, porque deja abierta la posibilidad de que, “si hay acuerdo entre las partes”, se puedan efectivizar despidos. Esa puerta, en una negociación entre una gran empresa y un trabajador desprotegido, es un gravísimo error.

El DNU es “por 60 días”. Debería ser por tiempo indeterminado, ya que además de no saber hasta cuando habrá de extenderse la pandemia, no sabemos cuáles serán las secuelas que dejará. Los grandes empresarios, como estamos viendo en los Estados Unidos o en Brasil, quieren que la crisis la paguen los trabajadores y producen despidos. Para eso debemos prepararnos.

En ese sentido, desde Izquierda Socialista venimos proponiendo una serie de medidas para proteger a la familia trabajadora, que será la más afectada por esta crisis. Además de la prohibición de despidos y suspensiones, exigimos que no haya ningún tipo de rebaja salarial ni de precarización laboral. Que se implemente un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias, así como el no pago de la deuda externa para crear un fondo de emergencia con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades sociales. Y junto a la prohibición de despidos y suspensiones, disponer que toda gran empresa que no tenga condiciones de garantizar el empleo, sea estatizada bajo control de sus trabajadores.

Escribe Claudio Funes

General Motors, la transnacional automotriz yanqui con sede central en Detroit (Estados Unidos) y con decenas de miles de trabajadores en el mundo, implementó también en la Argentina su estrategia global. 

Amparándose en la crisis provocada por el coronavirus y en la posibilidad de los despidos, negoció con la burocracia del Smata reducciones de jornadas laborales y suspensiones para empleados administrativos con una quita de 12,5% para los que realizan trabajo a distancia.  

General Motors acordó con el burócrata Ricardo Pignanelli la suspensión de los empleados bajo contrato colectivo de trabajo, pagando el 70% del salario neto, medida que está en vigor desde el 1° hasta el 30 de abril. Cabe recordar que General Motors de General Alvear, Santa Fe, no estuvo activa durante todo febrero y por esto pagó salarios reducidos a todos sus trabajadores. 

Como vemos, el decreto que prohíbe suspensiones y despidos es fácilmente burlado por esta maniobra con la excusa de un “acuerdo entre patronal y sindicato”. 

Escribe Claudio Funes

Ciertos sectores de la sociedad reclaman con razón que los políticos se bajen sus altos ingresos para que ese dinero vaya a fortalecer la lucha contra la pandemia. Es notorio el contraste entre la vida de un político y un trabajador, más si este se encuentra desocupado o suspendido como consecuencia de la actual crisis. 

Que los políticos no deben ganar esas sumas siempre ha sido denunciado por la izquierda revolucionaria. Nuestros diputados y legisladores siempre han propuesto que un político gane lo mismo que un trabajador. Aunque nunca haya sido votado, igual siempre se han apegado a ese principio. Cobran el salario de un trabajador, el resto lo aportan a las luchas obreras y populares y a fortalecer una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como ocurre con Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Ahora, para reubicarse, distintos políticos patronales han decidido bajarse una parte de sus abultados sueldos. Sergio Massa anunció un recorte de 40% en la dieta de los diputados. En Santa Fe, los diputados y senadores provinciales donarán 50% de su dieta a “instituciones de bien común del sistema sanitario de cada departamento”. Intendentes de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, entre otras, han hecho lo mismo para decir que “aportan con su sacrificio” al esfuerzo colectivo para combatir la crisis. Lo que nadie dice es que la izquierda siempre propuso que todo diputado, senador, juez y funcionarios ejecutivos deben ganar como un trabajador. Y que, como eso nunca se aprueba, es solo la izquierda quien lo cumple.

No debemos olvidar un antecedente. En 2017, en pleno ajuste macrista, estos “sacrificados hombres y mujeres” de PRO-UCR-ARI (Cambiemos), del Frente para la Victoria de entonces (con Héctor Recalde como presidente de bloque) y del Movimiento Evita, entre otros, solicitaron un aumento en sus dietas porque decían que no podían vivir con 150.000 pesos mensuales. El único bloque que denunció eso y rechazó el aumento fue el del FIT, entre ellos nuestro diputado Juan Carlos Giordano.

Hoy esos mismos diputados y senadores que posan de solidarios son los que aprobaron la ley de emergencia que les robó 100.000 millones de pesos a los jubilados en diciembre de 2019 y aprobaron la ley de renegociación de la deuda externa en enero de 2020. Por eso denunciamos su demagogia y marketing político. Para combatir la pandemia no alcanza con estos “gestos”, sino implementar un impuesto a los de arriba y dejar de pagar la deuda, algo que estos políticos tradicionales no hacen.

El gobierno continúa adelante la renegociación de la deuda con los pulpos acreedores. Lo hace mientras el país y el mundo se derrumban en medio de la crisis del coronavirus. Entre los usureros privados y el FMI están en juego 150.000 millones de dólares que vencen entre este año y los dos siguientes. La alternativa es de hierro: la plata va a los usureros o a la emergencia sanitaria. 

Escribe José Castillo

El presidente Alberto Fernández ha dicho en estos días que “no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo”. Sin embargo, casi al mismo tiempo, su ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa adelante con el “cronograma” de renegociación con los acreedores extranjeros. 

Ahora se ha “reprogramado” hasta 2021 los vencimientos de bonos de deuda sometidos a legislación local. Pero el corazón de la deuda externa son los bonos en dólares con legislación extranjera. Y ahí se sigue en infinitas consultas con los propios pulpos privados internacionales que dejaron trascender que “no aceptan” los plazos que plantea el gobierno para correr los vencimientos (se habla de tres años) y exigen mayores pagos por intereses. Y, por supuesto, prosigue el tironeo por el monto de la quita. Digámoslo claramente, aunque se llegara a negociar una supuesta quita de 50%, igual los especuladores internacionales ganarían, ya que actualmente los bonos argentinos cotizan por debajo de 30%, con lo que se llevarían una ganancia sin mover un peso de 20%, hoy imposible de alcanzar en cualquier otra operación financiera del mundo.  

Como si todo esto fuera poco, desde el propio Ministerio de Economía se dejó saber que el gobierno de Fernández estaría dispuesto a “mejorar la oferta” por medio de los llamados “cupones PBI”. Algo que se inventó y está vigente para los bonos que se canjearon durante el kirchnerismo en 2005 y 2010. Se trata de un “extra” que se les ofrece a los acreedores, cada vez que el país crece 3% se genera automáticamente una deuda extra con los acreedores, de pago inmediato. Una auténtica estafa.  

Lo increíble es que estemos discutiendo todo esto en medio de la crisis del coronavirus.  

Los propios economistas del establishment reconocen que se están rompiendo todas las “cadenas de pago” del mundo. Esto quiere decir que los propios capitalistas están dejándose de pagar las deudas entre ellos. 

Todo es tan ridículo que cada vez surgen más voces de economistas y periodistas con simpatías con el propio gobierno que empiezan a hacer su oír su voz planteando que no hay que seguir negociando y suspender los pagos. Incluso economistas del establishment local y extranjero reconocen que, en estas condiciones, lo mejor que puede hacer la Argentina es dejarse caer en default, por lo menos hasta que pase lo peor de la crisis. 

Lo más grave de todo es que no se trata solamente de una “negociación” que se extiende en el tiempo en el que nuestro país lleva todas las de perder. Mientras tanto se siguen pagando religiosamente los vencimientos con los acreedores extranjeros. Apenas asumió, Alberto Fernández mandó apartar, de las escasísimas reservas internacionales disponibles, 4.500 millones de dólares para atender esos vencimientos, que se están utilizando desde entonces (de hecho, los montos son tan elevados que en mayo ese mismo pozo de dinero se terminará agotando). La semana pasada, ya en medio de la cuarentena, el gobierno pagó en efectivo 250 millones de dólares. Hay otro vencimiento dentro de diez días por 500 millones.  

Lo venimos repitiendo desde hace años. Lo volvimos a decir apenas asumió Alberto Fernández. Ahora el planteo ya adquiere una urgencia extrema, tenemos que dejar ya mismo de pagar la inmoral, ilegal y usuraria deuda externa y volcar todos esos recursos a un fondo de emergencia para financiar la crisis sanitaria, comprando respiradores, millones de barbijos, montando hospitales, contratando y pagándole salarios dignos a todo el personal de salud necesario, y también para resolver las consecuencias económicas de la crisis que hoy pegan sobre el pueblo trabajador con comida, trabajo y salario para todos.