Escribe Malena Zetnik

A casi un mes de la elaboración final del nuevo proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito resulta una importante pelea lograr presentar nuevamente la propuesta en la Cámara de Diputados. Oficialistas de Cambiemos y “opositores” del PJ y el kirchnerismo están intentando dilatar la presentación y correr el debate por la legalización del aborto del centro de la escena en este año electoral.

Millones de personas se movilizaron por el aborto legal en la marea verde de 2018 que irradió a casi todos los países de Latinoamérica y muchas otras regiones del mundo. Y aunque se perdió la batalla del Senado, que  rechazó el proyecto, lo cierto es que se ganó la pelea en las calles y en la sociedad. Por eso este año, el 8 de marzo y en todas las movilizaciones que se dieron en lo que va del año, fueron cientos de miles las que siguieron portando el pañuelo verde y la demanda por el aborto legal sigue siendo una de las más importantes del movimiento feminista. Sin embargo, lejos de escuchar este reclamo, diputadas y diputados de todos los bloques patronales están decididos a no enfrentarse a las iglesias para lograr su apoyo en la campaña electoral a costa de los derechos de las mujeres.

El Frente de Izquierda es la única fuerza que lleva el derecho al aborto en su programa, en las calles y en el Parlamento. Nuestra compañera Mónica Schlotthauer, ferroviaria del Sarmiento que asumió la banca por la rotación del FIT, en el discurso de jura lo hizo con el pañuelo verde y por el aborto legal. El resto de las fuerzas solo lo levanta si le resulta conveniente y por presión del movimiento de mujeres, como lo vimos el año pasado. Por eso hoy Macri llama a cerrar la discusión con la propuesta de reforma del Código Penal que pretende modificar parcialmente los artículos de aborto no punible sin dar una salida de fondo al aborto clandestino que se cobra la vida de cientos de mujeres pobres al año. Mientras, el kirchnerismo y el PJ llaman a conformar un frente “anti-Macri” en unidad con los antiderechos de los pañuelos celestes.

Resulta fundamental en este marco redoblar la fuerza y organizar una gran jornada de lucha nacional para la próxima presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Que se presente y se discuta el proyecto ahora. No hay tiempo que perder. Somos millones y nuestra fuerza nos tiene que llevar a arrancar nuestros derechos.

Escribe Meli Sawsky

A pesar de ser una provincia “celeste” y de no haber adherido al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro pudo ser escuchada y acceder a su derecho.

La historia trascendió cuando la nena se sintió mal en la escuela y, al atenderla en una salita médica, se advirtió el embarazo. Fue la maestra quien la acompañó e hizo la denuncia. Actualmente el padrastro y la madre están presos. Los profesionales de la salud que garantizaron el derecho se ampararon en el Código Penal que existe desde 1921 y que dice que el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación.

Aunque nos llame la atención, lo que pasó en San Juan es que esta vez se logró la ILE. El movimiento feminista y de mujeres estuvo en estado de alerta permanente para garantizar que se cumpla la ley. Seguimos exigiendo una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género.

El caso de Lucía no es único. En Tucumán, provincia declarada por Manzur como “provida”, hay muchas más Lucías que hoy no están siendo tapa ni noticia de ningún medio de comunicación. Por ejemplo, otra niña de 12 años ingresó unas semanas antes que Lucía al sistema público de salud, proveniente de un contexto similar de marginalidad. Igual que a Lucía, la criaba su abuela porque para su madre era imposible mantenerla. Allí la niña fue violada por su tío y quedó embarazada.

El Estado solo está para forzar a estas niñas a ser madres y perpetuar el círculo de exclusión y miseria. Seguimos gritando #NiñasNoMadres.

Corresponsal

Escribe Laura Marrone, Legisladora CABA Izquierda Socialista / FIT

Más de 2.000 científicos jóvenes, doctores en ciencias, fueron rechazados por el Conicet para incorporarse como investigadores, lo que los condena a irse del país porque aquí no tienen trabajo. El secretario de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, prácticamente se burló de ellos, asegurando que en la Argentina los científicos están muy bien y los que se van es porque quieren formarse afuera. Sus declaraciones provocaron el repudio generalizado y exigencias de que renuncie. Apoyamos el llamado a la movilización de Jóvenes Científicos Precarizados.

Uno de los sectores en los que más brutalmente golpea el ajuste del gobierno y el FMI es la ciencia. Un gobierno que había prometido dedicar 1,5 % del PBI a promoverla hoy invierte 0,256 por ciento. La noticia más espectacular de estos días es que, de cerca de 2.500 doctores en ciencias que se postularon para ingresar este año a la carrera del investigador del Conicet (Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas), solo ingresaron 450, un 17%. Quedaron fuera 2.000 y sin perspectivas de trabajo.

Pero la baja del presupuesto en ciencias y educación significa algo todavía más grave: el derrumbe de las universidades e instituciones como el Instituto de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), los centros de investigaciones espaciales, de energía atómica y tantos más.

Todo esto es coherente con una política ordenada por el FMI y aplicada fielmente por Macri y sus socios, los gobernadores y legisladores peronistas, de hacer retroceder a la Argentina a una colonia proveedora de soja, petróleo y minerales. Para ello la ciencia y los científicos son un estorbo, un gasto innecesario.

Las cínicas declaraciones del secretario de Ciencia y Técnica, Lino Barañao -que también fue ministro en el gobierno de Cristina- afirmando que todo está muy bien y que los científicos que se van al exterior lo hacen para formarse, han sido repudiadas por toda la comunidad educativa y científica, que reclama con justicia su renuncia. La realidad es que los científicos que se van al exterior para continuar su formación se ven obligados a quedarse afuera, porque en su inmensa mayoría hoy no encuentran dónde aportar sus conocimientos en su país.

Es importante señalar que el actual ajuste de Macri sobre la ciencia y la tecnología se basa en un sistema de total precarización laboral al que son sometidos becarios e investigadores en el país. Esta precarización no es nueva, sino que los gobiernos kirchneristas tienen la responsabilidad de haber negado los derechos laborales a becarios e investigadores, siendo esa la base sobre la que se asienta el ajuste en curso.

En este contexto, llamamos a participar de la acción convocada por Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) a la concentración en el Polo Científico en CABA para el miércoles 10 de abril y las acciones que se organicen contra el ajuste en la ciencia y la tecnología. Desde Izquierda Socialista planteamos que para terminar con la destrucción de la ciencia, el camino es el mismo que para defender la educación, la salud, el empleo y el salario. Romper ya con el FMI, dejar de pagar la fraudulenta deuda externa, estatizar las principales palancas de la economía y volcar todos esos recursos a un plan obrero de recuperación de la economía. Y eso exigirá un fuerte impulso a la ciencia para un desarrollo al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

Escribe José “Pepe” Rusconi

El pasado 2 de abril se cumplieron seis años de la fatal inundación de La Plata, que se llevó más de 89 vidas y dejó un catastrófico deterioro urbano poniendo en evidencia la corrupción y la postergación de obras hidráulicas en la ciudad. La Plata sigue siendo una ciudad inundable. Por eso este sexto aniversario se realizó un nutrido acto y movilización que partió desde la plaza Moreno, donde confluyeron asambleas de vecinos y la izquierda bajo el lema ¡La Plata no olvida! Se marchó hacia los tribunales de calle 8, donde en los primeros días de marzo se realizó una parodia de juicio por las responsabilidades de la inundación, en donde la jueza Grecco y el fiscal Paolini acordaron una multa irrisoria de 12.500 pesos sobre un funcionario de rango menor de Defensa Civil que se declaró culpable, dejando parcialmente cerrado el caso sobre los verdaderos responsables políticos de la inundación: Bruera, Scioli y Cristina. Finalmente se leyó el documento de la Asamblea de Inundados La Plata frente a la gobernación, donde miles reclamaron por justicia y repudiaron la impunidad del “juicio-mordaza”, garantizado por el silencio cómplice de los actuales gobiernos.

El documento apuntó también contra los actuales gobiernos que orquestan un plan de ajuste dictado por el FMI, mientras en declaraciones informan sobre obras que “permitirán dormir tranquilos a los platenses”. Pero luego de seis años la ciudad sigue vulnerable, como lo evidenciaron las lluvias del pasado 22 de febrero. Allí quedó demostrado que las obras inauguradas por Garro, Vidal y Macri son una farsa. Como si eso fuera poco, al día siguiente del masivo sexto aniversario del #2A, los máximos mandatarios municipales y provinciales se hicieron presentes en el hogar de una familia del Barrio Norte (histórico lugar de asambleas y lucha contra esta problemática), ufanándose de sus obras truchas y un falso compromiso con los vecinos. Se sacaron la foto y se fueron. Desde las asambleas se repudió enérgicamente la engañosa publicidad como una burda utilización de las necesidades de los trabajadores para fines electorales. La Plata sigue inundada de impunidad y corrupción. Por eso continuarán los planes de acción del conjunto de las asambleas barriales y no descansarán hasta que los verdaderos responsables de la inundación reciban su castigo y se avance en la finalización del inconcluso plan de obras.