Escribe Guido Poletti

En estos días trascendió que el gobierno de Alberto Fernández tomaría un nuevo préstamo del FMI. Se trataría de alrededor de 3.000 millones de dólares que están a disposición de nuestro país en forma casi automática, según las propias regulaciones del Fondo.  

La excusa es, obviamente, la crisis del coronavirus. Pero ya sabemos cómo van a terminar utilizándose, con ellos se quieren pagar los próximos vencimientos de deuda a los acreedores privados, que solo en mayo ascienden más o menos a la misma suma. Vemos, entonces, que no entrará un peso para la emergencia, no se comprará ni un barbijo. Solo se “canjeará” deuda de los pulpos privados por deuda con el pulpo mayor: el propio FMI. 

Se sumarán así a los 49.000 millones que ya reclama el organismo: 44.000 que le otorgaron a Macri (y que, como sabemos, se fugaron en su totalidad), 5.000 de intereses, y ahora 3.000 más si se efectiviza este nuevo préstamo. Deberemos 52.000 millones de dólares, que el Fondo nos hará pagar centavo por centavo (la propia Kristalina Georgieva, titular del organismo y de la que el gobierno se jacta de que es “su amiga”, aclaró que acá no corre ninguna “quita”). Y será la excusa para nuevos, y más duros, planes de ajuste contra el pueblo trabajador.  

Escribe José Castillo

Se está dando una fortísima suba de los precios de los alimentos desde que empezó la cuarentena. Los cortes populares de carne y las frutas y verduras más necesarias están registrando aumentos que en muchos comercios llegan a 100 por ciento. También subieron los del resto de los productos de la canasta básica. Un cálculo conservador, realizado por consultoras privadas, registra incrementos de 40,2% en la zanahoria, 29,3% en legumbres secas, 20,3% en el azúcar, 20,6% la polenta, 15,7% la sal fina y 8% la carne picada. 

El gobierno fijó precios máximos para muchos productos retrotrayendo los valores a principios de marzo. Pero, sea porque “casualmente” frutas, verduras y carne no están fuera de esa lista, porque muchos que figuran en esa lista o en precios cuidados “desaparecieron” de las góndolas, o porque muchos comercios directamente violan la disposición, lo concreto es que muchos solo se consiguen a precios muy elevados. A esto sumémosle la especulación que se está produciendo con el alcohol en gel, los barbijos y los productos de limpieza. 

Se han dado varios casos, como en Coto o Farmacity, donde las grandes cadenas son las que “lideran” la violación a las disposiciones. 

Evidentemente, así no hay bolsillo que aguante. Hay que hacer respetar los precios máximos y extenderlos a la fruta, la verdura y la carne y también a los medicamentos. Y, en los evidentes y masivos casos que se están dando de violación a esta disposición, proceder a aplicar la Ley de Abastecimiento que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a las empresas que aumenten o acaparen estos productos.  

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

El gobierno nacional, juntamente con los gobiernos provinciales, encara la lucha contra esta pandemia que se extiende por todo el mundo con dos estrategias principales: el aislamiento social preventivo obligatorio o cuarentena, y la cobertura del sistema de salud, el cual, al ser tremendamente deficitario, queda en realidad reducido al esfuerzo y sacrificio del personal sanitario en todas sus profesiones. Estrategias ambas al servicio de no gastar en salud para no tocar las ganancias de las grandes patronales y, al mismo tiempo, para poder pagar la deuda externa.

Durante la semana que pasó hubo dos hechos que pusieron en jaque la cuarentena. Por un lado, la imprudencia del gobierno que concentró miles y miles de jubilados frente a los bancos; por el otro, el apriete de la gran patronal que, preocupada por la caída de sus ganancias, busca reanudar la actividad económica. El gobierno cedió parcialmente, liberó algunas actividades y permitirá más después del domingo de Pascua. El aislamiento, joya de la corona de la política de salud de Fernández, comenzó a perder su brillo pese a la opinión predominante entre los infectólogos de que la cuarentena estaba frenando la explosividad del contagio. Con esta actitud, las autoridades gubernamentales abren inquietantes y negativas perspectivas para la evolución de la epidemia.

Para el gobierno, fortalecer el sistema de salud significa apretar a los trabajadores y no ampliar las instalaciones, los insumos y la cantidad de personal. Lo hecho en este sentido es pobre y completamente insuficiente. Es que el sistema de salud está fragmentado en tres partes en las que es imposible que se coordinen entre sí porque tienen distintas conducciones y objetivos. Primero, el subsistema estatal que es dirigido por gobernadores e intendentes y subsidiariamente por la Nación; segundo, el de las obras sociales dirigido por la burocracia sindical, que tiene sus propios intereses; finalmente, el privado empresarial o prepago, orientado a obtener ganancias.

En tiempos que podríamos llamar “normales”, el conjunto no garantiza el acceso a la salud de todos y todas y mucho menos la equidad. Ahora, en época de crisis, se ponen al rojo vivo sus deficiencias. Es necesario organizar esta fragmentación reuniéndola bajo un mando y una administración única, que solo puede ser el Estado nacional, que se guíe por criterios sanitarios y no de lucro o de clientelismo político. Así lo hizo Irlanda el 24 de marzo pasado, aunque limitadamente. Nosotros, en cambio, planteamos la estatización de la totalidad del sistema de salud y que sea en forma permanente.

La producción de los insumos que se necesitan para la atención médica y para la prevención en la población general debe ser garantizada por el Estado. Por ejemplo, para asegurar la producción de respiradores, la fábrica que los hace debe ser estatizada y puesta a producir a triple turno. En los Estados Unidos el presidente le pidió a General Motors que reconvierta una de sus plantas para hacer respiradores. Lo mismo debe hacerse en nuestro país con otros segmentos de la industria que puedan ser reconvertidos para fabricar ese producto u otros. Por ejemplo, la escasez de barbijos, camisolines y otros elementos puede solucionarse confeccionándolos en la industria textil existente en el país.

La industria farmacéutica debe ser puesta bajo la propiedad del Estado para garantizar la provisión gratuita de sueros, insumos médicos para los internados y, por otra parte, remedios gratuitos para los portadores de enfermedades de riesgo; lo mismo que antisépticos y demás elementos que ayuden a la prevención. La escasez de reactivos debe resolverse con la producción local para lo que deben desconocerse las patentes internacionales de todos estos elementos por causa de fuerza mayor. Así hizo Nelson Mandela en los ’90 cuando desconoció las patentes para fabricar antirretrovirales en momentos en que Sudáfrica sufría una epidemia de SIDA. Lo mismo hizo Bush cuando los ataques bacteriológicos con ántrax en 2003; desconoció la patente de Bayer para poder fabricar en USA la medicación. 

Las medias tintas del gobierno no son útiles para la lucha contra la pandemia. Son necesarias estas medidas de fondo para poner en pie de lucha al pueblo y derrotar la epidemia en la Argentina: aplastar y no aplanar la curva.

Escriben Reynaldo Saccone (ex presidente de Cicop) y Mónica Méndez (secretaria de Organización de Cicop)

Los gobiernos y las patronales de los sanatorios no dudan en aprovecharse de los nobles sentimientos solidarios y humanitarios de los trabajadores de la salud. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires contesta con un llamado a la “mística” a quienes reclaman mejores condiciones de trabajo. El diario La Nación publica declaraciones de un enfermero dispuesto a hacer todas las horas extras que se le requieran y que, orgullosamente, revela que “hay personal que viene a trabajar con diabetes o enfisema”. 

Los trabajadores de la salud, por su parte, no paran de inundar las redes sociales con denuncias sobre la insuficiencia de los medios de protección que les proporcionan sus empleadores. Reclaman, sin éxito, licencia para las embarazadas, los mayores de 60 años y quienes tienen una patología de riesgo, que son obligados a concurrir a los establecimientos a pesar del peligro que corren. 

Es que la “mística” del ministro Gollán no confiere inmunidad. Durante la semana pasada se contagiaron dos médicas del hospital de San Isidro, una del hospital Diego Thompson, de San Martín, otra en el hospital de Moreno, y más recientemente un residente de anestesia de guardia en el hospital de Adrogué.  

Mientras que La Nación, maliciosamente, publicaba declaraciones de un enfermero del Hospital Italiano que decía que le daba “más miedo enfermarme afuera que dentro del hospital”, la jueza Rosalía Romero hacía lugar a un amparo presentado por trabajadores del mismo establecimiento donde se habían infectado diez de sus compañeros y emplazaba a los empleadores a proveer elementos de protección personal para desempeñar sus tareas. La magistrada hizo lo mismo con el Gobierno de la Ciudad en relación con los hospitales Moyano y Tornú. 

Completando este cuadro de desprotección, la infección por Covid-19 no es catalogada como enfermedad profesional. Sus casos quedan a consideración del Consejo Médico de la Superintendencia de las ART. Cicop reclama un DNU del Poder Ejecutivo que la incluya en el registro de enfermedades profesionales. 

El otro gran problema de los recursos humanos es su escasez. Tanto el Gobierno de la Ciudad, como el de la provincia de Buenos Aires, han recurrido a la demencial convocatoria a profesionales jubilados. Se ilusionan con que ellos acepten correr el riesgo de perder la vida, dada su edad, por sumar un sueldo a su jubilación. Habiendo centenares y centenares de profesionales egresados de excelentes residencias, tanto médicas como de enfermería y otras profesiones, recurren a los jubilados por un solo motivo: no pagar salarios que harían atractivo a los jóvenes trabajar en el sistema público. 

Un ejemplo es la discusión salarial de los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires. La oferta del gobierno, rechazada in limine por la Cicop, es de 42.214 pesos mensuales al profesional ingresante, cuando la canasta familiar determinada por el personal del Indec ronda los 60.000 pesos. Esa es la causa de la escasez de médicos de terapia intensiva en los servicios públicos. 

El argumento es que no hay presupuesto. Efectivamente, con este presupuesto no se puede. Por eso reclamamos que debe triplicarse. Actualmente el gasto público en salud de todo el país asciende a 2,65% del PBI. Nuestro planteo es que debe llevarse, como mínimo, a 8% del PBI. 

Pero no basta tener los fondos. Es necesario que los trabajadores intervengan en su asignación y monitoreen su distribución. Pero también en determinar las necesidades de recursos tanto humanos como materiales y en su distribución. Por eso planteamos que en cada establecimiento deben constituirse comités de crisis con participación de los trabajadores. Eso ya se hizo en la provincia de Buenos Aires durante la gran crisis de 2000/2001, en la epidemia de H1N1, y se está instalando en la actual pandemia. Hoy la actividad de los comités existentes está centrada en la adaptación de los establecimientos y la protección de la salud de todos los integrantes del equipo de salud y el reclamo continuo de recursos humanos e insumos. Deben extenderse a todos los hospitales para así, cuidados y responsables los trabajadores, seguirán poniendo sus esfuerzos sin correr riesgos de vida temerarios.