Escribe Olga Ortigoza, dirigenta nacional de Docentes en Marcha

El gobierno ultraderechista de Javier Milei, de la mano de las patronales y de las fuerzas políticas que le responden, busca imponer un nuevo y brutal ajuste a partir de las reformas estructurales: laboral, jubilatoria, impositiva y ahora también educativa. Debemos derrotarlas en las calles.

Hace una semana, el gobierno presentó en el Consejo de Mayo un proyecto de Ley Nacional de Educación denominado “Ley de Libertad Educativa” para reemplazar la ley actual. Bajo el eje de la supuesta “libertad”, lo que plantea es la destrucción estructural y profunda de nuestro sistema educativo, un cambio cualitativo.

Este proyecto no implica una simple reforma; atenta contra el carácter estatal, gratuito, público, obligatorio y laico de nuestras escuelas, y también contra la Educación Sexual Integral (ESI) y la libertad de cátedra. Además pretende atacar los derechos laborales en base a una educación mercantilista, avanzar hacia la privatización de la escuela pública y eliminar la educación como derecho social.

El Estado dejaría de ser el garante de la educación y pasaría a cumplir un rol “subsidiario”, derivando el financiamiento a familias y también a empresas para que estas hagan negocios, violentando así el carácter gratuito. Además permitiría la injerencia empresarial para diseñar contenidos según sus necesidades, y se impulsarían “prácticas de formación laboral” para mayores de 16 años, legalizando la flexibilización y la mano de obra barata de jóvenes.

Un Consejo Escolar de Padres y el equipo directivo podrían seleccionar, suspender o separar al personal, pudiendo incluso despedir por razones ideológicas, políticas o sindicales.

Se habilitaría también la educación en el hogar a distancia (híbrida), impartida por las familias, tutores o personas elegidas por ellos, haciendo desaparecer el concepto de docencia y destruyendo toda institucionalidad escolar.

Se declara la educación como “servicio esencial” y no como un derecho. Se ataca así el derecho a organizarse y se criminaliza la huelga por salario, por derechos laborales, por infraestructura y por todos los reclamos de la comunidad educativa.

Todo esto implica un intento de avanzar en la privatización, la mercantilización y la flexibilización laboral con la eliminación del Estatuto Docente, incorporar la religión y destruir la laicidad de nuestras escuelas, además de un ataque directo a la ESI. Busca borrar más de cien años de conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares. Son medidas que gobiernos anteriores y organismos internacionales intentan imponer desde hace décadas, pero que la lucha de las y los estudiantes y la docencia ha frenado. Ahora Milei pretende satisfacer estos requerimientos históricos del FMI, el Banco Mundial y otros organismos. Por eso elimina en su proyecto la Ley de Financiamiento Educativo, que establece un piso del 6% del PBI para educación, sin incorporar ningún mecanismo de financiamiento estatal.

Todos los gobiernos profundizaron la desinversión en la educación pública, y ninguno cumplió la meta del 6% del PBI, incluidos los gobiernos kirchneristas. Pero este proyecto ultraderechista significa un salto cualitativo: un cambio profundo en el criterio de la educación, que deja de ser un derecho social para convertirse en un negocio mercantilista al servicio de empresarios y capitalistas.

La Ctera se ha pronunciado en contra, pero mantiene la parálisis que le permitió a Milei y a las provincias avanzar sobre nuestros salarios, condiciones laborales y reformas parciales. Por eso le exigimos un verdadero plan de lucha para derrotar este proyecto antieducativo.
Es necesario organizar un gran movimiento unitario de la docencia, de todas y todos los trabajadores de la educación, estudiantes y familias, en defensa de la escuela pública y para rechazar de plano este proyecto del gobierno.

Leer la declaración completa en: www.izquierdasocialista.org.ar 

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

“La Ley de Glaciares no se toca”. Bajo esa consigna, casi un centenar de representantes de asambleas y organizaciones (desde Tierra del Fuego hasta Jujuy) acordamos impulsar una campaña unitaria para enfrentar la avanzada extractivista. La Asamblea surgió por impulso de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones como reacción al discurso de Javier Milei, quien, en paralelo al anuncio del tratado bilateral con los Estados Unidos, adelantó que presentará un proyecto para terminar con la protección legislativa de los glaciares. ¿Qué está en juego y por qué debería importarle a las y los trabajadores de todo el país?

Porque Donald Trump así lo demanda

Todas las provincias atravesadas por la Cordillera de los Andes tienen glaciares en sus territorios: son 16.968 glaciares, una de las principales fuentes de agua potable del país, ya que alimentan los ríos de los que se extrae para consumo humano. De por sí, los glaciares están hoy amenazados por el calentamiento global, que acelera los procesos de deshielo. Eso ya amerita preocupación, pero además se suman los intentos de empresas mineras por intervenir sobre los ecosistemas que les dan vida, ya sea extrayendo agua o desechando químicos contaminantes.

La existencia de la Ley de Glaciares sólo se explica por las luchas en defensa del agua, la vida y los territorios. En 2008, ante su primera aprobación, Cristina Fernández la vetó a pedido de multinacionales como Barrick Gold, interesada en avanzar con la megaminería sobre glaciares en San Juan. La insistencia de la movilización permitió que en 2010 se aprobara definitivamente en su redacción original, a pesar de las maniobras de funcionarios como Daniel Filmus, que buscaron en el Congreso una versión “intermedia”. Desde entonces, la Ley 26.639 estuvo siempre en la mira de las empresas mineras y de los gobiernos provinciales que buscan avanzar sobre el 1% del territorio nacional alcanzado por su redacción. Incluso su modificación integró el primer proyecto de “Ley Bases” de Milei.

Entonces, si los gobernadores (peronistas, radicales, del PRO o de partidos provinciales) siempre quisieron tirar abajo la Ley de Glaciares, ¿por qué ahora? ¿Por qué Milei habla de glaciares y periglaciares en sus discursos?

El anuncio del presidente se dio en simultáneo con la confirmación, por parte de Estados Unidos, del avance de un tratado comercial con nuestro país. En ese marco, el capítulo “ambiental” del acuerdo plantea “fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos”. Las palabras clave son eficiente y minerales críticos. No hay ninguna preocupación ambiental: se trata de garantizar recursos estratégicos para los Estados Unidos. Y ahí encaja el anuncio de modificar la Ley de Glaciares: necesitan “eficiencia” para reventar esas reservas de agua. Para despejar dudas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) ubicó la Ley de Glaciares entre sus principales “preocupaciones legislativas”, junto con la reforma laboral y el Presupuesto 2026 (Infobae, 11/11/2025).

Tenemos que frenarlos

El gobierno pretende que cada provincia determine su propia definición de “glaciar” y “periglaciar”, lo que permitiría favorecer a la multinacional de turno. Frente a eso, la Asamblea discutió defender la Ley de Glaciares tal como está y rechazar cualquier negociación posibilista que abra, por otra vía, la puerta a las mineras.

En estas horas, el pueblo de Mendoza está dando pelea contra el avance minero. En todo el país existe una enorme experiencia de luchas ambientales que debemos recuperar, coordinar y unificar para frenar esta ofensiva. Eso es lo que buscamos organizar con la campaña que acabamos de poner en pie.

Sumate, junto a Ambiente en Lucha, a defender los glaciares en todo el país. La Ley de Glaciares no se toca. El próximo 4 de diciembre salimos a las calles.

Escribe Mariano Barba

A un mes de la derrota electoral, la crisis interna del peronismo se profundiza. El debate interno muestra una gran dispersión de sectores y choques que se manifiestan públicamente, sin una salida a la vista. El desastroso gobierno de Alberto Cristina y Massa profundizó la debacle. 

En medio de esta crisis, surge la pregunta: ¿En el peronismo están discutiendo cómo encabezar la resistencia contra las medidas de ajuste de Javier Milei o se trata de una pelea por el control del aparato mientras negocian con el gobierno? En la nueva composición del Congreso, el peronismo quedó con 97 diputados, varios de los cuales ya se encaminan a formar bloques separados. 

Algunos de sus gobernadores abren negociaciones por el presupuesto nacional tratando de arañar fondos para sus provincias. Es el caso de los gobernadores del “Norte Grande”, que se reúnen por separado para negociar directamente con el ministro Diego Santilli. Así actúan Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Sus senadores y diputados pueden ser claves para aprobar el presupuesto del ajuste y las reformas laboral y tributaria.

Por otro lado, están los cuatro gobernadores peronistas que no firmaron el Pacto de Mayo, pero que ahora reclaman ser atendidos por Santilli. Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) -quien declaró que Cristina “lo tiene harto”, Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Estos últimos, junto a Sergio Ziliotto (La Pampa), se coordinan por fuera de la tutela de Cristina en otra batalla por el control del aparato del Partido Justicialista.

La principal pelea tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo encabezado por Máximo Kirchner y Cristina choca con Kicillof. En esa interna interviene Sergio Massa, que busca mediar para reposicionarse como posible candidato presidencial en 2027.

¿El peronismo es la salida? 

En este marco de división interna, las distintas alas del peronismo no ofrecen ninguna alternativa al servicio de las y los trabajadores. Si nos llevamos por sus discursos, siguen manifestando que son opositores a Milei, y lo enfrentaron electoralmente con frases fuertes. En cambio, si los analizamos por la política práctica que llevaron adelante en los dos primeros años del gobierno ultraderechista, vemos que primó la negociación y no el apoyo a las luchas; y varios gobernadores peronistas, a través de sus parlamentarios, dieron quórum y votos para aprobar la Ley Bases de Milei. Con un agravante, la CGT, que responde al peronismo, luego de cada paro, se mandó a cuarteles de invierno, afectando la continuidad de las luchas y reclamos de la clase trabajadora.
 
Con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre, Milei va a apretar el acelerador para que pasen varias reformas anti derechos. ¿Qué hará el peronismo? Cristina critica a Milei todos los días, pero al mismo tiempo ya expresó que hay que “rever el rol del Estado” y “actualizar” las relaciones laborales. Y Kicillof, el principal gobernador justicialista, anunció un presupuesto para 2026 con salarios de pobreza y pidiendo un nuevo endeudamiento por 3 mil millones de dólares para beneficiar a empresarios amigos. Mientras tanto, Juan Grabois, que se presenta como la “pata izquierda”, permanece dentro del peronismo defendiendo a Cristina como su referente indiscutible. Y la CGT sigue priorizando el pacto con el gobierno y no organizando la pelea contra las reformas. El peronismo y sus distintas alas ya no son salida ni alternativa para cambios profundos en un país totalmente en crisis. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, proponemos, un plan económico obrero y popular de emergencia, opuesto a la motosierra de Milei y al ajuste de los gobernadores. Un plan que empiece por dejar de pagar la deuda al FMI y a los buitres acreedores, terminar con los despidos, recuperar las empresas privatizadas y garantizar que la explotación de las riquezas quede en el país. Seguiremos junto a la clase trabajadora apoyando sus luchas e invitándolos a sumarse a la construcción de esta alternativa socialista.

Escribe Pablo Delverde

El fútbol profesional argentino no deja de sorprender con escándalos. Con su lógica de verticalismo extremo, muchos de ellos están ligados a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su hombre fuerte, el tesorero Pablo Toviggino, operador político y disciplinario del Consejo Federal.

El Comité Ejecutivo resolvió sorpresivamente entregar el título de campeón de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual. La tensión aumentó cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata, obligados a hacer un “pasillo de honor”, decidieron darle la espalda al ingreso del equipo rosarino en señal de protesta.

Este episodio expuso la acumulación de arbitrajes polémicos y fallos disciplinarios que, desde la Primera C y el Torneo Federal hasta la Liga Profesional, se repiten semana a semana. El caso Barracas Central es un ejemplo estructural: un club históricamente menor que escaló categorías al ritmo de decisiones que generaron sospechas en todo el fútbol argentino.

Además, en las últimas semanas, la financiera Sur Finanzas (señalada como cercana al entorno dirigencial) quedó bajo investigación de la DGI por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Habría movido 818 mil millones de pesos por fuera del sistema bancario mediante operaciones con identidades sin capacidad económica real. Sur Finanzas, además, se había convertido en sponsor de clubes de primera y del Ascenso, así como de la Liga Profesional, consolidando un vínculo entre negocios poco claros y la estructura del fútbol profesional.

¿Hay dos bandos frente a este problema?

La crisis actual del fútbol argentino aparece como un punto de supuesto enfrentamiento  entre el gobierno nacional ultraderechista y la conducción de la AFA. Pero ambos plantean modelos de poder con consecuencias profundas para el deporte que es pasión de multitudes.

Por un lado, la estructura Tapia-Toviggino, sostenida en un modelo mafioso con falta de transparencia y un sistema de favores que concentra el poder en una o dos personas. Una conducción que opera sin ningún mecanismo democrático y que sostiene vínculos económicos absolutamente turbios.
Por el otro, están los sectores que impulsan una mayor privatización del fútbol a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) incluido el gobierno de Milei. Presentadas como una modernización necesaria, las SAD buscan abiertamente convertir clubes sociales en empresas, abrir la puerta a grupos económicos y desmantelar el carácter popular del deporte.

Ambas caras representan un mismo riesgo: una profundización en la ya existente mercantilización del fútbol argentino. Mientras un sector funciona bajo una lógica de poder mafioso y verticalista, el otro propone entregar los clubes a fondos privados y grandes empresarios.
Queda claro que ninguno de estos dos modelos sirve para hacer avanzar ni al fútbol ni al deporte, que son una inmensa pasión popular de masas en nuestro país.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Licitaciones truchas, sobreprecios y coimas armaron un circuito privado de negocios sobre el presupuesto de discapacidad. La investigación apunta a un entramado que llega hasta el corazón del gobierno ultraderechista.

Mientras el gobierno de Javier Milei se niega a aplicar la emergencia en discapacidad, aun con miles de personas sin cobertura, sin prestaciones garantizadas y con instituciones al borde del colapso, avanza la causa judicial contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidades (Andis), varios funcionarios del organismo y una red de empresarios favorecidos por el más crudo capitalismo de amigos.

La causa, a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, investiga un entramado de licitaciones fraudulentas, sobreprecios escandalosos y retornos ilegales. Entre los quince imputados ya citados se destacan figuras centrales como Spagnuolo; Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud; Miguel Ángel Calvete, operador farmacéutico; y un actor clave: Pablo Atchabahian, médico y empresario detenido con prisión domiciliaria en Mendoza.

La investigación expone un mecanismo de negocios privados montado sobre el dinero destinado a las personas con discapacidad. Un saqueo organizado que desnuda la verdadera cara del proyecto libertario: ajuste brutal para los más vulnerables y privilegios para un puñado de empresarios y funcionarios que no puede quedar impune.

Se trata de un desvío estimado en 37 mil millones de pesos a través de licitaciones fraudulentas gestionadas por sólo cuatro droguerías. Según el fiscal, existía una estructura aceitada: compras fragmentadas para simular competencia, sobreprecios de hasta veinte veces el valor real y coimas del 5% al 8% a cambio de contratos de productos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

El núcleo corrupto operó mediante licitaciones “reducidas”: se habría convocado únicamente a cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta) íntimamente vinculadas con los imputados, para repartir contratos con sobreprecios astronómicos. Además, los audios incautados revelarían una tasa adicional de retornos ilegales: un 3% del valor de algunos contratos habría sido destinado a Karina Milei, hermana del presidente, según la acusación.

La complicidad entre funcionarios, empresarios y droguerías demuestra que el saqueo no sólo roba recursos: se ejecuta mientras se atacan los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como los de prestadores y trabajadores del sector, que ya están en condiciones de completa precariedad y pobreza. Se les cae la careta a quienes decían que iban a terminar con los “curros del Estado”: se hicieron del Estado para montar sus propios curros. Con Milei, la corrupción avanza.

Karina la “cajera” bajo la impunidad selectiva

Uno de los nudos de esta red de corrupción es Miguel Ángel Calvete, a quien el fiscal describe como un “director paraestatal”. Aunque no ocupa ningún cargo formal en la Andis, ejercía influencia directa en adjudicaciones a proveedores. Su hija, Ornella Calvete, renunció días atrás a su puesto como directora de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía después de que la Justicia encontrara 700 mil dólares en efectivo en su departamento durante un allanamiento. En los chats incautados surge un dato clave: Calvete padre le dice a su hija que “con el 3% a KM está perfecto”, en referencia a Karina.

Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia aparece mencionada en el expediente como destinataria de retornos ilegales pero no figura imputada. Su colaborador Eduardo Menem, señalado por Spagnuolo en los audios, tampoco. Esa omisión es decisiva: muestra los límites de una justicia patronal que evita avanzar sobre el triángulo de poder.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos denunciado, desde la filtración de los audios de Spagnuolo, las redes de corrupción y el rol de Karina Milei y el clan Menem junto con el resto de los funcionarios y empresarios implicados. Exigimos que todos los corruptos vayan presos y devuelvan el dinero que se robaron. Y seguiremos acompañando al colectivo de discapacidad, sus familias y trabajadores en la lucha por la aplicación efectiva de la emergencia en discapacidad y por todos sus reclamos.