
Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad
El gobierno y las patronales están jugados a sacar una ley de reforma laboral antiobrera y esclavista con el apoyo de los bloques parlamentarios patronales y gobernadores peronistas. La CGT sigue en el pacto con el gobierno y apuesta a una negociación en vez de preparar un plan de lucha nacional y paro general para derrotarla.
“No hablen de reforma laboral, digan que hay que “modernizar” las relaciones laborales”. Esa es la orden que bajó Milei a su gabinete para intentar tapar que la reforma pro patronal y antiobrera que prepara de la mano de las grandes patronales y el FMI es claramente perjudicial. Lo hace bajo el mito de que los derechos laborales son un obstáculo para generar empleo. Una mentira total.
“Modernizar” es una palabra que cae bien. Pero detrás de ese discurso (de que habría una vieja legislación laboral que impide dar empleo), se esconde un ataque brutal contra el pueblo trabajador y la juventud.
Cualquier intento de reforma laboral es para que aumenten las ganancias de los grandes empresarios, a quienes no les interesa abrir fábricas, ni contratar más personal registrado, sino acrecentar sus cuentas bancarias. El capitalismo no genera fuentes de trabajo, las destruye. En Estados Unidos con Donald Trump crece la desocupación y los sin techo. Y en Argentina “las inversiones directas que suponen radicación de empresas y generación de empleo no aparecen en el horizonte” (Página12, 8/11). Solo entran dólares para la especulación financiera. Mientras la política recesiva de Milei está llevando a que cierren 30 empresas por día y haya 250.000 despidos.

Luchar sirve. Consiguieron el 61% de aumento salarial
Mentiras de patas cortas
Milei vino aplicando medidas en beneficio de las patronales diciendo que eran para “aumentar el empleo, reducir la informalidad y mejorar los ingresos”. Dispuso un perdón hasta del 90% para las deudas por aportes patronales, condonó multas y blanqueó capitales, pero esto generó el efecto contrario, un aumento del empleo informal. “La informalidad llegó al 37,7% y es el mayor pico en dos años”. (Clarín, 10/11). Esto quiere decir que cuatro de cada diez trabajadores no tienen obra social, aguinaldo, ni vacaciones, y sus patronales no aportan al sistema previsional. La nota mencionada señala también que “en los últimos 40 años la informalidad laboral fue en ascenso”, revelando que bajo todos los gobiernos, radicales, peronistas, macristas y ahora la ultraderecha de Milei, las y los trabajadores fueron perjudicados.
¿Cómo se puede decir entonces con total impunidad que extendiendo la jornada laboral de 8 a 12 horas, aumentando la sobreexplotación obrera, facilitando los despidos, abaratando las indemnizaciones o restringiendo el derecho de huelga va a haber más empleo?
El lobo con piel de cordero a cuidar las ovejas
El abogado encargado de redactar el proyecto de ley del gobierno es el tal Julián de Diego, que asesora a empresas como Rappi. Quiere llevar la barbarie que se vive en las plataformas, con superexplotación juvenil, precarización y flexibilización laboral, al conjunto de la clase trabajadora. Empresas que llaman “emprendedores” o “independientes” al personal que explotan, nunca trabajadores con derechos.
Este personaje De Diego está trabajando el proyecto de ley con el actual Secretario de (anti) Trabajo, como le dijimos cuando fue a exponer al Congreso, Julio Cordero, quien fue abogado de la patronal Techint del millonario Paolo Roca y de la UIA. Con estos representantes está la prueba más contundente de que nada bueno vendrá para las y los trabajadores y la juventud.

Asamblea de ATEN Neuquén capital votando un plan de acción
La CGT debe romper el pacto y preparar el paro y plan de lucha
Desde el sindicalismo combativo, Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, llamamos al conjunto de la clase trabajadora a rechazar el proyecto de reforma laboral del gobierno que está negociando con los gobernadores, que incluye al peronismo. Cuatro gobernadores peronistas fueron a reunirse con Milei y Jaldo, del PJ tucumano, dijo directamente que avala la reforma laboral. Y los cuatro que no fueron, entre ellos Kicillof, o el kirchnerismo, ¿qué proponen?
Algunos proyectos de Unión por la Patria hablan de “protección al trabajador” y de rebaja de la jornada laboral. Sus diputadas y diputados dicen que darán “el debate” en el Congreso. Pero con discursos parlamentarios no se frena la reforma. En esta política está la CGT peronista, cuando hay que llamar a enfrentar la reforma en las calles.
El flamante cosecretario general, Jorge Sola, preguntado sobre un posible encuentro con el gobierno para debatir la reforma laboral, dijo: “Todavía no tenemos el llamado para una reunión, por supuesto que van a ser públicas”. Y agregó “vamos a ser estratégicos en la discusión parlamentaria” (Página12, 11/11). Más claro imposible. La CGT, que está en un pacto con el gobierno, apunta a negociar la ley en el Congreso rosqueando con Pichetto y las y los diputados del peronismo. Una verdadera trampa. Quieren “atenuar” la reforma, no derrotarla. Sola ya había dicho el día del Confederal: “Nosotros estamos para ayudar, con acuerdos, con diálogos. No le vamos a escapar al conflicto, pero rechazamos el enfrentamiento” (Infobae, 6/11). Por eso la CGT y la burocracia de los distintos sindicatos no habla de preparar un plan de lucha y un paro general para unir a la clase trabajadora y derrotar la reforma. Es el momento para ello, justamente cuando se acaba de dar el gran triunfo de la lucha del Garrahan mostrando que se le puede ganar al gobierno y tenemos el antecedente de diciembre de 2017 cuando una rebelión obrera y popular repudió la reforma anti jubilatoria de Macri y de paso derrotó un proyecto de reforma laboral que tenía en agenda.
Desde el sindicalismo combativo y nuestra agrupación nacional A Luchar encabezada por el “Pollo” Sobrero llamamos a impulsar asambleas, cuerpos de delegados y reuniones de activistas para prepararse y organizar la pelea. Llamando a la más amplia unidad de acción con todos los sectores gremiales y sociales. Exigiendo que la CGT rompa el pacto con el gobierno y convoque a asambleas y a plenarios de delegados con mandato para salir a enfrentar desde ahora esta reforma laboral esclavista en un todo, preparando un plan de lucha y un paro general con movilización. Es la tarea del momento. ¡Abajo la reforma laboral esclavista!

Ferroviarias y ferroviarios del Sarmiento en una masiva asamblea
Se trata de una auténtica declaración de guerra contra los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. Si se impone, millones de trabajadoras y trabajadores quedarán en un estado de indefensión y desprotección total ante las patronales. Es un proyecto que incluso vulnera disposiciones de la propia Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Sube la jornada laboral
Se pasaría de las 8 horas de trabajo (8 para descanso y 8 de esparcimiento) a 12 horas diarias. Esto generará más sobreexplotación laboral, enfermedades y accidentes laborales.
Se elimina el límite de horas de trabajo. Actualmente si superan las 8 horas, el resto debe pagarse como horas extras (con un adicional del 50%) y si es en día feriado un 100% más. Eso se reemplaza por el llamado “banco de horas”, donde la patronal va a decidir cuánto se trabaja, habilitando tener a full al asalariado. Es el adiós a las horas extras.
Despidos más fáciles y más baratos
Si alguien es despedido sin justa causa, en vez de corresponderle un sueldo por cada año trabajado como ahora, se lo reduce a un máximo de diez, no tomándose en cuenta para el cálculo ningún adicional, beneficio o aguinaldo. Indemnización que se podrá pagar hasta en doce cuotas. De esta manera, alguien con 20 o 30 años de antigüedad podrá ser despedido por una suma miserable. También se podrá reemplazar la indemnización por un “fondo de cese laboral” pagado por el propio trabajador (como ocurre en la Uocra).
Más esclavitud y superexplotación
Desaparece el descanso semanal tal como se lo conoce, pasándose a un sistema donde habrá un descanso “rotativo”, que puede caer en cualquier día y en el margen horario que establezca arbitrariamente la patronal.
También se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, disponiendo que puedan ser otorgadas en cualquier momento del año a discreción de la patronal, afectando al empleado y a su familia.
Menos salario (¿“dinámico”?)
Se dispondrá un salario atado a la “productividad”. Esto implica una suma fija y luego, de acuerdo a cómo le vaya a la empresa, sería el pago por mayor producción. Pero como ninguna patronal muestra sus balances, la empresa puede decir “la productividad bajó” y que no hay aumento. Lo concreto es que se aprovechará para fijar un mínimo de ingreso fijo y el resto quedará a la arbitrariedad de la patronal. A esto se llama cínicamente “salario dinámico”, sustituyendo los componentes remunerativos fijos (básico, antigüedad, etcétera) por conceptos variables ligados a la productividad.
También se habilita la vuelta de los inconstitucionales “tickets canasta”, es decir, parte del sueldo se pagará con bonos a ser utilizados en establecimientos pactados por las empresas. Tickets que no son parte del sueldo, por lo que no suman para la jubilación, ni para el aguinaldo, ni el cálculo de una indemnización por despido.
Convenios por empresa y restricción al derecho de huelga
Se podrán firmar convenios por empresa, provincia o región, teniendo más valor que los convenios nacionales por rama de actividad. Es la política de “divide y reinarás”, atomizando los reclamos y la representación sindical por un mismo trabajo. Junto a esto se elimina la “ultraactividad”, por la cual un convenio sigue vigente hasta que se firme otro. De esta manera, con la reforma, quedaría un vacío que será aprovechado por las patronales para atacar conquistas.
Además, el nuevo proyecto prácticamente elimina el derecho a huelga, estableciendo muchas actividades como “esenciales” (salud, educación, transporte, servicios públicos) exigiendo garantizar el 75% de su funcionamiento durante un conflicto. Y se crea una categoría de “actividades trascendentales” donde se incluye a casi toda la industria, incluida la gastronomía, donde se debe garantizar el 50% del servicio ante una medida de fuerza. Un certificado de defunción para el derecho de huelga.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad
Izquierda Socialista en el FIT Unidad rechaza el proyecto de la ultraderecha de Milei y también los del peronismo. Ninguno está por el pleno empleo, por terminar con el empleo precarizado y tercerizado, ni por salarios y jubilaciones dignas. Para lograrlo hay que tomar medidas de fondo que solo el Frente de Izquierda postula.
Rechazamos la jornada de 12 horas y las 48 horas semanales actuales, una de las más altas del mundo. En Chile es de 40, Brasil 44 y en países de la Unión Europea baja a 35 semanales. Estamos por la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias (30 semanales) y por el reparto de las horas de trabajo entre toda la mano de obra disponible, con igual salario. Con estas medidas se acabaría con la desocupación actual.
A su vez, planteamos el pase a planta permanente de las y los contratados y precarizados de todas las actividades; la prohibición de despidos y suspensiones y la estatización de toda empresa o establecimiento que cierre o despida, poniéndolo a funcionar bajo control obrero. Para terminar con el trabajo no registrado, hay que intimar a las patronales para que un plazo razonable registre a su personal, bajo apercibimiento de fuertes sanciones económicas. Y volver a imponer los aportes patronales a la seguridad social que fueron reducidos en los años ‘90.
Postulamos un inmediato aumento de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar de ATE Indec, 1.979.000 pesos. Hoy la canasta de pobreza, aun mal calculada, asciende a 1.176.852 (no tiene en cuenta un montón de ítems como educación, salud o vivienda). Monto al que no llega la mayoría de los laburantes ya que el promedio salarial es de 970 mil pesos. Y la mayoría de las y los jubilados, con su mínima de 390.000 pesos incluido el bono, no llegan ni siquiera a la canasta de indigencia valuada en 527.736, quedando ese monto también arriba del vergonzoso salario mínimo vital y móvil (322.000 pesos).
Para reactivar la economía y generar más puestos de trabajo, además de las medidas señaladas, hay que implementar un plan de obras públicas en base al no pago de la deuda externa y fuertes impuestos a las ganancias capitalistas de bancos, multinacionales, terratenientes, como parte de un plan económico obrero y popular que erradique los males capitalistas y brinde a nuestra clase trabajadora y a la juventud un futuro laboral y de ingresos dignos.
Con el aval de los partidos patronales y el FMI, el gobierno de Javier Milei impulsa un violento ataque a las conquistas y derechos laborales obtenidos en años de lucha.
Esta es una versión incluso peor que las medidas implementadas por el peronismo menemista en los años noventa.
Vamos a oponernos con todas nuestras fuerzas a la implementación de los “tickets canasta”, la flexibilización laboral, el “banco de horas” y la facilitación de los despidos, entre otras propuestas nefastas.
La precarización golpea con más fuerza a la juventud y a las mujeres trabajadoras, que son quienes más sufren los empleos informales, los salarios por debajo de la canasta básica y la falta total de derechos laborales. A ellas y ellos los convocamos especialmente a sumarse a la organización y la lucha, porque esta reforma viene a consolidar su explotación y el futuro sin derechos que el gobierno quiere imponer.
Desde la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria y el Cuerpo de Delegados, junto a los demás sectores del sindicalismo combativo, exigimos que la CGT rompa su pacto con el gobierno y prepare un paro general y un verdadero plan de lucha contra este nuevo ataque.
No puede haber diálogo ni negociación, como pretende la dirigencia cegetista, con un gobierno que desde que asumió viene aplicando el plan motosierra. Pretenden profundizar la precarización laboral, la superexplotación, achatar los salarios hasta límites insoportables y atacar a los sindicatos.
Las y los ferroviarios del Sarmiento, nuestra agrupación sindical A Luchar y el conjunto del sindicalismo combativo llamamos a organizarnos para derrotar esta reforma contra las y los trabajadores.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista
El debate sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei empezó a hacerse visible. Dicha reforma llega al mismo tiempo que el Indec reporta que la tasa de informalidad laboral entre asalariados alcanzó 37,7% en el segundo trimestre de 2025.
Gran parte de los jóvenes ni siquiera puede acceder a derechos laborales básicos, como vacaciones o aguinaldo. El pluriempleo o las jornadas interminables de doce horas, sumadas al trabajo los fines de semana, se volvieron una nueva normalidad que expresa la profundidad de la crisis que atravesamos.
Entonces, ¿por qué luchar contra la reforma laboral?
El gobierno de Milei, mentiroso y estafador, intenta convencernos de que con esta reforma el mercado ganará “flexibilidad” y saldrá a contratar más empleados y empleadas. Nada más alejado de la realidad. Esta reforma no busca mejorar las condiciones de vida de nadie, sino beneficiar aún más a las patronales, desarmar a los sindicatos y dejar en peores condiciones al conjunto de la clase trabajadora. Pretende más “libertad” para ajustar salarios en los sectores registrados y, por efecto dominó, desplomará todavía más los ingresos de quienes trabajan en la informalidad.
Por eso es fundamental entender que ninguna reforma laboral será buena para lxs trabajadores. Un sector de la clase obrera todavía conserva derechos que no fueron regalos de ningún gobierno ni concesiones patronales: fueron conquistas arrancadas por años de lucha y organización.
Desde los sectores precarizados aún tenemos mucho por conquistar, pero no será a través de esta reforma, sino junto con toda la clase trabajadora, en unidad y en lucha contra ella. Peleando por el pase a planta permanente, el registro de lxs trabajadores y por salarios dignos equivalentes al valor de la canasta familiar, que nos permitan vivir con dignidad.
En contraposición, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley donde se reconoce la relación laboral de dependencia entre las plataformas digitales y sus trabajadorxs, y establece derechos básicos: jornada máxima de seis horas diarias o treinta semanales, remuneración mínima equivalente al valor de la canasta básica determinada por el Indec, provisión de elementos de seguridad e higiene, vacaciones, licencias, cobertura previsional y derecho a sindicalización. No son “colaboradores independientes”, sino trabajadorxs que producen riqueza bajo relación de dependencia.
Ese es el camino que hay que seguir: no el de la flexibilización y la pérdida de derechos, sino el de su expansión y conquista. La pelea no es sólo defensiva (contra la reforma laboral), sino ofensiva: por un trabajo digno, estable y con derechos para todxs.